El Presidente del Gobierno se prestó, por segunda vez, a escuchar y contestar en directo las preguntas de unos cuarenta ciudadanos en un programa de televisión.
Está bien que ciudadanos de a pie puedan formular libremente preguntas a quien gobierna.
Me gustó el programa y, para mí, los aspectos más relevantes fueron la constatación de que la situación económica es el problema que más preocupa en la actualidad a los españoles, la sensación de libertad en la formulación de las preguntas y de que los participantes no habían sido elegidos de entre los afines al gobierno, las tablas del Presidente para dar respuestas prolongadas en el tiempo, aunque casi nunca respondiera a la pregunta formulada, los capotes del moderador para evitar que los participantes insistieran en que su pregunta no había sido respondida y, sobre todo, las caras que ponían la mayoría de los participantes al comprobar que era imposible obtener una respuesta a las preguntas claras y concretas que habían formulado.
No debió resultar fácil al Presidente decir en público, ante millones de personas, que el pleno empleo no había sido un compromiso adquirido por él en la campaña electoral, o que nunca ha engañado al personal (como mucho ha incurrido en algún error) con sus previsiones sobre la crisis. Tampoco le debió resultar fácil recomendar confianza como única solución a los que están ya en el paro, o a los que temen estarlo en un futuro próximo, sin perspectiva alguna de encontrar empleo.
Para mí lo más preocupante, además del crecimiento galopante del paro, es que el Presidente no fue capaz de presentar un conjunto de actuaciones que ayuden a mejorar la situación económica y permitan que cuando ésta mejore, que antes o después lo hará, lo haga sustentada en unas bases más sólidas y estables.
Aparenta estar muy convencido de que el plan de infraestructuras de los ayuntamientos generará 400.000 puestos de trabajo. Me temo que serán muchos menos y que, cuando dentro de un año se publique la EPA del cuarto trimestre de 2009, pensaremos para nuestros adentros que ojalá sólo hubiera cuatro millones de parados.
miércoles, 28 de enero de 2009
lunes, 26 de enero de 2009
Serios problemas en el sistema financiero
El sistema financiero internacional, tal como ha estado funcionando durante los últimos años, se derrumba y si no se pone remedio de forma rápida, con el se hundirá la economía mundial y vendrá una época de miseria generalizada también para los países más ricos.
Aunque las autoridades económicas lo ocultan, los indicios son claros:
- En Estados Unidos, el presidente Obama ha avisado que el problema financiero es gravísimo, que es un problema que nunca antes había ocurrido y que hay que actuar con rapidez y audacia.
- En el Reino Unido, tras algunas nacionalizaciones parciales, ya se está planteando la necesidad de nacionalizar a todas las entidades financieras.
- En Alemania consideran que ya hay que duplicar la cantidad de dinero prevista para 2009 para comprar participaciones en entidades financieras.
- En España, aunque la consigna oficial, seguida por todos, incluidos los medios de comunicación (¿será porque también ellos tienen problemas financieros muy graves?) es la de que no hay problema, lo cierto es que el Santander plantea una segunda ampliación de capital y que el Director General de La Caixa ha apuntado que así como 2008 ha sido el año de los problemas de financiación de las entidades financieras, 2009 será el año de los problemas de solvencia.
Es evidente que urge cambiar las reglas de funcionamiento del sistema financiero y parece también evidente que los Estados tendrán que comprar participaciones muy relevantes en muchas entidades financieras (¿quizás todas en algunos países?) si no se quiere asistir al derrumbe del sistema financiero.
El orden de actuación puede ser simultáneo, o empezar por los cambios normativos y actuar sobre las entidades según vaya apareciendo la necesidad, pero los cambios, como dice Obama, hay que hacerlos ya y sería bueno que no se esperara a los acuerdos internacionales que, o no se alcanzarán o tardarán mucho en tomarse.
Los cambios más importantes a realizar tienen que incluir los siguientes aspectos, necesarios para evitar que se vuelva a repetir una situación parecida a la actual:
- Impedir la creación ficticia de plusvalías con artificios financieros del tipo de los derivados.
- Impedir que los precios de los mercados de futuros se marquen por la actividad especulativa de papel, limitando a un porcentaje reducido el volumen máximo de operaciones que no tengan una contrapartida física.
- Equilibrar en la medida de lo posible los plazos de la financiación activa y pasiva de las entidades financieras y de las empresas y particulares. Esto exige el desarrollo de un mercado de bonos de los Estados a muy largo plazo, que obtengan el dinero de prestamistas interesados en obtener un interés fijo a muy largo plazo (caso, entre otros, de los fondos de pensiones, en una proporción relevante de sus fondos) y que presten el dinero a proyectos solventes de largo periodo de maduración (en buena parte construcción de infraestructuras, pero también financiación a largo plazo de parte de las necesidades de las instituciones financieras) La participación del Estado, probablemente a través de un banco totalmente público es imprescindible para aumentar la confianza de los inversores y también para asegurar que los procedimientos de aprobación de los créditos sean objetivos, transparentes y no discriminatorios.
- Separación total y absoluta de las entidades y personas que actúen como reguladores o controladores de las entidades financieras y de las que coticen en las bolsas con el sector financiero, de forma que su única posibilidad de inversión en activos financieros sea la deuda pública y con un tratamiento penal que desincentive totalmente las actuaciones contra la ética. A cambio, lógicamente, las personas dedicadas a esas actividades, que deberían tener un régimen de incompatibilidades muy riguroso, deben tener una garantía suficiente de sus puestos de trabajo a largo plazo y una remuneración razonable para su actividad.
- El mismo tratamiento penal debería introducirse para los gestores de las empresas que coticen en bolsa, para el caso de que no actúen conforme a las leyes y para defender los intereses de los accionistas, legítimos propietarios de las empresas.
En cuanto a las ayudas públicas a las entidades financieras, deberían darse cuando, en opinión del regulador (en nuestro caso el Banco de España) fueran necesarias, pero con dos condiciones: la prohibición absoluta de repartir dividendos mientras la totalidad de la ayuda no fuera devuelta y la asunción de las pérdidas por parte de los accionistas de forma previa a que el Estado, es decir todos, tenga que asumir alguna pérdida, llegando hasta la pérdida total del capital por parte de los accionistas en caso necesario.
El diagnóstico puede parecer muy pesimista y la solución muy radical, pero me temo que no hay alternativas mejores. Y ya que tendremos que pagar entre todos el enriquecimiento desmesurado de los que tienen una avaricia sin límites, al menos debería aprovecharse la ocasión para erradicar unas actuaciones que, si con la legalidad vigente no son delictivas, tendrán que serlo con el nuevo marco legal que se desarrolle.
Aunque las autoridades económicas lo ocultan, los indicios son claros:
- En Estados Unidos, el presidente Obama ha avisado que el problema financiero es gravísimo, que es un problema que nunca antes había ocurrido y que hay que actuar con rapidez y audacia.
