La inversión pública que se realiza en cada CA es la suma de las que realizan el Gobierno (en ella) la propia Comunidad y los ayuntamientos.
En los presupuestos del Estado sólo se detallan las que realiza directamente el Gobierno, que deben referirse a proyectos de alcance pluriautonómico, aunque buena parte de las que realizan las comunidades y ayuntamientos se financian con el dinero procedente de las transferencias que reciben del Gobierno.
Como es obvio, las necesidades son superiores a las posibilidades objetivas, que están limitadas por la disponibilidad de fondos. Si el reparto fuera equilibrado, a largo plazo los ciudadanos de todas las comunidades recibiríamos servicios de calidad equivalente, en su conjunto y en cada uno de los apartados más importantes.
La realidad es que hay diferencias relevantes entre la calidad de los servicios que se reciben en las distintas CCAA, por lo que deberían existir planes sectoriales para definir las inversiones necesarias para reducir al máximo esas diferencias. Este mecanismo es válido para las inversiones del Gobierno, pero en el caso de las inversiones que son competencia regional o local, lo único que se puede pedir es que la financiación que reciban sea también equilibrada.
El reparto de los impuestos que pagamos entre todos, con un sistema fiscal con pocas diferencias entre unas comunidades y otras, debería hacerse de forma que se avance hacia el equilibrio, porque los impuestos los pagamos las personas, físicas o jurídicas, no las comunidades autónomas ni los ayuntamientos, y los servicios los recibimos también las personas, sin que se deban admitir diferencias relevantes derivadas del lugar de residencia.
Pero será difícil evitar que si una CA, como es el caso de Extremadura, decide invertir más en ordenadores para las escuelas, a costa, por ejemplo, de gastar menos en la televisión autonómica, haya políticos que digan que es inaceptable que una CA con menos renta proporcione mejor educación.
sábado, 17 de noviembre de 2007
Varapalo al monopolio de Microsoft
El Tribunal de primera instancia de la UE hizo publica ayer la sentencia por la que confirma la multa de 450 millones de euros impuesta en 2004 por la Comisión a Microsoft por abuso de posición dominante en su opacidad para evitar que otros fabricantes de software pudieran realizar programas compatibles con su sistema operativo Windows y por obligar a los consumidores a comprar con el sistema operativo el lector multimedia Mediaplayer.
Se calcula que el 95% de los ordenadores tienen un sistema operativo de Microsoft y lo cierto es que, hasta hace muy poco, era prácticamente imposible comprar en España un ordenador sin estar obligado a comprar a la vez un sistema operativo de Microsoft.
Hoy, afortunadamente, ya es posible comprar por Internet ordenadores sin sistema operativo, e instalar uno que se haya comprado por otra vía o uno gratuito basado en Linux.
Con Linux se puede tener, de forma totalmente gratuita, un ordenador con todos los programas de uso común (acceso a Internet, tratamiento de textos, hoja de cálculo, preparación de presentaciones, bases de datos, etc) aunque es evidente que otros muchos tipos de programa sólo existen para Windows.
Algunas administraciones están adoptando Linux para no encarecer la disponibilidad de programas que son obligatorios para la relación de los ciudadanos con sus administraciones. En Finlandia, ejemplo de políticas sociales, esto ya es así, y en España, Extremadura también ha adoptado Linux para algunos aspectos, entre ellos la educación.
Es necesario que se abra la posibilidad de que todas las comunicaciones con todas las administraciones puedan elaborarse, y en su caso enviarse, con programas de software libre. La cuota de mercado de Microsoft se reduciría notablemente, como pretende la Comisión de la UE, y, con certeza, mejoraría la calidad de los programas de pago y bajaría su precio.
¿Pondrá algún partido político estos aspectos en su programa electoral? Ojalá lo hagan muchos.
