Por el lado de los gastos, las formas de disminuirlos son el descenso del número medio de años de percepción de las pensiones y el descenso de la pensión media a recibir por cada pensionista.
El descenso del número de años que, como media, se percibe la pensión, sólo puede llevarse a cabo mediante el aumento de la edad media de jubilación efectiva que, para conseguir un efecto de reducción en el gasto en pensiones, además tiene que aumentar más rápido que la vida media. Hay algunos otros medios de conseguir este efecto, pero no me parecen socialmente aceptables, como alguna reciente propuesta que para hacer caer drásticamente la presión de las pensiones sobre el erario público, aporta la idea de la sencilla medida de posponer su cobro hasta la edad de ochenta años, dejando a la responsabilidad de cada persona la obtención de los ingresos necesarios para sobrevivir desde la fecha de jubilación efectiva hasta el cumplimiento de los ochenta años.
El descenso de la pensión media a percibir se puede lograr por varios métodos, algunos de los cuales probablemente serán utilizados en la próxima reforma de las pensiones:
- La supresión parcial de la garantía de revisión anual de las pensiones con, al menos, el IPC.
- El aumento del número de años considerados en el cálculo de la pensión (actualmente quince)
- El aumento del número de años cotizados requeridos para cada escalón de acercamiento a la pensión máxima (actualmente son treinta y cinco los años necesarios para alcanzar el 100% de cómputo de las bases cotizadas)
- El aumento de la edad mínima para obtener la pensión máxima (actualmente sesenta y cinco años)
- El aumento del descuento a realizar sobre la pensión a obtener por cada año de adelanto de la jubilación real respecto a la edad mínima para obtener la pensión máxima.
- La reducción de la pensión de viudedad (de forma generalizada o teniendo en cuenta los ingresos adicionales con que cuente la persona preceptora)
- La reducción del coeficiente a aplicar a la base de cálculo obtenida por la cotización acumulada por el futuro pensionista.
- La modulación de la pensión teniendo en cuenta la esperanza de vida del perceptor en el momento de obtener la pensión.
Desarrollaré esta parte en los próximos escritos, pero ya adelanto que soy partidario de aquellos criterios que acerquen la pensión a recibir a las aportaciones realmente efectuadas durante los años cotizados.
martes, 28 de diciembre de 2010
lunes, 27 de diciembre de 2010
Aspectos a cambiar en el sistema español de pensiones (I)
Si, como parece claro, se pretende dar una mayor estabilidad al sistema, parece razonable actuar simultáneamente por los dos lados de las cuentas: los ingresos, para aumentarlos en la medida de lo posible, y los gastos, para impedir que crezcan más allá de lo que la economía nacional pueda soportar sin deteriorar el bienestar general.
Por el lado de los ingresos, las formas posibles de actuar son el aumento de las cotizaciones, el aumento del periodo medio de cotización y el recurso a los presupuestos del Estado para complementar los ingresos procedentes de las cotizaciones.
Yo no soy partidario del aumento de las cotizaciones, ya que suponen un verdadero impuesto sobre el trabajo, que dificultaría el aumento del empleo, lo que siempre es contraproducente y aún más en un país como el nuestro caracterizado por una baja tasa de actividad y unos niveles de paro, en situación de bonanza económica, bastante superiores a los de los países de nuestro entorno.
Tampoco soy partidario del recurso a los presupuestos del estado, excepto para el caso de las prestaciones no contributivas, aplicables a las personas que llegadas a la edad legal de jubilación no tuvieran derecho a la pensión, o de los complementos para llegar a la pensión mínima, en aquellos casos en que teniendo derecho a pensión, la pensión resultante sea inferior a la mínima que esté establecida.
Por tanto soy partidario de que los aumentos de ingresos provengan exclusivamente del aumento del periodo medio de cotización, mediante el aumento de la edad legal de jubilación y también mediante el incentivo claro de la prolongación voluntaria de la etapa de trabajo.
Por el lado de los ingresos, las formas posibles de actuar son el aumento de las cotizaciones, el aumento del periodo medio de cotización y el recurso a los presupuestos del Estado para complementar los ingresos procedentes de las cotizaciones.
Yo no soy partidario del aumento de las cotizaciones, ya que suponen un verdadero impuesto sobre el trabajo, que dificultaría el aumento del empleo, lo que siempre es contraproducente y aún más en un país como el nuestro caracterizado por una baja tasa de actividad y unos niveles de paro, en situación de bonanza económica, bastante superiores a los de los países de nuestro entorno.
Tampoco soy partidario del recurso a los presupuestos del estado, excepto para el caso de las prestaciones no contributivas, aplicables a las personas que llegadas a la edad legal de jubilación no tuvieran derecho a la pensión, o de los complementos para llegar a la pensión mínima, en aquellos casos en que teniendo derecho a pensión, la pensión resultante sea inferior a la mínima que esté establecida.
Por tanto soy partidario de que los aumentos de ingresos provengan exclusivamente del aumento del periodo medio de cotización, mediante el aumento de la edad legal de jubilación y también mediante el incentivo claro de la prolongación voluntaria de la etapa de trabajo.
sábado, 25 de diciembre de 2010
Comentarios sobre el sistema de pensiones
Introducción
A principios de 2010 el gobierno de nuestro país planteó a la sociedad española la necesidad de modificar, con cierta profundidad, el sistema de pensiones vigente, planteando claramente la necesidad de retrasar la edad real de jubilación de forma que, con un aumento paulatino de dos meses por año, a partir de 2013 inclusive, las personas nacidas a partir de 1959 tuvieran una edad legal de jubilación (esto es la edad mínima a la que se puede obtener la pensión máxima) de 67 años.
La propuesta tuvo muchos opositores y pocos partidarios, a pesar de que un análisis razonablemente serio de la evolución previsible de nuestro sistema de pensiones muestra que a medio plazo es económicamente inviable por la sencilla razón de que, como media, el pensionista español recibe ya en la actualidad más de lo que ha aportado, y esta diferencia a favor del pensionista va aumentando a medida que lo hace la vida media de las personas en España.
El debate casi desapareció durante muchos meses, de forma que la mayor parte de la gente creía que había pasado el riesgo de una modificación en ese sentido hasta que en estos últimos meses se ha vuelto a plantear con una cierta urgencia (el gobierno piensa aprobarlo con o sin consenso en el seno del Pacto de Toledo a finales de enero) y, probablemente, con un contenido mucho más amplio que el aumento en dos años de la edad de jubilación.
Como el tema da para mucho, me propongo ir poniendo un texto no muy largo (unas 300 palabras) cada semana, de forma que al final el tema quede analizado en profundidad.
El próximo escrito lo dedicaré a los aspectos que, en mi opinión, hay que cambiar en el sistema de pensiones español.
A principios de 2010 el gobierno de nuestro país planteó a la sociedad española la necesidad de modificar, con cierta profundidad, el sistema de pensiones vigente, planteando claramente la necesidad de retrasar la edad real de jubilación de forma que, con un aumento paulatino de dos meses por año, a partir de 2013 inclusive, las personas nacidas a partir de 1959 tuvieran una edad legal de jubilación (esto es la edad mínima a la que se puede obtener la pensión máxima) de 67 años.
La propuesta tuvo muchos opositores y pocos partidarios, a pesar de que un análisis razonablemente serio de la evolución previsible de nuestro sistema de pensiones muestra que a medio plazo es económicamente inviable por la sencilla razón de que, como media, el pensionista español recibe ya en la actualidad más de lo que ha aportado, y esta diferencia a favor del pensionista va aumentando a medida que lo hace la vida media de las personas en España.
El debate casi desapareció durante muchos meses, de forma que la mayor parte de la gente creía que había pasado el riesgo de una modificación en ese sentido hasta que en estos últimos meses se ha vuelto a plantear con una cierta urgencia (el gobierno piensa aprobarlo con o sin consenso en el seno del Pacto de Toledo a finales de enero) y, probablemente, con un contenido mucho más amplio que el aumento en dos años de la edad de jubilación.
Como el tema da para mucho, me propongo ir poniendo un texto no muy largo (unas 300 palabras) cada semana, de forma que al final el tema quede analizado en profundidad.
El próximo escrito lo dedicaré a los aspectos que, en mi opinión, hay que cambiar en el sistema de pensiones español.
lunes, 25 de octubre de 2010
Deuda externa española al final del segundo trimestre de 2010
Por primera vez desde el tercer trimestre de 2008, la deuda externa española se ha reducido respecto a la del trimestre anterior. Esta noticia es buena, muy buena, aunque habrá que esperar a los datos de trimestres sucesivos para corroborar que se está iniciando el camino que permitirá eliminar la barrera más importante que nos impide avanzar hacia la recuperación económica.
La cifra global de reducción no es espectacular, 22500 millones de euros equivalentes al 1,3% de la deuda total al final del trimestre anterior, pero es relevante, sobre todo si en los próximos trimestres continúa la misma tendencia, aunque sea al mismo ritmo.
El sector privado ha reducido su deuda externa por segundo trimestre consecutivo, y aunque las diferencias no sean muy grandes, se ha colocado en el menor valor desde el primer trimestre de 2008, lo que parece indicar que en esta parte la deuda externa ya se está comportando como debiera hacerlo el conjunto.
El sector público es el que ha registrado una mayor reducción, el 6,9% en un solo trimestre, aunque el motivo haya sido las elevadísimas primas de riesgo que encarecían enormemente el coste de las nuevas emisiones. Ciertamente, en el caso del sector público es necesario tener en cuenta la evolución de la deuda pública total y en ese sentido, el comportamiento del sector público dista mucho de acercarse a lo deseable, ya que ni siquiera se plantea la conveniencia de realizar los presupuestos de cada una de las administraciones públicas para 2010 por el sistema de presupuesto base cero, única forma de conseguir reducir el déficit público lo máximo posible con el menor coste posible.
El conjunto de las instituciones financieras es el único grupo que ha vuelto a aumentar su deuda externa, aunque seguramente lo ha hecho para poder completar la demanda de financiación del sector público. El mecanismo seguido habrá sido probablemente el de que las entidades financieras acudieran en lo posible a la financiación del Banco Central Europeo, con un coste muy próximo al del tipo de interés oficial de esta entidad (el 1% anual durante todo este periodo) para luego prestar buena parte de esas cantidades al sector público con un margen elevado en operaciones sin riesgo. Las entidades financieras en su conjunto redujeron su deuda con el exterior a largo plazo en el 4,3% pero aumentaron la deuda a corto plazo en el 5,1%, con el resultado conjunto de un aumento de su deuda total del 0,8%.
La deuda externa, como ya se ha comentado, ha descendido en el segundo trimestre en 22548 millones de euros y ha pasado a ser de 1,77 billones de euros cuando en el tercer trimestre de 2007 era de de 1,54 billones de euros.
Aunque en el mejor de los casos se haya iniciado el necesario proceso de reducción de la deuda total, todavía nos esperan muchos trimestres de situación preocupante para las instituciones financieras, ante la hipótesis de que el BCE reduzca progresivamente los créditos que les proporciona a corto plazo y a bajo tipo de interés, situación que antes o después se tendrá que producir, pero también para la mayoría de las empresas y de las familias españolas que seguirán teniendo muchas dificultades para acceder al crédito, lo que será un lastre importante para la recuperación de la actividad, motivo por el que es muy urgente que el conjunto de las administraciones reduzcan el déficit público para lo que es necesaria una política muy restrictiva del gasto público, sin afectar en exceso a las prestaciones sociales ni a la inversión en infraestructuras, para lo que es necesario aplicar medidas de calado muy superior al hasta ahora anunciado en el resto de los conceptos.
La cifra global de reducción no es espectacular, 22500 millones de euros equivalentes al 1,3% de la deuda total al final del trimestre anterior, pero es relevante, sobre todo si en los próximos trimestres continúa la misma tendencia, aunque sea al mismo ritmo.
El sector privado ha reducido su deuda externa por segundo trimestre consecutivo, y aunque las diferencias no sean muy grandes, se ha colocado en el menor valor desde el primer trimestre de 2008, lo que parece indicar que en esta parte la deuda externa ya se está comportando como debiera hacerlo el conjunto.
El sector público es el que ha registrado una mayor reducción, el 6,9% en un solo trimestre, aunque el motivo haya sido las elevadísimas primas de riesgo que encarecían enormemente el coste de las nuevas emisiones. Ciertamente, en el caso del sector público es necesario tener en cuenta la evolución de la deuda pública total y en ese sentido, el comportamiento del sector público dista mucho de acercarse a lo deseable, ya que ni siquiera se plantea la conveniencia de realizar los presupuestos de cada una de las administraciones públicas para 2010 por el sistema de presupuesto base cero, única forma de conseguir reducir el déficit público lo máximo posible con el menor coste posible.
El conjunto de las instituciones financieras es el único grupo que ha vuelto a aumentar su deuda externa, aunque seguramente lo ha hecho para poder completar la demanda de financiación del sector público. El mecanismo seguido habrá sido probablemente el de que las entidades financieras acudieran en lo posible a la financiación del Banco Central Europeo, con un coste muy próximo al del tipo de interés oficial de esta entidad (el 1% anual durante todo este periodo) para luego prestar buena parte de esas cantidades al sector público con un margen elevado en operaciones sin riesgo. Las entidades financieras en su conjunto redujeron su deuda con el exterior a largo plazo en el 4,3% pero aumentaron la deuda a corto plazo en el 5,1%, con el resultado conjunto de un aumento de su deuda total del 0,8%.
La deuda externa, como ya se ha comentado, ha descendido en el segundo trimestre en 22548 millones de euros y ha pasado a ser de 1,77 billones de euros cuando en el tercer trimestre de 2007 era de de 1,54 billones de euros.
Aunque en el mejor de los casos se haya iniciado el necesario proceso de reducción de la deuda total, todavía nos esperan muchos trimestres de situación preocupante para las instituciones financieras, ante la hipótesis de que el BCE reduzca progresivamente los créditos que les proporciona a corto plazo y a bajo tipo de interés, situación que antes o después se tendrá que producir, pero también para la mayoría de las empresas y de las familias españolas que seguirán teniendo muchas dificultades para acceder al crédito, lo que será un lastre importante para la recuperación de la actividad, motivo por el que es muy urgente que el conjunto de las administraciones reduzcan el déficit público para lo que es necesaria una política muy restrictiva del gasto público, sin afectar en exceso a las prestaciones sociales ni a la inversión en infraestructuras, para lo que es necesario aplicar medidas de calado muy superior al hasta ahora anunciado en el resto de los conceptos.
viernes, 22 de octubre de 2010
Todos contra la SGAE
Este mensaje triunfó durante el proceso de gestación de la normativa que impuso el canon digital en España, aunque no lo suficiente como para impedir que se pusiera en vigor una normativa tan injusta para los ciudadanos y entidades de este país.
El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado una sentencia que sin declarar ilegal la normativa vigente en España deja libres a todas las entidades y personas jurídicas de tener que pagar el maldito canon, por lo que, aunque sólo parcialmente, se ha adherido al lema.
Las entidades de gestión de derechos consideran que ha sido un triunfo para ellas, con lo que dejan claro que lo que les preocupa es mantener la posibilidad de obligar a pagar a los ciudadanos por unos servicios, aún en el caso de que estos no quieran comprarlos, a los que ellos ponen el precio que les viene en gana.
Queda claro que no consideran adecuado vender los servicios por un precio razonable a quien desee comprarlos, sino sólo mantener el derecho de pernada de que los ciudadanos en su conjunto transfieran obligatoriamente unas cantidades a sus arcas, que manejan sin control alguno para seguir haciendo su imperio inmobiliario y pagar a los pocos que las dirigen pensiones varias veces superiores a la máxima que los demás ciudadanos podemos percibir tras no menos de 35 años de cotización a la Seguridad Social ¿verdad Sr. Bautista? aunque para justificarse paguen cantidades pequeñísimas a los autores que no han tenido éxitos importantes.
El gobierno tendría que modificar la legislación, pero el próximo horizonte de elecciones no le facilitará cumplir la amenaza que le han dictado las entidades de gestión, que ya han dicho que si sólo tienen que pagar los ciudadanos, habrá que aumentar el canon para que su recaudación se mantenga.
La respuesta de muchos ciudadanos podría ser un nuevo lema “Ni un voto para los partidos que defiendan mantener el canon”
El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado una sentencia que sin declarar ilegal la normativa vigente en España deja libres a todas las entidades y personas jurídicas de tener que pagar el maldito canon, por lo que, aunque sólo parcialmente, se ha adherido al lema.
Las entidades de gestión de derechos consideran que ha sido un triunfo para ellas, con lo que dejan claro que lo que les preocupa es mantener la posibilidad de obligar a pagar a los ciudadanos por unos servicios, aún en el caso de que estos no quieran comprarlos, a los que ellos ponen el precio que les viene en gana.
Queda claro que no consideran adecuado vender los servicios por un precio razonable a quien desee comprarlos, sino sólo mantener el derecho de pernada de que los ciudadanos en su conjunto transfieran obligatoriamente unas cantidades a sus arcas, que manejan sin control alguno para seguir haciendo su imperio inmobiliario y pagar a los pocos que las dirigen pensiones varias veces superiores a la máxima que los demás ciudadanos podemos percibir tras no menos de 35 años de cotización a la Seguridad Social ¿verdad Sr. Bautista? aunque para justificarse paguen cantidades pequeñísimas a los autores que no han tenido éxitos importantes.
El gobierno tendría que modificar la legislación, pero el próximo horizonte de elecciones no le facilitará cumplir la amenaza que le han dictado las entidades de gestión, que ya han dicho que si sólo tienen que pagar los ciudadanos, habrá que aumentar el canon para que su recaudación se mantenga.
La respuesta de muchos ciudadanos podría ser un nuevo lema “Ni un voto para los partidos que defiendan mantener el canon”
jueves, 14 de octubre de 2010
Gas Natural, Sonatrach y Medgaz y los precios del gas natural en España
El laudo que ha dado plenamente la razón a Sonatrach en su conflicto de precios del gas con Gas Natural viene a sumarse a la próxima puesta en operación de la nueva conexión con Argelia por Almería, conocida como Medgaz, para complicar de forma relevante la situación de los precios del gas natural para los consumidores españoles.
Gas Natural ha gestionado de forma muy deficiente sus contratos con Sonatrach para recibir el gas argelino por Tarifa, como lo prueba el hecho poco común de que en un laudo arbitral se de el cien por cien de la razón a una de las partes, y ahora pretende que el Ministerio español competente acuda en su ayuda para traspasar a los consumidores que se mantengan en la TUR la mayor parte de la indemnización que debe pagar, lo que podría provocar una desbandada de clientes al mercado libre, con la consiguiente subida de precios en este mercado.
