Pasadas ya las elecciones al Parlamento Europeo, el Gobierno considera que ya puede decir a la población una pequeña parte de las verdades incómodas en materia económica.
Ha publicado unas nuevas previsiones del cuadro macroeconómico para este año y los tres siguientes. Las previsiones para este año, elaboradas cuando ya se conocen los datos de los cinco primeros meses, son malas, tan malas que no se atrevieron ni siquiera a sugerirlas en la campaña electoral, y, aunque seguramente corresponden a la hipótesis más optimista en cuanto a la evolución de la actividad durante el resto del año, se pueden considerar razonablemente aproximadas a lo que hoy se puede prever.
Las previsiones para 2010 son también malas, a pesar de que incorporan un grado de optimismo excesivo, el necesario para poder decir que con suerte, a finales de 2010 la economía podría empezar a registrar tasas muy moderadas de crecimiento de la actividad.
Para 2011, la previsión apunta a un crecimiento medio anual compatible, también con suerte, con el mantenimiento de la ocupación a los niveles de 2010, y para 2012 da un salto en la evolución del déficit difícilmente creíble sin una subida muy relevante de los impuestos, ya que están obligados, si no quieren tener problemas con la Comisión, a volver a cumplir a partir de ese año el límite máximo del déficit público establecido en el 3% del PIB.
Se admiten cifras para el déficit público del conjunto de las administraciones del orden del 10% para 2009 y 2010, del 7% en 2011 y del 3% en 2012, cifras que llevarían a España a incumplir otro punto del Pacto de Estabilidad, el que dice que el conjunto de la deuda pública de un Estado miembro no puede sobrepasar el 60% del PIB. El problema es que si no se cambia radicalmente de política económica, las cifras de déficit previstas se superarán ampliamente.
Para corregir estos desequilibrios sólo hay tres vías: aumentar la actividad económica respecto a las previsiones, lo que desgraciadamente no es esperable en el periodo considerado, reducir el gasto público total, aspecto que parece que está fuera del programa de actuaciones del Presidente del Gobierno, y aumentar los impuestos, vía que ya ha empezado a utilizar con la subida de los impuestos especiales a los carburantes y al tabaco.
Los aumentos de impuestos recientemente aprobados aportarán unos 2000 millones de euros anuales (7000 millones en conjunto entre 2009, 2010, 2011 y 2012) pero para no sobrepasar el limite del 60% en la deuda pública respecto al PIB, serán necesarios, hasta finales de 2012, entre cien mil y ciento cincuenta mil millones de euros más, lo que significa que si, como ha anunciado el Presidente del Gobierno, no se subirán más los impuestos durante lo que queda de año, tendrán que hacerlo de forma muy notable a partir de 2010.
Los impuestos que aumentarán, en mi opinión, serán:
- Los impuestos especiales, de nuevo y en cuantía superior a la recientemente aprobada, ya que siempre podrán poner las excusas de que castigan a los consumos “pecaminosos” contra las personas (tabaco y alcohol) o contra el medio ambiente (carburantes) y que España está obligada a subirlos como mínimo hasta que alcancen los valores mínimos fijados por la Comisión.
- El IVA, al menos en el tipo general, que subirá dos o tres puntos hasta el 18 o el 19%. Si se mantienen los tipos bajo y reducido en el 7 y el 4% respectivamente, el Presidente podrá hacer una venta positiva del contenido social de la medida.
- El IRPF, impuesto en el que subirá algo, pero no mucho, el tipo fijo aplicable a los rendimientos del capital (actualmente el 18%), probablemente en 2 puntos el tipo marginal más elevado (con lo que quedaría como se lo encontró en 2004) y no sería extraño que permitiera a las Comunidades Autónomas que consideren insuficientes los ingresos que les procure el nuevo sistema de financiación (si es que lo implanta antes de las próximas elecciones) la aplicación de un recargo autonómico de hasta 3-5 puntos porcentuales adicionales.
- El IBI, que los ayuntamientos aumentarán autónomamente hasta alcanzar los máximos legales actuales, aprovechando el último aumento de valores catastrales, que en no pocos casos ya superan el precio de mercado de los inmuebles.