Se calcula que el 95% de los ordenadores tienen un sistema operativo de Microsoft y lo cierto es que, hasta hace muy poco, era prácticamente imposible comprar en España un ordenador sin estar obligado a comprar a la vez un sistema operativo de Microsoft.
Hoy, afortunadamente, ya es posible comprar por Internet ordenadores sin sistema operativo, e instalar uno que se haya comprado por otra vía o uno gratuito basado en Linux.
Con Linux se puede tener, de forma totalmente gratuita, un ordenador con todos los programas de uso común (acceso a Internet, tratamiento de textos, hoja de cálculo, preparación de presentaciones, bases de datos, etc) aunque es evidente que otros muchos tipos de programa sólo existen para Windows.
Algunas administraciones están adoptando Linux para no encarecer la disponibilidad de programas que son obligatorios para la relación de los ciudadanos con sus administraciones. En Finlandia, ejemplo de políticas sociales, esto ya es así, y en España, Extremadura también ha adoptado Linux para algunos aspectos, entre ellos la educación.
Es necesario que se abra la posibilidad de que todas las comunicaciones con todas las administraciones puedan elaborarse, y en su caso enviarse, con programas de software libre. La cuota de mercado de Microsoft se reduciría notablemente, como pretende la Comisión de la UE, y, con certeza, mejoraría la calidad de los programas de pago y bajaría su precio.
¿Pondrá algún partido político estos aspectos en su programa electoral? Ojalá lo hagan muchos.
Corrupción en el Ayuntamiento de Madrid
El 15 de noviembre saltó la noticia de una operación de la Guardia Civil que ha desmantelado una organización dedicada a cobrar a los ciudadanos que pretendían obtener determinados tipos de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.
No parece que se dieran licencias sin un cumplimiento razonable de los requisitos legalmente exigidos, simplemente quien no estuviera dispuesto a pagar la coima, vería como su expediente se eternizaba en los recovecos burocráticos.
Parece también que la organización no dedicaba ningún porcentaje de sus ingresos a la financiación irregular de los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento. De ser esto cierto, es casi seguro que se dará una solución ejemplar al caso.
Es evidente que si esta corrupción se lleva haciendo más de una década en un ayuntamiento tan “poco” relevante como el de Madrid, es porque estas prácticas son frecuentes en todas las administraciones, siempre que una decisión administrativa, que con más o menos subjetividad depende de la opinión y firma de uno o unos pocos funcionarios, tiene una repercusión económica relevante para el ciudadano que la solicita.
Es obvio que la responsabilidad es, sobre todo, de los que han participado de una u otra forma en la trama. Pero no es menos obvio que los responsables políticos del Ayuntamiento ha vigilado muy escasamente el correcto funcionamiento de sus departamentos.
¿Cuántas quejas, orales o por escrito, han realizado los ciudadanos por esta práctica antes de que se haya iniciado una investigación seria como la realizada por la Benemérita?
¿Es posible que sea vox populi la enorme dificultad de obtener determinadas licencias en un plazo razonable y que los únicos que no lo sepan sean los responsables políticos?
¿Será que tienen poca autoridad moral para exigir a los funcionarios diligencia, objetividad, neutralidad y respeto a los derechos de los ciudadanos, aquellos responsables políticos que dan, por ejemplo, la instrucción de no responder a los recursos presentados sobre sanciones de tráfico, para obligar al ciudadano a recurrir a instancias superiores que, aún en el caso de ganar el recurso, supondrán para ellos un coste superior al de pagar la multa sin recurrir?
¿Dispone el Alcalde de Madrid de un proceso establecido que le garantice que cualquier queja presentada por un ciudadano de a pie le llegue directamente o, como mucho, tras pasar un filtro en el que sólo intervengan personas independientes de la dependencia afectada por la denuncia y cuyo objetivo prioritario sea el buen servicio a los ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos?