Lo más probable es que se consolide la fórmula de precios aprobada por el laudo arbitral, al menos para los años 2007, 2008 y 2009 ya que Gas Natural afirma haber reclamado la revisión de la misma a partir de 2010. También es más que probable que los contratos que Sonatrach ha firmado con sus clientes a través de Medgaz (Iberdrola, Endesa, Cepsa-Total y Gaz de France-Suez) tengan fórmulas de precios tales que el gas puesto en Almería a través de Medgaz cueste poco más o menos lo mismo que el gas puesto en Tarifa a través del Gasoducto Magreb-Europa con los precios fijados en el laudo. Como es sabido, los contratos de suministro de gas a largo plazo son muy opacos, por lo que las empresas se resisten a proporcionar las fórmulas de precios que los rigen (incluso a la Comisión Nacional de Energía) y hay muy pocas personas en cada empresa compradora de gas que las conozcan con certeza.
Por los datos que han expresado públicamente algunos representantes de Sonatrach, la subida de precios derivada del laudo estaría comprendida entre el 20 y el 30% respecto a la fórmula anteriormente vigente, por lo que no es arriesgado suponer que el gas argelino por gasoducto habrá pasado a ser el gas más caro de los que llegan a España, cuando debería ser el más barato (por los menores costes de producción y de transporte respecto a los de cualquier otra alternativa) como ocurría cuando en 1996 se inició la operación del gasoducto Magreb-Europa negociado, diseñado y realizado por Enagás.
Con la entrada en operación de Medgaz, que probablemente se producirá a lo largo de 2011, Sonatrach podría aprovisionar por gasoducto algo más del 50% del gas consumido en España, compitiendo con gas de otros países que llegará a precios sensiblemente inferiores. Gas Natural será el comprador de algo más de la mitad del gas que venga de Argelia, por lo que la fijación de los precios al consumidor en España será un aspecto fundamental para su cuenta de resultados.
Dado el mayor precio del gas argelino, lo más probable es que todas las comercializadoras, incluida Gas natural, limiten sus compras a las cantidades mínimas contractuales (unos 7,5 bcm anuales de Gas Natural y unos 5,5 bcm anuales del conjunto de comercializadoras que recibirán el gas a través de Medgaz) y Sonatrach intentará vender todo el gas que pueda, a través de sus comercializadoras, siempre que su precio de venta no suponga un precio implícito en Almería inferior al que le paguen la comercializadoras en ese punto.
Por otra parte, Gas Natural estará muy interesada en que el precio de referencia sea su precio de compra en Tarifa, única forma de evitar pérdidas en la venta de una cantidad de gas tan elevada, pero esta política le llevaría, probablemente, a perder una parte relevante del mercado en favor de otras comercializadoras que tengan una proporción inferior de gas argelino en su cesta de aprovisionamientos.
El resto de las comercializadoras que compran gas a Sonatrach estarán también interesadas en que la referencia de precio sea la misma, y las que no compran gas en Argelia se estarán frotando las manos porque tendrán la oportunidad de ganar cuota de mercado con unos márgenes muy suculentos.
La competencia será especialmente dura entre las empresas que aprovisionan de gas a los ciclos combinados de su propiedad, dada la escasa ocupación media que tendrán en los próximos años, por lo que para ellas disponer de gas que en su mayor parte, o en la totalidad, tenga un precio de compra inferior al argelino podría suponer la posibilidad de que sus ciclos tengan una ocupación sensiblemente mayor. También en este aspecto Gas Natural tiene las peores bazas, porque su capacidad de generación tiene mayor proporción de ciclos combinados que su competencia.
La entrada en operación de Medgaz, unida a los elevados precios del gas argelino contratado a largo plazo supondrá un cambio estructural del mercado español de gas y el Gobierno debe actuar para que no suponga un incremento de precio para los consumidores de gas que reste competitividad a nuestra economía.
La llegada de gas a través de Medgaz podría suponer, además, algunas complicaciones técnicas adicionales, si en días concretos las peticiones totales de entrada de gas por el sur fueran muy superiores a la demanda en esa zona, ya que el sistema gasista español no se diseñó teniendo en cuenta que todo el gas que entre por Almería tuviera como destino el mercado español.
La única manera de paliar los problemas que supondrá el aumento de la proporción de gas que llegará a España por gasoducto, procedente de Argelia y a un precio más elevado que el de los mercados próximos, será la implantación de un mercado secundario de gas en España que funcione con precios transparentes.
Ya existe un mercado secundario que funciona con bastante liquidez desde hace años, pero que tiene el grave inconveniente de que sus precios no son públicos, por lo que el Ministerio debería implantar una normativa que garantizara el funcionamiento transparente del mismo. Una forma eficaz para conseguirlo sería obligar a los dos grupos incumbentes (Gas Natural como comercializador y Sonatrach como suministrador) a que completaran cada día, a partes iguales, la oferta y la demanda de gas en ese mercado hasta que haya al menos gas ofrecido y también gas demandado en una cuantía no inferior al 10% de la demanda total de gas prevista para ese día por el GTS, con unas diferencias entre los precios a los que cada empresa ofrezca y demande el gas que no superen el 1% del precio del gas ofrecido por esa misma empresa (o 0,02 céntimos de euro por kWh, cuando aquel valor sea inferior) Si esta norma se pusiera, es seguro que ambos incumbentes sólo tendrían que complementar la oferta y la demanda durante unos pocos días, ya que la cantidad de gas comercializada cada día en el mercado secundario, sin precio declarado, es desde hace tiempo muy superior.
Gas Natural ha gestionado de forma muy deficiente sus contratos con Sonatrach para recibir el gas argelino por Tarifa, como lo prueba el hecho poco común de que en un laudo arbitral se de el cien por cien de la razón a una de las partes, y ahora pretende que el Ministerio español competente acuda en su ayuda para traspasar a los consumidores que se mantengan en la TUR la mayor parte de la indemnización que debe pagar, lo que podría provocar una desbandada de clientes al mercado libre, con la consiguiente subida de precios en este mercado.
Lo más probable es que se consolide la fórmula de precios aprobada por el laudo arbitral, al menos para los años 2007, 2008 y 2009 ya que Gas Natural afirma haber reclamado la revisión de la misma a partir de 2010. También es más que probable que los contratos que Sonatrach ha firmado con sus clientes a través de Medgaz (Iberdrola, Endesa, Cepsa-Total y Gaz de France-Suez) tengan fórmulas de precios tales que el gas puesto en Almería a través de Medgaz cueste poco más o menos lo mismo que el gas puesto en Tarifa a través del Gasoducto Magreb-Europa con los precios fijados en el laudo. Como es sabido, los contratos de suministro de gas a largo plazo son muy opacos, por lo que las empresas se resisten a proporcionar las fórmulas de precios que los rigen (incluso a la Comisión Nacional de Energía) y hay muy pocas personas en cada empresa compradora de gas que las conozcan con certeza.
Por los datos que han expresado públicamente algunos representantes de Sonatrach, la subida de precios derivada del laudo estaría comprendida entre el 20 y el 30% respecto a la fórmula anteriormente vigente, por lo que no es arriesgado suponer que el gas argelino por gasoducto habrá pasado a ser el gas más caro de los que llegan a España, cuando debería ser el más barato (por los menores costes de producción y de transporte respecto a los de cualquier otra alternativa) como ocurría cuando en 1996 se inició la operación del gasoducto Magreb-Europa negociado, diseñado y realizado por Enagás.
Con la entrada en operación de Medgaz, que probablemente se producirá a lo largo de 2011, Sonatrach podría aprovisionar por gasoducto algo más del 50% del gas consumido en España, compitiendo con gas de otros países que llegará a precios sensiblemente inferiores. Gas Natural será el comprador de algo más de la mitad del gas que venga de Argelia, por lo que la fijación de los precios al consumidor en España será un aspecto fundamental para su cuenta de resultados.
Dado el mayor precio del gas argelino, lo más probable es que todas las comercializadoras, incluida Gas natural, limiten sus compras a las cantidades mínimas contractuales (unos 7,5 bcm anuales de Gas Natural y unos 5,5 bcm anuales del conjunto de comercializadoras que recibirán el gas a través de Medgaz) y Sonatrach intentará vender todo el gas que pueda, a través de sus comercializadoras, siempre que su precio de venta no suponga un precio implícito en Almería inferior al que le paguen la comercializadoras en ese punto.
Por otra parte, Gas Natural estará muy interesada en que el precio de referencia sea su precio de compra en Tarifa, única forma de evitar pérdidas en la venta de una cantidad de gas tan elevada, pero esta política le llevaría, probablemente, a perder una parte relevante del mercado en favor de otras comercializadoras que tengan una proporción inferior de gas argelino en su cesta de aprovisionamientos.
El resto de las comercializadoras que compran gas a Sonatrach estarán también interesadas en que la referencia de precio sea la misma, y las que no compran gas en Argelia se estarán frotando las manos porque tendrán la oportunidad de ganar cuota de mercado con unos márgenes muy suculentos.
La competencia será especialmente dura entre las empresas que aprovisionan de gas a los ciclos combinados de su propiedad, dada la escasa ocupación media que tendrán en los próximos años, por lo que para ellas disponer de gas que en su mayor parte, o en la totalidad, tenga un precio de compra inferior al argelino podría suponer la posibilidad de que sus ciclos tengan una ocupación sensiblemente mayor. También en este aspecto Gas Natural tiene las peores bazas, porque su capacidad de generación tiene mayor proporción de ciclos combinados que su competencia.
La entrada en operación de Medgaz, unida a los elevados precios del gas argelino contratado a largo plazo supondrá un cambio estructural del mercado español de gas y el Gobierno debe actuar para que no suponga un incremento de precio para los consumidores de gas que reste competitividad a nuestra economía.
La llegada de gas a través de Medgaz podría suponer, además, algunas complicaciones técnicas adicionales, si en días concretos las peticiones totales de entrada de gas por el sur fueran muy superiores a la demanda en esa zona, ya que el sistema gasista español no se diseñó teniendo en cuenta que todo el gas que entre por Almería tuviera como destino el mercado español.
La única manera de paliar los problemas que supondrá el aumento de la proporción de gas que llegará a España por gasoducto, procedente de Argelia y a un precio más elevado que el de los mercados próximos, será la implantación de un mercado secundario de gas en España que funcione con precios transparentes.
Ya existe un mercado secundario que funciona con bastante liquidez desde hace años, pero que tiene el grave inconveniente de que sus precios no son públicos, por lo que el Ministerio debería implantar una normativa que garantizara el funcionamiento transparente del mismo. Una forma eficaz para conseguirlo sería obligar a los dos grupos incumbentes (Gas Natural como comercializador y Sonatrach como suministrador) a que completaran cada día, a partes iguales, la oferta y la demanda de gas en ese mercado hasta que haya al menos gas ofrecido y también gas demandado en una cuantía no inferior al 10% de la demanda total de gas prevista para ese día por el GTS, con unas diferencias entre los precios a los que cada empresa ofrezca y demande el gas que no superen el 1% del precio del gas ofrecido por esa misma empresa (o 0,02 céntimos de euro por kWh, cuando aquel valor sea inferior) Si esta norma se pusiera, es seguro que ambos incumbentes sólo tendrían que complementar la oferta y la demanda durante unos pocos días, ya que la cantidad de gas comercializada cada día en el mercado secundario, sin precio declarado, es desde hace tiempo muy superior.
Dividendos virtuales: la magia fiscal
El sistema impositivo español, como los de los demás países, tiene un aspecto profundamente injusto, ya que al gravar las rentas que se obtienen, aplica tipos impositivos muy diferentes, dependiendo del origen de las rentas.
Para una persona que tenga una nómina relativamente alta, el tipo impositivo marginal estará el próximo año entre el 44 y el 50% dependiendo de la comunidad autónoma en la que declare su renta. Si la renta en lugar de proceder del trabajo personal, lo hace de inversiones financieras, independientemente del nivel de renta, el tipo marginal será, enseguida, del 21%, esto es, menos de la mitad. Si la renta proviene de una actividad sujeta a módulos, para una renta efectiva equivalente a la nómina anterior, el tipo marginal será prácticamente nulo para la mayor parte de la renta obtenida, y si la renta proviene de una empresa el tipo variará entre el 1% de las famosas SICAV y el 25% (de una base imponible inferior porque se pueden deducir numerosos gastos que no son deducibles en las rentas de otros orígenes) para la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, tipos a los que habrá que añadir el 21% si se reparten dividendos, lo que explica que los profesionales con rentas elevadas monten una sociedad a poco que puedan para reducir el tipo impositivo efectivo.
Pero la verdadera magia fiscal aparece con los dividendos virtuales, que son aquellas retribuciones que se obtienen indirectamente de la empresa de la que uno es propietario y que tienen la virtud, para el contribuyente, de que no pagan impuesto sobre la renta e incluso, en muchos casos, permiten recuperar, total o parcialmente, el IVA.
Para los que no son ricos, los dividendos virtuales sólo se pueden aplicar a bienes y servicios limitados, pero los ricos de verdad pueden pagar una parte muy relevante de sus gastos sin tener que pagar ni siquiera el IVA.
La persona no rica puede, por ejemplo, comprar a través de la empresa el ordenador que después usará su hijo. Recuperará la totalidad del IVA y no sólo no pagará ningún impuesto sino que dejará de pagar el 25% del precio antes de IVA en el impuesto de sociedades. Si el precio antes de IVA del ordenador fuera de 600 euros, el coste después de impuestos habría sido para su empresa de 450 euros.
Si esa misma persona pagara el mismo ordenador a través de un dividendo obtenido de su empresa, necesitaría recibir de la empresa 896,20 euros (para pagar el impuesto sobre la renta (188,2 euros) y el ordenador con el IVA (708 euros)) para lo que la empresa habría pagado antes otros 298,73 euros por impuesto de sociedades, con lo que habría tenido que dedicar un total de 1194,93 euros de los resultados de la empresa, de los que Hacienda habría recibido 594,93 euros por las distintas vías impositivas.
La magia del dividendo virtual está en la diferencia entre ambas cifras, 1194,93 euros por la vía del dividendo tradicional frente a 450 euros por la vía del dividendo virtual, lo que equivale a haber tenido una reducción en el precio del 62,3%.
Los ricos de verdad pueden extender esta práctica, y lo hacen, a la mayoría de sus gastos en bienes y servicios, incluidas las vacaciones, ya que nada impide que su empresa (una SA de alta facturación) decida realizar cada año una reunión para definir la estrategia de la empresa, o una convención de ventas, en un hotel de lujo de la ciudad en la que el dueño de la empresa desee pasar sus vacaciones con su familia.
Para una persona que tenga una nómina relativamente alta, el tipo impositivo marginal estará el próximo año entre el 44 y el 50% dependiendo de la comunidad autónoma en la que declare su renta. Si la renta en lugar de proceder del trabajo personal, lo hace de inversiones financieras, independientemente del nivel de renta, el tipo marginal será, enseguida, del 21%, esto es, menos de la mitad. Si la renta proviene de una actividad sujeta a módulos, para una renta efectiva equivalente a la nómina anterior, el tipo marginal será prácticamente nulo para la mayor parte de la renta obtenida, y si la renta proviene de una empresa el tipo variará entre el 1% de las famosas SICAV y el 25% (de una base imponible inferior porque se pueden deducir numerosos gastos que no son deducibles en las rentas de otros orígenes) para la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, tipos a los que habrá que añadir el 21% si se reparten dividendos, lo que explica que los profesionales con rentas elevadas monten una sociedad a poco que puedan para reducir el tipo impositivo efectivo.
Pero la verdadera magia fiscal aparece con los dividendos virtuales, que son aquellas retribuciones que se obtienen indirectamente de la empresa de la que uno es propietario y que tienen la virtud, para el contribuyente, de que no pagan impuesto sobre la renta e incluso, en muchos casos, permiten recuperar, total o parcialmente, el IVA.
Para los que no son ricos, los dividendos virtuales sólo se pueden aplicar a bienes y servicios limitados, pero los ricos de verdad pueden pagar una parte muy relevante de sus gastos sin tener que pagar ni siquiera el IVA.
La persona no rica puede, por ejemplo, comprar a través de la empresa el ordenador que después usará su hijo. Recuperará la totalidad del IVA y no sólo no pagará ningún impuesto sino que dejará de pagar el 25% del precio antes de IVA en el impuesto de sociedades. Si el precio antes de IVA del ordenador fuera de 600 euros, el coste después de impuestos habría sido para su empresa de 450 euros.
Si esa misma persona pagara el mismo ordenador a través de un dividendo obtenido de su empresa, necesitaría recibir de la empresa 896,20 euros (para pagar el impuesto sobre la renta (188,2 euros) y el ordenador con el IVA (708 euros)) para lo que la empresa habría pagado antes otros 298,73 euros por impuesto de sociedades, con lo que habría tenido que dedicar un total de 1194,93 euros de los resultados de la empresa, de los que Hacienda habría recibido 594,93 euros por las distintas vías impositivas.
La magia del dividendo virtual está en la diferencia entre ambas cifras, 1194,93 euros por la vía del dividendo tradicional frente a 450 euros por la vía del dividendo virtual, lo que equivale a haber tenido una reducción en el precio del 62,3%.
Los ricos de verdad pueden extender esta práctica, y lo hacen, a la mayoría de sus gastos en bienes y servicios, incluidas las vacaciones, ya que nada impide que su empresa (una SA de alta facturación) decida realizar cada año una reunión para definir la estrategia de la empresa, o una convención de ventas, en un hotel de lujo de la ciudad en la que el dueño de la empresa desee pasar sus vacaciones con su familia.
jueves, 30 de septiembre de 2010
Huelga general: Fracaso Global
Ayer tuvo lugar en España la Huelga General convocada fundamentalmente por los dos principales sindicatos CCOO y UGT. La prensa de hoy califica el resultado, en general, de fracaso de la convocatoria, basándose en los datos, más o menos objetivos, del escaso seguimiento que tuvo la huelga. Pero lo que no se dice es que el fracaso lo ha sido de todos, porque la huelga de ayer no habrá servido para nada para casi nadie.
Mucha gente usa el consumo de energía eléctrica como indicador del alcance de la huelga. Afortunadamente, Red Eléctrica proporciona a todo el que quiera verlo en Internet los datos desglosados y, como es habitual, cada estamento los interpreta para defender sus tesis. Yo he realizado un ejercicio que me parece bastante objetivo, a partir de los datos, también creo que objetivos, del distinto seguimiento por sectores. Parece claro que en la gran industria el paro ha sido muy elevado (cosa que beneficia a las empresas, ya que se habrán ahorrado unos cuantos salarios y si les hace falta, ya recuperarán la producción perdida en las próximas semanas) Esas empresas son grandes consumidoras de electricidad y trabajan las 24 horas del día a ritmo muy regular, por lo que he calculado cuanta energía eléctrica se ha dejado de consumir en las primeras seis horas del día y he supuesto que esa misma cantidad es la que han dejado de consumir esas mismas empresas las otras dieciocho horas restantes. Después he calculado cuanto ha descendido la demanda de electricidad en el resto de la economía durante las veinticuatro horas, y la cifra que resulta es un descenso del 7,3%. Teniendo en cuenta que hay bastante relación entre actividad económica y consumo de electricidad y que lógicamente hay que sumar las personas que trabajan en las industrias de trabajo continuo, y sin pretender que el resultado sea algo más que una mera aproximación, considero que la repercusión efectiva de la huelga debió ser del orden del 10%, cifra que además parece congruente con los datos facilitados por empresas y organismos públicos, aunque se aleje mucho de la cifra del 70% que dan los sindicatos convocantes.
