La inversión pública que se realiza en cada CA es la suma de las que realizan el Gobierno (en ella) la propia Comunidad y los ayuntamientos.
En los presupuestos del Estado sólo se detallan las que realiza directamente el Gobierno, que deben referirse a proyectos de alcance pluriautonómico, aunque buena parte de las que realizan las comunidades y ayuntamientos se financian con el dinero procedente de las transferencias que reciben del Gobierno.
Como es obvio, las necesidades son superiores a las posibilidades objetivas, que están limitadas por la disponibilidad de fondos. Si el reparto fuera equilibrado, a largo plazo los ciudadanos de todas las comunidades recibiríamos servicios de calidad equivalente, en su conjunto y en cada uno de los apartados más importantes.
La realidad es que hay diferencias relevantes entre la calidad de los servicios que se reciben en las distintas CCAA, por lo que deberían existir planes sectoriales para definir las inversiones necesarias para reducir al máximo esas diferencias. Este mecanismo es válido para las inversiones del Gobierno, pero en el caso de las inversiones que son competencia regional o local, lo único que se puede pedir es que la financiación que reciban sea también equilibrada.
El reparto de los impuestos que pagamos entre todos, con un sistema fiscal con pocas diferencias entre unas comunidades y otras, debería hacerse de forma que se avance hacia el equilibrio, porque los impuestos los pagamos las personas, físicas o jurídicas, no las comunidades autónomas ni los ayuntamientos, y los servicios los recibimos también las personas, sin que se deban admitir diferencias relevantes derivadas del lugar de residencia.
Pero será difícil evitar que si una CA, como es el caso de Extremadura, decide invertir más en ordenadores para las escuelas, a costa, por ejemplo, de gastar menos en la televisión autonómica, haya políticos que digan que es inaceptable que una CA con menos renta proporcione mejor educación.
sábado, 17 de noviembre de 2007
Varapalo al monopolio de Microsoft
El Tribunal de primera instancia de la UE hizo publica ayer la sentencia por la que confirma la multa de 450 millones de euros impuesta en 2004 por la Comisión a Microsoft por abuso de posición dominante en su opacidad para evitar que otros fabricantes de software pudieran realizar programas compatibles con su sistema operativo Windows y por obligar a los consumidores a comprar con el sistema operativo el lector multimedia Mediaplayer.
Se calcula que el 95% de los ordenadores tienen un sistema operativo de Microsoft y lo cierto es que, hasta hace muy poco, era prácticamente imposible comprar en España un ordenador sin estar obligado a comprar a la vez un sistema operativo de Microsoft.
Hoy, afortunadamente, ya es posible comprar por Internet ordenadores sin sistema operativo, e instalar uno que se haya comprado por otra vía o uno gratuito basado en Linux.
Con Linux se puede tener, de forma totalmente gratuita, un ordenador con todos los programas de uso común (acceso a Internet, tratamiento de textos, hoja de cálculo, preparación de presentaciones, bases de datos, etc) aunque es evidente que otros muchos tipos de programa sólo existen para Windows.
Algunas administraciones están adoptando Linux para no encarecer la disponibilidad de programas que son obligatorios para la relación de los ciudadanos con sus administraciones. En Finlandia, ejemplo de políticas sociales, esto ya es así, y en España, Extremadura también ha adoptado Linux para algunos aspectos, entre ellos la educación.
Es necesario que se abra la posibilidad de que todas las comunicaciones con todas las administraciones puedan elaborarse, y en su caso enviarse, con programas de software libre. La cuota de mercado de Microsoft se reduciría notablemente, como pretende la Comisión de la UE, y, con certeza, mejoraría la calidad de los programas de pago y bajaría su precio.
¿Pondrá algún partido político estos aspectos en su programa electoral? Ojalá lo hagan muchos.
Se calcula que el 95% de los ordenadores tienen un sistema operativo de Microsoft y lo cierto es que, hasta hace muy poco, era prácticamente imposible comprar en España un ordenador sin estar obligado a comprar a la vez un sistema operativo de Microsoft.
Hoy, afortunadamente, ya es posible comprar por Internet ordenadores sin sistema operativo, e instalar uno que se haya comprado por otra vía o uno gratuito basado en Linux.
