Plan de reducción del consumo energético

El ministro Sebastián ha presentado un nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011, cuyo principal objetivo es conseguir un ahorro de energía equivalente a 44 millones de barriles de petróleo anuales.

En realidad se trata de una puesta al día del plan elaborado primero por el ministro Montilla y revisado, después, por el ministro Clos, siempre con el mismo horizonte de 2011 y siempre con los mismos objetivos finales, aunque cada vez más ambiciosos en los próximos años ya que se acumulan para el tiempo que queda los objetivos iniciales y la recuperación de lo no realizado en el tiempo transcurrido.

El plan cuenta con 31 medidas, muchas de las cuales se han introducido para sumar número, como por ejemplo la garantía de la seguridad jurídica de las empresas de servicios energéticos ¿carecen estas empresas en la actualidad de la seguridad jurídica que tienen las demás empresas?

Cada una de las medidas es en si misma buena, aunque no se puede deducir de ellas que el ahorro global a obtener sea de 44 millones de barriles, igualmente se podría haber cifrado en 10 millones o en 100, porque las medidas no cuantifican una a una el ahorro potencial perseguido.

En este plan se da mucho énfasis a las medidas destinadas al transporte, algo muy lógico ya que el 40% del consumo final de energía se realiza en el transporte.

Se propone la reducción del 20% en la velocidad máxima permitida en las carreteras de alta capacidad y en las entradas a las grandes ciudades, con el triple objeto de reducir los accidentes, el consumo de productos petrolíferos y las emisiones de CO2.

Se propone la promoción del transporte urbano en bicicleta.

En el ámbito de los edificios ¡se extiende a los nuevos edificios públicos la exigencia de eficiencia energética!

También se propone la aceleración del cambio de bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo.

Se limitan las temperaturas máxima en invierno a 21 ºC y mínima en verano a 26 ºC en los edificios no residenciales (excepto hospitales)

No parece fácil estar en contra de las medidas anunciadas, más bien al contrario sería importante conseguir que en los planes futuros no se tengan que volver a repetir porque no se hayan llevado a cabo.

Lo que sí se echa en falta es un Plan Energético global, con horizonte de al menos 30 años de duración, que analice de forma integral el cambio de modelo energético que se necesita para que el progreso económico y social sea continuo y sostenible. Desgraciadamente no parece que el ministro Sebastián y su equipo tengan la intención de hacerlo, quizás porque estimen que su presencia al frente del ministerio responsable de la energía se prolongue el tiempo necesario para elaborarlo y, en consecuencia, no puedan sacar el rédito político personal de un esfuerzo tan importante.

Crísis económica y política sanitaria

El sistema público de atención sanitaria es, junto con el de pensiones, la parte de los servicios públicos que tiene una mayor necesidad de crecimiento del gasto, muy por encima del crecimiento del PIB aún en las fases de crecimiento sostenido del ciclo económico.

Los motivos son claros:
- El aumento de la edad media de la población y, en especial el aumento progresivo de las personas de edad avanzada que, lógicamente y por muy buena salud que tengan, requieren muchas más prestaciones sanitarias.
- La continua llegada de inmigrantes que, en una proporción relevante, requieren más prestaciones sanitarias que la población residente de la misma edad.
- El necesario desarrollo de la Ley de Dependencia, que a poco que extienda sus prestaciones requerirá un aporte de fondos públicos de una gran cuantía.

Además, en las fases bajas del ciclo la tendencia es a un aumento mayor de la demanda de servicios sanitarios, porque una parte relevante de las personas que acuden al sector privado para algunos, o todos, los servicios sanitarios, en las épocas de menores ingresos optan por recurrir a la sanidad pública.

Por descontado, la sociedad española aspira a que, al menos, se mantenga la calidad de las prestaciones que se alcanzaron en los años noventa, calidad que ya ha iniciado su declive al menos en la percepción popular.

La política sanitaria debe encaminar sus esfuerzos a una mejora relevante de la calidad y la eficiencia, única vía para que sea sostenible la sanidad pública universal.

En este caso, la formación de los futuros profesionales sanitarios es más que buena, quizás falte únicamente un análisis serio de las plazas que se deben ofertar para que no sea necesario recurrir a profesionales de otros países que tienen un sistema formativo de menor calidad.

Hay, sin embargo, un problema serio en cuanto a los profesionales en activo, o mejor dicho dos: su retribución, claramente baja con lo que los mejores profesionales optan por la vía privada para llevar a cabo, parcial o totalmente, su ejercicio profesional y la caída del prestigio social de su profesión que lleva a la existencia de no pocos conflictos con los usuarios de los servicios.

