La propuesta de modificación del sistema de pensiones aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 29 de enero es, en mi modesta opinión, la única medida acertada que ha planteado el Gobierno desde que hizo los deberes, con gran corrección, para evitar la caída del sistema financiero cuando aún no reconocía públicamente que hubiera una crisis, aunque era obvio que era una realidad y una realidad con pinta de ser mucho más dura que las anteriores.
También en esta ocasión se ha encontrado el Gobierno con un rechazo generalizado (sólo he percibido el apoyo de la CEOE, al margen del inevitable, aunque en este caso con matices, del PSOE) lo que supone una noticia bastante mala, porque lo que el Gobierno ha aprobado es una propuesta, que será discutida con sindicatos y patronal y posteriormente enviada al Pacto de Toledo para su eventual aprobación en su seno, lo que abriría las puertas a su envío al Parlamento para que sea convertida en norma.
Es de esperar que en todo ese camino haya cambios, aunque por el bien de nuestro sistema de pensiones más nos valdría que los cambios no sean de tal magnitud que eliminen la mayor parte de la ganancia de solvencia del sistema de pensiones que la propuesta supondría.
Es obvio que, desde un punto de vista individual, a todos nos gustaría jubilarnos cuanto antes y con una pensión que sea lo más elevada posible, y también es claro que la demagogia es muy fácil de aplicar en este caso, ya que los efectos de esta propuesta sólo se empezarán a notar por unas pocas personas en 2013 y afectarán plenamente a las personas nacidas a partir de 1959, a partir de 2026. Cuesta poco decir, en consecuencia, que la reforma no es necesaria y muchos se agarrarán a esa mentira (que seguirá siendo una mentira aunque la digan multitud de personas y de instituciones) como a un clavo ardiendo, para no aceptar una reducción de las prestaciones de pensiones del orden del 20%, que es lo que en resumen supondría la reforma, si se aprobara en los términos propuestos por el Gobierno, para todos los nacidos a partir de 1959.
Lo que no explicarán los demagogos es que la alternativa de no cambiar nada, que sin duda sería más favorable (pero sólo durante algunos años) para el conjunto de los nuevos pensionistas a partir de 2013, llevaría en un plazo no muy largo a la necesidad de una reforma mucho más drástica que podría incluso llegar a la necesidad de recortar las prestaciones de los pensionistas que ya lo sean cuando la reforma sea inevitable.
Sería una verdadera paradoja que la única medida social con visión de largo plazo que ha sido capaz de proponer el Gobierno desde que se inició la crisis, fuera también la que tuviera un mayor coste electoral para el partido que le sustenta. Pero la política de este país, basada en la mentira como forma habitual de relación entre los políticos y la sociedad, puede tener estas incongruencias, y no deberíamos sorprendernos en exceso por ello.
Por primera vez en mucho tiempo el Gobierno cuenta con mi apoyo y con mi aplauso por la iniciativa que ha tenido. Me gustaría mucho poder decir lo mismo del resto de actores cuando la propuesta termine su andadura y pase a ser una realidad en nuestro sistema de protección social.
