En este cuaderno iré poniendo notas sobre los temas que me gustan o que me preocupan. Por deformación profesional abundarán los temas sobre economía en general y sobre energía y empresas en particular, pero también saldrán temas políticos y sociales y recetas de cocina sencillas y sanas. Son bienvenidos los comentarios, incluso aunque no sean discrepantes, sólo pido educación y respeto para las opiniones de los demás.
domingo, 20 de noviembre de 2005
Artículo de Rosa Díez "Lo más sagrado"
sábado, 19 de noviembre de 2005
Boicot a los productos catalanes: Causas, efectos y posibles soluciones
Todavía es muy pronto para tener una idea cuantitativa de los efectos que está teniendo ese boicot y, hoy por hoy, no se ve que el proceso está remitiendo.
Me propongo hacer un análisis, que intentaré que sea lo más objetivo posible, sobre las causas, los efectos y las posibles soluciones a un problema que, desde el primer momento, me ha parecido muy grave, tanto que si no se ataja en un plazo breve, probablemente suponga un cambio cualitativo de la estructura social española.
1) Escenario socio-político preexistente.
El escenario político que tenemos en España, que todavía es una democracia con multitud de imperfecciones, tiene una serie de características que facilitan la aparición de un problema como el del boicot. Estas características son:
Una clase política que actúa dando prioridad a sus intereses personales, en segundo término a sus intereses de partido y sólo en último término, y en la medida en que le pueda resultar útil para obtener el poder (o mantenerse en él si ya lo tiene) los intereses de la sociedad en general.
Los efectos más importantes son los de la aceptación generalizada de la corrupción (en el mejor de los casos como medio para aumentar de forma opaca la financiación de los partidos político y en el resto también para lucrarse personalmente) y los de gobernar en contra de una parte importante de la población (la que vota o tiene la ideología de la oposición)
El sistema electoral, por otra parte, da un plus de representación a los partidos nacionalistas, por el hecho de tener los votos concentrados en unas pocas circunscripciones, y los partidos nacionalistas venden a precio de oro sus votos cuando el partido que forma gobierno no dispone de mayoría absoluta. El resultado es el de un sobrepoder de los partidos nacionalistas cuando no hay mayoría absoluta y el de un gobierno prepotente que actúa en contra de la parte de la sociedad que no comparte su ideología cuando dispone de ella. El cambio periódico del partido en el Gobierno lleva como efecto inseparable la inestabilidad de la legislación básica, de la que la legislación en materia de educación es el ejemplo más claro, por lo pernicioso que resulta para la sociedad.
Los partidos nacionalistas, por su parte, carecen estructuralmente de límites en sus reivindicaciones, que sólo pueden terminar con la independencia de su territorio, y para mantener su posición política tienen que poner de manifiesto la permanente existencia de trato discriminatorio, supuesto o real, en contra de su territorio.
Si el territorio tiene una renta superior a la media, defienden el concepto de que quién paga los impuestos es el territorio y como el sistema fiscal es progresivo y, por tanto, los que tienen más riqueza que la media pagan más impuestos a cambio de los mismos servicios, la reclamación es obvia: tienen que recibir servicios por el mismo importe que pagan sus residentes y si no es así, sufren un expolio manifiesto.
En el caso de que el territorio tenga una renta inferior a la media recibe, por definición, más servicios que lo que correspondería a los impuestos pagados por sus residentes y por este concepto no es fácil reclamar. Surge entonces la idea de la deuda histórica ya que es el resto de la sociedad española el que, a lo largo de siglos, ha expoliado a ese territorio y ha impedido su desarrollo. Debe ser compensado, por tanto, con cantidades ingentes de dinero para satisfacer esa reivindicación.
La suma de las peticiones de todos lleva, obviamente, a un imposible: las regiones ricas deben recibir más servicios hasta igualar los impuestos que pagan sus residentes y las pobres, que ya reciben más servicios de lo que pagan sus residentes, deben ser compensadas, para satisfacer la deuda histórica, con ingresos adicionales. Pero todos, absolutamente todos, sostienen que eso es posible sin subir los impuestos y sin perjudicar a los residentes de los demás territorios.