- En el Reino Unido, tras algunas nacionalizaciones parciales, ya se está planteando la necesidad de nacionalizar a todas las entidades financieras.
- En Alemania consideran que ya hay que duplicar la cantidad de dinero prevista para 2009 para comprar participaciones en entidades financieras.
- En España, aunque la consigna oficial, seguida por todos, incluidos los medios de comunicación (¿será porque también ellos tienen problemas financieros muy graves?) es la de que no hay problema, lo cierto es que el Santander plantea una segunda ampliación de capital y que el Director General de La Caixa ha apuntado que así como 2008 ha sido el año de los problemas de financiación de las entidades financieras, 2009 será el año de los problemas de solvencia.
Es evidente que urge cambiar las reglas de funcionamiento del sistema financiero y parece también evidente que los Estados tendrán que comprar participaciones muy relevantes en muchas entidades financieras (¿quizás todas en algunos países?) si no se quiere asistir al derrumbe del sistema financiero.
El orden de actuación puede ser simultáneo, o empezar por los cambios normativos y actuar sobre las entidades según vaya apareciendo la necesidad, pero los cambios, como dice Obama, hay que hacerlos ya y sería bueno que no se esperara a los acuerdos internacionales que, o no se alcanzarán o tardarán mucho en tomarse.
Los cambios más importantes a realizar tienen que incluir los siguientes aspectos, necesarios para evitar que se vuelva a repetir una situación parecida a la actual:
- Impedir la creación ficticia de plusvalías con artificios financieros del tipo de los derivados.
- Impedir que los precios de los mercados de futuros se marquen por la actividad especulativa de papel, limitando a un porcentaje reducido el volumen máximo de operaciones que no tengan una contrapartida física.
- Equilibrar en la medida de lo posible los plazos de la financiación activa y pasiva de las entidades financieras y de las empresas y particulares. Esto exige el desarrollo de un mercado de bonos de los Estados a muy largo plazo, que obtengan el dinero de prestamistas interesados en obtener un interés fijo a muy largo plazo (caso, entre otros, de los fondos de pensiones, en una proporción relevante de sus fondos) y que presten el dinero a proyectos solventes de largo periodo de maduración (en buena parte construcción de infraestructuras, pero también financiación a largo plazo de parte de las necesidades de las instituciones financieras) La participación del Estado, probablemente a través de un banco totalmente público es imprescindible para aumentar la confianza de los inversores y también para asegurar que los procedimientos de aprobación de los créditos sean objetivos, transparentes y no discriminatorios.
- Separación total y absoluta de las entidades y personas que actúen como reguladores o controladores de las entidades financieras y de las que coticen en las bolsas con el sector financiero, de forma que su única posibilidad de inversión en activos financieros sea la deuda pública y con un tratamiento penal que desincentive totalmente las actuaciones contra la ética. A cambio, lógicamente, las personas dedicadas a esas actividades, que deberían tener un régimen de incompatibilidades muy riguroso, deben tener una garantía suficiente de sus puestos de trabajo a largo plazo y una remuneración razonable para su actividad.
- El mismo tratamiento penal debería introducirse para los gestores de las empresas que coticen en bolsa, para el caso de que no actúen conforme a las leyes y para defender los intereses de los accionistas, legítimos propietarios de las empresas.
En cuanto a las ayudas públicas a las entidades financieras, deberían darse cuando, en opinión del regulador (en nuestro caso el Banco de España) fueran necesarias, pero con dos condiciones: la prohibición absoluta de repartir dividendos mientras la totalidad de la ayuda no fuera devuelta y la asunción de las pérdidas por parte de los accionistas de forma previa a que el Estado, es decir todos, tenga que asumir alguna pérdida, llegando hasta la pérdida total del capital por parte de los accionistas en caso necesario.
El diagnóstico puede parecer muy pesimista y la solución muy radical, pero me temo que no hay alternativas mejores. Y ya que tendremos que pagar entre todos el enriquecimiento desmesurado de los que tienen una avaricia sin límites, al menos debería aprovecharse la ocasión para erradicar unas actuaciones que, si con la legalidad vigente no son delictivas, tendrán que serlo con el nuevo marco legal que se desarrolle.
jueves, 22 de enero de 2009
Mensajes de dos grandes maestros de la economía: Samuelson y Velarde
He leído las declaraciones de dos de los profesores que más han influido en mi aprendizaje de la economía: Juan Velarde y Paul Samuelson.
Juan Velarde es el coautor, con Enrique Fuentes Quintana, del primer libro en el que estudié economía, cuando en la década de los sesenta hacía el sexto curso de bachillerato. Después he tenido la oportunidad de leer algunos de sus artículos y de escucharle en la radio y siempre me ha gustado, sobre todo, la sensatez de sus afirmaciones.
El mensaje que Juan Velarde ha dado en la presentación del curso “La situación económica española en el contexto de la crisis internacional” es el riesgo de que la economía española evolucione de forma parecida a como lo hizo la economía Argentina en la primera época de Perón. El problema, para Velarde, está en la ausencia de un plan de actuaciones económicas homogéneo y coherente que incluya las medidas necesarias para cambiar a un modelo económico más flexible, eficiente y competitivo. Como siempre ha ocurrido en los últimos cuarenta años, estoy de acuerdo con su diagnóstico y con las soluciones que propone.
Paul Samuelson, además de Premio Nobel, es el autor de un manual de economía que, muy probablemente, ha sido el que han utilizado más estudiantes del mundo. Obviamente, yo también lo usé cuando era estudiante de la Facultad de Económicas.
En una entrevista publicada en La Vanguardia el domingo pasado, Samuelson hablaba de la crisis actual y de entre las cosas que dijo me gustaría resaltar dos.
La primera, que hasta ahora yo no había visto formulada de una forma tan sencilla como clara es que ningún sistema económico que se autorregule puede ser estable a largo plazo. Parece difícil dar una explicación en menos palabras del origen del enorme problema financiero que estamos pasando y, sin decirlo, apuntar a la única solución posible si no queremos que se vuelva a producir algo parecido en el futuro: debe cambiarse completamente el sistema de control y regulación de las actividades financieras de forma que se garantice la total separación e independencia de reguladores, controladores y operadores.
La segunda es la apuesta rotunda de Samuelson por el uso masivo del gasto público para salir de la crisis. Insinúa que aunque es preferible que el gasto se realice en inversiones necesarias, es más importante gastar que hacerlo bien, sobre todo si el hacerlo bien lleva a retrasos en las inversiones. Aunque resulte una osadía por mi parte discrepar de un premio Nobel de su categoría, lo cierto es que comparto la idoneidad de usar el gasto público para salir de la crisis, pero creo que es imprescindible asegurar que el dinero público se gestione bien, gastar lo estrictamente necesario para cada proyecto y hacerlo sólo en proyectos que sean necesarios para facilitar, aunque sea a largo plazo, la actividad económica.