Los sindicatos han perdido una porción más de la escasa imagen que tenían antes ante la sociedad, por su empeño en calificar de éxito innegable lo que a todas luces ha sido un fracaso importante, por su objetivo principal de seguir viviendo de la sopa boba y por su falta de autocrítica al analizar los comportamientos inaceptables de determinados piquetes, llegando a decir que en caso de huelga, el derecho a la huelga es más importante que el derecho al trabajo, lo que sería absurdo (ya que el derecho fundamental, que corresponde a cada una de las personas por separado, es el de poder decidir libremente si desea hacer huelga o desea trabajar) si no fuera porque lo que en realidad están diciendo es que en caso de huelga ellos tienen el derecho de impedir, incluso por la fuerza, que aquellas personas que deseen trabajar puedan hacerlo, esto es que las personas que no les siguen pierden por ese motivo uno de sus derechos fundamentales.
Los empresarios que no respetan el derecho a la huelga, y que impiden a sus empleados que lo hagan por medios más sutiles que el uso de los piquetes coactivos, habrán conseguido que las personas que hubieran deseado hacer huelga hayan cedido a la presión subliminal de “si haces huelga, allá tú, porque antes o después perderás parte de tu retribución, en el mejor de los casos, o el trabajo si tienes peor suerte” por descontado también habrán conseguido desmotivar a muchos empleados, incluida buena parte de los que no deseaban hacer huelga. Tengo la impresión, aunque no esté basada en datos contrastables, de que el número de personas que han visto violentada su libertad de elección por parte de los empresarios supera en varias veces al número de personas que no han podido trabajar por la presión sindical.
Los gobernantes, a todos los niveles, que en su afán de no perder votos se niegan a denunciar y rechazar públicamente todas las actuaciones contra la libertad (tanto de hacer huelga como de no hacerla) y al margen de que hayan podido salvar algunos votos, también han conseguido erosionar aún más la ya menguada credibilidad de los políticos.
La población en general, porque al margen de la actitud tomada ante la huelga respecto a hacerla o no, y dejando al margen a los violentos que no han dudado en quitar la libertad a personas que no conocen y que probablemente no volverán a ver en su vida, no ha sido capaz de dar el mensaje de rechazo a las actitudes inaceptables de sindicatos, empresarios y políticos, lo que llevará a una sensación de impotencia que hará aún más difícil la salida de la crisis.
Y es que para solucionar la crisis actual, como muestra la viñeta gentilmente cedida por su autor, más que hacer una Huelga General para que el Gobierno cambie algunas de sus políticas económicas, el conjunto de la sociedad debería expresar su rechazo a que los hilos de la economía, y en consecuencia de la política social, sigan siendo movidos por los que, siendo desconocidos, tienen el poder de hacer que políticos, sindicatos y empresarios actúen según sus órdenes.
Ayer tuvo lugar en España la Huelga General convocada fundamentalmente por los dos principales sindicatos CCOO y UGT. La prensa de hoy califica el resultado, en general, de fracaso de la convocatoria, basándose en los datos, más o menos objetivos, del escaso seguimiento que tuvo la huelga. Pero lo que no se dice es que el fracaso lo ha sido de todos, porque la huelga de ayer no habrá servido para nada para casi nadie.
Mucha gente usa el consumo de energía eléctrica como indicador del alcance de la huelga. Afortunadamente, Red Eléctrica proporciona a todo el que quiera verlo en Internet los datos desglosados y, como es habitual, cada estamento los interpreta para defender sus tesis. Yo he realizado un ejercicio que me parece bastante objetivo, a partir de los datos, también creo que objetivos, del distinto seguimiento por sectores. Parece claro que en la gran industria el paro ha sido muy elevado (cosa que beneficia a las empresas, ya que se habrán ahorrado unos cuantos salarios y si les hace falta, ya recuperarán la producción perdida en las próximas semanas) Esas empresas son grandes consumidoras de electricidad y trabajan las 24 horas del día a ritmo muy regular, por lo que he calculado cuanta energía eléctrica se ha dejado de consumir en las primeras seis horas del día y he supuesto que esa misma cantidad es la que han dejado de consumir esas mismas empresas las otras dieciocho horas restantes. Después he calculado cuanto ha descendido la demanda de electricidad en el resto de la economía durante las veinticuatro horas, y la cifra que resulta es un descenso del 7,3%. Teniendo en cuenta que hay bastante relación entre actividad económica y consumo de electricidad y que lógicamente hay que sumar las personas que trabajan en las industrias de trabajo continuo, y sin pretender que el resultado sea algo más que una mera aproximación, considero que la repercusión efectiva de la huelga debió ser del orden del 10%, cifra que además parece congruente con los datos facilitados por empresas y organismos públicos, aunque se aleje mucho de la cifra del 70% que dan los sindicatos convocantes.
Los sindicatos han perdido una porción más de la escasa imagen que tenían antes ante la sociedad, por su empeño en calificar de éxito innegable lo que a todas luces ha sido un fracaso importante, por su falta de autocrítica al analizar los comportamientos inaceptables de determinados piquetes, llegando a decir que en caso de huelga, el derecho a la huelga es más importante que el derecho al trabajo, lo que sería absurdo (ya que el derecho fundamental, que corresponde a cada una de las personas por separado, es el de poder decidir libremente si desea hacer huelga o desea trabajar) si no fuera porque lo que en realidad están diciendo es que en caso de huelga ellos tienen el derecho de impedir, incluso por la fuerza, que aquellas personas que deseen trabajar puedan hacerlo, esto es que las personas que no les siguen pierden por ese motivo uno de sus derechos fundamentales.
Los empresarios que no respetan el derecho a la huelga, y que impiden a sus empleados que lo hagan por medios más sutiles que el uso de los piquetes coactivos, habrán conseguido que las personas que hubieran deseado hacer huelga hayan cedido a la presión subliminal de “si haces huelga, allá tú, porque antes o después perderás parte de tu retribución, en el mejor de los casos, o el trabajo si no tienes suerte” por descontado también habrán conseguido desmotivar a muchos empleados, incluida buena parte de los que no deseaban hacer huelga. Tengo la impresión, aunque no esté basada en datos contrastables, de que el número de personas que han visto violentada su libertad de elección por parte de los empresarios supera en varias veces al número de personas que no han podido trabajar por la presión sindical.
Los gobernantes, a todos los niveles, que en su afán de no perder votos se niegan a denunciar y rechazar públicamente todas las actuaciones contra la libertad (tanto de hacer huelga como de no hacerla) y al margen de que hayan podido salvar algunos votos, también han conseguido erosionar aún más la ya menguada credibilidad de los políticos.
La población en general, porque al margen de la actitud tomada ante la huelga respecto a hacerla o no, y dejando al margen a los violentos que no han dudado en quitar la libertad a personas que no conocen y que probablemente no volverán a ver en su vida, no ha sido capaz de dar el mensaje de rechazo a las actitudes inaceptables de sindicatos, empresarios y políticos, lo que llevará a una sensación de impotencia que hará aún más difícil la salida de la crisis.
Y es que para solucionar la crisis actual, como muestra la viñeta gentilmente cedida por su autor, más que hacer una Huelga General para que el Gobierno cambie algunas de sus políticas económicas, el conjunto de la sociedad debería expresar su rechazo a que los hilos de la economía, y en consecuencia de la política social, sigan siendo movidos por los que, siendo desconocidos, tienen el poder de hacer que políticos, sindicatos y empresarios actúen según sus órdenes.
Mucha gente usa el consumo de energía eléctrica como indicador del alcance de la huelga. Afortunadamente, Red Eléctrica proporciona a todo el que quiera verlo en Internet los datos desglosados y, como es habitual, cada estamento los interpreta para defender sus tesis. Yo he realizado un ejercicio que me parece bastante objetivo, a partir de los datos, también creo que objetivos, del distinto seguimiento por sectores. Parece claro que en la gran industria el paro ha sido muy elevado (cosa que beneficia a las empresas, ya que se habrán ahorrado unos cuantos salarios y si les hace falta, ya recuperarán la producción perdida en las próximas semanas) Esas empresas son grandes consumidoras de electricidad y trabajan las 24 horas del día a ritmo muy regular, por lo que he calculado cuanta energía eléctrica se ha dejado de consumir en las primeras seis horas del día y he supuesto que esa misma cantidad es la que han dejado de consumir esas mismas empresas las otras dieciocho horas restantes. Después he calculado cuanto ha descendido la demanda de electricidad en el resto de la economía durante las veinticuatro horas, y la cifra que resulta es un descenso del 7,3%. Teniendo en cuenta que hay bastante relación entre actividad económica y consumo de electricidad y que lógicamente hay que sumar las personas que trabajan en las industrias de trabajo continuo, y sin pretender que el resultado sea algo más que una mera aproximación, considero que la repercusión efectiva de la huelga debió ser del orden del 10%, cifra que además parece congruente con los datos facilitados por empresas y organismos públicos, aunque se aleje mucho de la cifra del 70% que dan los sindicatos convocantes.
Los sindicatos han perdido una porción más de la escasa imagen que tenían antes ante la sociedad, por su empeño en calificar de éxito innegable lo que a todas luces ha sido un fracaso importante, por su objetivo principal de seguir viviendo de la sopa boba y por su falta de autocrítica al analizar los comportamientos inaceptables de determinados piquetes, llegando a decir que en caso de huelga, el derecho a la huelga es más importante que el derecho al trabajo, lo que sería absurdo (ya que el derecho fundamental, que corresponde a cada una de las personas por separado, es el de poder decidir libremente si desea hacer huelga o desea trabajar) si no fuera porque lo que en realidad están diciendo es que en caso de huelga ellos tienen el derecho de impedir, incluso por la fuerza, que aquellas personas que deseen trabajar puedan hacerlo, esto es que las personas que no les siguen pierden por ese motivo uno de sus derechos fundamentales.
Los empresarios que no respetan el derecho a la huelga, y que impiden a sus empleados que lo hagan por medios más sutiles que el uso de los piquetes coactivos, habrán conseguido que las personas que hubieran deseado hacer huelga hayan cedido a la presión subliminal de “si haces huelga, allá tú, porque antes o después perderás parte de tu retribución, en el mejor de los casos, o el trabajo si tienes peor suerte” por descontado también habrán conseguido desmotivar a muchos empleados, incluida buena parte de los que no deseaban hacer huelga. Tengo la impresión, aunque no esté basada en datos contrastables, de que el número de personas que han visto violentada su libertad de elección por parte de los empresarios supera en varias veces al número de personas que no han podido trabajar por la presión sindical.
Los gobernantes, a todos los niveles, que en su afán de no perder votos se niegan a denunciar y rechazar públicamente todas las actuaciones contra la libertad (tanto de hacer huelga como de no hacerla) y al margen de que hayan podido salvar algunos votos, también han conseguido erosionar aún más la ya menguada credibilidad de los políticos.
La población en general, porque al margen de la actitud tomada ante la huelga respecto a hacerla o no, y dejando al margen a los violentos que no han dudado en quitar la libertad a personas que no conocen y que probablemente no volverán a ver en su vida, no ha sido capaz de dar el mensaje de rechazo a las actitudes inaceptables de sindicatos, empresarios y políticos, lo que llevará a una sensación de impotencia que hará aún más difícil la salida de la crisis.
Y es que para solucionar la crisis actual, como muestra la viñeta gentilmente cedida por su autor, más que hacer una Huelga General para que el Gobierno cambie algunas de sus políticas económicas, el conjunto de la sociedad debería expresar su rechazo a que los hilos de la economía, y en consecuencia de la política social, sigan siendo movidos por los que, siendo desconocidos, tienen el poder de hacer que políticos, sindicatos y empresarios actúen según sus órdenes.
Ayer tuvo lugar en España la Huelga General convocada fundamentalmente por los dos principales sindicatos CCOO y UGT. La prensa de hoy califica el resultado, en general, de fracaso de la convocatoria, basándose en los datos, más o menos objetivos, del escaso seguimiento que tuvo la huelga. Pero lo que no se dice es que el fracaso lo ha sido de todos, porque la huelga de ayer no habrá servido para nada para casi nadie.
Mucha gente usa el consumo de energía eléctrica como indicador del alcance de la huelga. Afortunadamente, Red Eléctrica proporciona a todo el que quiera verlo en Internet los datos desglosados y, como es habitual, cada estamento los interpreta para defender sus tesis. Yo he realizado un ejercicio que me parece bastante objetivo, a partir de los datos, también creo que objetivos, del distinto seguimiento por sectores. Parece claro que en la gran industria el paro ha sido muy elevado (cosa que beneficia a las empresas, ya que se habrán ahorrado unos cuantos salarios y si les hace falta, ya recuperarán la producción perdida en las próximas semanas) Esas empresas son grandes consumidoras de electricidad y trabajan las 24 horas del día a ritmo muy regular, por lo que he calculado cuanta energía eléctrica se ha dejado de consumir en las primeras seis horas del día y he supuesto que esa misma cantidad es la que han dejado de consumir esas mismas empresas las otras dieciocho horas restantes. Después he calculado cuanto ha descendido la demanda de electricidad en el resto de la economía durante las veinticuatro horas, y la cifra que resulta es un descenso del 7,3%. Teniendo en cuenta que hay bastante relación entre actividad económica y consumo de electricidad y que lógicamente hay que sumar las personas que trabajan en las industrias de trabajo continuo, y sin pretender que el resultado sea algo más que una mera aproximación, considero que la repercusión efectiva de la huelga debió ser del orden del 10%, cifra que además parece congruente con los datos facilitados por empresas y organismos públicos, aunque se aleje mucho de la cifra del 70% que dan los sindicatos convocantes.
Los sindicatos han perdido una porción más de la escasa imagen que tenían antes ante la sociedad, por su empeño en calificar de éxito innegable lo que a todas luces ha sido un fracaso importante, por su falta de autocrítica al analizar los comportamientos inaceptables de determinados piquetes, llegando a decir que en caso de huelga, el derecho a la huelga es más importante que el derecho al trabajo, lo que sería absurdo (ya que el derecho fundamental, que corresponde a cada una de las personas por separado, es el de poder decidir libremente si desea hacer huelga o desea trabajar) si no fuera porque lo que en realidad están diciendo es que en caso de huelga ellos tienen el derecho de impedir, incluso por la fuerza, que aquellas personas que deseen trabajar puedan hacerlo, esto es que las personas que no les siguen pierden por ese motivo uno de sus derechos fundamentales.
Los empresarios que no respetan el derecho a la huelga, y que impiden a sus empleados que lo hagan por medios más sutiles que el uso de los piquetes coactivos, habrán conseguido que las personas que hubieran deseado hacer huelga hayan cedido a la presión subliminal de “si haces huelga, allá tú, porque antes o después perderás parte de tu retribución, en el mejor de los casos, o el trabajo si no tienes suerte” por descontado también habrán conseguido desmotivar a muchos empleados, incluida buena parte de los que no deseaban hacer huelga. Tengo la impresión, aunque no esté basada en datos contrastables, de que el número de personas que han visto violentada su libertad de elección por parte de los empresarios supera en varias veces al número de personas que no han podido trabajar por la presión sindical.
Los gobernantes, a todos los niveles, que en su afán de no perder votos se niegan a denunciar y rechazar públicamente todas las actuaciones contra la libertad (tanto de hacer huelga como de no hacerla) y al margen de que hayan podido salvar algunos votos, también han conseguido erosionar aún más la ya menguada credibilidad de los políticos.
La población en general, porque al margen de la actitud tomada ante la huelga respecto a hacerla o no, y dejando al margen a los violentos que no han dudado en quitar la libertad a personas que no conocen y que probablemente no volverán a ver en su vida, no ha sido capaz de dar el mensaje de rechazo a las actitudes inaceptables de sindicatos, empresarios y políticos, lo que llevará a una sensación de impotencia que hará aún más difícil la salida de la crisis.
Y es que para solucionar la crisis actual, como muestra la viñeta gentilmente cedida por su autor, más que hacer una Huelga General para que el Gobierno cambie algunas de sus políticas económicas, el conjunto de la sociedad debería expresar su rechazo a que los hilos de la economía, y en consecuencia de la política social, sigan siendo movidos por los que, siendo desconocidos, tienen el poder de hacer que políticos, sindicatos y empresarios actúen según sus órdenes.
viernes, 24 de septiembre de 2010
Informe sobre competitividad global del World Economic Forum (II)
El informe clasifica los 111 factores en 12 grupos, que llama pilares, y también junta los pilares en los tres grupos fundamentales ya comentados.
El primer grupo (Necesidades básicas) está formado por cuatro pilares: Instituciones, Infraestructuras, Entorno macroeconómico y Salud y Enseñanza Primaria. Como es lógico, España obtiene una puntuación buena o muy buena en cada uno de los cuatro pilares, pero si se analizan en detalle los factores, hay algunos aspectos que deben destacarse:
Desde el lado positivo, la calidad de las infraestructuras, especialmente los ferrocarriles y los puertos, la reducida inflación, la tasa de escolarización (99,8%) la esperanza de vida (81,1 años) y la escasa mortalidad infantil (3,5 bebés muertos en el primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos)
En el lado negativo destacan los fallos que ya conocemos de las administraciones (despilfarro del gasto público, efectos negativos de las regulaciones, la falta de transparencia de las políticas del gobierno, la escasa credibilidad de los políticos) También las empresas tienen aspectos claves a mejorar (eficiencia de los consejos de administración, protección de los intereses de los accionistas minoritarios y calidad de los informes y auditorías) En lo que se refiere a la estabilidad macroeconómica, los aspectos a mejorar son el déficit público, la deuda pública (que sorprendentemente tiene una valoración muy parecida a la del déficit, cuando la realidad objetiva es bien distinta) y la tasa de ahorro interior. Los aspectos más sorprendentes están en el lado de la enseñanza primaria, ya que la excelente tasa de escolarización va acompañada, por desgracia, de una pésima calidad de la enseñanza y de un gasto público en enseñanza muy reducido.
El segundo grupo (Impulsores de la eficiencia) está formado por seis pilares: Enseñanzas Secundaria y Superior y Formación Profesional, Eficiencia de los mercados de bienes, Eficiencia del mercado laboral, Sofisticación del mercado financiero, Actualización tecnológica y tamaño del mercado.