En consecuencia, parece resultar obvio, para ellos, que el Estado dispone de fuentes inagotables de financiación que no quiere utilizar para perjudicar a los que son diferentes.
Y todo ello se aliña con los ejemplos de aspectos reales, y ciertamente injustos, como son las carencias de infraestructuras comparables en determinadas zonas. Buen ejemplo de ello son los peajes de las autopistas, muy desigualmente repartidos en las distintas comunidades autónomas, o las diferencias de calidad de las comunicaciones por ferrocarril, con lo que no es díficil convencer a buena parte de los ciudadanos de que son tratados de forma discriminatoria por Madrid, ese ente extraño que no quieren definir como el conjunto de población que vive en esa comunidad ni como el Gobierno Central, pero que tiene una capacidad económica casi infinita y como objetivo indiscutible fastidiar todo lo posible a quien vive en las demás comunidades.
jueves, 17 de noviembre de 2005
Una política mejor para España
Pareciera que se dedican a la política los peores de cada casa, de cada barrio y de cada promoción.
Dicen que dedicarse a la política es muy duro. Y debe serlo para los que, por el motivo que sea, no alcanzan unas mínimas cotas de poder.
Pero, al parecer, también lo es para los que sí tienen éxito. Debe ser por la cantidad de sapos que se tienen que tragar a diario para mantener su poltrona.
Con éste encabezamiento me propongo ir escribiendo mis pensamientos sobre otra forma de hacer política, que fuera más provechosa para el conjunto de los ciudadanos y que, a ser posible, no fuera tan dura para los políticos.
Al iniciar esta serie, debo reconocer que no he realizado una mínima reflexión sobre como estructurarla. Por este motivo iré escribiendo capítulos según se me vayan ocurriendo y, quizás, en algún momento los iré ordenando con alguna estructura lógica que se me ocurra.
Creo que es razonable exponer desde el principio los puntos básicos de mi ideología.
En religión soy agnóstico, aunque creo conocer en profundidad la religión católica y, por convicción, mi escala de valores coincide en lo básico con la cristiana excepción hecha, obviamente, de los valores rituales específicos de esa religión y de algunos otros diseñados para limitar la libertad de las personas.
El valor más importante para mí es el derecho a la vida de todas las personas y el segundo el derecho a la libertad. El orden de prioridad viene dado, por descontado, por la irreversibilidad de la muerte, cosa que no ocurre con la libertad cuando, por algún motivo, esos derechos no son respetados.
Los siguientes valores son la tolerancia, el amor, en sus distintas facetas en función de la relación con la persona a la que se tiene afecto (pareja, familia más o menos directa, amigos) la lealtad, la honradez, la justicia, la bondad, la diligencia, etc...
Soy progresista en lo social y liberal, aunque no radical, en lo económico. Por esos motivos considero que el Estado debe limitar su función a los siguientes aspectos:
- La elaboración, aprobación y puesta efectiva en práctica de las leyes que garanticen los derechos fundamentales de todas las personas.
- El aseguramiento de que todos los individuos tengan derecho, de forma gratuita y con una calidad suficiente, a los siguientes bienes y servicios básicos que debe prestar de forma exclusiva o, en algunos casos, compartida con la iniciativa privada, pero siempre sin ningún tipo de discriminación:
- Sanidad
- Educación
- Infraestructuras básica
- Seguridad
- La existencia de una legislación económica que, basada en la propiedad privada y la libertad de mercado, evite los abusos de los que tienen una posición más fuerte, acerque a los individuos a la igualdad de oportunidades y haga más fácil la cobertura de las necesidades básicas a los más débiles.
En teoría, nuestro sistema político se acerca bastante a estos principios, pero la realidad es bastante diferente. Creo que la diferencia proviene básicamente del excesivo poder que, de hecho, tienen los políticos con puestos representativos y del casi inexistente control efectivo de sus actuaciones.
Una de las principales contradicciones de nuestro sistema político es que la defensa de la democracia esté básicamente encomendada a los partidos políticos cuya característica común es la ausencia casi total democracia interna.
Y otra imperfección relevante es la diferente representación efectiva de los elegidos en unos u otros territorios.