Juan Velarde es el coautor, con Enrique Fuentes Quintana, del primer libro en el que estudié economía, cuando en la década de los sesenta hacía el sexto curso de bachillerato. Después he tenido la oportunidad de leer algunos de sus artículos y de escucharle en la radio y siempre me ha gustado, sobre todo, la sensatez de sus afirmaciones.
El mensaje que Juan Velarde ha dado en la presentación del curso “La situación económica española en el contexto de la crisis internacional” es el riesgo de que la economía española evolucione de forma parecida a como lo hizo la economía Argentina en la primera época de Perón. El problema, para Velarde, está en la ausencia de un plan de actuaciones económicas homogéneo y coherente que incluya las medidas necesarias para cambiar a un modelo económico más flexible, eficiente y competitivo. Como siempre ha ocurrido en los últimos cuarenta años, estoy de acuerdo con su diagnóstico y con las soluciones que propone.
Paul Samuelson, además de Premio Nobel, es el autor de un manual de economía que, muy probablemente, ha sido el que han utilizado más estudiantes del mundo. Obviamente, yo también lo usé cuando era estudiante de la Facultad de Económicas.
En una entrevista publicada en La Vanguardia el domingo pasado, Samuelson hablaba de la crisis actual y de entre las cosas que dijo me gustaría resaltar dos.
La primera, que hasta ahora yo no había visto formulada de una forma tan sencilla como clara es que ningún sistema económico que se autorregule puede ser estable a largo plazo. Parece difícil dar una explicación en menos palabras del origen del enorme problema financiero que estamos pasando y, sin decirlo, apuntar a la única solución posible si no queremos que se vuelva a producir algo parecido en el futuro: debe cambiarse completamente el sistema de control y regulación de las actividades financieras de forma que se garantice la total separación e independencia de reguladores, controladores y operadores.
La segunda es la apuesta rotunda de Samuelson por el uso masivo del gasto público para salir de la crisis. Insinúa que aunque es preferible que el gasto se realice en inversiones necesarias, es más importante gastar que hacerlo bien, sobre todo si el hacerlo bien lleva a retrasos en las inversiones. Aunque resulte una osadía por mi parte discrepar de un premio Nobel de su categoría, lo cierto es que comparto la idoneidad de usar el gasto público para salir de la crisis, pero creo que es imprescindible asegurar que el dinero público se gestione bien, gastar lo estrictamente necesario para cada proyecto y hacerlo sólo en proyectos que sean necesarios para facilitar, aunque sea a largo plazo, la actividad económica.
miércoles, 21 de enero de 2009
Un párrafo escogido del discurso de Barack Hussein Obama
He elegido una parte del discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos que me parece no sólo excelente, sino también aplicable a todos los países democráticos y, específicamente, al nuestro.
Sería deseable que nuestros políticos, los que gobiernan y los que están en la oposición, lo leyeran detenidamente, lo asimilaran y, sobre todo, lo pusieran en práctica.
He hecho una traducción al español pero, para que quede claro que los fallos de la traducción (un tanto libre) son sólo míos, pongo primero el texto en versión original.
Gracias, Señor Obama.
For everywhere we look, there is work to be done. The state of the economy calls for action, bold and swift, and we will act - not only to create new jobs, but to lay a new foundation for growth. We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind us together. We will restore science to its rightful place, and wield technology's wonders to raise health care's quality and lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age.
All this we can do. And all this we will do.
Now, there are some who question the scale of our ambitions - who suggest that our system cannot tolerate too many big plans. Their memories are short. For they have forgotten what this country has already done; what free men and women can achieve when imagination is joined to common purpose, and necessity to courage.
Miremos donde miremos, hay cosas que hacer. El estado actual de la economía exige una acción audaz y rápida, y actuaremos no sólo para crear nuevos empleos, sino también para construir nuevos cimientos para el crecimiento. Construiremos carreteras y puentes, redes eléctricas y líneas digitales, que promuevan nuestro comercio y nos mantengan unidos.
Volveremos a colocar a la ciencia donde se merece y usaremos el progreso tecnológico para aumentar la calidad de la sanidad y reducir su coste. Utilizaremos el sol, el viento y la tierra para mover nuestros automóviles y hacer funcionar nuestras fábricas. Y transformaremos nuestras escuelas, institutos y universidades, para hacer frente a las necesidades de la nueva era.
Todo eso podemos hacerlo, y todo eso lo haremos.
En esta situación hay quienes cuestionan la amplitud de nuestras ambiciones, quienes sugieren que nuestro sistema no es capaz de abordar planes demasiado grandes. Su memoria es flaca, porque han olvidado lo que este país ha hecho en el pasado; lo que los hombres y las mujeres libres somos capaces de lograr cuando la imaginación se une al interés común y la necesidad al coraje.
Sería deseable que nuestros políticos, los que gobiernan y los que están en la oposición, lo leyeran detenidamente, lo asimilaran y, sobre todo, lo pusieran en práctica.
He hecho una traducción al español pero, para que quede claro que los fallos de la traducción (un tanto libre) son sólo míos, pongo primero el texto en versión original.
Gracias, Señor Obama.
For everywhere we look, there is work to be done. The state of the economy calls for action, bold and swift, and we will act - not only to create new jobs, but to lay a new foundation for growth. We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind us together. We will restore science to its rightful place, and wield technology's wonders to raise health care's quality and lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age.
All this we can do. And all this we will do.
Now, there are some who question the scale of our ambitions - who suggest that our system cannot tolerate too many big plans. Their memories are short. For they have forgotten what this country has already done; what free men and women can achieve when imagination is joined to common purpose, and necessity to courage.
Miremos donde miremos, hay cosas que hacer. El estado actual de la economía exige una acción audaz y rápida, y actuaremos no sólo para crear nuevos empleos, sino también para construir nuevos cimientos para el crecimiento. Construiremos carreteras y puentes, redes eléctricas y líneas digitales, que promuevan nuestro comercio y nos mantengan unidos.
Volveremos a colocar a la ciencia donde se merece y usaremos el progreso tecnológico para aumentar la calidad de la sanidad y reducir su coste. Utilizaremos el sol, el viento y la tierra para mover nuestros automóviles y hacer funcionar nuestras fábricas. Y transformaremos nuestras escuelas, institutos y universidades, para hacer frente a las necesidades de la nueva era.
Todo eso podemos hacerlo, y todo eso lo haremos.
En esta situación hay quienes cuestionan la amplitud de nuestras ambiciones, quienes sugieren que nuestro sistema no es capaz de abordar planes demasiado grandes. Su memoria es flaca, porque han olvidado lo que este país ha hecho en el pasado; lo que los hombres y las mujeres libres somos capaces de lograr cuando la imaginación se une al interés común y la necesidad al coraje.
martes, 20 de enero de 2009
¿Queda margen para la política económica?