Los principales aspectos positivos de este segundo grupo son las tasas de escolarización (excelente en Secundaria y muy alta en Superior) la excelencia de las Escuelas de Negocios la ausencia de barreras tarifarias, la más que suficiente sofisticación de las entidades financieras y el tamaño del mercado (por nuestra pertenencia a la Unión Europea)
A cambio, tenemos un buen puñado de aspectos negativos: En las enseñanzas Secundaria y Superior y Formación de los profesionales, la deficiente calidad del sistema educativo en general, y de las enseñanzas de las matemáticas y ciencias en particular, la escasez de la formación de los técnicos durante la etapa del ejercicio profesional, y la escasa disponibilidad de Internet en los centros educativos. En el pilar de eficiencia del mercado de bienes destacan, por su deficiencia, el tiempo y los trámites necesarios para iniciar una actividad económica, la elevada tasa fiscal global y los costes de la política agrícola: El mercado de trabajo es el pilar que presenta peores resultados a causa de la rigidez del mercado, las practicas de reclutamiento y despido, la escasa equidad del pago recibido por la productividad demostrada y la escasa colaboración en las relaciones trabajadores-empleadores. El mercado financiero tiene sus aspectos más negativos en la dificultad de obtener préstamos, en la deficiente regulación de los mercados de activos financieros, en la debilidad de los derechos legales y en la escasa disponibilidad de capital para proyectos de alto riesgo. La actualización tecnológica y el tamaño de mercado no tienen aspectos que merezcan la calificación de deficientes.
El tercer grupo (Factores de Innovación y Sofisticación de los negocios) está formado por los dos pilares restantes que están en el nombre del grupo.
Los aspectos positivos a destacar son la cantidad y calidad de suministradores locales y el número de patentes por mil habitantes.
En la parte negativa hay que resaltar la escasa capacidad para delegar, el deficiente control de la distribución internacional, el deficiente procedimiento para la adquisición por parte del sector público de bienes de alta tecnología, la escasa disponibilidad de científicos e ingenieros, la escasa inversión de las empresas en I+D y la poca calidad de las entidades de investigación, todos estos últimos aspectos puestos, lógicamente, en relación con el nivel de desarrollo del país.
El primer grupo (Necesidades básicas) está formado por cuatro pilares: Instituciones, Infraestructuras, Entorno macroeconómico y Salud y Enseñanza Primaria. Como es lógico, España obtiene una puntuación buena o muy buena en cada uno de los cuatro pilares, pero si se analizan en detalle los factores, hay algunos aspectos que deben destacarse:
Desde el lado positivo, la calidad de las infraestructuras, especialmente los ferrocarriles y los puertos, la reducida inflación, la tasa de escolarización (99,8%) la esperanza de vida (81,1 años) y la escasa mortalidad infantil (3,5 bebés muertos en el primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos)
En el lado negativo destacan los fallos que ya conocemos de las administraciones (despilfarro del gasto público, efectos negativos de las regulaciones, la falta de transparencia de las políticas del gobierno, la escasa credibilidad de los políticos) También las empresas tienen aspectos claves a mejorar (eficiencia de los consejos de administración, protección de los intereses de los accionistas minoritarios y calidad de los informes y auditorías) En lo que se refiere a la estabilidad macroeconómica, los aspectos a mejorar son el déficit público, la deuda pública (que sorprendentemente tiene una valoración muy parecida a la del déficit, cuando la realidad objetiva es bien distinta) y la tasa de ahorro interior. Los aspectos más sorprendentes están en el lado de la enseñanza primaria, ya que la excelente tasa de escolarización va acompañada, por desgracia, de una pésima calidad de la enseñanza y de un gasto público en enseñanza muy reducido.
El segundo grupo (Impulsores de la eficiencia) está formado por seis pilares: Enseñanzas Secundaria y Superior y Formación Profesional, Eficiencia de los mercados de bienes, Eficiencia del mercado laboral, Sofisticación del mercado financiero, Actualización tecnológica y tamaño del mercado.
Los principales aspectos positivos de este segundo grupo son las tasas de escolarización (excelente en Secundaria y muy alta en Superior) la excelencia de las Escuelas de Negocios la ausencia de barreras tarifarias, la más que suficiente sofisticación de las entidades financieras y el tamaño del mercado (por nuestra pertenencia a la Unión Europea)
A cambio, tenemos un buen puñado de aspectos negativos: En las enseñanzas Secundaria y Superior y Formación de los profesionales, la deficiente calidad del sistema educativo en general, y de las enseñanzas de las matemáticas y ciencias en particular, la escasez de la formación de los técnicos durante la etapa del ejercicio profesional, y la escasa disponibilidad de Internet en los centros educativos. En el pilar de eficiencia del mercado de bienes destacan, por su deficiencia, el tiempo y los trámites necesarios para iniciar una actividad económica, la elevada tasa fiscal global y los costes de la política agrícola: El mercado de trabajo es el pilar que presenta peores resultados a causa de la rigidez del mercado, las practicas de reclutamiento y despido, la escasa equidad del pago recibido por la productividad demostrada y la escasa colaboración en las relaciones trabajadores-empleadores. El mercado financiero tiene sus aspectos más negativos en la dificultad de obtener préstamos, en la deficiente regulación de los mercados de activos financieros, en la debilidad de los derechos legales y en la escasa disponibilidad de capital para proyectos de alto riesgo. La actualización tecnológica y el tamaño de mercado no tienen aspectos que merezcan la calificación de deficientes.
El tercer grupo (Factores de Innovación y Sofisticación de los negocios) está formado por los dos pilares restantes que están en el nombre del grupo.
Los aspectos positivos a destacar son la cantidad y calidad de suministradores locales y el número de patentes por mil habitantes.
En la parte negativa hay que resaltar la escasa capacidad para delegar, el deficiente control de la distribución internacional, el deficiente procedimiento para la adquisición por parte del sector público de bienes de alta tecnología, la escasa disponibilidad de científicos e ingenieros, la escasa inversión de las empresas en I+D y la poca calidad de las entidades de investigación, todos estos últimos aspectos puestos, lógicamente, en relación con el nivel de desarrollo del país.
Informe sobre competitividad global del World Economic Forum (I)
Hace dos semanas que el World Economic Forum (WEF) publicó su informe sobre la competitividad global 2010-2011, que abarca a 139 países. La prensa española se hizo eco, con opiniones distintas según el pelaje político del editor, de la caída de España desde el puesto 33 al 42 (dos años antes estaba en el puesto 29)
Este tipo de informes tienen, en mi opinión, un defecto genérico que hace muy difícil considerar sus datos simplificados como datos objetivos, ya que variaciones mínimas de cualquier indicador llevan a variaciones muy importantes en la clasificación, cuando se trata de países muy parecidos en ese aspecto, pero son necesarias variaciones muy fuertes para cambiar unos pocos puestos cuando se está en un tramo en el que los países son muy diferentes.
Este informe hace un estudio muy completo, ya que analiza para cada país 111 factores diferentes. Pero la comparabilidad de los resultados entre unos países y otros es más que dudosa, y no sólo cuando se trata de países muy diferentes. Una buena parte de los factores son subjetivos y las respuestas en unos países y otros pueden ser poco homogéneas por distintas razones: en países muy nacionalistas, las respuestas de las empresas del país para valorar su situación serán de una puntuación más elevada que en países menos nacionalistas, pero también en países con un problema grave, por ejemplo de falta de competencia, las empresas del país que se estén beneficiando de esa situación de monopolio u oligopolio la valorarán de forma más positiva que las empresas en países con mayor competencia, donde habrá pocas empresas que se beneficien de los fallos de competencia, pero donde las que no se benefician serán mucho más exigentes al valorar los fallos de competencia que puedan existir.
En lo que se refiere a la comparación de países con estado de desarrollo muy distinto, el informe del WEF intenta hacerla más objetiva dividiendo a los países en tres grupos en función de su PIB por persona y aplicando distintas ponderaciones para los factores en función del grupo en que se encuentre. Sin duda el resultado global será positivo, pero se puede dar el caso (como ocurre con España) en que está técnica haga que un país se encuentre en un puesto más bajo que el que tiene en cada uno de los tres grupos de indicadores. En efecto, en este informe España alcanza el puesto 42, cuando tiene el puesto 38 en el grupo de Necesidades básicas, el puesto 32 en el grupo de Impulsores de la Eficiencia y el puesto 41 en el de Factores de Innovación y Sofisticación de los negocios.
Sin embargo, creo que es muy interesante analizar la situación de cada país en cada uno de los 111 factores usados y compararlo con los valores medios, y también con los máximos, de todos los países, en vez de hacerlo con el puesto que ocupa.
Los resultados dan unas pautas sobre los aspectos que la sociedad española debería esforzarse en mejorar, para consolidar y mejorar en el futuro la calidad de vida ya alcanzada.
Entre los que cuestan poco dinero y serían socialmente deseados o al menos aceptados sin oposición relevante (lo que no significa que sean fáciles de implantar) destacan la drástica reducción del despilfarro del gasto público, la mejora de las regulaciones, la adopción de la transparencia en las políticas del gobierno, la recuperación de la credibilidad de los políticos, la incorporación efectiva y universal de Internet a todos los centros de enseñanza, la simplificación de los trámites burocráticos y la eliminación de las decisiones arbitrarias para la obtención de permisos y la mejora drástica de los procedimientos de compra de bienes de alta tecnología por parte del sector público.
Hay otro grupo de mejoras que no costarían demasiado dinero pero que presenta grandes dificultades para ser aceptadas por los que tienen que tomar la decisión de implantarlas, por los que tienen que aplicarlas o por los destinatarios finales. Sin embargo , España necesita que se mejoren drásticamente la calidad de la enseñanza (Primaria, Secundaria y Superior) la eficiencia de los Consejos de Administración, la protección efectiva de los intereses de los accionistas minoritarios, la mejora del mercado laboral, la regulación eficaz del sistema financiero y de los mercados de activos financieros, la mejora de la delegación en las empresas, así como el establecimiento de una mayor equidad entre trabajo realizado y retribución obtenida.
Finalmente, hay un tercer grupo de mejoras que son casi imprescindibles pero que difícilmente serán acometidas por el gobierno: la racionalización del gasto público, única manera de conseguir reducir el déficit público y la deuda pública sin tener que aumentar todavía más la carga fiscal efectiva.
En la segunda parte de este artículo haré una referencia más detallada a los resultados de España en aquellos factores en los que destaca y en los que está claramente retrasada, porque son los factores en los que la sociedad debería esforzarse más para mejorar la situación de forma más rápida y eficaz.
Este tipo de informes tienen, en mi opinión, un defecto genérico que hace muy difícil considerar sus datos simplificados como datos objetivos, ya que variaciones mínimas de cualquier indicador llevan a variaciones muy importantes en la clasificación, cuando se trata de países muy parecidos en ese aspecto, pero son necesarias variaciones muy fuertes para cambiar unos pocos puestos cuando se está en un tramo en el que los países son muy diferentes.
Este informe hace un estudio muy completo, ya que analiza para cada país 111 factores diferentes. Pero la comparabilidad de los resultados entre unos países y otros es más que dudosa, y no sólo cuando se trata de países muy diferentes. Una buena parte de los factores son subjetivos y las respuestas en unos países y otros pueden ser poco homogéneas por distintas razones: en países muy nacionalistas, las respuestas de las empresas del país para valorar su situación serán de una puntuación más elevada que en países menos nacionalistas, pero también en países con un problema grave, por ejemplo de falta de competencia, las empresas del país que se estén beneficiando de esa situación de monopolio u oligopolio la valorarán de forma más positiva que las empresas en países con mayor competencia, donde habrá pocas empresas que se beneficien de los fallos de competencia, pero donde las que no se benefician serán mucho más exigentes al valorar los fallos de competencia que puedan existir.
En lo que se refiere a la comparación de países con estado de desarrollo muy distinto, el informe del WEF intenta hacerla más objetiva dividiendo a los países en tres grupos en función de su PIB por persona y aplicando distintas ponderaciones para los factores en función del grupo en que se encuentre. Sin duda el resultado global será positivo, pero se puede dar el caso (como ocurre con España) en que está técnica haga que un país se encuentre en un puesto más bajo que el que tiene en cada uno de los tres grupos de indicadores. En efecto, en este informe España alcanza el puesto 42, cuando tiene el puesto 38 en el grupo de Necesidades básicas, el puesto 32 en el grupo de Impulsores de la Eficiencia y el puesto 41 en el de Factores de Innovación y Sofisticación de los negocios.
Sin embargo, creo que es muy interesante analizar la situación de cada país en cada uno de los 111 factores usados y compararlo con los valores medios, y también con los máximos, de todos los países, en vez de hacerlo con el puesto que ocupa.
Los resultados dan unas pautas sobre los aspectos que la sociedad española debería esforzarse en mejorar, para consolidar y mejorar en el futuro la calidad de vida ya alcanzada.
Entre los que cuestan poco dinero y serían socialmente deseados o al menos aceptados sin oposición relevante (lo que no significa que sean fáciles de implantar) destacan la drástica reducción del despilfarro del gasto público, la mejora de las regulaciones, la adopción de la transparencia en las políticas del gobierno, la recuperación de la credibilidad de los políticos, la incorporación efectiva y universal de Internet a todos los centros de enseñanza, la simplificación de los trámites burocráticos y la eliminación de las decisiones arbitrarias para la obtención de permisos y la mejora drástica de los procedimientos de compra de bienes de alta tecnología por parte del sector público.
Hay otro grupo de mejoras que no costarían demasiado dinero pero que presenta grandes dificultades para ser aceptadas por los que tienen que tomar la decisión de implantarlas, por los que tienen que aplicarlas o por los destinatarios finales. Sin embargo , España necesita que se mejoren drásticamente la calidad de la enseñanza (Primaria, Secundaria y Superior) la eficiencia de los Consejos de Administración, la protección efectiva de los intereses de los accionistas minoritarios, la mejora del mercado laboral, la regulación eficaz del sistema financiero y de los mercados de activos financieros, la mejora de la delegación en las empresas, así como el establecimiento de una mayor equidad entre trabajo realizado y retribución obtenida.
Finalmente, hay un tercer grupo de mejoras que son casi imprescindibles pero que difícilmente serán acometidas por el gobierno: la racionalización del gasto público, única manera de conseguir reducir el déficit público y la deuda pública sin tener que aumentar todavía más la carga fiscal efectiva.
En la segunda parte de este artículo haré una referencia más detallada a los resultados de España en aquellos factores en los que destaca y en los que está claramente retrasada, porque son los factores en los que la sociedad debería esforzarse más para mejorar la situación de forma más rápida y eficaz.
jueves, 19 de agosto de 2010
Las falacias de la presión fiscal en España
Ya ha comenzado la serie de declaraciones de miembros del Gobierno previas a las propuestas, aun no hechas públicas, de aumento de impuestos que se presentarán en el trámite parlamentario de aprobación de los Presupuestos de 2011. Casi con seguridad, el único objeto de estas declaraciones es minimizar el coste electoral de unas medidas siempre impopulares y más aún en una situación económica tan deprimida.
Como es obvio, el Gobierno ha renunciado a llevar a cabo la política más adecuada para reducir el déficit público al menor coste posible para la mayor parte de la población, que sería la realización de auténticos presupuestos base cero para todos los departamentos de todas las administraciones públicas. No hay que ser muy optimista para pensar que se podrían conseguir reducciones comprendidas entre el 30 y el 50% para todos los servicios distintos de Educación y Sanidad (en los que el ahorro sería muy inferior) partiendo de la hipótesis de mantener en calidad y cantidad los servicios públicos no suntuarios.
Pero ese ejercicio supondría un trabajo muy importante para la elaboración de los presupuestos y lo que es más importante para los políticos supondría el pisar muchos callos a los estómagos agradecidos que tanto reciben de la administración a cambio de nada (excepto el voto asegurado de toda la familia)
A cambio, dan como ciertas o inevitables algunas falacias que no resisten el menor análisis económico:
Falacia 1: El déficit se puede corregir aumentando los impuestos únicamente a los ricos.
La realidad es que aunque se les quitaran todos los bienes a los ricos, el déficit público apenas bajaría. El mensaje oculta que el aumento de recaudación se obtendrá sobre todo de las personas que tienen una nómina, alta, media o baja.
Falacia 2: El déficit sólo se puede corregir aumentando los ingresos públicos por tasas e impuestos.
La realidad es que el déficit debe reducirse reduciendo primero tanto como sea posible los gastos públicos innecesarios y sólo después de haberlo hecho, si aún quedara déficit (cosa muy improbable) aumentar los ingresos mediante aumentos impositivos.
Falacia 3: El déficit existe en España porque los impuestos son muy bajos, e insuficientes para garantizar unos servicios públicos razonables.
La realidad es que los impuestos son en España más elevados que en la media de la UE para todas las personas cuyos ingresos provienen fundamentalmente de una nómina. Nuestro sistema de IRPF tiene tipos marginales más elevados para rentas más bajas y es especialmente injusto con las rentas del trabajo asalariado (incluidas las pensiones que a este respecto están asimiladas a las rentas del trabajo.
Falacia 4: Para reducir el déficit no queda más remedio que congelar las pensiones, reducir los salarios de los trabajadores del sector público y cobrar por los servicios que hoy son gratuitos.
La realidad es que si se hiciera el ejercicio de presupuestos base cero de forma rigurosa, se podrían evitar esas medidas que son, por otra parte, las más regresivas que uno pueda imaginar. El cobro por los servicios que hoy son gratuitos llevaría a la renuncia a recibirlos solamente de aquellos que tienen una capacidad adquisitiva más reducida.
Falacia 5: Para aumentar la presión fiscal hay que subir algún impuesto.
La realidad es que sin cambiar ni una coma de la actual regulación fiscal, y suponiendo que no varía el nivel de fraude, la presión fiscal aumenta por el mero hecho de la inflación.
Lo hace en el IRPF y también en el IVA que, digan lo que digan, es un impuesto progresivo aunque sea indirecto, porque tiene cuatro tipos diferentes que se aplican en función de la necesidad relativa de los bienes y servicios.
Pongamos un ejemplo sencillo y muy común. Supongamos un trabajador por cuenta ajena que gane, en 2010, 24000 euros al año. Supongamos que en 2011 le aumenten el sueldo el 2%, esto es 480 euros al año. Supongamos, para simplificar, que no tiene hipoteca ni ahorra, y que su reparto de consumo entre tipos de IVA es 30% exento, 15% del 4%, 20% del 8% y 35% del 18%. Espero que para los políticos ese tipo de persona no responda al de una persona rica a la que hay que exigir más sacrificio fiscal.