La mejor solución para estos dos problemas sería un cambio radical del sistema electoral que debería ser mayoritario y estar basado en circunscripciones con un único puesto de representación.
El equilibrio territorial se debería conseguir haciendo que el número de electores de cada circunscripción dependiera de la densidad de población, de forma que en las zonas más pobladas cada circunscripción tuviera más electores.
Y en cuanto a la justicia, soy partidario de un sistema garantista y que evite el progresivo desarrollo de uno o varios "grandes hermanos" que tengan el control de la vida y milagros de los ciudadanos.
jueves, 10 de noviembre de 2005
OPA, CNE, PSC y La Caixa
Han aparecido, casi simultáneamente, las noticias del informe de la CNE sobre la OPA de Gas Natural sobre Endesa y la situación crediticia del PSC respecto a la Caixa.
El informe de la CNE no incluye sorpresas. Los aspectos que debe analizar la CNE en estos casos se pueden resumir en la garantía de que las actividades reguladas (transporte, distribución y suministro a los clientes a tarifa de electricidad y gas natural) se continuarán realizando en condiciones iguales, o mejores, en caso de éxito de la OPA.
Se trata de analizar si la empresa resultante tendrá capacidad financiera y técnica para realizar las inversiones necesarias y para mantener en su propiedad y en condiciones adecuadas las instalaciones ya existentes.
No cabe la menor duda de que el informe, y sus conclusiones, son correctos y a la pregunta de por qué la misma CNE que hace unos dos años hizo un informe contrario ante un caso similar (OPA, también hostil, de Gas Natural sobre Iberdrola) solo cabe una respuesta: la CNE era totalmente dependiente del gobierno de turno.
Tanto, que el informe técnico era muy parecido al ahora aprobado por el Consejo de la CNE, pero en aquella ocasión no resultaba del agrado del Gobierno. El Consejo de la CNE aprobó un informe bien distinto, prohibiendo la continuación de la OPA.
Su decisión era, y es, ejecutiva (aunque cabe recurso ante el Ministerio de Industria) pero a ver que empresa regulada se atreve a oponerse (ni siquiera Gas Natural lo hizo) Y para terminar la operación, obligaron a irse de la CNE al Director de Gas por la osadía que tuvo de anteponer los criterios técnicos y de legalidad a los políticos.
¿Cuál será el perfil, en esos aspectos, del Director que le sustituyó?
¿Es ahora la CNE independiente?
Creo que no, que tiene la misma total dependencia del Ministerio.
Su actual presidenta, ha sido nombrada (como está previsto legalmente) por el Ministro de Industria, fue diputada del PSC en el Congreso durante la última legislatura y era Secretaria General de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña hasta su nombramiento. Creo que su capacidad técnica para el puesto está fuera de toda duda.
El PSC tiene un crédito, concedido por La Caixa, con unas condiciones que ni la empresa más solvente del país podría soñar. Sería bueno conocer cuantos pagos y de que cuantía ha realizado el PSC en todos estos años (parece que ninguno) y sería bueno conocer los motivos por los que La Caixa le ha condonado los intereses no pagados.
Por cierto, si la actual Presidenta de la CNE fuera diputada en el Congreso ¿preguntaría a algún representante destacado de La Caixa sobre los créditos privilegiados como hizo en la Comisión de Gescartera? Me parece que no, que no es políticamente correcto preguntar por los créditos de los partidos políticos.
¿Podremos los ciudadanos de a pie obtener el mismo trato de La Caixa en nuestros créditos?
Seguramente sí, siempre que consigamos ser aspirantes cualificados al puesto de Ministro de Industria. Porque ahora ha saltado a la luz pública el crédito del PSC, pero ¿cuantos créditos de otros partidos políticos han tenido trato similar en La Caixa o en otras cajas o bancos?
La Caixa es el principal accionista de Gas Natural y la OPA ha sido ideada, preparada y aprobada por sus directivos.
¿Tendrá alguna influencia La Caixa en las decisiones de los órganos reguladores?
La respuesta estará en el informe de Competencia, que deberá corregir las, para mí, muy negativas repercusiones de la OPA sobre la competencia en los mercados de gas y electricidad.