El gobierno, por fin, ha presentado un cuadro macroeconómico creíble para 2009, aunque continúa siendo optimista, más allá de lo razonable, para 2010 y, especialmente, para 2011. Seguramente se ha sentido obligado ante la inminente presentación de las previsiones de la Comisión.
Standard&Poor’s ha rebajado el rating de la deuda del Reino de España, lo que supondrá alguna dificultad adicional para la recuperación económica, y el ministro Solbes ha dicho en una entrevista que ya se ha utilizado todo el margen que existía para combatir la recesión económica.
Evidentemente, el margen al que se refiere el ministro es el que se deriva de poner un límite al déficit admisible para las cuentas públicas y, ciertamente, el 6% de déficit oficial, al que deben añadirse los maquillajes que sin duda se harán, parece un límite que no debería superarse.
El problema es que siguen sin anunciarse las otras medidas, las que suponen cambios normativos y de costumbres, que son más lentas, que inicialmente apenas proporcionan resultados, pero que a medio y largo plazo son las que permiten un crecimiento más sólido y estable del bienestar de la población.
La primera, porque puede dar resultados económicos importantes y con cierta rapidez, es la mejora de la gestión de los recursos públicos a todos los niveles.
A continuación la modificación del marco legal de nuestra economía, para eliminar la gran panoplia de monopolios, oligopolios y privilegios que gravan la calidad y el precio de buena parte de los bienes y servicios que compramos los ciudadanos.
Si algo ha dejado claro la situación económica actual, es la imperiosa necesidad de cambiar radicalmente los procesos y la estructura de las entidades de control y regulación, tanto públicas como privadas.
No se puede olvidar el repaso que necesita la seguridad social, tanto en el ámbito de la sanidad como en el de las pensiones, repaso del que probablemente surja un nuevo reparto entre la parte de las prestaciones que proporcionarán el sector público y el privado.
La educación y la formación son otro de los aspectos pendientes de reforma. Seguramente los últimos que se abordarán porque aunque son los que permiten obtener mejores resultados, son también los que necesitan más tiempo para que se noten.
Finalmente, es necesario hacer una planificación razonable de las infraestructuras, cuya falta o mal funcionamiento se convierten en cuellos de botella insalvables para el progreso. ¿Se acordará alguien de la utilidad de unas tablas input-output bien elaboradas?
El gobierno se podrá quejar de muchas cosas, de las que desde fuera nos hacen la vida económica muy difícil y también de lo mal que lo hacemos los ciudadanos; hasta se puede quejar de lo mala que es la oposición, que no es capaz de mostrarle vías de actuación razonables, pero de lo único de lo que no se puede quejar, es de la falta de tareas que, sin requerir apenas dinero, puede hacer el gobierno para que dejemos lo antes posible, y en las mejores condiciones, la penosa situación económica que padecemos.
Standard&Poor’s ha rebajado el rating de la deuda del Reino de España, lo que supondrá alguna dificultad adicional para la recuperación económica, y el ministro Solbes ha dicho en una entrevista que ya se ha utilizado todo el margen que existía para combatir la recesión económica.
Evidentemente, el margen al que se refiere el ministro es el que se deriva de poner un límite al déficit admisible para las cuentas públicas y, ciertamente, el 6% de déficit oficial, al que deben añadirse los maquillajes que sin duda se harán, parece un límite que no debería superarse.
El problema es que siguen sin anunciarse las otras medidas, las que suponen cambios normativos y de costumbres, que son más lentas, que inicialmente apenas proporcionan resultados, pero que a medio y largo plazo son las que permiten un crecimiento más sólido y estable del bienestar de la población.
La primera, porque puede dar resultados económicos importantes y con cierta rapidez, es la mejora de la gestión de los recursos públicos a todos los niveles.
A continuación la modificación del marco legal de nuestra economía, para eliminar la gran panoplia de monopolios, oligopolios y privilegios que gravan la calidad y el precio de buena parte de los bienes y servicios que compramos los ciudadanos.
Si algo ha dejado claro la situación económica actual, es la imperiosa necesidad de cambiar radicalmente los procesos y la estructura de las entidades de control y regulación, tanto públicas como privadas.
No se puede olvidar el repaso que necesita la seguridad social, tanto en el ámbito de la sanidad como en el de las pensiones, repaso del que probablemente surja un nuevo reparto entre la parte de las prestaciones que proporcionarán el sector público y el privado.
La educación y la formación son otro de los aspectos pendientes de reforma. Seguramente los últimos que se abordarán porque aunque son los que permiten obtener mejores resultados, son también los que necesitan más tiempo para que se noten.
Finalmente, es necesario hacer una planificación razonable de las infraestructuras, cuya falta o mal funcionamiento se convierten en cuellos de botella insalvables para el progreso. ¿Se acordará alguien de la utilidad de unas tablas input-output bien elaboradas?
El gobierno se podrá quejar de muchas cosas, de las que desde fuera nos hacen la vida económica muy difícil y también de lo mal que lo hacemos los ciudadanos; hasta se puede quejar de lo mala que es la oposición, que no es capaz de mostrarle vías de actuación razonables, pero de lo único de lo que no se puede quejar, es de la falta de tareas que, sin requerir apenas dinero, puede hacer el gobierno para que dejemos lo antes posible, y en las mejores condiciones, la penosa situación económica que padecemos.
miércoles, 14 de enero de 2009
El problema financiero en España
Estoy convencido de que la escasez de financiación será, de lejos, el factor que más influya para que la actual situación económica se dilate durante varios años.
España es un país que, aunque parezca mentira, todavía gasta más de lo que produce, lo que le lleva a aumentar permanentemente su deuda con el exterior.
Sin embargo, la percepción del sistema financiero internacional es que España, como país económico, ya no es un pagador tan seguro como lo era, percepción que se basa en los siguientes criterios:
- El Estado ha pasado, de forma muy brusca, de un superávit en 2007 del orden del 3% a un déficit en 2008 también del orden del 3% y para 2009 el ministro Solbes sólo se atreve a anticipar un aumento relevante.
- El sistema financiero español, se las ve y se las desea para poder hacer frente al vencimiento de los créditos que ha recibido, inicialmente por su elevada exposición a inversiones inmobiliarias de dudosa, cuando no de imposible, realización a precios que permitan cubrir los costes, causa a la que ahora se añade el crecimiento en cascada de los impagos en las Pymes, que arrastran unas a otras.
- Las empresas están reduciendo su actividad obligadas, además de por la caída de la demanda, por la escasez de crédito de ellas mismas o de sus clientes, lo que está obligando a cerrar a muchas de ellas.
- Los autónomos tienen los mismos problemas de las Pymes pero aún más acusados.
- Las familias, tradicionalmente muy poco morosas con los créditos, especialmente con las hipotecas, sufren el aumento del paro, que les deja sin recursos para hacer frente a sus gastos fijos.
