Revisión del Pacto de Toledo

Sin duda alguna la viabilidad del sistema de pensiones es uno de los grandes problemas que tiene planteados la sociedad española a medio plazo, dado que el sistema de reparto vigente sólo es viable si el volumen de las cotizaciones crece, en términos reales, de forma continuada.

En épocas de crecimiento bajo de la economía, o peor aún de recesión, las cuentas de la Seguridad Social comienzan a tener problemas, y si la mala situación económica se prolonga, comienza a presentar la cara el riesgo de quiebra del sistema de pensiones.

Desgraciadamente ahora estamos en esa situación, y la buena noticia es que, antes que en ocasiones anteriores, los partidos políticos, que están dispuestos a consensuar este asunto para retrasar en lo posible la quiebra del sistema, se han puesto a analizar las posibles soluciones.

Como es obvio, las posibles soluciones son sólo dos, o una mezcla de ambas: el aumento de las cotizaciones y la reducción de las prestaciones. El aumento de las cotizaciones es complicado en época de vacas flacas, porque empeoraría la situación de las empresas y, aún más, el empleo; la reducción de las prestaciones es impensable para los actuales pensionistas, que tienen garantizado por ley el aumento conforme al IPC y, en consecuencia, sólo queda, a la espera de la nueva etapa de crecimiento que aumente la recaudación por la vía del aumento de los cotizantes, la reducción de las prestaciones a los nuevos pensionistas.

Por eso no es de extrañar que se haya vuelto a plantear la necesidad de pasar a un método de cálculo que tenga en cuenta las cotizaciones de toda la vida laboral para fijar las nuevas pensiones. Este sistema, que sin duda es más justo que el actual, tiene además la ventaja de que promoverá en el futuro un aumento de las bases de cotización de los más jóvenes para acercarlas a los salarios reales.

Los críticos con este sistema argumentan precisamente lo contrario, ya que, según ellos, el uso de la totalidad de la vida laboral en el cálculo, unido al aumento de las pensiones mínimas con porcentajes muy superiores al IPC, llevará a una reducción de las bases de cotización.

Este argumento sería cierto si las pensiones mínimas llegaran a superar al salario mínimo, base por debajo de la cual no se puede cotizar. Como esta hipótesis es impensable en un esquema de inviabilidad del sistema de pensiones a largo plazo, la propuesta es, por el contrario, más que razonable.

Por razones políticas obvias, la modificación se hará de forma progresiva, aumentando cada año en uno, o como mucho dos, los años a tener en cuenta para el cálculo desde los quince actuales, lo que supondría un periodo de entre 10 y 20 años para llegar al cálculo con toda la vida laboral.

Si ésto se lleva a cabo, saldrán perjudicados aquellos futuros pensionistas que hayan cotizado en bases inferiores entre los quince y los nuevos años de cálculo anteriores a su jubilación, y se quedarán igual los que no estén en esa situación.

Por descontado cabe la posibilidad de que el aumento no se lleve a la totalidad de la vida sino a los últimos 20 ó 25 años de la vida laboral, con lo que quedaría margen para nuevos aumentos en crisis venideras. No parece que se vayan a plantear el inicio del cambio hacia el único sistema viable de forma indefinida que es el sistema de capitalización.

¿Será la crisis eminentemente financiera?

Según van pasando los días, cada vez parece más claro que la crisis internacional tiene un acento fundamentalmente financiero. El aumento desmesurado de los precios de las materias primas ha pasado a un segundo término, porque los mercados internacionales son implacables y cuando la oferta supera a la demanda existente a los precios impuestos por los especuladores de los mercados de papel, los mercados físicos se encargan de moderar los precios. El problema inmobiliario no se extiende a la mayoría de los países y en los que la tienen, el nuestro a la cabeza, la intensidad es muy variada.

Sin embargo el problema financiero afecta a todos, seguramente porque los mercados de capitales son los más globalizados y, de la misma manera que las variaciones de la liquidez se transmiten de unos a otros países a la velocidad de la luz, la relajación de las buenas prácticas y el cambio de los modelos de gestión se ha transmitido con gran rapidez.

El gobierno de Estados Unidos ha cogido al toro por los cuernos e intenta, si su Parlamento lo aprueba, zanjar el problema de forma radical, asumiendo la compra de todos los activos de dudoso cobro. El coste de la medida podría variar, en una primera estimación, entre 700.000 y 1.500.000 millones de dólares y, como es obvio, la cantidad que finalmente resulte será pagada por el conjunto de los contribuyentes.

