Dicen los que ya estudiaban la economía a finales de los años cincuenta que el elemento concreto que convenció al dictador de la imperiosa necesidad de abandonar la autarquía en 1959 fue la falta de divisas para pagar las importaciones de petróleo, que obligaría a volver a introducir las cartillas de racionamiento. El acuerdo con el FMI, que incluía una incipiente apertura al exterior de la economía española, permitió salvar la situación y las divisas procedentes del turismo y del dinero que comenzaron a enviar a sus familias los emigrantes españoles se convirtieron, a partir de entonces, en la fuente que permitió la primera etapa prolongada de desarrollo económico que duró, aproximadamente, hasta la muerte del dictador a finales de 1975.
Las sucesivas crisis se produjeron siempre por el crecimiento del déficit de la balanza de pagos comercial hasta límites que no podían ser compensados por las aportaciones conjuntas del turismo, de los envíos de dinero de los emigrantes y de la inversión de capital extranjero en España, y se superaron siempre, hasta la incorporación de España al euro, mediante el recurso a la devaluación, que era la forma de reducir los salarios y, en consecuencia, aumentar la competitividad sin que la población lo percibiera.
La incorporación de España al euro ha tenido, respecto a este aspecto concreto, dos consecuencias relevantes: la absorción por parte del conjunto de la zona euro del déficit de la balanza de pagos española y la imposibilidad de recurrir a la devaluación como sistema de aumentar la competitividad de la economía de nuestro país. Probablemente la posibilidad de que haya sido la zona euro la que durante unos cuantos años haya absorbido el creciente déficit de la balanza de pagos española ha sido el factor que ha permitido que la fase de crecimiento del último ciclo económico se haya prolongado tanto en el tiempo, pero ha tenido como consecuencia inevitable el aumento del endeudamiento externo español a un ritmo que ha terminado por ser insostenible.
El Banco de España publica trimestralmente una información sobre la deuda externa española que es de gran utilidad para analizar este fenómeno, aunque sería necesaria una mayor desagregación en el plazo a que se tiene la deuda para poder sacar algunas conclusiones adicionales.
En el gráfico siguiente se presenta la evolución de la deuda externa española con su separación en deuda a corto plazo, la que vence a menos de un año, y deuda a largo plazo, la que vence a más de un año:
Si se toma como indicador del inicio de la actual crisis económica el momento en el que el sistema financiero internacional decidió frenar el aumento de la deuda externa española, se llega a la conclusión de que la crisis actual se inició precisamente en el tercer trimestre de 2007.
El proceso de incremento de la deuda externa a más de un año desde el año 2001 se puede dividir en tres periodos, 2001-2004, 2004-2007 y 2007 hasta ahora. En el primer periodo la deuda externa española total, a más de un año, creció al ritmo aproximado de 100.000 millones de euros al año, cifra que aumentó a 180.000 millones anuales entre 2004 y 2007 y que ha pasado a ser muy ligeramente negativa desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primero de 2009, último dato publicado por el Banco de España.
El análisis del reparto de la deuda a más de una año entre sus tres componentes principales (sector privado, excepto instituciones financieras; instituciones financieras y administraciones públicas) aporta datos adicionales también muy interesantes.
El sector privado es el que explica la mayor parte de este comportamiento, ya que entre 2001 y 2004 aumentó su deuda con el exterior en unos 60.000 millones de euros anuales (60% del total) entre 2004 y 2007 este incremento de la deuda externa fue de unos 125.000 millones anuales (70% del total) y en marzo de 2009 era inferior en unos 15.000 millones al que tenía seis meses antes. La deuda externa a menos de un año se ha mantenido entre veinte y treinta mil millones de euros en todo el periodo considerado, excepto a partir del tercer trimestre de 2008 en que ha pasado a unos 40.000 millones (6% de la deuda externa total del sector privado)
Las instituciones financieras por su parte aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en unos 30.000 millones de euros anuales entre 2001 y 2004 (30% del total) en unos 50.000 millones anuales entre 2004 y 2007 (28% del total) y también se redujo a partir del tercer trimestre de 2008 en unos 15.000 millones, hasta marzo de 2009. Sin embargo, las instituciones financieras tienen una deuda externa que se reparte prácticamente al 50% entre vencimientos a menos de un año y a más de un año, deuda que se ha desplazado hacia una mayor proporción de la deuda a corto desde marzo de 2008, fecha a partir de la que su deuda externa total está estabilizada.
Finalmente, las administraciones públicas han tenido un comportamiento muy distinto, acorde con la evolución de las cuentas públicas. Entre 2001 y 2004 aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en menos de 10.000 millones de euros al año, cifra que bajó a menos de 5.000 millones de aumento anual entre 2004 y 2007 pero que ha aumentado en unos 30.000 millones en el último año.
En resumen, se puede concluir que la economía española se enfrenta a un problema muy serio de financiación que será, con toda probabilidad, un freno enorme para la recuperación de la actividad económica. Suponiendo que el sector financiero exterior siga considerando que la deuda externa española (1,7 billones de euros equivalente a una vez y media el PIB español) no puede aumentar, que el déficit total de las administraciones públicas sea del orden del 10% del PIB durante al menos 2009 y 2010 y que el ahorro del sector privado aumente, también como consecuencia de la crisis, en el 2% del PIB anual, es fácil llegar a la conclusión de que el sector privado verá reducida su capacidad de financiación en una cifra equivalente al 8% del PIB, unos 90.000 millones de euros al año. Y no será porque las instituciones financieras no quieran prestar dinero a empresas y familias, sino porque la pérdida de competitividad de la economía española obligará a una digestión muy lenta de los excesos cometidos en los años anteriores y, dado que ya que no es posible reducir los salarios por la vía de la devaluación, ni al parecer por la vía de la concertación social, el aumento de competitividad se alcanzará, necesariamente, a través del mecanismo más doloroso para la sociedad, que no es otro que el aumento del paro.