Antesdeayer, Standar&Poors anunció la posible revisión, a la baja, del rating del Reino de España. Si en las próximas semanas España pierde la máxima calificación, poco tardarán las otras agencias de calificación en iniciar el mismo camino y los mercados financieros ya han empezado a descontar esa posibilidad aumentando el diferencial de los bonos españoles respecto a los alemanes.
Los que no quieren ver la realidad, se basan en el hecho de que el Euribor está bajando, con lo que aunque el diferencial del bono español aumente, los tipos de interés seguirán siendo moderados tanto en términos absolutos como comparados con la inflación.
Pero el problema de la financiación de las actividades económicas en España no es, ni será en los próximos años, el tipo de interés del euro ni de los bonos españoles, sino la escasez de crédito que impedirá la financiación de muchos proyectos, tanto de inversión como de actividad empresarial o profesional.
Además, el creciente déficit público limitará aún más la cantidad de crédito disponible para financiar las actividades privadas, con lo que se volverá a poner de moda la frase “conceder un crédito” en el sentido de concesión graciosa que tenía durante el franquismo, cuando las influencias políticas eran la llave del acceso a la financiación.
Sin financiación suficiente para la actividad empresarial privada, la recuperación será mucho más lenta, con lo que también será más lenta la reducción de la enorme cantidad de dinero que bancos y cajas tienen inmovilizado en propiedades inmobiliarias, adquiridas a cambio de las hipotecas que en otro caso serían fallidas, pero que son de difícil venta a los precios nominales de mercado, que las entidades financieras defienden con uñas y dientes para no tener que declarar importantes pérdidas, aunque sea a costa de paralizar el mercado inmobiliario.
España es un país que, aunque parezca mentira, todavía gasta más de lo que produce, lo que le lleva a aumentar permanentemente su deuda con el exterior.
Sin embargo, la percepción del sistema financiero internacional es que España, como país económico, ya no es un pagador tan seguro como lo era, percepción que se basa en los siguientes criterios:
- El Estado ha pasado, de forma muy brusca, de un superávit en 2007 del orden del 3% a un déficit en 2008 también del orden del 3% y para 2009 el ministro Solbes sólo se atreve a anticipar un aumento relevante.
- El sistema financiero español, se las ve y se las desea para poder hacer frente al vencimiento de los créditos que ha recibido, inicialmente por su elevada exposición a inversiones inmobiliarias de dudosa, cuando no de imposible, realización a precios que permitan cubrir los costes, causa a la que ahora se añade el crecimiento en cascada de los impagos en las Pymes, que arrastran unas a otras.
- Las empresas están reduciendo su actividad obligadas, además de por la caída de la demanda, por la escasez de crédito de ellas mismas o de sus clientes, lo que está obligando a cerrar a muchas de ellas.
- Los autónomos tienen los mismos problemas de las Pymes pero aún más acusados.
- Las familias, tradicionalmente muy poco morosas con los créditos, especialmente con las hipotecas, sufren el aumento del paro, que les deja sin recursos para hacer frente a sus gastos fijos.
Antesdeayer, Standar&Poors anunció la posible revisión, a la baja, del rating del Reino de España. Si en las próximas semanas España pierde la máxima calificación, poco tardarán las otras agencias de calificación en iniciar el mismo camino y los mercados financieros ya han empezado a descontar esa posibilidad aumentando el diferencial de los bonos españoles respecto a los alemanes.
Los que no quieren ver la realidad, se basan en el hecho de que el Euribor está bajando, con lo que aunque el diferencial del bono español aumente, los tipos de interés seguirán siendo moderados tanto en términos absolutos como comparados con la inflación.
Pero el problema de la financiación de las actividades económicas en España no es, ni será en los próximos años, el tipo de interés del euro ni de los bonos españoles, sino la escasez de crédito que impedirá la financiación de muchos proyectos, tanto de inversión como de actividad empresarial o profesional.
Además, el creciente déficit público limitará aún más la cantidad de crédito disponible para financiar las actividades privadas, con lo que se volverá a poner de moda la frase “conceder un crédito” en el sentido de concesión graciosa que tenía durante el franquismo, cuando las influencias políticas eran la llave del acceso a la financiación.
Sin financiación suficiente para la actividad empresarial privada, la recuperación será mucho más lenta, con lo que también será más lenta la reducción de la enorme cantidad de dinero que bancos y cajas tienen inmovilizado en propiedades inmobiliarias, adquiridas a cambio de las hipotecas que en otro caso serían fallidas, pero que son de difícil venta a los precios nominales de mercado, que las entidades financieras defienden con uñas y dientes para no tener que declarar importantes pérdidas, aunque sea a costa de paralizar el mercado inmobiliario.
miércoles, 7 de enero de 2009
Más sobre gas ruso y Ucrania
La ola de frío arrecia en Europa y, una vez más, Rusia aprovecha la ocasión para apretar las tuercas a la Unión Europea, reduciendo, o cortando, el suministro de gas.
Es muy probable que Gazprom no tenga capacidad de suministrar la demanda de Rusia y la de todos sus clientes del resto de Europa, en la situación de demanda punta derivada de la ola de frío actual.
Ante esta eventual situación de falta de capacidad, nada mejor que poder declarar una “fuerza mayor” amparada en la más que previsible negativa de Ucrania a aceptar sus condiciones: aumento de precio por encima de los de mercado para el gas que vende Rusia a Ucrania y mantenimiento de los precios de transporte que paga Rusia a Ucrania, en este caso también por debajo de lo que serían unos precios de mercado razonables.
La empresa rusa Gazprom dispone de los días que dura la ola de frío para llegar a nuevos acuerdos con Ucrania, al coste, no muy elevado para ella, de perder los ingresos por las ventas de gas de unos pocos días (que seguramente será inferior a las indemnizaciones que tendría que pagar por incumplir las entregas previstas en sus contratos, si no hubiera fuerza mayor)
También, previsiblemente, llegará a acuerdos con muchos otros países que no son de la UE, precisamente aquellos que todavía están pagando precios muy bajos por el gas que reciben de Rusia, para llevar, más pronto que tarde, los precios actuales a los precios de mercado que la empresa rusa desea.
De paso, presionará a los países de la UE para que fuercen a Ucrania a llegar a un acuerdo con Gazprom, antes de que la reducción de la llegada de gas ruso les obligue también a restringir el consumo y les dará una muestra práctica del alcance real de la vulnerabilidad que la UE tiene con el suministro de gas.
Mientras, las empresas gasistas europeas miran para otro lado, hacen como que no les afecta y, con el lobby que pueden, aconsejan a sus gobiernos, mientras esperan que todo ello repercuta en un aumento del precio del gas para los consumidores y, por tanto, de sus beneficios.
Los gobiernos europeos, en cuanto pase la ola de frío y desaparezca la posibilidad de cortes de calefacción para sus ciudadanos, harán, una vez más, como si no pasara nada, y la Comisión de la UE, vista la negativa del Consejo, seguirá caminando a paso de tortuga en la creación, de verdad, del Mercado Único Europeo del Gas Natural.