No parece muy equitativo que la mayoría de la población tenga que pagar la factura de los excesos de una minoría que se irá de rositas, cuando no enriquecida de forma escandalosa, pero no es menos cierto que la solución propuesta por el Gobierno USA puede ser la menos mala, desde el punto de vista económico, para el conjunto de la población y no cabe duda que el buen gobierno debe procurar obtener la mejor situación para el conjunto de la población. Sería necesario en consecuencia que el sacrificio de la mayoría debería ir acompañado por un cambio legislativo que impida que en el futuro se puedan repetir actuaciones éticamente inadmisibles sin que los responsables tengan que dar cuenta ante los tribunales y, como mínimo, paguen con su patrimonio el mal realizado.

En cuanto a España, la situación es ciertamente diferente. A nuestro favor tenemos un sistema financiero más solvente, aunque no por ello exento de problemas, y en nuestra contra tenemos la necesidad de seguir obteniendo créditos crecientes del exterior para financiar no sólo los créditos que vencen, sino también el déficit de la balanza de pagos, absolutamente desmesurado, y el desequilibrio de las cuentas públicas.

Con esta situación, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se encuentra con una serie de problemas de difícil solución. Por orden de dificultad estos problemas financieros son:
- La refinanciación de las deudas del sector inmobiliario, con especial gravedad en lo que se refiere a los créditos para la compra de terrenos a precio inasumible por la demanda de pisos que, por tanto, tardarán bastantes años en ser edificados.
- La financiación de la deuda pública en la nueva situación de déficit.
- La financiación de las inversiones productivas del sector privado.

Todo ello en un marco en el que las comunidades autónomas aspiran a aumentar sus ingresos de forma muy relevante y los ayuntamientos siguen considerando que la primera prioridad de las arcas públicas debe ser la cobertura de sus gastos crecientes, incluidos los despilfarros suntuarios a que se han acostumbrado en la época de vacas gordas.

No estaría mal que entre PSOE y PP, más todos los partidos que se quieran sumar a la iniciativa, decidieran coger al toro por los cuernos como están intentado en Estados Unidos, y plantearan una solución global al problema financiero que, desde luego, tendría que partir de un programa de austeridad de las administraciones públicas tan exigente como el que van a tener que hacer, o están haciendo ya, las familias afectadas por el aumento de los tipos de interés y/o por el paro.

En cualquier caso, con toda probabilidad vamos a pasar por una etapa, no corta, de escasez de crédito y, por tanto, de aumento de los tipos de interés, especialmente en comparación con los demás países de la zona euro y a un aumento de la presión fiscal, especialmente en los impuestos y tasas municipales.

Crisis y saneamiento económico

Leo con sorpresa una declaración del ministro Solbes en la que viene a decir que si la recesión sirve para limpiar la economía y remontar la situación, no tiene mayor importancia.

Creo que Solbes es un buen ministro de economía y lo creo por lo que ha hecho durante su trayectoria en los gobiernos de España en que ha participado y también en su etapa como comisario de la UE. Con lo que no puedo estar de acuerdo es con estas opiniones, que no sé si son de su cosecha o son las recomendaciones de los asesores de imagen del Gobierno.

La teoría económica estudia los ciclos y, por el momento, no se ha encontrado la forma de eliminar las fases de caída de la producción por habitante. Durante décadas, los gobiernos de todo el mundo se han esforzado en diseñar medidas que eliminen, o al menos suavicen, los efectos negativos de las fases bajas del ciclo, y algo habrán aprendido cuando acabamos de terminar la fase expansiva de mayor duración de la economía mundial, que ha durado aproximadamente el doble de lo que era habitual hasta ahora.

Por descontado, este gobierno también intenta hacer lo mismo, aunque probablemente su objetivo real sea intentar que la etapa de crecimiento se inicie antes de que lleguen las próximas elecciones, a fin de tener más posibilidades de continuar en el poder.

Pero un gobierno eficaz, sea del color político que sea, lo que debería perseguir es poner al servicio de la sociedad un marco legal que favorezca el crecimiento sano de la economía, y en nuestro país hay demasiados elementos que favorecen a grupos pequeños de personas, que no suelen coincidir con los más necesitados socialmente, a cambio de perjudicar notablemente la situación económica de la mayoría, no tanto por lo que quitan injustamente a los demás, sino porque impiden un mayor crecimiento de la renta global.

La declaración del ministro Solbes es equivalente en economía a la impensable declaración de un responsable de la sanidad que ante una epidemia grave dijera que si la epidemia sirve para limpiar a la sociedad de los individuos más débiles y disponer después de una sociedad con individuos más fuertes, la epidemia no tendría mayor importancia.

Tanto en un caso como el otro, la única política admisible es la que tenga la doble vertiente de minimizar los daños de la mala situación y de sentar las bases para que en el futuro no se puedan producir situaciones similares o, al menos, que si se producen sus consecuencias sean más suaves.

Sigo dando mi notable al ministro Solbes por sus medidas económicas pero un suspenso sin paliativos por sus declaraciones, que espero que no se reflejen después en sus actuaciones de gobierno.