Suponiendo que en 2010 el aumento del IVA hubiera sido el 1 de enero (para no introducir los efectos del reciente aumento que distorsionarían el resultado) esta persona habría pagado al final del año unos 3200 euros de IRPF y unos 1770 euros de IVA, en total unos 4970 euros de impuestos, con una presión fiscal para esa persona del 20,71%
En 2011, con un aumento de ingresos del 2%, una inflación del 2% y manteniendo el esquema de consumo, esa misma persona pasaría a ganar 24480 euros y a pagar unos 3334 euros de IRPF y unos 1797 euros de IVA, en total unos 5131 euros con una presión fiscal para esa persona del 20,96%.
Si este mismo ejemplo lo hiciéramos para una persona que ganara más dinero, el incremento de su presión fiscal sería superior, excepto en el caso de que esa persona fuera rica, de verdad, porque entonces no tributaría apenas por el IRPF, tributaría por sociedades a un tipo fijo, y también se libraría de pagar la mayor parte del IVA, ya que los bienes y servicios que consumiera serían pagados, en su mayor parte, por sus empresas, con el resultado final de una presión fiscal muy inferior a la del empleado que cobra 24000 euros.
Como es obvio, el Gobierno ha renunciado a llevar a cabo la política más adecuada para reducir el déficit público al menor coste posible para la mayor parte de la población, que sería la realización de auténticos presupuestos base cero para todos los departamentos de todas las administraciones públicas. No hay que ser muy optimista para pensar que se podrían conseguir reducciones comprendidas entre el 30 y el 50% para todos los servicios distintos de Educación y Sanidad (en los que el ahorro sería muy inferior) partiendo de la hipótesis de mantener en calidad y cantidad los servicios públicos no suntuarios.
Pero ese ejercicio supondría un trabajo muy importante para la elaboración de los presupuestos y lo que es más importante para los políticos supondría el pisar muchos callos a los estómagos agradecidos que tanto reciben de la administración a cambio de nada (excepto el voto asegurado de toda la familia)
A cambio, dan como ciertas o inevitables algunas falacias que no resisten el menor análisis económico:
Falacia 1: El déficit se puede corregir aumentando los impuestos únicamente a los ricos.
La realidad es que aunque se les quitaran todos los bienes a los ricos, el déficit público apenas bajaría. El mensaje oculta que el aumento de recaudación se obtendrá sobre todo de las personas que tienen una nómina, alta, media o baja.
Falacia 2: El déficit sólo se puede corregir aumentando los ingresos públicos por tasas e impuestos.
La realidad es que el déficit debe reducirse reduciendo primero tanto como sea posible los gastos públicos innecesarios y sólo después de haberlo hecho, si aún quedara déficit (cosa muy improbable) aumentar los ingresos mediante aumentos impositivos.
Falacia 3: El déficit existe en España porque los impuestos son muy bajos, e insuficientes para garantizar unos servicios públicos razonables.
La realidad es que los impuestos son en España más elevados que en la media de la UE para todas las personas cuyos ingresos provienen fundamentalmente de una nómina. Nuestro sistema de IRPF tiene tipos marginales más elevados para rentas más bajas y es especialmente injusto con las rentas del trabajo asalariado (incluidas las pensiones que a este respecto están asimiladas a las rentas del trabajo.
Falacia 4: Para reducir el déficit no queda más remedio que congelar las pensiones, reducir los salarios de los trabajadores del sector público y cobrar por los servicios que hoy son gratuitos.
La realidad es que si se hiciera el ejercicio de presupuestos base cero de forma rigurosa, se podrían evitar esas medidas que son, por otra parte, las más regresivas que uno pueda imaginar. El cobro por los servicios que hoy son gratuitos llevaría a la renuncia a recibirlos solamente de aquellos que tienen una capacidad adquisitiva más reducida.
Falacia 5: Para aumentar la presión fiscal hay que subir algún impuesto.
La realidad es que sin cambiar ni una coma de la actual regulación fiscal, y suponiendo que no varía el nivel de fraude, la presión fiscal aumenta por el mero hecho de la inflación.
Lo hace en el IRPF y también en el IVA que, digan lo que digan, es un impuesto progresivo aunque sea indirecto, porque tiene cuatro tipos diferentes que se aplican en función de la necesidad relativa de los bienes y servicios.
Pongamos un ejemplo sencillo y muy común. Supongamos un trabajador por cuenta ajena que gane, en 2010, 24000 euros al año. Supongamos que en 2011 le aumenten el sueldo el 2%, esto es 480 euros al año. Supongamos, para simplificar, que no tiene hipoteca ni ahorra, y que su reparto de consumo entre tipos de IVA es 30% exento, 15% del 4%, 20% del 8% y 35% del 18%. Espero que para los políticos ese tipo de persona no responda al de una persona rica a la que hay que exigir más sacrificio fiscal.
Suponiendo que en 2010 el aumento del IVA hubiera sido el 1 de enero (para no introducir los efectos del reciente aumento que distorsionarían el resultado) esta persona habría pagado al final del año unos 3200 euros de IRPF y unos 1770 euros de IVA, en total unos 4970 euros de impuestos, con una presión fiscal para esa persona del 20,71%
En 2011, con un aumento de ingresos del 2%, una inflación del 2% y manteniendo el esquema de consumo, esa misma persona pasaría a ganar 24480 euros y a pagar unos 3334 euros de IRPF y unos 1797 euros de IVA, en total unos 5131 euros con una presión fiscal para esa persona del 20,96%.
Si este mismo ejemplo lo hiciéramos para una persona que ganara más dinero, el incremento de su presión fiscal sería superior, excepto en el caso de que esa persona fuera rica, de verdad, porque entonces no tributaría apenas por el IRPF, tributaría por sociedades a un tipo fijo, y también se libraría de pagar la mayor parte del IVA, ya que los bienes y servicios que consumiera serían pagados, en su mayor parte, por sus empresas, con el resultado final de una presión fiscal muy inferior a la del empleado que cobra 24000 euros.
martes, 10 de agosto de 2010
La rentabilidad de los fondos de pensiones
El mes de agosto suele ser escaso en noticias económicas relevantes. Pero también es un mes propicio para publicar aquellas que por una parte son preocupantes para la población y, por otra, no pierden su actualidad por el hecho de retrasar su publicación algunos meses.
Publica hoy El Economista que “el 95% de los planes de pensiones pierde dinero en los últimos 15 años“ Si se lee el resto de la noticia, se aprecia que el problema real es que el 95% de los participes han obtenido en los últimos 15 años una rentabilidad inferior a la inflación, un problema menos grave que el anunciado en el titular, pero que no por ello deja de ser muy preocupante.
¿Por qué razón la mayor parte de los partícipes deberían aceptar una rentabilidad a tan largo plazo que no les permita ni tan sólo mantener el poder adquisitivo?
¿Son estas las maravillas de la gestión privada a la que quieren dirigir algunos el futuro de las pensiones?
Creo que en el seno del Pacto de Toledo debería tratarse la problemática de los planes de pensiones privados, para asegurar que los millones de personas que los tienen puedan obtener de su esfuerzo unos resultados mejores y sin riesgo relevante.
Estoy convencido de que los pobres resultados obtenidos en los últimos quince años por tantos planes de pensiones son la consecuencia de que las gestoras de los planes miran mucho más por sus intereses particulares que por los de los partícipes, y que se aprovechan del compromiso de mantener el dinero hasta la edad de jubilación o hasta que se produzca alguna de las otras situaciones que permiten retirar el dinero. Hay que admitir, dados los resultados, que la posibilidad de cambiar de plan no da el incentivo suficiente para que se gestionen mejor la mayoría de los planes.
Por otra parte, creo que el Estado está perdiendo la oportunidad de aprovechar una parte de este ahorro a muy largo plazo para financiar infraestructuras, públicas o privadas, de gran volumen de inversión y muy largo plazo de maduración.
Hay un mecanismo que sería muy fácil de establecer y que beneficiaría a todos (excepto a los que se aprovechan de la cautividad de los partícipes en los planes de pensiones) que consistiría en la emisión de deuda pública a muy largo plazo (10, 15, 20, 25 y 30 años, por ejemplo) con un tipo de interés fijo y una fiscalidad asegurada para todo el periodo de duración de cada emisión, fiscalidad que bien podría ser la que hubiera para los rendimientos financieros en el momento de cada emisión, que al combinarse permitieran obtener una rentabilidad algo superior a la inflación esperada para el periodo de la emisión.
Con los fondos así obtenidos por el Estado (los planes de pensiones y los demás inversores tendrían total libertad para acudir a las distintas emisiones) se podrían financiar tanto inversiones públicas como privadas que, en este último caso, deberían canalizarse a través de la banca pública, adaptando la cuantía y la duración de cada crédito a los proyectos concretos y aplicando un tipo de interés ligeramente superior al de las emisiones de similar duración que se realizaran de forma próxima en el tiempo a la concesión de los créditos, siguiendo el excelente modelo del Banco Europeo de Inversiones tanto en los criterios de selección de los proyectos a los que serían aplicables como en los reducidos costes de gestión.
Las inversiones financiadas de esta forma tendrían unos tipos de interés conocidos desde el primer momento para toda la duración de los créditos, que permitirían acometer con mucho menor riesgo los grandes proyectos de inversión, y los planes de pensiones obtendrían, para la parte de sus inversiones que realizaran en estos bonos a largo plazo, una rentabilidad real superior a la inflación, con lo que aquellos partícipes que quisieran asegurar una rentabilidad moderada, pero algo superior a la necesaria para mantener el poder adquisitivo de sus ahorros, sólo tendrían que dirigirse a aquellos planes que se comprometieran a usar de forma preferente o total este tipo de planteamiento.
Publica hoy El Economista que “el 95% de los planes de pensiones pierde dinero en los últimos 15 años“ Si se lee el resto de la noticia, se aprecia que el problema real es que el 95% de los participes han obtenido en los últimos 15 años una rentabilidad inferior a la inflación, un problema menos grave que el anunciado en el titular, pero que no por ello deja de ser muy preocupante.
¿Por qué razón la mayor parte de los partícipes deberían aceptar una rentabilidad a tan largo plazo que no les permita ni tan sólo mantener el poder adquisitivo?
¿Son estas las maravillas de la gestión privada a la que quieren dirigir algunos el futuro de las pensiones?
Creo que en el seno del Pacto de Toledo debería tratarse la problemática de los planes de pensiones privados, para asegurar que los millones de personas que los tienen puedan obtener de su esfuerzo unos resultados mejores y sin riesgo relevante.
Estoy convencido de que los pobres resultados obtenidos en los últimos quince años por tantos planes de pensiones son la consecuencia de que las gestoras de los planes miran mucho más por sus intereses particulares que por los de los partícipes, y que se aprovechan del compromiso de mantener el dinero hasta la edad de jubilación o hasta que se produzca alguna de las otras situaciones que permiten retirar el dinero. Hay que admitir, dados los resultados, que la posibilidad de cambiar de plan no da el incentivo suficiente para que se gestionen mejor la mayoría de los planes.
Por otra parte, creo que el Estado está perdiendo la oportunidad de aprovechar una parte de este ahorro a muy largo plazo para financiar infraestructuras, públicas o privadas, de gran volumen de inversión y muy largo plazo de maduración.
Hay un mecanismo que sería muy fácil de establecer y que beneficiaría a todos (excepto a los que se aprovechan de la cautividad de los partícipes en los planes de pensiones) que consistiría en la emisión de deuda pública a muy largo plazo (10, 15, 20, 25 y 30 años, por ejemplo) con un tipo de interés fijo y una fiscalidad asegurada para todo el periodo de duración de cada emisión, fiscalidad que bien podría ser la que hubiera para los rendimientos financieros en el momento de cada emisión, que al combinarse permitieran obtener una rentabilidad algo superior a la inflación esperada para el periodo de la emisión.
Con los fondos así obtenidos por el Estado (los planes de pensiones y los demás inversores tendrían total libertad para acudir a las distintas emisiones) se podrían financiar tanto inversiones públicas como privadas que, en este último caso, deberían canalizarse a través de la banca pública, adaptando la cuantía y la duración de cada crédito a los proyectos concretos y aplicando un tipo de interés ligeramente superior al de las emisiones de similar duración que se realizaran de forma próxima en el tiempo a la concesión de los créditos, siguiendo el excelente modelo del Banco Europeo de Inversiones tanto en los criterios de selección de los proyectos a los que serían aplicables como en los reducidos costes de gestión.
Las inversiones financiadas de esta forma tendrían unos tipos de interés conocidos desde el primer momento para toda la duración de los créditos, que permitirían acometer con mucho menor riesgo los grandes proyectos de inversión, y los planes de pensiones obtendrían, para la parte de sus inversiones que realizaran en estos bonos a largo plazo, una rentabilidad real superior a la inflación, con lo que aquellos partícipes que quisieran asegurar una rentabilidad moderada, pero algo superior a la necesaria para mantener el poder adquisitivo de sus ahorros, sólo tendrían que dirigirse a aquellos planes que se comprometieran a usar de forma preferente o total este tipo de planteamiento.
domingo, 1 de agosto de 2010
Una propuesta inasumible para las pensiones futuras
El pasado jueves 29 de julio me topé con un titular prometedor: Los números rojos acechan las pensiones, que trataba de un número de la publicación de Funcas Panorama Social, dedicado a las pensiones.
La reseña se hacía eco de una propuesta que me pareció descabellada: las pensiones sólo se cobrarían hasta los 85 años, digna de la novela Un mundo feliz de Aldoux Huxley. No me podía creer que nadie, con un mínimo de sensatez, pudiera hacer esa propuesta, por lo que me fui al original, el artículo de Fernando Azpeitia y José A. Herce titulado “Retos asociados al envejecimiento: sanidad, dependencia y pensiones” que efectivamente, no proponía limitar el cobro de las pensiones hasta los 85 años.
Mi sorpresa vino cuando comprobé que la propuesta era aún más descabellada, hacer que las pensiones se empezaran a cobrar a partir de los 85 años y, además, los autores se permiten definir su propuesta como reinventar la Seguridad Social.
Su razonamiento es claro: Si cuando Otto von Bismarck introdujo la Seguridad Social, en el siglo antepasado, fijó la edad para iniciar la percepción en 65 años, teniendo en cuenta el aumento de la vida media registrado desde entonces, sería razonable aumentar a 85 años la edad de inicio de percepción de las pensiones.
La propuesta que hacen para la etapa intermedia, desde el cese en la actividad laboral, para el que no ponen una edad, y los 85 años, es un seguro privado que cubra esa etapa, que se pagaría con las aportaciones de la persona mientras trabajara, con la excusa de que al limitarse a los 85 años su percepción sería más barato para los cotizantes. Añaden que para el sector público supondría un ahorro evidente en el concepto de pago de pensiones.
Nada dicen los autores sobre la gestión del periodo transitorio para pasar de un sistema a otro, ni de la situación de aquellas personas para las que los pagos del seguro privado (por escasez de las cotizaciones o por malos resultados de la aseguradora privada) no lleguen al nivel mínimo de subsistencia.
Su reinvención de la Seguridad Social supone, en pocas palabras, llevar las prestaciones al nivel de hace más de cien años, de forma que, como entonces, los que no dispongan de un capital suficiente al cesar en su actividad laboral estén, simple y llanamente, abocados a morir de miseria.
No, señores Azpeitia y Herce, la solución no está en su reinvención de la Seguridad Social, sino en una reforma de las pensiones que garantice su estabilidad a medio y largo plazo, pero también que garantice que ninguna persona quede en la miseria al terminar su etapa vital de actividad laboral, reforma que, sin ninguna duda, obligará a aumentar el número de años de cotización media y tendrá que basarse en que la percepción media de pensiones sea equivalente a la cotización media, pero siempre, al menos para la pensión básica que tendrá que ser suficiente para subsistir, bajo un sistema público, única forma de evitar que queden desamparados los afectados por las quiebras o rentabilidades negativas de las compañías privadas que gestionen los ahorros para la vejez.
Y quien desee completar la pensión pública con otros sistemas basados en la gestión privada que lo haga, será su decisión y obtendrá lo que corresponda a su acierto o desacierto, pero las pensiones públicas, universales y suficientes para subsistir, tienen que continuar o nuestra sociedad habrá retrocedido, en términos de protección social, a una situación inadmisible.
La reseña se hacía eco de una propuesta que me pareció descabellada: las pensiones sólo se cobrarían hasta los 85 años, digna de la novela Un mundo feliz de Aldoux Huxley. No me podía creer que nadie, con un mínimo de sensatez, pudiera hacer esa propuesta, por lo que me fui al original, el artículo de Fernando Azpeitia y José A. Herce titulado “Retos asociados al envejecimiento: sanidad, dependencia y pensiones” que efectivamente, no proponía limitar el cobro de las pensiones hasta los 85 años.
Mi sorpresa vino cuando comprobé que la propuesta era aún más descabellada, hacer que las pensiones se empezaran a cobrar a partir de los 85 años y, además, los autores se permiten definir su propuesta como reinventar la Seguridad Social.
Su razonamiento es claro: Si cuando Otto von Bismarck introdujo la Seguridad Social, en el siglo antepasado, fijó la edad para iniciar la percepción en 65 años, teniendo en cuenta el aumento de la vida media registrado desde entonces, sería razonable aumentar a 85 años la edad de inicio de percepción de las pensiones.
La propuesta que hacen para la etapa intermedia, desde el cese en la actividad laboral, para el que no ponen una edad, y los 85 años, es un seguro privado que cubra esa etapa, que se pagaría con las aportaciones de la persona mientras trabajara, con la excusa de que al limitarse a los 85 años su percepción sería más barato para los cotizantes. Añaden que para el sector público supondría un ahorro evidente en el concepto de pago de pensiones.
Nada dicen los autores sobre la gestión del periodo transitorio para pasar de un sistema a otro, ni de la situación de aquellas personas para las que los pagos del seguro privado (por escasez de las cotizaciones o por malos resultados de la aseguradora privada) no lleguen al nivel mínimo de subsistencia.
Su reinvención de la Seguridad Social supone, en pocas palabras, llevar las prestaciones al nivel de hace más de cien años, de forma que, como entonces, los que no dispongan de un capital suficiente al cesar en su actividad laboral estén, simple y llanamente, abocados a morir de miseria.
No, señores Azpeitia y Herce, la solución no está en su reinvención de la Seguridad Social, sino en una reforma de las pensiones que garantice su estabilidad a medio y largo plazo, pero también que garantice que ninguna persona quede en la miseria al terminar su etapa vital de actividad laboral, reforma que, sin ninguna duda, obligará a aumentar el número de años de cotización media y tendrá que basarse en que la percepción media de pensiones sea equivalente a la cotización media, pero siempre, al menos para la pensión básica que tendrá que ser suficiente para subsistir, bajo un sistema público, única forma de evitar que queden desamparados los afectados por las quiebras o rentabilidades negativas de las compañías privadas que gestionen los ahorros para la vejez.