A modo de recordatorio, repito parte de lo publicado por la Comisión en su libro verde sobre la Estrategia Europea para una energía Sostenible, competitiva y segura, publicado en mayo de 2006:
“Establecimiento de una Política Energética Exterior común que permita hacer frente a los retos de los precios cambiantes, del aumento de la dependencia de las importaciones, del fuerte incremento de la demanda global de energía y del calentamiento de la biosfera. La política común tiene que estar claramente definida y defendida de forma unitaria a nivel nacional y comunitario. Para ello la Comisión propone:
- Identificar las prioridades europeas para la construcción de la nueva infraestructura necesaria para la seguridad del suministro energético a la UE.
- Desarrollo de un Tratado Paneuropeo de la Comunidad Energética.
- Nuevo sistema de cooperación energética con Rusia.
- Nuevo mecanismo comunitario de reacción rápida y coordinada ante eventuales situaciones que tengan un impacto relevante sobre los suministros a la UE.
- Profundización de las relaciones en el sector energético con los grandes productores y consumidores.
- Acuerdo internacional sobre eficiencia energética”
Parece claro que para los redactores del libro verde, lo que está ocurriendo ahora con el gas no constituirá ninguna sorpresa.
La pregunta a los gobiernos de la UE es:
¿Qué se ha hecho, durante estos dos años y medio, para evitar, o al menos paliar, estas situaciones?
Y la respuesta es muy clara:
Nada, porque hay que preservar los intereses, muy superiores, de las empresas gasistas incumbentes en los países que bloquean el avance: (Gaz de France en Francia, Eon en Alemania, ENI en Italia, y Gas Natural en España)
Es muy probable que Gazprom no tenga capacidad de suministrar la demanda de Rusia y la de todos sus clientes del resto de Europa, en la situación de demanda punta derivada de la ola de frío actual.
Ante esta eventual situación de falta de capacidad, nada mejor que poder declarar una “fuerza mayor” amparada en la más que previsible negativa de Ucrania a aceptar sus condiciones: aumento de precio por encima de los de mercado para el gas que vende Rusia a Ucrania y mantenimiento de los precios de transporte que paga Rusia a Ucrania, en este caso también por debajo de lo que serían unos precios de mercado razonables.
La empresa rusa Gazprom dispone de los días que dura la ola de frío para llegar a nuevos acuerdos con Ucrania, al coste, no muy elevado para ella, de perder los ingresos por las ventas de gas de unos pocos días (que seguramente será inferior a las indemnizaciones que tendría que pagar por incumplir las entregas previstas en sus contratos, si no hubiera fuerza mayor)
También, previsiblemente, llegará a acuerdos con muchos otros países que no son de la UE, precisamente aquellos que todavía están pagando precios muy bajos por el gas que reciben de Rusia, para llevar, más pronto que tarde, los precios actuales a los precios de mercado que la empresa rusa desea.
De paso, presionará a los países de la UE para que fuercen a Ucrania a llegar a un acuerdo con Gazprom, antes de que la reducción de la llegada de gas ruso les obligue también a restringir el consumo y les dará una muestra práctica del alcance real de la vulnerabilidad que la UE tiene con el suministro de gas.
Mientras, las empresas gasistas europeas miran para otro lado, hacen como que no les afecta y, con el lobby que pueden, aconsejan a sus gobiernos, mientras esperan que todo ello repercuta en un aumento del precio del gas para los consumidores y, por tanto, de sus beneficios.
Los gobiernos europeos, en cuanto pase la ola de frío y desaparezca la posibilidad de cortes de calefacción para sus ciudadanos, harán, una vez más, como si no pasara nada, y la Comisión de la UE, vista la negativa del Consejo, seguirá caminando a paso de tortuga en la creación, de verdad, del Mercado Único Europeo del Gas Natural.
A modo de recordatorio, repito parte de lo publicado por la Comisión en su libro verde sobre la Estrategia Europea para una energía Sostenible, competitiva y segura, publicado en mayo de 2006:
“Establecimiento de una Política Energética Exterior común que permita hacer frente a los retos de los precios cambiantes, del aumento de la dependencia de las importaciones, del fuerte incremento de la demanda global de energía y del calentamiento de la biosfera. La política común tiene que estar claramente definida y defendida de forma unitaria a nivel nacional y comunitario. Para ello la Comisión propone:
- Identificar las prioridades europeas para la construcción de la nueva infraestructura necesaria para la seguridad del suministro energético a la UE.
- Desarrollo de un Tratado Paneuropeo de la Comunidad Energética.
- Nuevo sistema de cooperación energética con Rusia.
- Nuevo mecanismo comunitario de reacción rápida y coordinada ante eventuales situaciones que tengan un impacto relevante sobre los suministros a la UE.
- Profundización de las relaciones en el sector energético con los grandes productores y consumidores.
- Acuerdo internacional sobre eficiencia energética”
Parece claro que para los redactores del libro verde, lo que está ocurriendo ahora con el gas no constituirá ninguna sorpresa.
La pregunta a los gobiernos de la UE es:
¿Qué se ha hecho, durante estos dos años y medio, para evitar, o al menos paliar, estas situaciones?
Y la respuesta es muy clara:
Nada, porque hay que preservar los intereses, muy superiores, de las empresas gasistas incumbentes en los países que bloquean el avance: (Gaz de France en Francia, Eon en Alemania, ENI en Italia, y Gas Natural en España)
domingo, 4 de enero de 2009
Gas ruso y Ucrania
Una vez más, el invierno pone sobre la mesa el problema del suministro de gas ruso a Europa que es un problema que tiene más aspectos de los que se hacen públicos.
Algunos de ellos son estructurales, y proceden de antes de la caída del muro, cuando se diseñaron y construyeron la mayor parte de los gasoductos de transporte de gas ruso al resto de Europa. Entre ellos cabe destacar los siguientes:
- Sistema de transporte con grandes deficiencias técnicas que llevan a unas pérdidas y consumos en el transporte desproporcionados.
- Utilización del gas en toda la antigua URSS sin el más mínimo criterio de eficiencia.
- Ausencia de mecanismos de pago razonables por el transporte en las distintas repúblicas de la antigua URSS.
- Falta de capacidad, durante la parte más cruda del invierno, del sistema gasista existente en la antigua URSS, para atender simultáneamente las necesidades del consumo interno y hacer frente a las exportaciones contratadas con los demás países europeos.
Las reducciones de capacidad se transformaban en una reducción de las exportaciones que llegaban a ser del 25% (nunca se ha sabido que acuerdos existían, o puedan existir ahora, aunque todo apunta a una reducción en el precio del suministro durante todo el año) que los países receptores compensaban con el uso de sus almacenamientos subterráneos, de otros suministros por gasoducto, de su producción interior y/o del GNL.