No son pocos los que justifican la corrupción, siempre que el destino de una parte del dinero obtenido sean las arcas del ayuntamiento o de uno o varios partidos políticos, e incluso han acuñado la especie de que para que la economía funcione bien es necesario “engrasarla”
Mi opinión es radicalmente diferente. Para mí la corrupción, a cualquier escala y sea cual fuere el destino de los fondos así recaudados, es uno de los peores cánceres que puede tener una sociedad. Además, beneficia a unos pocos a costa de perjudicar gravemente a la inmensa mayoría y con mayor intensidad a los más necesitados.
En ausencia de corrupción y con una gestión adecuada de los dineros públicos estoy convencido de que se podrían prestar los mismos servicios con un coste al menos un 30% inferior.
Es fácil imaginar lo que cambiaría este país si de repente se bajaran, de forma permanente, un 30% los impuestos efectivos o se aumentarán más de un 40% los servicios públicos prestados sin aumentar la recaudación, o cualquier situación intermedia.
No parece que se dieran licencias sin un cumplimiento razonable de los requisitos legalmente exigidos, simplemente quien no estuviera dispuesto a pagar la coima, vería como su expediente se eternizaba en los recovecos burocráticos.
Parece también que la organización no dedicaba ningún porcentaje de sus ingresos a la financiación irregular de los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento. De ser esto cierto, es casi seguro que se dará una solución ejemplar al caso.
Es evidente que si esta corrupción se lleva haciendo más de una década en un ayuntamiento tan “poco” relevante como el de Madrid, es porque estas prácticas son frecuentes en todas las administraciones, siempre que una decisión administrativa, que con más o menos subjetividad depende de la opinión y firma de uno o unos pocos funcionarios, tiene una repercusión económica relevante para el ciudadano que la solicita.
Es obvio que la responsabilidad es, sobre todo, de los que han participado de una u otra forma en la trama. Pero no es menos obvio que los responsables políticos del Ayuntamiento ha vigilado muy escasamente el correcto funcionamiento de sus departamentos.
¿Cuántas quejas, orales o por escrito, han realizado los ciudadanos por esta práctica antes de que se haya iniciado una investigación seria como la realizada por la Benemérita?
¿Es posible que sea vox populi la enorme dificultad de obtener determinadas licencias en un plazo razonable y que los únicos que no lo sepan sean los responsables políticos?
¿Será que tienen poca autoridad moral para exigir a los funcionarios diligencia, objetividad, neutralidad y respeto a los derechos de los ciudadanos, aquellos responsables políticos que dan, por ejemplo, la instrucción de no responder a los recursos presentados sobre sanciones de tráfico, para obligar al ciudadano a recurrir a instancias superiores que, aún en el caso de ganar el recurso, supondrán para ellos un coste superior al de pagar la multa sin recurrir?
¿Dispone el Alcalde de Madrid de un proceso establecido que le garantice que cualquier queja presentada por un ciudadano de a pie le llegue directamente o, como mucho, tras pasar un filtro en el que sólo intervengan personas independientes de la dependencia afectada por la denuncia y cuyo objetivo prioritario sea el buen servicio a los ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos?
No son pocos los que justifican la corrupción, siempre que el destino de una parte del dinero obtenido sean las arcas del ayuntamiento o de uno o varios partidos políticos, e incluso han acuñado la especie de que para que la economía funcione bien es necesario “engrasarla”
Mi opinión es radicalmente diferente. Para mí la corrupción, a cualquier escala y sea cual fuere el destino de los fondos así recaudados, es uno de los peores cánceres que puede tener una sociedad. Además, beneficia a unos pocos a costa de perjudicar gravemente a la inmensa mayoría y con mayor intensidad a los más necesitados.
En ausencia de corrupción y con una gestión adecuada de los dineros públicos estoy convencido de que se podrían prestar los mismos servicios con un coste al menos un 30% inferior.
Es fácil imaginar lo que cambiaría este país si de repente se bajaran, de forma permanente, un 30% los impuestos efectivos o se aumentarán más de un 40% los servicios públicos prestados sin aumentar la recaudación, o cualquier situación intermedia.
