Las últimas noticias auguran malos tiempos para la libertad de expresión.
Se quiere volver a la situación, desconocida para la mayoría de los españoles y casi olvidada para los que vivimos durante la dictadura, en la que el poder político se autoconfería el derecho de decidir quienes tenían derecho a emitir públicamente sus opiniones y quienes no.
Casualmente serán bendecidos los que compartan, o digan amén, las opiniones de los gobernantes. Y serán expulsados al vacío los que critiquen o disientan del pensamiento de los mismos.
La Ley, mala ley, recientemente aprobada por el Parlamento de Cataluña, otorga a la Administración la posibilidad de sancionar, e incluso cerrar, a aquellos medios de comunicación que falten a la verdad o que, eventualmente, cometan el desatino de emitir más allá de lo permitido en una de las lenguas oficiales (sólo en una)
Y la condena no será realizada por un tribunal, sino por un comité nombrado por los políticos, previsiblemente en proporción a los resultados electorales.
Y será la opinión de este comité la que sirva para ello, sin que se mantengan las garantías previstas en la Constitución.
Esta ley tiene claramente una empresa destinataria, aunque se hará extensiva a quien se atreva a criticar a los partidos gobernantes, más allá de lo que ellos mismos consideren aceptable.
La empresa es la COPE, cadena radiofónica que se caracteriza por una crítica feroz a los partidos que gobiernan en España y en algunas de sus comunidades autónomas, incluida la de Cataluña.
Se quiere volver a la situación, desconocida para la mayoría de los españoles y casi olvidada para los que vivimos durante la dictadura, en la que el poder político se autoconfería el derecho de decidir quienes tenían derecho a emitir públicamente sus opiniones y quienes no.
Casualmente serán bendecidos los que compartan, o digan amén, las opiniones de los gobernantes. Y serán expulsados al vacío los que critiquen o disientan del pensamiento de los mismos.
La Ley, mala ley, recientemente aprobada por el Parlamento de Cataluña, otorga a la Administración la posibilidad de sancionar, e incluso cerrar, a aquellos medios de comunicación que falten a la verdad o que, eventualmente, cometan el desatino de emitir más allá de lo permitido en una de las lenguas oficiales (sólo en una)
Y la condena no será realizada por un tribunal, sino por un comité nombrado por los políticos, previsiblemente en proporción a los resultados electorales.
Y será la opinión de este comité la que sirva para ello, sin que se mantengan las garantías previstas en la Constitución.
Esta ley tiene claramente una empresa destinataria, aunque se hará extensiva a quien se atreva a criticar a los partidos gobernantes, más allá de lo que ellos mismos consideren aceptable.
La empresa es la COPE, cadena radiofónica que se caracteriza por una crítica feroz a los partidos que gobiernan en España y en algunas de sus comunidades autónomas, incluida la de Cataluña.
Debo decir que hace muchos meses que no escucho la COPE, porque no me gusta su estilo ni tampoco su ideología.
Por eso tomo la decisión individual de sintonizar otras cadenas de radio y no esa.
Pero eso no es óbice para que defienda con énfasis su derecho a expresar sus opiniones libremente. Y por eso he firmado el manifiesto a presentar en el Parlamento Europeo.
Y si es cierto, como dicen algunos de los criticados, que sus actuaciones son a veces contrarias a la ley, deberán ser los tribunales, con todas las garantías para ambas partes, los que decidan si se ha transgredido o no la ley.
Por eso tomo la decisión individual de sintonizar otras cadenas de radio y no esa.
Pero eso no es óbice para que defienda con énfasis su derecho a expresar sus opiniones libremente. Y por eso he firmado el manifiesto a presentar en el Parlamento Europeo.
Y si es cierto, como dicen algunos de los criticados, que sus actuaciones son a veces contrarias a la ley, deberán ser los tribunales, con todas las garantías para ambas partes, los que decidan si se ha transgredido o no la ley.
Pero la libertad de expresión es sagrada, y hace aún más daño que sean los partidos supuestamente progresistas los que se afanen en recortar las libertades individuales de los ciudadanos.