En la nueva situación político-económica se han hecho algunos avances, sobre todo en la reducción de las pérdidas de gas y es verosímil que se haya avanzado algo también en la retribución más acorde con los precios de mercado tanto en el gas suministrado a las repúblicas transitadas como en el servicio de transporte que estas prestan.
La UE intentó acordar un marco para todo el negocio energético, pero Rusia no firmó la Carta aprobada, aunque ahora recomienda a la UE que se la haga cumplir a Ucrania que sí la firmó.
Es indudable que Rusia quiere obtener no sólo rendimientos económicos por el gas que exporta a la UE, ya que es consciente de la creciente dependencia de la UE y, a la vez, de ser el país con más reservas de gas conocidas del mundo.
Pero también hay un elemento en su contra: la distancia de algunos de sus mayores yacimientos a la UE supera los 4000 km y requiere el paso por bastantes repúblicas independientes, cada una de las cuales espera hacer un buen negocio con el tránsito, incluyendo la garantía de un suministro de gas para sus propias necesidades a precio reducido. El resultado es que si no se llegan a acuerdos multilaterales razonables, pudiera ocurrir que el gas de Siberia transportado por gasoductos terrestres no fuera competitivo en la UE.
Existen dos posibles alternativas al transporte por gasoducto terrestre: la licuación y el transporte por gasoductos submarinos, que no requieren acuerdos de tránsito con terceros países. Estas alternativas, aunque no es fácil que aporten la enorme capacidad de transporte necesaria, deberían servir para acotar las peticiones económicas de los países potencialmente transitados, pero es absolutamente necesario un acuerdo multilateral que acerque política y económicamente a Rusia y la UE, y el gas natural puede ser una baza fundamental ya que su desarrollo armónico interesa a todas las partes.
Pero la UE también tiene que hacer sus deberes. No es de recibo que todavía no exista, en la mayoría de sus miembros, un mercado de gas mínimamente transparente (sólo lo tienen el Reino Unido Holanda y Bélgica) a causa de la defensa impresentable que Francia y Alemania hacen de los intereses monopolísticos de sus empresas gasistas y eléctricas.
Mientras tanto, Rusia y Ucrania presentan unos posturas poco razonables, Rusia amenazando con un precio para el gas a ser consumido en Ucrania que es un 50% más caro que el precio actual en Estados Unidos y exigiendo la continuidad de un precio por el transporte que sería razonable para una distancia de transporte de unos 100 km. Ucrania, por su parte, parece querer mantener unas retenciones de gas, necesario para comprimirlo durante el transporte, del orden del 7,5%, cantidad a todas luces desorbitada.
El posible acuerdo debería ir en el sentido de que Ucrania, y los demás países transitados, pagaran por el gas para su consumo un precio que dejara a Gazprom un margen equivalente al que obtiene con sus ventas a los países de la UE y que los países transitados cobraran un coste de transporte razonable, que retribuyera las inversiones y los costes con un beneficio razonable para un operador eficiente, al que se añadiera la cantidad de gas estrictamente necesaria para realizar el transporte.
Si no se avanza en estos aspectos, cada invierno volveremos a asistir a situaciones parecidas, y aunque España no se vea directamente afectada por los eventuales cortes de suministro, ya que no recibe ni un solo metro cúbico de gas de Rusia, indirectamente también le repercuten aspectos tan relevantes como la creación del Mercado Único Europeo del gas o los acuerdos multilaterales entre la UE, Rusia y las repúblicas independientes que están situadas entre ambas.
Algunos de ellos son estructurales, y proceden de antes de la caída del muro, cuando se diseñaron y construyeron la mayor parte de los gasoductos de transporte de gas ruso al resto de Europa. Entre ellos cabe destacar los siguientes:
- Sistema de transporte con grandes deficiencias técnicas que llevan a unas pérdidas y consumos en el transporte desproporcionados.
- Utilización del gas en toda la antigua URSS sin el más mínimo criterio de eficiencia.
- Ausencia de mecanismos de pago razonables por el transporte en las distintas repúblicas de la antigua URSS.
- Falta de capacidad, durante la parte más cruda del invierno, del sistema gasista existente en la antigua URSS, para atender simultáneamente las necesidades del consumo interno y hacer frente a las exportaciones contratadas con los demás países europeos.
Las reducciones de capacidad se transformaban en una reducción de las exportaciones que llegaban a ser del 25% (nunca se ha sabido que acuerdos existían, o puedan existir ahora, aunque todo apunta a una reducción en el precio del suministro durante todo el año) que los países receptores compensaban con el uso de sus almacenamientos subterráneos, de otros suministros por gasoducto, de su producción interior y/o del GNL.
En la nueva situación político-económica se han hecho algunos avances, sobre todo en la reducción de las pérdidas de gas y es verosímil que se haya avanzado algo también en la retribución más acorde con los precios de mercado tanto en el gas suministrado a las repúblicas transitadas como en el servicio de transporte que estas prestan.
La UE intentó acordar un marco para todo el negocio energético, pero Rusia no firmó la Carta aprobada, aunque ahora recomienda a la UE que se la haga cumplir a Ucrania que sí la firmó.
Es indudable que Rusia quiere obtener no sólo rendimientos económicos por el gas que exporta a la UE, ya que es consciente de la creciente dependencia de la UE y, a la vez, de ser el país con más reservas de gas conocidas del mundo.
Pero también hay un elemento en su contra: la distancia de algunos de sus mayores yacimientos a la UE supera los 4000 km y requiere el paso por bastantes repúblicas independientes, cada una de las cuales espera hacer un buen negocio con el tránsito, incluyendo la garantía de un suministro de gas para sus propias necesidades a precio reducido. El resultado es que si no se llegan a acuerdos multilaterales razonables, pudiera ocurrir que el gas de Siberia transportado por gasoductos terrestres no fuera competitivo en la UE.
Existen dos posibles alternativas al transporte por gasoducto terrestre: la licuación y el transporte por gasoductos submarinos, que no requieren acuerdos de tránsito con terceros países. Estas alternativas, aunque no es fácil que aporten la enorme capacidad de transporte necesaria, deberían servir para acotar las peticiones económicas de los países potencialmente transitados, pero es absolutamente necesario un acuerdo multilateral que acerque política y económicamente a Rusia y la UE, y el gas natural puede ser una baza fundamental ya que su desarrollo armónico interesa a todas las partes.
Pero la UE también tiene que hacer sus deberes. No es de recibo que todavía no exista, en la mayoría de sus miembros, un mercado de gas mínimamente transparente (sólo lo tienen el Reino Unido Holanda y Bélgica) a causa de la defensa impresentable que Francia y Alemania hacen de los intereses monopolísticos de sus empresas gasistas y eléctricas.