Por si fuera poco, la gestión de los medios escasos (en su mayor parte el tiempo de dedicación de los profesionales aunque también la realización de pruebas de diagnóstico) se está dirigiendo a la minimización del tiempo de atención por parte de los médicos lo que lleva a resultados aún peores: mayor solicitud de pruebas de diagnóstico (que retrasan la solución de buena parte de los problemas de salud y encarecen el coste total) y mayor uso de los medicamentos, que también encarecen el coste final.

La solución la están buscando en el incremento de dificultades para acceder a la prestación, el aumento de las colas de espera (con lo que se produce una mayor migración a los servicios privados) y la gestión privada de los hospitales, que aún está en sus inicios pero que muy probablemente suponga un mayor recorte de las prestaciones por la vía de los hechos.

No lo tienen fácil los responsables autonómicos de la sanidad, pero sólo una gestión muy eficaz llevará a la obtención de buenos resultados, con la paradoja de que si aumenta la calidad, también aumentará la demanda porque muchas personas preferirán la buena calidad pública, además gratuita, a la no tan buena calidad privada, cuando los precios no son desorbitados.

Crisis económica y pensiones

El sistema público de pensiones tiene serios problemas estructurales derivados de la elección del método de reparto, realizada al inicio del mismo, a mediados del siglo pasado, que consiste en que cada año se pagan las pensiones con las cotizaciones recaudadas ese mismo año.

Este método es altamente inestable, excepto en los primeros años de su puesta en funcionamiento, ya que cualquier aumento del importe de las pensiones que no esté compensado por un aumento equivalente de las cotizaciones lleva al sistema a una situación de déficit que el estado sólo puede compensar durante un periodo de tiempo limitado.

Existe un elemento de inestabilidad estructural derivado del, a todas luces deseable, aumento de la vida media que lleva inexorablemente a un aumento muy importante del número de pensionistas. La corrección de este desequilibrio sólo puede realizarse por tres vías, que evidentemente pueden, y deben, ser complementarias: el aumento del periodo de cotización (que, sin remedio debe llevar a un aumento de la edad de jubilación) el aumento de las cotizaciones y el descenso del importe de las pensiones. El aumento del número de cotizantes es una solución transitoria ya que a largo plazo también supone un aumento del número de pensionistas.

Evidentemente, para los políticos el problema es de los que es mejor no resolver y dejárselo a los que les sustituyan en el futuro, aunque los más preocupados vayan introduciendo medidas marginales para paliar el problema.

Ya en los años ochenta se pasó por una situación de crisis del sistema que obligó a los políticos a ponerse las pilas, y se llegó a los Pactos de Toledo, que supusieron un respiro para el sistema de seguridad social que ha durado bastante más de lo esperado, gracias a lo prolongado que ha sido el último ciclo de crecimiento.

Pero la llegada de la crisis vuelve a poner sobre la mesa un problema que no está resuelto, ni mucho menos, a pesar del superávit de la seguridad social registrado en los últimos cinco años. Tampoco la tímida promoción de los fondos de pensiones está suponiendo un complemento suficiente ya que, de una parte, la mayoría de los trabajadores o no tiene fondo de pensiones o si lo tiene será de tan escaso valor en el momento de la jubilación que apenas supondrá un complemento marginal a la pensión pública y, de otra, el tratamiento fiscal que reciben.

El escaso desarrollo de los planes de pensiones deriva de su escasa rentabilidad, ya que, de una parte, los gestores de los fondos se llevan, con sus elevadas comisiones que no tienen relación alguna con el trabajo que realizan, la mayor parte de la revalorización en términos reales, y de otra el poco generoso tratamiento fiscal, peor que el de cualquier otra forma de ahorro, que hace que la decisión individual más racional sea la de dedicar el dinero que se pueda ahorrar a otros sistemas.

El cambio de un sistema de reparto a uno de capitalización sería, en teoría, la mejor solución pero tiene dos serios inconvenientes: la necesidad de hacer frente en el periodo transitorio a un doble pago (las pensiones de los que cotizaron por el sistema de reparto y la formación de los fondos para los que coticen por el nuevo método de capitalización) y la dificultad de gestionar los fondos por un método creíble, en el que los gestores o el estado no se apropien de buena parte de los rendimientos.