Y quien desee completar la pensión pública con otros sistemas basados en la gestión privada que lo haga, será su decisión y obtendrá lo que corresponda a su acierto o desacierto, pero las pensiones públicas, universales y suficientes para subsistir, tienen que continuar o nuestra sociedad habrá retrocedido, en términos de protección social, a una situación inadmisible.
viernes, 16 de julio de 2010
El circulo vicioso de la profunda crisis económica: posibles soluciones III (deberes del sector financiero)
El principal objetivo del sector financiero es el saneamiento de sus balances. Como casi todos los objetivos críticos para salir de esta crisis no es tarea fácil, pero es imprescindible.
Para hacerlo, la Administración tiene que establecer, a través del Banco de España, el proceso a seguir tanto de forma genérica como, entidad a entidad en aquellos casos en que las entidades financieras no lo sigan al ritmo establecido que, por desgracia, será lo más habitual. Será un proceso muy delicado y poco transparente, para evitar la pérdida de confianza en muchas de las entidades y por ello es básico que sea el Banco de España quien siga de cerca cada proceso y establezca las pautas específicas cuando la entidad correspondiente no vaya alcanzando los hitos temporales que se establezcan de forma general.
Para hacer que las entidades tengan una situación estable en el menor plazo será imprescindible la reducción del número de oficinas (que constituye un elemento relevante en los costes fijos de operación) acompañada, en su caso, de procesos de absorción o de fusión.
El punto más delicado será, sin duda, el saneamiento rápido de los activos tóxicos inmobiliarios, que seguramente exigirá la asunción por parte de las entidades financieras de unas pérdidas relevantes asociadas a una vuelta a precios de los inmuebles y del suelo edificable que sean asumibles para el mercado.
El segundo objetivo, crucial para la recuperación de la actividad económica, es volver a poner a disposición del sector privado la nueva financiación que éste necesita. Para ello, el sector financiero necesita mejorar su propia financiación, todavía hoy basada en exceso en el recurso a créditos muy baratos procedentes del BCE que luego emplean en gran parte en comprar deuda pública con un margen aceptable y sin riesgo alguno para ellos (el Estado es el que avala los créditos del BCE) Este mecanismo, muy cómodo para las entidades financieras, durará mientras el BCE tenga que apoyar también a las entidades financieras de los otros países de la zona euro, pero todo apunta a que ese periodo será inferior al que necesita el sistema financiero español a causa de su exagerada exposición inmobiliaria.
También es importante que las entidades financieras cambien sus objetivos principales de la actual la maximización del beneficio a corto plazo a la estabilidad de su balance a corto, medio y largo plazo y, además, tendrían que asumir las pérdidas derivadas de su deficiente gestión en el pasado.
Finalmente, para asegurar que las condiciones de acceso al crédito sean razonables, el Gobierno, a través del ICO y de forma directa, tendría que poner unas cantidades relevantes de crédito a disposición de empresas y particulares, en condiciones razonables tanto de tipo de interés como en cuanto a las garantías exigibles. Esta actuación tendría un doble efecto: asegurar un mínimo de crédito realmente disponible en condiciones razonables y dar una pauta de referencia al mercado financiero, de forma que otras entidades, en este caso privadas, ofrecieran créditos en condiciones similares.
Para hacerlo, la Administración tiene que establecer, a través del Banco de España, el proceso a seguir tanto de forma genérica como, entidad a entidad en aquellos casos en que las entidades financieras no lo sigan al ritmo establecido que, por desgracia, será lo más habitual. Será un proceso muy delicado y poco transparente, para evitar la pérdida de confianza en muchas de las entidades y por ello es básico que sea el Banco de España quien siga de cerca cada proceso y establezca las pautas específicas cuando la entidad correspondiente no vaya alcanzando los hitos temporales que se establezcan de forma general.
Para hacer que las entidades tengan una situación estable en el menor plazo será imprescindible la reducción del número de oficinas (que constituye un elemento relevante en los costes fijos de operación) acompañada, en su caso, de procesos de absorción o de fusión.
El punto más delicado será, sin duda, el saneamiento rápido de los activos tóxicos inmobiliarios, que seguramente exigirá la asunción por parte de las entidades financieras de unas pérdidas relevantes asociadas a una vuelta a precios de los inmuebles y del suelo edificable que sean asumibles para el mercado.
El segundo objetivo, crucial para la recuperación de la actividad económica, es volver a poner a disposición del sector privado la nueva financiación que éste necesita. Para ello, el sector financiero necesita mejorar su propia financiación, todavía hoy basada en exceso en el recurso a créditos muy baratos procedentes del BCE que luego emplean en gran parte en comprar deuda pública con un margen aceptable y sin riesgo alguno para ellos (el Estado es el que avala los créditos del BCE) Este mecanismo, muy cómodo para las entidades financieras, durará mientras el BCE tenga que apoyar también a las entidades financieras de los otros países de la zona euro, pero todo apunta a que ese periodo será inferior al que necesita el sistema financiero español a causa de su exagerada exposición inmobiliaria.
También es importante que las entidades financieras cambien sus objetivos principales de la actual la maximización del beneficio a corto plazo a la estabilidad de su balance a corto, medio y largo plazo y, además, tendrían que asumir las pérdidas derivadas de su deficiente gestión en el pasado.
Finalmente, para asegurar que las condiciones de acceso al crédito sean razonables, el Gobierno, a través del ICO y de forma directa, tendría que poner unas cantidades relevantes de crédito a disposición de empresas y particulares, en condiciones razonables tanto de tipo de interés como en cuanto a las garantías exigibles. Esta actuación tendría un doble efecto: asegurar un mínimo de crédito realmente disponible en condiciones razonables y dar una pauta de referencia al mercado financiero, de forma que otras entidades, en este caso privadas, ofrecieran créditos en condiciones similares.
Deuda externa española al final del primer trimestre de 2010
Ya es una cuestión generalmente aceptada que la elevada cuantía de la deuda externa española es uno de los principales frenos para la recuperación económica.
La mejor fuente de información de este indicador es el Banco de España, que trimestralmente, aunque con excesivo retraso, proporciona información detallada sobre los créditos a corto plazo (menos de un año de vencimiento) y a largo plazo, con un desglose que permite separar la deuda entre el sector público, el conjunto de las instituciones financieras y el resto de la sociedad que, para simplificar, llamaré sector privado no financiero.
Desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primer trimestre de 2009, el conjunto de la deuda externa a largo plazo dejó de crecer (anteriormente lo había hecho de forma desmesurada, ya que había aumentado en 123000 millones de euros en 2004, en 158000 millones durante 2005, en otros 210000 millones en 2006, crecimiento que alcanzó un máximo de 265000 millones en el año móvil que va entre los segundos trimestres de 2006 y 2007)
A partir de 2009 la deuda exterior total ha vuelto a crecer de forma importante, pero no tan exagerada (86000 millones entre los primeros trimestres de 2009 y de 2010, último, éste, para el que hay datos) pero el comportamiento de cada uno de los tres sectores considerados ha sido diferente:
El sector privado no financiero, como muestra el gráfico siguiente, prácticamente no ha aumentado su deuda a largo plazo, ya que era de 603000 millones de euros en el tercer trimestre de 2007 y ha sido de 608000 millones en el primer trimestre de 2010, si bien la deuda a corto plazo también aumentó en algo más de 5000 millones de euros en el mismo periodo.
El conjunto de las instituciones financieras también tuvo al final del primer trimestre de este año prácticamente la misma deuda a largo plazo que en el tercer trimestre de 2007 (382000 y 379000 millones de euros respectivamente) En este caso ha sido la deuda a corto la que ha aumentado de forma notable (ha pasado en el mismo periodo de 324000 a 452000 millones de euros)
Finalmente, el sector público ha tenido un comportamiento completamente diferente, ya que durante la primera parte del periodo analizado la deuda externa, que estaba descendiendo desde el primer trimestre de 2007, como consecuencia lógica del superávit publico que entonces había, continuó bajando hasta que, a partir del segundo trimestre de 2008, empezó a crecer de forma exponencial, crecimiento que en el periodo considerado desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primer trimestre de 2010 se ha repartido entre la deuda a largo plazo (73000 millones) y la deuda a corto plazo (46500 millones)
La deuda externa total ha continuado creciendo durante todo el periodo, aunque a un ritmo bastante inferior, y ha pasado de 1,54 billones de euros en el tercer trimestre de 2007 a 1,79 billones en el primer trimestre de 2010.
Lo más preocupante, a efectos de las consecuencias de una eventual actuación especulativa contra la deuda española, es la evolución de la deuda a menos de un año, que al final del primer trimestre de 2010 alcanzó la cifra de 534.500 millones de euros. Por otra parte, es también preocupante la deuda a corto plazo de las instituciones financieras (452500 millones de euros al final del primer trimestre de este año) ya que la reducción de los créditos directos del BCE, que antes o después se tendrá que producir, supondrá un gravísimo problema para muchas de estas instituciones.
Si, como es de esperar, no se produce ninguna actuación especulativa contra la deuda española, quedará el problema, asimismo de enorme gravedad, de la falta de nueva financiación para la mayoría de las empresas y de las familias españolas, escasez que será estructural durante varios años (los que tarde en absorberse la mayor parte de los activos tóxicos inmobiliarios que todavía tiene el sistema financiero español) y que será un tremendo lastre para la recuperación de la actividad, motivo por el que es muy urgente la drástica reducción del déficit público del conjunto de las Administraciones y por el que asistiremos a una política muy restrictiva del gasto público, con medidas de calado muy superior al hasta ahora anunciado.
La mejor fuente de información de este indicador es el Banco de España, que trimestralmente, aunque con excesivo retraso, proporciona información detallada sobre los créditos a corto plazo (menos de un año de vencimiento) y a largo plazo, con un desglose que permite separar la deuda entre el sector público, el conjunto de las instituciones financieras y el resto de la sociedad que, para simplificar, llamaré sector privado no financiero.
Desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primer trimestre de 2009, el conjunto de la deuda externa a largo plazo dejó de crecer (anteriormente lo había hecho de forma desmesurada, ya que había aumentado en 123000 millones de euros en 2004, en 158000 millones durante 2005, en otros 210000 millones en 2006, crecimiento que alcanzó un máximo de 265000 millones en el año móvil que va entre los segundos trimestres de 2006 y 2007)
A partir de 2009 la deuda exterior total ha vuelto a crecer de forma importante, pero no tan exagerada (86000 millones entre los primeros trimestres de 2009 y de 2010, último, éste, para el que hay datos) pero el comportamiento de cada uno de los tres sectores considerados ha sido diferente:
El sector privado no financiero, como muestra el gráfico siguiente, prácticamente no ha aumentado su deuda a largo plazo, ya que era de 603000 millones de euros en el tercer trimestre de 2007 y ha sido de 608000 millones en el primer trimestre de 2010, si bien la deuda a corto plazo también aumentó en algo más de 5000 millones de euros en el mismo periodo.
El conjunto de las instituciones financieras también tuvo al final del primer trimestre de este año prácticamente la misma deuda a largo plazo que en el tercer trimestre de 2007 (382000 y 379000 millones de euros respectivamente) En este caso ha sido la deuda a corto la que ha aumentado de forma notable (ha pasado en el mismo periodo de 324000 a 452000 millones de euros)
Finalmente, el sector público ha tenido un comportamiento completamente diferente, ya que durante la primera parte del periodo analizado la deuda externa, que estaba descendiendo desde el primer trimestre de 2007, como consecuencia lógica del superávit publico que entonces había, continuó bajando hasta que, a partir del segundo trimestre de 2008, empezó a crecer de forma exponencial, crecimiento que en el periodo considerado desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primer trimestre de 2010 se ha repartido entre la deuda a largo plazo (73000 millones) y la deuda a corto plazo (46500 millones)
La deuda externa total ha continuado creciendo durante todo el periodo, aunque a un ritmo bastante inferior, y ha pasado de 1,54 billones de euros en el tercer trimestre de 2007 a 1,79 billones en el primer trimestre de 2010.
Lo más preocupante, a efectos de las consecuencias de una eventual actuación especulativa contra la deuda española, es la evolución de la deuda a menos de un año, que al final del primer trimestre de 2010 alcanzó la cifra de 534.500 millones de euros. Por otra parte, es también preocupante la deuda a corto plazo de las instituciones financieras (452500 millones de euros al final del primer trimestre de este año) ya que la reducción de los créditos directos del BCE, que antes o después se tendrá que producir, supondrá un gravísimo problema para muchas de estas instituciones.
Si, como es de esperar, no se produce ninguna actuación especulativa contra la deuda española, quedará el problema, asimismo de enorme gravedad, de la falta de nueva financiación para la mayoría de las empresas y de las familias españolas, escasez que será estructural durante varios años (los que tarde en absorberse la mayor parte de los activos tóxicos inmobiliarios que todavía tiene el sistema financiero español) y que será un tremendo lastre para la recuperación de la actividad, motivo por el que es muy urgente la drástica reducción del déficit público del conjunto de las Administraciones y por el que asistiremos a una política muy restrictiva del gasto público, con medidas de calado muy superior al hasta ahora anunciado.
viernes, 9 de julio de 2010
El circulo vicioso de la profunda crisis económica: posibles soluciones II (deberes del sector público)
El principal objetivo del sector público es eliminar el déficit del conjunto de las Administraciones, manteniendo las prestaciones sociales fundamentales y recurriendo en la menor medida posible al aumento de la presión fiscal. No es tarea fácil, pero es imprescindible.
Para hacerlo, las Administraciones tienen que mentalizarse de que, durante décadas, tendrán que limitarse a contar con recursos muy inferiores a los que han empleado en los años inmediatamente anteriores a la crisis y cambiar radicalmente su forma de gestionar el dinero público. La única manera de razonable es la realización de presupuestos base cero en todas y cada una de las unidades de cada administración.
Los servicios a garantizar deben ser los imprescindibles, se debe poner en cuestión cada puesto de trabajo público y asegurar la eficacia de cada trabajador público y se tiene que renunciar a gastar un solo euro público en aquellas actividades que no sean imprescindibles. En los servicios irrenunciables (pensiones, sanidad, educación, desempleo, infraestructuras públicas y seguridad) se tiene que redefinir el alcance y la forma de optimizar los costes y se debería aprovechar el cambio para eliminar las injusticias que existen en el sistema actual.
El sistema de pensiones se tiene que cambiar para asegurar su viabilidad a medio y largo plazo y mejorar su equidad, lo que supone ampliar la base de cálculo de las nuevas pensiones a un número mayor de años de la vida laboral (la totalidad a ser posible) hacer que el valor de cualquier cotización realizada sea el mismo independientemente del momento en que se haya realizado, reformular el cálculo de la pensión a recibir en función de la edad y de las cotizaciones realizadas, recalcular la edad mínima y el número de años cotizados a partir de los que se tenga derecho a la pensión máxima, eliminar la edad máxima para continuar cotizando a la seguridad social y reformular los incentivos para continuar la actividad, parcial o totalmente, una vez cumplida la edad en que se tenga derecho a la pensión máxima, y también para retomarla una vez obtenida la prestación por jubilación, de forma que se repartan los beneficios de forma equitativa entre el trabajador que prolongue la actividad y el sistema de pensiones. También sería necesario aprovechar la reforma para aplicar a los políticos electos las mismas condiciones (y en especial los mismos años de cotización) que a los demás trabajadores, para obtener su pensión.
El sistema sanitario tiene que optimizar sus costes sin merma de la calidad asistencial. Para ello debe rediseñar bastantes procesos para evitar las pruebas analíticas innecesarias (no las preventivas) y el consuno excesivo de medicinas, así como para maximizar el uso de medicamentos genéricos. Además, debe revisar las causas por las que una parte relevante de los médicos formados en el excelente sistema español se van a otros países, lo que obliga a que en España se tengan que contratar médicos de otros países, con un nivel de formación claramente inferior. Asimismo debería evitarse la privatización de gran número de actividades, especialmente las asistenciales, para evitar que se cambie el criterio de aplicar a cada persona el tratamiento más adecuado para su situación por el de aplicar a cada persona el tratamiento que proporcione un mayor beneficio económico a la empresa que, de hecho, decide que tratamiento aplicar.
El sistema educativo tiene que mejorar su eficiencia, para lo que, en contra de lo generalmente aceptado, no es necesario aumentar el gasto por alumno, o por lo menos no de forma relevante. Es imprescindible, por el contrario, hacer una reforma educativa, consensuada al menos por los dos principales partidos políticos, que aumente los niveles de exigencia cambiando los criterios actuales de maximizar a toda costa el numero de alumnos que superan los distintos niveles y devolviendo la posibilidad de movilidad absoluta de los alumnos entre comunidades autónomas sin pérdida de cursos por causa de las diferencias de los planes educativos. Son puntos fundamentales la devolución de la autoridad y el prestigio social a los profesores y la valoración del esfuerzo individual de los alumnos.
Las prestaciones por desempleo deben modificarse para asegurar que se incentiva de forma efectiva la búsqueda de un nuevo empleo, tan rápido como sea posible. Las experiencias de países como Dinamarca podrían servir de referencia para diseñar los cambios.
La ley de Dependencia tendrá que revisarse, a fin de que sea económicamente posible el cumplimiento de lo en ella establecido. No es de recibo la frustración generalizada que se deriva de los retrasos en recibir la prestación efectiva, que con demasiada frecuencia se acuerda cuando la persona beneficiaria ya ha fallecido, lo que deriva en un pago nulo por parte de la Administración, para lo que es necesario que la obligación de pago sea efectiva desde la fecha en que, en caso de haber actuado con diligencia, le tendría que haber sido reconocida y que, en caso de fallecimiento, corresponda recibir la prestación a la persona que realizaba los cuidados o, en último caso, a los herederos. Asimismo, debe optarse por la forma de atención más adecuada para la persona dependiente, aunque ello suponga la creación de menos empleos.
La disponibilidad de fondos para realizar inversiones públicas será especialmente escasa en los próximos años, motivo por el que es más importante que nunca asegurar que se acometan únicamente aquellos proyectos que generen riqueza y que además se realicen optimizando sus costes, tanto de inversión como de operación y mantenimiento.
El mantenimiento de un nivel de seguridad adecuado es incompatible con la reducción del número de agentes de los cuerpos de seguridad que efectivamente se dedican a preservarlo, por lo que las reducciones de puestos de trabajo se deben limitar a la optimización de los puestos dedicados a tareas administrativas y se debe parar la práctica de contratar personal de empresas privadas para estos fines.
La necesidad de optimización del número de empleados públicos es especialmente necesaria en los ayuntamientos, por lo que deberían imponerse limites al número de sus empleados públicos (tanto directos como indirectos) en función del número de habitantes del municipio.