Con Linux se puede tener, de forma totalmente gratuita, un ordenador con todos los programas de uso común (acceso a Internet, tratamiento de textos, hoja de cálculo, preparación de presentaciones, bases de datos, etc) aunque es evidente que otros muchos tipos de programa sólo existen para Windows.
Algunas administraciones están adoptando Linux para no encarecer la disponibilidad de programas que son obligatorios para la relación de los ciudadanos con sus administraciones. En Finlandia, ejemplo de políticas sociales, esto ya es así, y en España, Extremadura también ha adoptado Linux para algunos aspectos, entre ellos la educación.
Es necesario que se abra la posibilidad de que todas las comunicaciones con todas las administraciones puedan elaborarse, y en su caso enviarse, con programas de software libre. La cuota de mercado de Microsoft se reduciría notablemente, como pretende la Comisión de la UE, y, con certeza, mejoraría la calidad de los programas de pago y bajaría su precio.
¿Pondrá algún partido político estos aspectos en su programa electoral? Ojalá lo hagan muchos.
Corrupción en el Ayuntamiento de Madrid
El 15 de noviembre saltó la noticia de una operación de la Guardia Civil que ha desmantelado una organización dedicada a cobrar a los ciudadanos que pretendían obtener determinados tipos de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.
No parece que se dieran licencias sin un cumplimiento razonable de los requisitos legalmente exigidos, simplemente quien no estuviera dispuesto a pagar la coima, vería como su expediente se eternizaba en los recovecos burocráticos.
Parece también que la organización no dedicaba ningún porcentaje de sus ingresos a la financiación irregular de los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento. De ser esto cierto, es casi seguro que se dará una solución ejemplar al caso.
Es evidente que si esta corrupción se lleva haciendo más de una década en un ayuntamiento tan “poco” relevante como el de Madrid, es porque estas prácticas son frecuentes en todas las administraciones, siempre que una decisión administrativa, que con más o menos subjetividad depende de la opinión y firma de uno o unos pocos funcionarios, tiene una repercusión económica relevante para el ciudadano que la solicita.
Es obvio que la responsabilidad es, sobre todo, de los que han participado de una u otra forma en la trama. Pero no es menos obvio que los responsables políticos del Ayuntamiento ha vigilado muy escasamente el correcto funcionamiento de sus departamentos.
¿Cuántas quejas, orales o por escrito, han realizado los ciudadanos por esta práctica antes de que se haya iniciado una investigación seria como la realizada por la Benemérita?
¿Es posible que sea vox populi la enorme dificultad de obtener determinadas licencias en un plazo razonable y que los únicos que no lo sepan sean los responsables políticos?
¿Será que tienen poca autoridad moral para exigir a los funcionarios diligencia, objetividad, neutralidad y respeto a los derechos de los ciudadanos, aquellos responsables políticos que dan, por ejemplo, la instrucción de no responder a los recursos presentados sobre sanciones de tráfico, para obligar al ciudadano a recurrir a instancias superiores que, aún en el caso de ganar el recurso, supondrán para ellos un coste superior al de pagar la multa sin recurrir?
¿Dispone el Alcalde de Madrid de un proceso establecido que le garantice que cualquier queja presentada por un ciudadano de a pie le llegue directamente o, como mucho, tras pasar un filtro en el que sólo intervengan personas independientes de la dependencia afectada por la denuncia y cuyo objetivo prioritario sea el buen servicio a los ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos?
No son pocos los que justifican la corrupción, siempre que el destino de una parte del dinero obtenido sean las arcas del ayuntamiento o de uno o varios partidos políticos, e incluso han acuñado la especie de que para que la economía funcione bien es necesario “engrasarla”
Mi opinión es radicalmente diferente. Para mí la corrupción, a cualquier escala y sea cual fuere el destino de los fondos así recaudados, es uno de los peores cánceres que puede tener una sociedad. Además, beneficia a unos pocos a costa de perjudicar gravemente a la inmensa mayoría y con mayor intensidad a los más necesitados.
En ausencia de corrupción y con una gestión adecuada de los dineros públicos estoy convencido de que se podrían prestar los mismos servicios con un coste al menos un 30% inferior.