La solución, que probablemente sea necesario implantar a lo largo de esta legislatura, no es fácil ni será políticamente presentable sin un sesgo importante de la información, pero seguramente tendrá las siguientes características: una segunda edición del Pacto de Toledo, con la participación de partidos políticos y sindicatos, que ampliará el periodo de cotización necesario para obtener la pensión máxima y también los años de cotización usados para el cálculo de la pensión, una probable reducción de la pensión máxima y de los derechos de pensión de viudedad para los nuevos pensionistas y, quizás, un tratamiento fiscal más generoso para los fondos de pensiones.

Crisis económica y educación

La política educativa es, en mi opinión, la más importante para el futuro social y económico de cualquier país. El principal activo de cualquier sociedad es la calidad de las personas que la componen y la educación recibida es un elemento fundamental de la calidad humana de cada persona.

La política educativa seguida en España es una de las causas que explica el enorme desarrollo de nuestra sociedad en los últimos 50 años. Primero, de una forma muy lenta, se fue alcanzando la escolarización plena, simultáneamente se fue aumentando el nivel de las enseñanzas primaria y secundaria hasta alcanzar su nivel más alto probablemente a finales de los ochenta, momento a partir del cual se inició un progresivo deterioro de la calidad media de la enseñanza, aunque haya seguido aumentando el nivel alcanzado por la minoría que termina con mejor cualificación.

Simultáneamente, la formación profesional se ha ido deteriorando y ya son muy pocos los centros que ofrecen una calidad razonable, lo que implica que sea necesario utilizar trabajadores extranjeros en cantidades crecientes para disponer de las personas cualificadas que la economía española precisa.

Las causas últimas son achacables a la pésima política educativa seguida por los distintos gobiernos desde los años ochenta, políticas que, a pesar de sus malos resultados, no son rechazadas por la sociedad.

La política educativa ha sido un área de confrontación política entre los partidos políticos que, en vez de llegar a un acuerdo razonable para todos que permitiera seguir un modelo educativo eficaz y estable, al margen de los cambios de gobierno que las sucesivas elecciones pudieran suponer, han preferido que cada gobierno elabore una nueva ley de educación, con la frontal oposición de los adversarios políticos que llevarán a cambio su sustitución cuando las elecciones les den el poder.

Por otra parte se han escatimado, especialmente en la formación profesional, los recursos económicos necesarios para que los centros educativos tengan los medios educativos más adecuados.

Por si fuera poco, se ha ido retirando poco a poco la autoridad a los docentes, que tienen que soportar una presión creciente para calificar como aptos a aquellos que no han tenido un aprovechamiento mínimo y que han visto como sus derechos han desaparecido en la práctica y están totalmente indefensos incluso ante situaciones de agresión manifiesta.

Pareciera que la sociedad española haya decidido que las enseñanzas primaria y secundaria sean una prolongación de la etapa de guardería y que, una vez finalizadas por el mero transcurso del tiempo, todos los alumnos tengan derecho a un título igual, al margen de los conocimientos adquiridos, para que nadie sea distinto de los demás, al menos desde el punto de vista formal de la cualificación académica.

En situación de crisis es obvio que la realidad económica hace las diferencias respecto a la cualificación efectiva que el sistema académico ha querido ocultar y que aquellas personas que no tienen una cualificación mínima serán las que con más dureza sufran los efectos.

La solución, para la que cualquier momento político es bueno para empezar, debería pasar por un acuerdo, al menos entre los dos principales partidos políticos, para promulgar una ley de educación consensuada, con vocación por tanto de durar varias décadas con las modificaciones de detalle que la experiencia y el progreso tecnológico vayan aconsejando, que tenga por objetivo mejorar la formación en todos los niveles. Además esta ley debería tener asegurados los recursos económicos adicionales necesarios para optimizar el rendimiento académico, recursos que en porcentaje sobre el coste total de la educación son, con total certeza, bastante moderados por lo que es difícil de entender la reticencia de los gobiernos a aprobarlos y aplicarlos.

Aunque la inversión en educación es la más rentable que cualquier gobierno pueda realizar, tiene el inconveniente político de que sus primeros resultados tardan al menos dos legislaturas en empezar a notarse y sus resultados plenos se obtienen una generación más tarde de su puesta en práctica lo que en una sociedad como la nuestra en la que el muy largo plazo para los políticos con más visión de futuro termina con la próxima convocatoria electoral, motivo por el que lo más probable es que continúe la caída de la calidad media de formación con la que terminen su etapa de estudios las nuevas generaciones.