También deberían establecerse límites al déficit presupuestario (anual y acumulado) de cada una de las entidades, regular los plazos de pago a los proveedores de las cantidades comprometidas y también definir las responsabilidades personales de las personas que incumplan esas normativas.
Finalmente, es necesario establecer un programa exhaustivo de lucha contra la corrupción que introduzca la tolerancia cero en todos los niveles de las administraciones.
Para hacerlo, las Administraciones tienen que mentalizarse de que, durante décadas, tendrán que limitarse a contar con recursos muy inferiores a los que han empleado en los años inmediatamente anteriores a la crisis y cambiar radicalmente su forma de gestionar el dinero público. La única manera de razonable es la realización de presupuestos base cero en todas y cada una de las unidades de cada administración.
Los servicios a garantizar deben ser los imprescindibles, se debe poner en cuestión cada puesto de trabajo público y asegurar la eficacia de cada trabajador público y se tiene que renunciar a gastar un solo euro público en aquellas actividades que no sean imprescindibles. En los servicios irrenunciables (pensiones, sanidad, educación, desempleo, infraestructuras públicas y seguridad) se tiene que redefinir el alcance y la forma de optimizar los costes y se debería aprovechar el cambio para eliminar las injusticias que existen en el sistema actual.
El sistema de pensiones se tiene que cambiar para asegurar su viabilidad a medio y largo plazo y mejorar su equidad, lo que supone ampliar la base de cálculo de las nuevas pensiones a un número mayor de años de la vida laboral (la totalidad a ser posible) hacer que el valor de cualquier cotización realizada sea el mismo independientemente del momento en que se haya realizado, reformular el cálculo de la pensión a recibir en función de la edad y de las cotizaciones realizadas, recalcular la edad mínima y el número de años cotizados a partir de los que se tenga derecho a la pensión máxima, eliminar la edad máxima para continuar cotizando a la seguridad social y reformular los incentivos para continuar la actividad, parcial o totalmente, una vez cumplida la edad en que se tenga derecho a la pensión máxima, y también para retomarla una vez obtenida la prestación por jubilación, de forma que se repartan los beneficios de forma equitativa entre el trabajador que prolongue la actividad y el sistema de pensiones. También sería necesario aprovechar la reforma para aplicar a los políticos electos las mismas condiciones (y en especial los mismos años de cotización) que a los demás trabajadores, para obtener su pensión.
El sistema sanitario tiene que optimizar sus costes sin merma de la calidad asistencial. Para ello debe rediseñar bastantes procesos para evitar las pruebas analíticas innecesarias (no las preventivas) y el consuno excesivo de medicinas, así como para maximizar el uso de medicamentos genéricos. Además, debe revisar las causas por las que una parte relevante de los médicos formados en el excelente sistema español se van a otros países, lo que obliga a que en España se tengan que contratar médicos de otros países, con un nivel de formación claramente inferior. Asimismo debería evitarse la privatización de gran número de actividades, especialmente las asistenciales, para evitar que se cambie el criterio de aplicar a cada persona el tratamiento más adecuado para su situación por el de aplicar a cada persona el tratamiento que proporcione un mayor beneficio económico a la empresa que, de hecho, decide que tratamiento aplicar.
El sistema educativo tiene que mejorar su eficiencia, para lo que, en contra de lo generalmente aceptado, no es necesario aumentar el gasto por alumno, o por lo menos no de forma relevante. Es imprescindible, por el contrario, hacer una reforma educativa, consensuada al menos por los dos principales partidos políticos, que aumente los niveles de exigencia cambiando los criterios actuales de maximizar a toda costa el numero de alumnos que superan los distintos niveles y devolviendo la posibilidad de movilidad absoluta de los alumnos entre comunidades autónomas sin pérdida de cursos por causa de las diferencias de los planes educativos. Son puntos fundamentales la devolución de la autoridad y el prestigio social a los profesores y la valoración del esfuerzo individual de los alumnos.
Las prestaciones por desempleo deben modificarse para asegurar que se incentiva de forma efectiva la búsqueda de un nuevo empleo, tan rápido como sea posible. Las experiencias de países como Dinamarca podrían servir de referencia para diseñar los cambios.
La ley de Dependencia tendrá que revisarse, a fin de que sea económicamente posible el cumplimiento de lo en ella establecido. No es de recibo la frustración generalizada que se deriva de los retrasos en recibir la prestación efectiva, que con demasiada frecuencia se acuerda cuando la persona beneficiaria ya ha fallecido, lo que deriva en un pago nulo por parte de la Administración, para lo que es necesario que la obligación de pago sea efectiva desde la fecha en que, en caso de haber actuado con diligencia, le tendría que haber sido reconocida y que, en caso de fallecimiento, corresponda recibir la prestación a la persona que realizaba los cuidados o, en último caso, a los herederos. Asimismo, debe optarse por la forma de atención más adecuada para la persona dependiente, aunque ello suponga la creación de menos empleos.
La disponibilidad de fondos para realizar inversiones públicas será especialmente escasa en los próximos años, motivo por el que es más importante que nunca asegurar que se acometan únicamente aquellos proyectos que generen riqueza y que además se realicen optimizando sus costes, tanto de inversión como de operación y mantenimiento.
El mantenimiento de un nivel de seguridad adecuado es incompatible con la reducción del número de agentes de los cuerpos de seguridad que efectivamente se dedican a preservarlo, por lo que las reducciones de puestos de trabajo se deben limitar a la optimización de los puestos dedicados a tareas administrativas y se debe parar la práctica de contratar personal de empresas privadas para estos fines.
La necesidad de optimización del número de empleados públicos es especialmente necesaria en los ayuntamientos, por lo que deberían imponerse limites al número de sus empleados públicos (tanto directos como indirectos) en función del número de habitantes del municipio.
También deberían establecerse límites al déficit presupuestario (anual y acumulado) de cada una de las entidades, regular los plazos de pago a los proveedores de las cantidades comprometidas y también definir las responsabilidades personales de las personas que incumplan esas normativas.
Finalmente, es necesario establecer un programa exhaustivo de lucha contra la corrupción que introduzca la tolerancia cero en todos los niveles de las administraciones.
jueves, 8 de julio de 2010
El circulo vicioso de la profunda crisis económica: posibles soluciones (I)
Una vez delimitado el problema, muy complejo y de enorme magnitud, a que se enfrenta la economía española, el ejercicio de análisis quedaría incompleto si no se incorporaran las posibles soluciones que puedan llevar a una superación en mejores condiciones que dejar, simplemente, que los acontecimientos vayan imponiendo sus propias soluciones.
No es fácil diseñar el conjunto de medidas que necesita nuestra economía, ni tampoco será cómodo ponerlas en práctica para los responsables de hacerlo, porque la mayoría de las medidas que se necesitan serán impopulares, ya que es necesario que todos los que vivimos en España asumamos que hay una costosa factura que pagar y que no es posible evitar que la inmensa mayoría de la población pague una parte de esa factura.
Parece razonable intentar romper el círculo vicioso previamente delimitado por varios puntos a la vez, pero todas las medidas que puedan ayudar a hacerlo parten de un mismo concepto: si queremos salir de la crisis sin que aumente mucho más el desempleo, la única solución es trabajar más y mejor, a cambio de menos.
Como país tenemos que reducir la deuda externa existente, lo que requiere aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones y reducir tanto como sea posible las necesidades de financiación no destinadas a inversiones productivas.
El objetivo prioritario del sector público será eliminar el déficit del conjunto de las Administraciones, manteniendo las prestaciones sociales imprescindibles, mejorando la eficiencia de su gestión y recurriendo en la menor medida posible al aumento de la presión fiscal. No es tarea fácil, pero es imprescindible y la única forma de conseguirlo es haciendo presupuestos base cero en todas y cada una de las unidades de cada administración.
Para el sector financiero, los dos objetivos fundamentales son sanear sus balances y volver a poner a disposición del sector privado la nueva financiación que éste necesita. Tampoco es tarea fácil, y también es imprescindible; por otra parte sólo se conseguirá si se cambian los objetivos fundamentales de cada entidad financiera, cambiando la maximización del beneficio a corto plazo por la estabilidad de su balance a corto, medio y largo plazo.
Las empresas de cualquier tamaño, y las personas que trabajan por su cuenta, tendrán que plantearse como objetivo fundamental la viabilidad económica a corto, medio y largo plazo. La mayor parte se encuentran en una situación más que difícil, en buena parte por causas en las que no pueden influir, pero tendrán que ingeniárselas para conseguir mantener la actividad mediante la reducción drástica de los costes y la mejora de la eficiencia.
Los trabajadores por su parte, deberán intentar preservar su puesto de trabajo, lo que en no pocos casos supondrá aceptar aumentos de la cantidad y calidad del trabajo que realizan a cambio de sacrificios salariales, que en el mejor de los casos supondrá no aumentar su retribución nominal y en otros requerirá incluso reducciones de la misma.
Finalmente las familias tendrán que continuar, como ya vienen haciendo, con la adaptación de sus pautas de consumo y de gasto a la nueva situación que, en muchos casos, se caracteriza por una reducción muy relevante de la capacidad de gasto derivada de la reducción del crédito disponible, de los ingresos regulares y/o de la necesidad de reducir su endeudamiento.
No es fácil diseñar el conjunto de medidas que necesita nuestra economía, ni tampoco será cómodo ponerlas en práctica para los responsables de hacerlo, porque la mayoría de las medidas que se necesitan serán impopulares, ya que es necesario que todos los que vivimos en España asumamos que hay una costosa factura que pagar y que no es posible evitar que la inmensa mayoría de la población pague una parte de esa factura.
Parece razonable intentar romper el círculo vicioso previamente delimitado por varios puntos a la vez, pero todas las medidas que puedan ayudar a hacerlo parten de un mismo concepto: si queremos salir de la crisis sin que aumente mucho más el desempleo, la única solución es trabajar más y mejor, a cambio de menos.
Como país tenemos que reducir la deuda externa existente, lo que requiere aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones y reducir tanto como sea posible las necesidades de financiación no destinadas a inversiones productivas.
El objetivo prioritario del sector público será eliminar el déficit del conjunto de las Administraciones, manteniendo las prestaciones sociales imprescindibles, mejorando la eficiencia de su gestión y recurriendo en la menor medida posible al aumento de la presión fiscal. No es tarea fácil, pero es imprescindible y la única forma de conseguirlo es haciendo presupuestos base cero en todas y cada una de las unidades de cada administración.
Para el sector financiero, los dos objetivos fundamentales son sanear sus balances y volver a poner a disposición del sector privado la nueva financiación que éste necesita. Tampoco es tarea fácil, y también es imprescindible; por otra parte sólo se conseguirá si se cambian los objetivos fundamentales de cada entidad financiera, cambiando la maximización del beneficio a corto plazo por la estabilidad de su balance a corto, medio y largo plazo.
Las empresas de cualquier tamaño, y las personas que trabajan por su cuenta, tendrán que plantearse como objetivo fundamental la viabilidad económica a corto, medio y largo plazo. La mayor parte se encuentran en una situación más que difícil, en buena parte por causas en las que no pueden influir, pero tendrán que ingeniárselas para conseguir mantener la actividad mediante la reducción drástica de los costes y la mejora de la eficiencia.
Los trabajadores por su parte, deberán intentar preservar su puesto de trabajo, lo que en no pocos casos supondrá aceptar aumentos de la cantidad y calidad del trabajo que realizan a cambio de sacrificios salariales, que en el mejor de los casos supondrá no aumentar su retribución nominal y en otros requerirá incluso reducciones de la misma.
Finalmente las familias tendrán que continuar, como ya vienen haciendo, con la adaptación de sus pautas de consumo y de gasto a la nueva situación que, en muchos casos, se caracteriza por una reducción muy relevante de la capacidad de gasto derivada de la reducción del crédito disponible, de los ingresos regulares y/o de la necesidad de reducir su endeudamiento.
viernes, 25 de junio de 2010
El circulo vicioso de la profunda crisis económica
Cuando falta poco, un trimestre, para que se cumplan tres años del inicio de la crisis económica más profunda de lo últimos setenta años, ya no queda nadie que dude que la situación es muy mala y que se necesitará bastante tiempo para mejorarla.
Sin embargo, no hay una explicación global de las causas que han llevado a esta situación tan compleja ni mucho menos un planteamiento de cual es la mejor manera de actuar para limitar en lo posible los efectos perversos de la crisis, probablemente porque nadie quiere reconocer lo que ha hecho mal, ni mucho menos lo que sigue haciendo mal, y además, todos los estamentos sociales pretenden que la crisis no les afecte, aferrándose a la idea infantil de que es posible superar la crisis sin sacrificios.
La dureza y la duración de la crisis y la evidencia de qué está siendo más profunda en nuestro país que en los otros países de nuestro entorno se explican si se admite que, en realidad, estamos padeciendo tres crisis diferentes, cada una de las cuales, por sí sola, habría dado lugar a una crisis de las que ocurren cada cinco-diez años. Además, ha dado la casualidad de que habrían tenido lugar en momentos temporalmente próximos, pero la aparición de los síntomas iniciales de los otros dos problemas ha inducido que se junten aún más en el tiempo.
La primera de las tres crisis, por haber aparecido un poco antes y también porque su carácter es global, es la crisis financiera, que habríamos sufrido en todo caso y cuya causa última está en la falta de una regulación internacional que impida que los procesos especulativos de tipo piramidal se desarrollen de forma exponencial hasta que la situación se hace insostenible y se produce el derrumbe de la pirámide que afecta, sobre todo, a la base, esto es a una gran parte de la población de ingresos bajos o medios. No sería razonable hacer responsable a nuestro gobierno de esta crisis, porque se habría desarrollado de forma prácticamente idéntica al margen de la política económica y financiera seguida en España.
La segunda crisis, netamente española, aunque también se ha producido de forma similar en otros países, es la inmobiliaria, derivada también de un proceso especulativo de tipo piramidal que, en este caso sí, es responsabilidad exclusiva de los sucesivos gobiernos que hemos tenido. La base del problema está en la elección de un sistema perverso para la definición de los lugares en que se puede construir, que se puede definir como “prohibido construir excepto donde la autoridad administrativa lo permita específicamente y en el modo en que ésta lo permita” en lugar del más lógico en una economía de mercado “permitido construir en todo el territorio excepto donde la autoridad administrativa lo prohíba específicamente, aunque esté regulado el modo en que se puede y se debe construir”
El modelo vigente en España permite multiplicar por cifras increíblemente altas el valor de los terrenos que las Administraciones competentes tienen a bien calificar como edificables y, al tratarse de decisiones parcialmente arbitrarias, se ponen todos los elementos para que haya un reparto poco transparente de la enorme plusvalía generada entre los distintos actores. Es más que conocido el mecanismo mediante el que los Ayuntamientos consiguen una parte relevante, aunque minoritaria, de la plusvalía derivada de las recalificaciones, sistema que ha permitido cubrir una parte importante de los gastos de los Ayuntamientos; se habla del 30% como media.
La tercera crisis, también netamente española, es la derivada del final de la práctica de gastar más de lo que se ingresa recurriendo al crédito internacional, aprovechando los bajos tipos de interés existentes. Esta práctica tenía que tener un límite que se alcanzó cuando la deuda externa total de España (privada y pública) llegó al 150% del PIB y lo peor de esta práctica es que la mayor parte del incremento se empleó en consumo y no en inversiones productivas. Este mayor consumo, basado en el aumento de la deuda con el exterior, llevó a cifras elevadas del incremento del PIB y aún más elevadas de la recaudación fiscal, con lo que todo el mundo estaba contento (hasta el Presidente se creyó que habíamos superado a Italia y que como el modelo era estable estábamos a punto de igualar a Francia en PIB por habitante)
La coincidencia en el tiempo de las tres crisis nos ha llevado a un círculo vicioso del que no será fácil salir. Los elementos principales de este círculo (el orden no implica su mayor o menor causalidad) son:
1) Caída muy importante de la actividad constructora de viviendas, actividad que no debería volver a alcanzar nunca más cifras parecidas a las de los años previos a la crisis, porque el país no necesita tantas viviendas (muchas de ellas se construyeron exclusivamente por motivos especulativos, pero es difícil que nunca tengan una ocupación mínimamente relevante) Esta caída de la actividad supuso también una caída relevante de los precios que en muchos casos hace imposible poder vender los terrenos comprados en los últimos años sin incurrir en unas pérdidas muy relevantes, lo que en último término supone un grave problema para las instituciones financieras que dieron los préstamos para la compra de esos terrenos.
2) Serias dificultades de las entidades financieras para poder dar nuevos créditos, tanto por la creciente dificultad de acceder a los mercados financieros internacionales (lo que se ha paliado con los préstamos del BCE) como por la situación objetiva de sus balances (que nunca conoceremos, pero que en la mayoría de los casos hubieran llevado a la quiebra a muchas entidades financieras si se hubieran aplicado las normas contables aplicables a cualquier tipo de empresa, que obligan a reconocer las pérdidas en las cuentas cuando se tiene el convencimiento de que son inevitables, aunque no se hayan vendido los activos.
3) Caída importante de la actividad, no sólo en los sectores de la construcción y relacionados con ella, sino también en muchos otros, como consecuencia de la reducción del flujo monetario total y, sobre todo, de la reducción o anulación del crédito a la mayoría de las PYMES y autónomos.
4) Caída importante del empleo, derivada de la caída de la actividad.
5) Importante deterioro de las cuentas públicas derivado del enorme descenso de la recaudación, del mayor coste de las prestaciones sociales, que aumentan a ritmo aún más rápido en situación de crisis, del aumento del gasto público decidido por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis y de la ausencia de recorte relevante del gasto corriente superfluo de todas las administraciones, derivada de la aceptación general de que la crisis era suave y de escasa duración.