Es fácil imaginar lo que cambiaría este país si de repente se bajaran, de forma permanente, un 30% los impuestos efectivos o se aumentarán más de un 40% los servicios públicos prestados sin aumentar la recaudación, o cualquier situación intermedia.
No parece que se dieran licencias sin un cumplimiento razonable de los requisitos legalmente exigidos, simplemente quien no estuviera dispuesto a pagar la coima, vería como su expediente se eternizaba en los recovecos burocráticos.
Parece también que la organización no dedicaba ningún porcentaje de sus ingresos a la financiación irregular de los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento. De ser esto cierto, es casi seguro que se dará una solución ejemplar al caso.
Es evidente que si esta corrupción se lleva haciendo más de una década en un ayuntamiento tan “poco” relevante como el de Madrid, es porque estas prácticas son frecuentes en todas las administraciones, siempre que una decisión administrativa, que con más o menos subjetividad depende de la opinión y firma de uno o unos pocos funcionarios, tiene una repercusión económica relevante para el ciudadano que la solicita.
Es obvio que la responsabilidad es, sobre todo, de los que han participado de una u otra forma en la trama. Pero no es menos obvio que los responsables políticos del Ayuntamiento ha vigilado muy escasamente el correcto funcionamiento de sus departamentos.
¿Cuántas quejas, orales o por escrito, han realizado los ciudadanos por esta práctica antes de que se haya iniciado una investigación seria como la realizada por la Benemérita?
¿Es posible que sea vox populi la enorme dificultad de obtener determinadas licencias en un plazo razonable y que los únicos que no lo sepan sean los responsables políticos?
¿Será que tienen poca autoridad moral para exigir a los funcionarios diligencia, objetividad, neutralidad y respeto a los derechos de los ciudadanos, aquellos responsables políticos que dan, por ejemplo, la instrucción de no responder a los recursos presentados sobre sanciones de tráfico, para obligar al ciudadano a recurrir a instancias superiores que, aún en el caso de ganar el recurso, supondrán para ellos un coste superior al de pagar la multa sin recurrir?
¿Dispone el Alcalde de Madrid de un proceso establecido que le garantice que cualquier queja presentada por un ciudadano de a pie le llegue directamente o, como mucho, tras pasar un filtro en el que sólo intervengan personas independientes de la dependencia afectada por la denuncia y cuyo objetivo prioritario sea el buen servicio a los ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos?
No son pocos los que justifican la corrupción, siempre que el destino de una parte del dinero obtenido sean las arcas del ayuntamiento o de uno o varios partidos políticos, e incluso han acuñado la especie de que para que la economía funcione bien es necesario “engrasarla”
Mi opinión es radicalmente diferente. Para mí la corrupción, a cualquier escala y sea cual fuere el destino de los fondos así recaudados, es uno de los peores cánceres que puede tener una sociedad. Además, beneficia a unos pocos a costa de perjudicar gravemente a la inmensa mayoría y con mayor intensidad a los más necesitados.
En ausencia de corrupción y con una gestión adecuada de los dineros públicos estoy convencido de que se podrían prestar los mismos servicios con un coste al menos un 30% inferior.
Es fácil imaginar lo que cambiaría este país si de repente se bajaran, de forma permanente, un 30% los impuestos efectivos o se aumentarán más de un 40% los servicios públicos prestados sin aumentar la recaudación, o cualquier situación intermedia.
Autocrítica del Cercle d'Economia
El Cercle d’Economia de Barcelona acaba de publicar un interesante documento titulado “La responsabilidad del empresariado catalán” que tiene la virtud de introducir la autocrítica para analizar las causas de la menor intensidad del desarrollo económico de Cataluña en comparación con el conjunto de España.
Como conclusión realizan cinco propuestas con las que es difícil no estar de acuerdo: Asumir algo más de riesgo en los negocios, acompañado de un análisis más riguroso de los mismos, abandonar el individualismo cuando sea conveniente, priorizar los intereses a medio y largo plazo de la empresa respecto a los intereses a corto plazo de los accionistas, liderar con ambición los cambios que un mercado cada vez más globalizado impone y profesionalizar la empresa familiar para que los gestores sean personas bien preparadas, pertenezcan o no a la familia propietaria.