Mientras tanto, Rusia y Ucrania presentan unos posturas poco razonables, Rusia amenazando con un precio para el gas a ser consumido en Ucrania que es un 50% más caro que el precio actual en Estados Unidos y exigiendo la continuidad de un precio por el transporte que sería razonable para una distancia de transporte de unos 100 km. Ucrania, por su parte, parece querer mantener unas retenciones de gas, necesario para comprimirlo durante el transporte, del orden del 7,5%, cantidad a todas luces desorbitada.
El posible acuerdo debería ir en el sentido de que Ucrania, y los demás países transitados, pagaran por el gas para su consumo un precio que dejara a Gazprom un margen equivalente al que obtiene con sus ventas a los países de la UE y que los países transitados cobraran un coste de transporte razonable, que retribuyera las inversiones y los costes con un beneficio razonable para un operador eficiente, al que se añadiera la cantidad de gas estrictamente necesaria para realizar el transporte.
Si no se avanza en estos aspectos, cada invierno volveremos a asistir a situaciones parecidas, y aunque España no se vea directamente afectada por los eventuales cortes de suministro, ya que no recibe ni un solo metro cúbico de gas de Rusia, indirectamente también le repercuten aspectos tan relevantes como la creación del Mercado Único Europeo del gas o los acuerdos multilaterales entre la UE, Rusia y las repúblicas independientes que están situadas entre ambas.
viernes, 2 de enero de 2009
Tramos autonómicos de IRPF e IVA
Una de las novedades más importantes que, en mi opinión, incorpora la propuesta presentada por el Ministro Solbes para modificar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen general es la ampliación de la capacidad normativa para los tramos autonómicos de IRPF, que ya existen, e IVA, que sería de nueva implantación.
La propuesta no llega a concretar el alcance de estas modificaciones, pero todo apunta a que se quiere desarrollar un camino bastante lógico para que no sea inviable el sistema de financiación que todas las autonomías desean que sea “a la carta”. Este camino no es otro que dejar que cada comunidad autónoma pueda decidir una parte del tipo impositivo que se aplique a los dos impuestos que más aportan a las arcas públicas y, de esta forma, completar sus ingresos para financiar las políticas no comunes que deseen llevar a cabo.
En el caso del IRPF, el incremento de complejidad que aporte la mayor discrecionalidad de las CCAA apenas se notará en el trabajo, ya excesivamente arduo, que cada contribuyente tiene que aportar a la Hacienda Pública para hacer la declaración anual.
Pero en el caso del IVA, la complejidad se podría disparar, con una previsible situación de 18 tipos distintos por cada tipo básico (Canarias tiene un sistema diferente y no hay ningún motivo para pensar que el sistema no sea también adoptado por el país Vasco y Navarra).
Probablemente para evitar la más que previsible red de fraude que se extendería ante esta situación, el Gobierno desea que la diferenciación de tipos sólo se aplique a las ventas al por menor para los ciudadanos, dejando el tipo general para todas las transacciones en que el comprador sea una sociedad, o un autónomo, profesional o empresario (con destino a sus actividades económicas)
Seguramente, este es el motivo por el que el Gobierno ha consultado con Bruselas la compatibilidad de este sistema con la normativa europea.
El único aspecto que, en lo que se refiere a este aspecto, no comparto de la propuesta presentada por el Gobierno, es la mención expresa a desincentivar la competencia fiscal a la baja entre CCAA. Este criterio es equivalente a intentar aumentar la competencia en cualquier mercado en el que no esté suficientemente desarrollada poniendo como condición que los competidores no pudieran bajar los precios.
La gran ventaja de la competencia es que induce a los operadores a mejorar su eficiencia y, en su caso, a renunciar a los beneficios extraordinarios, con el resultado de un precio más bajo para los consumidores.
Esta ventaja también debería llevarse a las administraciones públicas, de forma que una gestión más eficiente llevara a una reducción de los costes unitarios de los servicios públicos y a la eliminación de los gastos innecesarios, con la consecuencia lógica de uno menores impuestos para un nivel de servicios públicos dado.
Y, desde luego, la mejor manera en que las distintas administraciones pueden ayudar a mejorar la situación económica es mejorando la eficacia del uso del dinero público. Sin competencia fiscal, por supuesto a la baja, seguiremos asistiendo al incremento del esfuerzo fiscal, tanto si se mide en los datos del periodo como, especialmente, si se añaden los impuestos diferidos por la vía del déficit público.
La propuesta no llega a concretar el alcance de estas modificaciones, pero todo apunta a que se quiere desarrollar un camino bastante lógico para que no sea inviable el sistema de financiación que todas las autonomías desean que sea “a la carta”. Este camino no es otro que dejar que cada comunidad autónoma pueda decidir una parte del tipo impositivo que se aplique a los dos impuestos que más aportan a las arcas públicas y, de esta forma, completar sus ingresos para financiar las políticas no comunes que deseen llevar a cabo.
En el caso del IRPF, el incremento de complejidad que aporte la mayor discrecionalidad de las CCAA apenas se notará en el trabajo, ya excesivamente arduo, que cada contribuyente tiene que aportar a la Hacienda Pública para hacer la declaración anual.
Pero en el caso del IVA, la complejidad se podría disparar, con una previsible situación de 18 tipos distintos por cada tipo básico (Canarias tiene un sistema diferente y no hay ningún motivo para pensar que el sistema no sea también adoptado por el país Vasco y Navarra).
Probablemente para evitar la más que previsible red de fraude que se extendería ante esta situación, el Gobierno desea que la diferenciación de tipos sólo se aplique a las ventas al por menor para los ciudadanos, dejando el tipo general para todas las transacciones en que el comprador sea una sociedad, o un autónomo, profesional o empresario (con destino a sus actividades económicas)
Seguramente, este es el motivo por el que el Gobierno ha consultado con Bruselas la compatibilidad de este sistema con la normativa europea.
El único aspecto que, en lo que se refiere a este aspecto, no comparto de la propuesta presentada por el Gobierno, es la mención expresa a desincentivar la competencia fiscal a la baja entre CCAA. Este criterio es equivalente a intentar aumentar la competencia en cualquier mercado en el que no esté suficientemente desarrollada poniendo como condición que los competidores no pudieran bajar los precios.
La gran ventaja de la competencia es que induce a los operadores a mejorar su eficiencia y, en su caso, a renunciar a los beneficios extraordinarios, con el resultado de un precio más bajo para los consumidores.
Esta ventaja también debería llevarse a las administraciones públicas, de forma que una gestión más eficiente llevara a una reducción de los costes unitarios de los servicios públicos y a la eliminación de los gastos innecesarios, con la consecuencia lógica de uno menores impuestos para un nivel de servicios públicos dado.
Y, desde luego, la mejor manera en que las distintas administraciones pueden ayudar a mejorar la situación económica es mejorando la eficacia del uso del dinero público. Sin competencia fiscal, por supuesto a la baja, seguiremos asistiendo al incremento del esfuerzo fiscal, tanto si se mide en los datos del periodo como, especialmente, si se añaden los impuestos diferidos por la vía del déficit público.
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