Las interrelaciones entre los distintos elementos del circulo vicioso son claras, y todas ellas negativas, por lo que si no se llevan a cabo las políticas adecuadas para romper el circulo por uno de los elementos, o mucho mejor por varios de ellos a la vez, la crisis se resolverá de la peor forma posible (mayor caída de la actividad, mayor endeudamiento, mayor caída de las prestaciones sociales, mayor crecimiento del desempleo y mayor duración de la etapa de baja actividad) las principales interrelaciones son:
a) La caída de la actividad constructora ha sido excesiva, y en algún momento deberá recuperar el ritmo que el país necesita, pero para ello es necesario que los precios del suelo vuelvan a valores razonables (en el límite, en la mayoría del territorio el precio del suelo debería ser el precio del suelo no urbanizable más los gastos de urbanización) Cuando esta recuperación se produzca, la actividad económica aumentará de forma directa e indirecta, lo que influirá en mayor empleo y mayor recaudación fiscal. Cuanto más tiempo se retrase esta recuperación, como consecuencia del mantenimiento de unos precios del suelo imposibles de pagar para la mayoría de la población, más tiempo se necesitará para que la economía mejore.
b) La falta de crédito disponible para la mayoría de las personas físicas y jurídicas reduce la actividad inversora, básica para mejorar la competitividad de la economía española a corto plazo y, por tanto, para el incremento de las exportaciones y la reducción de las importaciones, única manera de tener una recuperación relativamente rápida de la actividad. La política financiera seguida es, de lejos, la que mejor ha realizado el Gobierno; pero le falta un ingrediente fundamental, la separación real de las decisiones de las Cajas de Ahorros de los deseos de los políticos que las controlan. Como país, tenemos que asumir que no es posible aumentar más la deuda externa total y que sería muy deseable que ésta se fuera reduciendo.
c) Mientras no vuelva a estar disponible una capacidad crediticia razonable para PYMES y autónomos, será muy difícil que se reduzca de forma relevante el desempleo y, en consecuencia, que se vuelvan a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y aumente la recaudación fiscal.
d) La continuidad del déficit público por encima del 3% del PIB en términos anuales tiene efectos negativos sobre la disponibilidad de créditos para el sector privado, sobre el desempleo, ya que dificulta su reducción, sobre la inversión pública, que a medio plazo disminuye si hay más déficit, y sobre la actividad y el consumo interno, ya que la presión fiscal tiende a aumentar más todavía.
El mayor problema es que al ser impopulares las políticas necesarias para corregir la situación antes y mejor, los políticos que adopten esas políticas perderán votos en las siguientes elecciones y, por desgracia, el lema general de los políticos de nuestro país es obtener el poder, o mantenerlo donde ya se tiene, cueste lo que cueste.
Sin embargo, no hay una explicación global de las causas que han llevado a esta situación tan compleja ni mucho menos un planteamiento de cual es la mejor manera de actuar para limitar en lo posible los efectos perversos de la crisis, probablemente porque nadie quiere reconocer lo que ha hecho mal, ni mucho menos lo que sigue haciendo mal, y además, todos los estamentos sociales pretenden que la crisis no les afecte, aferrándose a la idea infantil de que es posible superar la crisis sin sacrificios.
La dureza y la duración de la crisis y la evidencia de qué está siendo más profunda en nuestro país que en los otros países de nuestro entorno se explican si se admite que, en realidad, estamos padeciendo tres crisis diferentes, cada una de las cuales, por sí sola, habría dado lugar a una crisis de las que ocurren cada cinco-diez años. Además, ha dado la casualidad de que habrían tenido lugar en momentos temporalmente próximos, pero la aparición de los síntomas iniciales de los otros dos problemas ha inducido que se junten aún más en el tiempo.
La primera de las tres crisis, por haber aparecido un poco antes y también porque su carácter es global, es la crisis financiera, que habríamos sufrido en todo caso y cuya causa última está en la falta de una regulación internacional que impida que los procesos especulativos de tipo piramidal se desarrollen de forma exponencial hasta que la situación se hace insostenible y se produce el derrumbe de la pirámide que afecta, sobre todo, a la base, esto es a una gran parte de la población de ingresos bajos o medios. No sería razonable hacer responsable a nuestro gobierno de esta crisis, porque se habría desarrollado de forma prácticamente idéntica al margen de la política económica y financiera seguida en España.
La segunda crisis, netamente española, aunque también se ha producido de forma similar en otros países, es la inmobiliaria, derivada también de un proceso especulativo de tipo piramidal que, en este caso sí, es responsabilidad exclusiva de los sucesivos gobiernos que hemos tenido. La base del problema está en la elección de un sistema perverso para la definición de los lugares en que se puede construir, que se puede definir como “prohibido construir excepto donde la autoridad administrativa lo permita específicamente y en el modo en que ésta lo permita” en lugar del más lógico en una economía de mercado “permitido construir en todo el territorio excepto donde la autoridad administrativa lo prohíba específicamente, aunque esté regulado el modo en que se puede y se debe construir”
El modelo vigente en España permite multiplicar por cifras increíblemente altas el valor de los terrenos que las Administraciones competentes tienen a bien calificar como edificables y, al tratarse de decisiones parcialmente arbitrarias, se ponen todos los elementos para que haya un reparto poco transparente de la enorme plusvalía generada entre los distintos actores. Es más que conocido el mecanismo mediante el que los Ayuntamientos consiguen una parte relevante, aunque minoritaria, de la plusvalía derivada de las recalificaciones, sistema que ha permitido cubrir una parte importante de los gastos de los Ayuntamientos; se habla del 30% como media.
La tercera crisis, también netamente española, es la derivada del final de la práctica de gastar más de lo que se ingresa recurriendo al crédito internacional, aprovechando los bajos tipos de interés existentes. Esta práctica tenía que tener un límite que se alcanzó cuando la deuda externa total de España (privada y pública) llegó al 150% del PIB y lo peor de esta práctica es que la mayor parte del incremento se empleó en consumo y no en inversiones productivas. Este mayor consumo, basado en el aumento de la deuda con el exterior, llevó a cifras elevadas del incremento del PIB y aún más elevadas de la recaudación fiscal, con lo que todo el mundo estaba contento (hasta el Presidente se creyó que habíamos superado a Italia y que como el modelo era estable estábamos a punto de igualar a Francia en PIB por habitante)
La coincidencia en el tiempo de las tres crisis nos ha llevado a un círculo vicioso del que no será fácil salir. Los elementos principales de este círculo (el orden no implica su mayor o menor causalidad) son:
1) Caída muy importante de la actividad constructora de viviendas, actividad que no debería volver a alcanzar nunca más cifras parecidas a las de los años previos a la crisis, porque el país no necesita tantas viviendas (muchas de ellas se construyeron exclusivamente por motivos especulativos, pero es difícil que nunca tengan una ocupación mínimamente relevante) Esta caída de la actividad supuso también una caída relevante de los precios que en muchos casos hace imposible poder vender los terrenos comprados en los últimos años sin incurrir en unas pérdidas muy relevantes, lo que en último término supone un grave problema para las instituciones financieras que dieron los préstamos para la compra de esos terrenos.
2) Serias dificultades de las entidades financieras para poder dar nuevos créditos, tanto por la creciente dificultad de acceder a los mercados financieros internacionales (lo que se ha paliado con los préstamos del BCE) como por la situación objetiva de sus balances (que nunca conoceremos, pero que en la mayoría de los casos hubieran llevado a la quiebra a muchas entidades financieras si se hubieran aplicado las normas contables aplicables a cualquier tipo de empresa, que obligan a reconocer las pérdidas en las cuentas cuando se tiene el convencimiento de que son inevitables, aunque no se hayan vendido los activos.
3) Caída importante de la actividad, no sólo en los sectores de la construcción y relacionados con ella, sino también en muchos otros, como consecuencia de la reducción del flujo monetario total y, sobre todo, de la reducción o anulación del crédito a la mayoría de las PYMES y autónomos.
4) Caída importante del empleo, derivada de la caída de la actividad.
5) Importante deterioro de las cuentas públicas derivado del enorme descenso de la recaudación, del mayor coste de las prestaciones sociales, que aumentan a ritmo aún más rápido en situación de crisis, del aumento del gasto público decidido por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis y de la ausencia de recorte relevante del gasto corriente superfluo de todas las administraciones, derivada de la aceptación general de que la crisis era suave y de escasa duración.
Las interrelaciones entre los distintos elementos del circulo vicioso son claras, y todas ellas negativas, por lo que si no se llevan a cabo las políticas adecuadas para romper el circulo por uno de los elementos, o mucho mejor por varios de ellos a la vez, la crisis se resolverá de la peor forma posible (mayor caída de la actividad, mayor endeudamiento, mayor caída de las prestaciones sociales, mayor crecimiento del desempleo y mayor duración de la etapa de baja actividad) las principales interrelaciones son:
a) La caída de la actividad constructora ha sido excesiva, y en algún momento deberá recuperar el ritmo que el país necesita, pero para ello es necesario que los precios del suelo vuelvan a valores razonables (en el límite, en la mayoría del territorio el precio del suelo debería ser el precio del suelo no urbanizable más los gastos de urbanización) Cuando esta recuperación se produzca, la actividad económica aumentará de forma directa e indirecta, lo que influirá en mayor empleo y mayor recaudación fiscal. Cuanto más tiempo se retrase esta recuperación, como consecuencia del mantenimiento de unos precios del suelo imposibles de pagar para la mayoría de la población, más tiempo se necesitará para que la economía mejore.
b) La falta de crédito disponible para la mayoría de las personas físicas y jurídicas reduce la actividad inversora, básica para mejorar la competitividad de la economía española a corto plazo y, por tanto, para el incremento de las exportaciones y la reducción de las importaciones, única manera de tener una recuperación relativamente rápida de la actividad. La política financiera seguida es, de lejos, la que mejor ha realizado el Gobierno; pero le falta un ingrediente fundamental, la separación real de las decisiones de las Cajas de Ahorros de los deseos de los políticos que las controlan. Como país, tenemos que asumir que no es posible aumentar más la deuda externa total y que sería muy deseable que ésta se fuera reduciendo.
c) Mientras no vuelva a estar disponible una capacidad crediticia razonable para PYMES y autónomos, será muy difícil que se reduzca de forma relevante el desempleo y, en consecuencia, que se vuelvan a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y aumente la recaudación fiscal.
d) La continuidad del déficit público por encima del 3% del PIB en términos anuales tiene efectos negativos sobre la disponibilidad de créditos para el sector privado, sobre el desempleo, ya que dificulta su reducción, sobre la inversión pública, que a medio plazo disminuye si hay más déficit, y sobre la actividad y el consumo interno, ya que la presión fiscal tiende a aumentar más todavía.
El mayor problema es que al ser impopulares las políticas necesarias para corregir la situación antes y mejor, los políticos que adopten esas políticas perderán votos en las siguientes elecciones y, por desgracia, el lema general de los políticos de nuestro país es obtener el poder, o mantenerlo donde ya se tiene, cueste lo que cueste.
jueves, 20 de mayo de 2010
La diferencia entre los modelos económicos anglosajón y mediterráneo
Durante siglos, los modelos económicos anglosajón y mediterráneo han tenido diferencias que en las últimas décadas se han ido reduciendo, aunque todavía sean relevantes. Ambos modelos se basan en tres pilares de los que sólo uno es diferente. Los pilares comunes son la eficiencia y la redistribución y el pilar diferente es el individualismo en el modelo anglosajón y la ayuda mutua en el modelo mediterráneo.
La eficiencia se basa en ambos modelos en la competencia en los mercados, y en ambos modelos se admite una perdida de eficiencia, que puede ser muy relevante, en las actividades que se realizan por parte del sector público y también en las que realiza el sector privado en régimen de monopolio o de oligopolio, tanto si es de derecho como si lo es de hecho.
La redistribución es el conjunto de procesos que permiten incluir a muchas más personas en el mercado, porque les permite disponer de una cierta capacidad adquisitiva. Con el paso de los siglos, en ambos modelos se ha reducido a cifras realmente bajas el número de personas que están en situación de exclusión social o próximas a ella, aunque la parte del PIB dedicada a esta función varíe mucho de unos países a otros.
El individualismo es la forma de proceder según la cual cada persona se preocupa exclusivamente de si misma, de su pareja y de los hijos mientras son menores, de forma que para todas las demás personas la máxima general es que nadie da nada a nadie si no es a cambio de algo, aunque haya excepciones normalmente gestionadas a través de organizaciones civiles.
La ayuda mutua es la forma de proceder según la cual una parte relevante de la población, hasta hace pocas décadas una clara mayoría, amplía a un círculo mucho mayor el conjunto de personas a las que cada persona está dispuesta a proporcionar determinados bienes y servicios sin esperar nada a cambio. Obviamente, la predisposición a actuar así es mucho mayor cuando la relación entre las personas es de vínculo familiar, afecto o vecindad.
El modelo anglosajón ha dado lugar a países con una mayor renta media, derivada de la mayor eficiencia que en promedio se ha derivado del individualismo; además, en esos países la redistribución ha funcionado mejor porque había más para repartir.
El modelo mediterráneo sólo ha permitido que los países en que está implantado se hayan acercado a los niveles de eficiencia del modelo anglosajón cuando en ellos se ha desarrollado parcialmente el individualismo, aunque en situaciones de crisis, como la actual, la ayuda mutua haga posible que millones de personas no caigan en la exclusión social gracias al soporte que reciben de sus seres próximos, fundamentalmente familiares.
Parece claro que una situación mixta, con una dosis de individualismo para la mayoría de las actividades habituales, complementada con la ayuda mutua en situaciones especiales (aunque esa situación especial no afecte más que a una sola persona) llevarían a una sociedad con el máximo nivel de renta y, sobre todo, de bienestar.
miércoles, 12 de mayo de 2010
La respuesta forzada de un presidente sin respuestas
El Presidente del Gobierno ha comparecido ante el Congreso, a petición propia, para explicar el plan de reformas que se ha visto obligado a poner en marcha para evitar que España caiga en el abismo de la suspensión de pagos.
El conjunto de reformas presentado me ha gustado, aunque me da la impresión de que no ha sido preparado por el Gobierno de España, sino que le ha sido impuesto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de la llamada telefónica que ayer le hizo su admirado Obama.
Me ha gustado porque me parece un plan realista dada la situación actual, aunque creo que los aspectos más dolorosos se podrían haber evitado si hace dos años y medio, cuando la crisis económica ya era evidente, el Gobierno hubiera diseñado un plan de reformas para reducir en lo posible sus efectos.
Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el Presidente Zapatero ha ido al grano en vez de usar su táctica habitual de decir párrafos muy largos pero carentes de la menor concreción.
No ha debido ser fácil para el Presidente decir en el Congreso lo contrario de lo que ha venido diciendo durante años en aspectos tan sensibles como las pensiones, los sueldos de los empleados públicos, o los pagos a las personas dependientes desde que solicitan la situación de dependencia hasta que oficialmente reciben la respuesta, cuando esta es positiva.
Las medidas presentadas supondrán una reducción relevante del gasto público, y además, excepto la reducción de inversiones públicas, la reducción tendrá carácter estructural, aunque con mucha probabilidad a este recorte le seguirán recortes adicionales, porque la economía española no puede soportar el elevado coste del conjunto de los trabajadores del sector público (no porque tengan sueldos elevados, sino porque hay demasiados y un porcentaje elevado de ellos no tienen una función que resulte útil para la sociedad, especialmente en ayuntamientos y comunidades autónomas) tampoco son económicamente sostenibles ni el actual sistema de pensiones ni las prestaciones que promete la Ley de Dependencia (aunque la realidad es que en la mayor parte de los casos la promesa no se cumple mediante el viejo truco de dejar dormir el expediente hasta que fallece el potencial beneficiario) y también será necesaria una profunda modificación de las prestaciones sanitarias, ya que el crecimiento exponencial del gasto sanitario total hará que éste alcance pronto unos valores insoportables (esperemos que en este aspecto se optimicen los servicios prestados, de forma que el coste medio por persona atendida se reduzca drásticamente sin merma de la calidad asistencial, objetivo que es perfectamente alcanzable a condición de que se abandone la privatización creciente de los servicios con el criterio actual de que los contratistas privados obtengan más beneficios cuanto más elevado sea el gasto por paciente)
Me ha sorprendido mucho que el plan sólo contenga reducciones del gasto público, pero no incorpore también incrementos de los ingresos públicos, y no me ha quedado claro si esta parte no se ha presentado porque no está aún elaborada (o todavía no ha sido aprobada por el FMI y la UE) o porque el Presidente considera que de momento no es adecuado aumentar los impuestos.
Finalmente, creo que hay que destacar que el propio Presidente ha dicho que no le gusta tener que adoptar esas medidas, pero que no le queda otra alternativa. Lástima que no hiciera caso a Solbes, cuando éste era el responsable de la economía. ¿Hará un cambio de gobierno relevante una vez que finalice la Presidencia Española de la UE?
El conjunto de reformas presentado me ha gustado, aunque me da la impresión de que no ha sido preparado por el Gobierno de España, sino que le ha sido impuesto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de la llamada telefónica que ayer le hizo su admirado Obama.
Me ha gustado porque me parece un plan realista dada la situación actual, aunque creo que los aspectos más dolorosos se podrían haber evitado si hace dos años y medio, cuando la crisis económica ya era evidente, el Gobierno hubiera diseñado un plan de reformas para reducir en lo posible sus efectos.
Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el Presidente Zapatero ha ido al grano en vez de usar su táctica habitual de decir párrafos muy largos pero carentes de la menor concreción.
No ha debido ser fácil para el Presidente decir en el Congreso lo contrario de lo que ha venido diciendo durante años en aspectos tan sensibles como las pensiones, los sueldos de los empleados públicos, o los pagos a las personas dependientes desde que solicitan la situación de dependencia hasta que oficialmente reciben la respuesta, cuando esta es positiva.
Las medidas presentadas supondrán una reducción relevante del gasto público, y además, excepto la reducción de inversiones públicas, la reducción tendrá carácter estructural, aunque con mucha probabilidad a este recorte le seguirán recortes adicionales, porque la economía española no puede soportar el elevado coste del conjunto de los trabajadores del sector público (no porque tengan sueldos elevados, sino porque hay demasiados y un porcentaje elevado de ellos no tienen una función que resulte útil para la sociedad, especialmente en ayuntamientos y comunidades autónomas) tampoco son económicamente sostenibles ni el actual sistema de pensiones ni las prestaciones que promete la Ley de Dependencia (aunque la realidad es que en la mayor parte de los casos la promesa no se cumple mediante el viejo truco de dejar dormir el expediente hasta que fallece el potencial beneficiario) y también será necesaria una profunda modificación de las prestaciones sanitarias, ya que el crecimiento exponencial del gasto sanitario total hará que éste alcance pronto unos valores insoportables (esperemos que en este aspecto se optimicen los servicios prestados, de forma que el coste medio por persona atendida se reduzca drásticamente sin merma de la calidad asistencial, objetivo que es perfectamente alcanzable a condición de que se abandone la privatización creciente de los servicios con el criterio actual de que los contratistas privados obtengan más beneficios cuanto más elevado sea el gasto por paciente)
Me ha sorprendido mucho que el plan sólo contenga reducciones del gasto público, pero no incorpore también incrementos de los ingresos públicos, y no me ha quedado claro si esta parte no se ha presentado porque no está aún elaborada (o todavía no ha sido aprobada por el FMI y la UE) o porque el Presidente considera que de momento no es adecuado aumentar los impuestos.
Finalmente, creo que hay que destacar que el propio Presidente ha dicho que no le gusta tener que adoptar esas medidas, pero que no le queda otra alternativa. Lástima que no hiciera caso a Solbes, cuando éste era el responsable de la economía. ¿Hará un cambio de gobierno relevante una vez que finalice la Presidencia Española de la UE?
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