Sin embargo, no han incluido otros aspectos que, en mi opinión, son muy relevantes para explicar la falta de empuje de la economía catalana: el excesivo intervencionismo de la administración de la comunidad autónoma, que también se extiende a la actividad empresarial, la muy escasa inversión en infraestructuras realizada directamente por la Generalidad, y el mantenimiento de todo tipo de privilegios, monopolios y oligopolios que tienen como inevitable corolario un potente lobby local y una corrupción todavía mayor que en el resto de España.
La decidida apuesta por el sistema de peajes para las nuevas autopistas realizada desde hace 25 años por la Generalidad, que ha exigido como contrapartida la renovación de los peajes a su caducidad así como el retraso indefinido, por pasividad evidente, de las demás infraestructuras (autopistas libres, ferrocarriles y metro) está en la base de la saturación actual que tanto perjudica a la economía y a la vida diaria de los ciudadanos.
Los empresarios catalanes podrían hacer mucho para eliminar estas restricciones.
Como conclusión realizan cinco propuestas con las que es difícil no estar de acuerdo: Asumir algo más de riesgo en los negocios, acompañado de un análisis más riguroso de los mismos, abandonar el individualismo cuando sea conveniente, priorizar los intereses a medio y largo plazo de la empresa respecto a los intereses a corto plazo de los accionistas, liderar con ambición los cambios que un mercado cada vez más globalizado impone y profesionalizar la empresa familiar para que los gestores sean personas bien preparadas, pertenezcan o no a la familia propietaria.
Sin embargo, no han incluido otros aspectos que, en mi opinión, son muy relevantes para explicar la falta de empuje de la economía catalana: el excesivo intervencionismo de la administración de la comunidad autónoma, que también se extiende a la actividad empresarial, la muy escasa inversión en infraestructuras realizada directamente por la Generalidad, y el mantenimiento de todo tipo de privilegios, monopolios y oligopolios que tienen como inevitable corolario un potente lobby local y una corrupción todavía mayor que en el resto de España.
La decidida apuesta por el sistema de peajes para las nuevas autopistas realizada desde hace 25 años por la Generalidad, que ha exigido como contrapartida la renovación de los peajes a su caducidad así como el retraso indefinido, por pasividad evidente, de las demás infraestructuras (autopistas libres, ferrocarriles y metro) está en la base de la saturación actual que tanto perjudica a la economía y a la vida diaria de los ciudadanos.
Los empresarios catalanes podrían hacer mucho para eliminar estas restricciones.
Menos cercanías en Barcelona
Al final la Ministra de Fomento, “Mándatéla” en su tierra, se ha visto obligada a hacer lo que insinuó como una gracieta en su comparecencia del pasado verano, aunque afortunadamente con menos alcance del que entonces sugirió.
Afortunadamente “sólo” están afectadas las líneas de cercanías C2 (Barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders) y C10 (Barcelona – Aeropuerto) así como todos los trenes de media distancia que pasan por el tramo barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders. En total casi 200 000 personas afectadas diariamente de forma directa y posiblemente cerca de un millón de forma indirecta.
Una vez más la causa última está en la pésima gestión del Ministerio de Fomento y aunque, como de costumbre, nadie del ministerio tendrá la más mínima responsabilidad. Pareciera que en ese ministerio nadie se atreva a decir al titular de la cartera (pasó con Álvarez Cascos y está pasando con Álvarez) que algo que ha ordenado el titular es imposible de cumplir en los plazos exigidos.
No hay ninguna duda de que la llegada del AVE a Barcelona Sants es una obra de ingeniería muy compleja y es claro que su realización sin afectar en demasía al tránsito de cercanías requiere una planificación adecuada así como unos plazos mínimos que no es posible reducir sin incurrir en riesgos absurdos.
Parece que estos plazos mínimos eran poco compatibles con el calendario electoral (¿que hizo la ministra durante los dos primeros años?) y que alguien haya cedido a la tentación de confiar en que los coeficientes de seguridad, que afortunadamente todos los ingenieros utilizan siempre, permitirían acortar los tiempos de fraguado previos a poner en carga las nuevas infraestructuras. Las lluvias y las prisas exageradas han hecho el resto y, cuando el riesgo de un grave accidente era inminente, ni siquiera el temor a la reacción de la ministra ha sido suficiente para evitar la limitación del tráfico.