Autocrítica del Cercle d'Economia
El Cercle d’Economia de Barcelona acaba de publicar un interesante documento titulado “La responsabilidad del empresariado catalán” que tiene la virtud de introducir la autocrítica para analizar las causas de la menor intensidad del desarrollo económico de Cataluña en comparación con el conjunto de España.
Como conclusión realizan cinco propuestas con las que es difícil no estar de acuerdo: Asumir algo más de riesgo en los negocios, acompañado de un análisis más riguroso de los mismos, abandonar el individualismo cuando sea conveniente, priorizar los intereses a medio y largo plazo de la empresa respecto a los intereses a corto plazo de los accionistas, liderar con ambición los cambios que un mercado cada vez más globalizado impone y profesionalizar la empresa familiar para que los gestores sean personas bien preparadas, pertenezcan o no a la familia propietaria.
Sin embargo, no han incluido otros aspectos que, en mi opinión, son muy relevantes para explicar la falta de empuje de la economía catalana: el excesivo intervencionismo de la administración de la comunidad autónoma, que también se extiende a la actividad empresarial, la muy escasa inversión en infraestructuras realizada directamente por la Generalidad, y el mantenimiento de todo tipo de privilegios, monopolios y oligopolios que tienen como inevitable corolario un potente lobby local y una corrupción todavía mayor que en el resto de España.
La decidida apuesta por el sistema de peajes para las nuevas autopistas realizada desde hace 25 años por la Generalidad, que ha exigido como contrapartida la renovación de los peajes a su caducidad así como el retraso indefinido, por pasividad evidente, de las demás infraestructuras (autopistas libres, ferrocarriles y metro) está en la base de la saturación actual que tanto perjudica a la economía y a la vida diaria de los ciudadanos.
Los empresarios catalanes podrían hacer mucho para eliminar estas restricciones.
Como conclusión realizan cinco propuestas con las que es difícil no estar de acuerdo: Asumir algo más de riesgo en los negocios, acompañado de un análisis más riguroso de los mismos, abandonar el individualismo cuando sea conveniente, priorizar los intereses a medio y largo plazo de la empresa respecto a los intereses a corto plazo de los accionistas, liderar con ambición los cambios que un mercado cada vez más globalizado impone y profesionalizar la empresa familiar para que los gestores sean personas bien preparadas, pertenezcan o no a la familia propietaria.
Sin embargo, no han incluido otros aspectos que, en mi opinión, son muy relevantes para explicar la falta de empuje de la economía catalana: el excesivo intervencionismo de la administración de la comunidad autónoma, que también se extiende a la actividad empresarial, la muy escasa inversión en infraestructuras realizada directamente por la Generalidad, y el mantenimiento de todo tipo de privilegios, monopolios y oligopolios que tienen como inevitable corolario un potente lobby local y una corrupción todavía mayor que en el resto de España.
La decidida apuesta por el sistema de peajes para las nuevas autopistas realizada desde hace 25 años por la Generalidad, que ha exigido como contrapartida la renovación de los peajes a su caducidad así como el retraso indefinido, por pasividad evidente, de las demás infraestructuras (autopistas libres, ferrocarriles y metro) está en la base de la saturación actual que tanto perjudica a la economía y a la vida diaria de los ciudadanos.
Los empresarios catalanes podrían hacer mucho para eliminar estas restricciones.
Menos cercanías en Barcelona
Al final la Ministra de Fomento, “Mándatéla” en su tierra, se ha visto obligada a hacer lo que insinuó como una gracieta en su comparecencia del pasado verano, aunque afortunadamente con menos alcance del que entonces sugirió.
Afortunadamente “sólo” están afectadas las líneas de cercanías C2 (Barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders) y C10 (Barcelona – Aeropuerto) así como todos los trenes de media distancia que pasan por el tramo barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders. En total casi 200 000 personas afectadas diariamente de forma directa y posiblemente cerca de un millón de forma indirecta.