Ningún político aceptará responsabilidades ni, mucho menos, dimitirá o será cesado. Las consecuencias serán pagadas, en tiempo, dinero, molestias y malestar, por algunos cientos de miles de ciudadanos de a pie que, como mucho, recibirán las disculpas formales habituales. Las únicas preocupaciones reales de los políticos involucrados serán el número de votos que cambiarán de sentido en las próximas elecciones y las medidas que pudieran evitar que ese número sea relevante.
Afortunadamente “sólo” están afectadas las líneas de cercanías C2 (Barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders) y C10 (Barcelona – Aeropuerto) así como todos los trenes de media distancia que pasan por el tramo barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders. En total casi 200 000 personas afectadas diariamente de forma directa y posiblemente cerca de un millón de forma indirecta.
Una vez más la causa última está en la pésima gestión del Ministerio de Fomento y aunque, como de costumbre, nadie del ministerio tendrá la más mínima responsabilidad. Pareciera que en ese ministerio nadie se atreva a decir al titular de la cartera (pasó con Álvarez Cascos y está pasando con Álvarez) que algo que ha ordenado el titular es imposible de cumplir en los plazos exigidos.
No hay ninguna duda de que la llegada del AVE a Barcelona Sants es una obra de ingeniería muy compleja y es claro que su realización sin afectar en demasía al tránsito de cercanías requiere una planificación adecuada así como unos plazos mínimos que no es posible reducir sin incurrir en riesgos absurdos.
Parece que estos plazos mínimos eran poco compatibles con el calendario electoral (¿que hizo la ministra durante los dos primeros años?) y que alguien haya cedido a la tentación de confiar en que los coeficientes de seguridad, que afortunadamente todos los ingenieros utilizan siempre, permitirían acortar los tiempos de fraguado previos a poner en carga las nuevas infraestructuras. Las lluvias y las prisas exageradas han hecho el resto y, cuando el riesgo de un grave accidente era inminente, ni siquiera el temor a la reacción de la ministra ha sido suficiente para evitar la limitación del tráfico.
Ningún político aceptará responsabilidades ni, mucho menos, dimitirá o será cesado. Las consecuencias serán pagadas, en tiempo, dinero, molestias y malestar, por algunos cientos de miles de ciudadanos de a pie que, como mucho, recibirán las disculpas formales habituales. Las únicas preocupaciones reales de los políticos involucrados serán el número de votos que cambiarán de sentido en las próximas elecciones y las medidas que pudieran evitar que ese número sea relevante.
miércoles, 5 de septiembre de 2007
¿ Es posible reducir drásticamente las muertes en carretera?
La introducción del carnet por puntos se había presentado como la vía más adecuada para reducir de forma drástica la sangría de las muertes en accidente de tráfico.
El peaje a pagar por los conductores es la pérdida de la garantía constitucional de que nadie puede ser condenado sin pruebas, y la presunción de veracidad de lo declarado por el agente de autoridad que formula una denuncia, aunque no estuviera presente en el lugar de los hechos, es una clara violación de esta garantía constitucional en condenas que superan en mucho la mera sanción administrativa, con multa incluida, que por esta vía se podía imponer en la situación anterior.
Personalmente estoy dispuesto a aceptar esta pérdida de garantía constitucional siempre que su aplicación se limite a las infracciones de tráfico y que la contrapartida, muy positiva, sea la reducción del número de muertos en accidente de tráfico en algunos miles al año.
La experiencia del primer año de aplicación es agridulce, parece que se reducirá el número de muertos en unos mil al año, lo que es bueno, pero las expectativas se han quedado en la mitad, lo que no parece aceptable.
Para resolver un problema tan complejo, parece lógico que sea necesario actuar en varios frentes y, aceptando que el carnet por puntos es un pilar básico de la solución y es la parte que corresponde a los ciudadanos de a pie, cabe añadir unos cuantos deberes que deberían realizar las administraciones.
También tendría que introducirse el correspondiente “carnet por puntos” para los responsables de las administraciones implicados en las tareas de planificación, ejecución y control de todos los aspectos relacionados con el tráfico de forma que cuando, por acción u omisión, no cumplieran sus deberes a este respecto, perdieran puntos y cuando la pérdida acumulada superara un número predeterminado de puntos, fueran inhabilitados para las funciones públicas.