Una vez más la causa última está en la pésima gestión del Ministerio de Fomento y aunque, como de costumbre, nadie del ministerio tendrá la más mínima responsabilidad. Pareciera que en ese ministerio nadie se atreva a decir al titular de la cartera (pasó con Álvarez Cascos y está pasando con Álvarez) que algo que ha ordenado el titular es imposible de cumplir en los plazos exigidos.
No hay ninguna duda de que la llegada del AVE a Barcelona Sants es una obra de ingeniería muy compleja y es claro que su realización sin afectar en demasía al tránsito de cercanías requiere una planificación adecuada así como unos plazos mínimos que no es posible reducir sin incurrir en riesgos absurdos.
Parece que estos plazos mínimos eran poco compatibles con el calendario electoral (¿que hizo la ministra durante los dos primeros años?) y que alguien haya cedido a la tentación de confiar en que los coeficientes de seguridad, que afortunadamente todos los ingenieros utilizan siempre, permitirían acortar los tiempos de fraguado previos a poner en carga las nuevas infraestructuras. Las lluvias y las prisas exageradas han hecho el resto y, cuando el riesgo de un grave accidente era inminente, ni siquiera el temor a la reacción de la ministra ha sido suficiente para evitar la limitación del tráfico.
Ningún político aceptará responsabilidades ni, mucho menos, dimitirá o será cesado. Las consecuencias serán pagadas, en tiempo, dinero, molestias y malestar, por algunos cientos de miles de ciudadanos de a pie que, como mucho, recibirán las disculpas formales habituales. Las únicas preocupaciones reales de los políticos involucrados serán el número de votos que cambiarán de sentido en las próximas elecciones y las medidas que pudieran evitar que ese número sea relevante.
Afortunadamente “sólo” están afectadas las líneas de cercanías C2 (Barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders) y C10 (Barcelona – Aeropuerto) así como todos los trenes de media distancia que pasan por el tramo barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders. En total casi 200 000 personas afectadas diariamente de forma directa y posiblemente cerca de un millón de forma indirecta.
Una vez más la causa última está en la pésima gestión del Ministerio de Fomento y aunque, como de costumbre, nadie del ministerio tendrá la más mínima responsabilidad. Pareciera que en ese ministerio nadie se atreva a decir al titular de la cartera (pasó con Álvarez Cascos y está pasando con Álvarez) que algo que ha ordenado el titular es imposible de cumplir en los plazos exigidos.
No hay ninguna duda de que la llegada del AVE a Barcelona Sants es una obra de ingeniería muy compleja y es claro que su realización sin afectar en demasía al tránsito de cercanías requiere una planificación adecuada así como unos plazos mínimos que no es posible reducir sin incurrir en riesgos absurdos.
Parece que estos plazos mínimos eran poco compatibles con el calendario electoral (¿que hizo la ministra durante los dos primeros años?) y que alguien haya cedido a la tentación de confiar en que los coeficientes de seguridad, que afortunadamente todos los ingenieros utilizan siempre, permitirían acortar los tiempos de fraguado previos a poner en carga las nuevas infraestructuras. Las lluvias y las prisas exageradas han hecho el resto y, cuando el riesgo de un grave accidente era inminente, ni siquiera el temor a la reacción de la ministra ha sido suficiente para evitar la limitación del tráfico.
Ningún político aceptará responsabilidades ni, mucho menos, dimitirá o será cesado. Las consecuencias serán pagadas, en tiempo, dinero, molestias y malestar, por algunos cientos de miles de ciudadanos de a pie que, como mucho, recibirán las disculpas formales habituales. Las únicas preocupaciones reales de los políticos involucrados serán el número de votos que cambiarán de sentido en las próximas elecciones y las medidas que pudieran evitar que ese número sea relevante.
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