Los deberes que la sociedad debería imponer a los administradores podrían ser los siguientes:
Realización de las obras necesarias para que desaparezcan de las vías de transporte los tramos que aumentan el riesgo de forma relevante. A este respecto sería importante que, para cada accidente con victimas mortales, fuera obligada la realización de un informe en el que se detallaran las medidas de mejora del tramo en que se produjo el accidente que hubieran ayudado a que éste no se produjera.
Realización de un plan de mejora intensiva de la señalización, con el objetivo de que ésta sea suficiente para que un conductor que nunca haya realizado un trayecto llegue a su destino sin dificultad, incluso si no dispone de navegador.
Revisión exhaustiva de los límites de velocidad aplicables a cada tramo, con el objeto de que éstos sean fiables y razonables, con inclusión de límites más estrictos, aplicables en situaciones desfavorables.
Agilización de los trámites sancionadores y establecimiento de un sistema de control interno, al azar, para evitar los abusos que algunos agentes llevan a cabo a la hora de denunciar aprovechando la presunción de veracidad de sus declaraciones.
Eliminación de los controles sancionadores cuyo objetivo principal es el recaudatorio.
Instalación de radares fijos y permanentes en todos los puntos en que el exceso de velocidad aumente especialmente el riesgo de accidente, con aviso de su existencia 1000 metros antes.
Si todos, o la inmensa mayoría, cumplimos con nuestros deberes para minimizar el riesgo del tráfico, los datos de los meses de agosto venideros serán menos duros, y aunque siempre habrá accidentes y victimas, la sociedad debería plantearse, y obtener, objetivos de reducción de más de la mitad de las muertes.
¿Se puede dar mejor destino al dinero que estos planes cuesten?
¿Será mucho pedir que las administraciones realicen la parte que les corresponde?
El peaje a pagar por los conductores es la pérdida de la garantía constitucional de que nadie puede ser condenado sin pruebas, y la presunción de veracidad de lo declarado por el agente de autoridad que formula una denuncia, aunque no estuviera presente en el lugar de los hechos, es una clara violación de esta garantía constitucional en condenas que superan en mucho la mera sanción administrativa, con multa incluida, que por esta vía se podía imponer en la situación anterior.
Personalmente estoy dispuesto a aceptar esta pérdida de garantía constitucional siempre que su aplicación se limite a las infracciones de tráfico y que la contrapartida, muy positiva, sea la reducción del número de muertos en accidente de tráfico en algunos miles al año.
La experiencia del primer año de aplicación es agridulce, parece que se reducirá el número de muertos en unos mil al año, lo que es bueno, pero las expectativas se han quedado en la mitad, lo que no parece aceptable.
Para resolver un problema tan complejo, parece lógico que sea necesario actuar en varios frentes y, aceptando que el carnet por puntos es un pilar básico de la solución y es la parte que corresponde a los ciudadanos de a pie, cabe añadir unos cuantos deberes que deberían realizar las administraciones.
También tendría que introducirse el correspondiente “carnet por puntos” para los responsables de las administraciones implicados en las tareas de planificación, ejecución y control de todos los aspectos relacionados con el tráfico de forma que cuando, por acción u omisión, no cumplieran sus deberes a este respecto, perdieran puntos y cuando la pérdida acumulada superara un número predeterminado de puntos, fueran inhabilitados para las funciones públicas.
Los deberes que la sociedad debería imponer a los administradores podrían ser los siguientes:
Realización de las obras necesarias para que desaparezcan de las vías de transporte los tramos que aumentan el riesgo de forma relevante. A este respecto sería importante que, para cada accidente con victimas mortales, fuera obligada la realización de un informe en el que se detallaran las medidas de mejora del tramo en que se produjo el accidente que hubieran ayudado a que éste no se produjera.
Realización de un plan de mejora intensiva de la señalización, con el objetivo de que ésta sea suficiente para que un conductor que nunca haya realizado un trayecto llegue a su destino sin dificultad, incluso si no dispone de navegador.
Revisión exhaustiva de los límites de velocidad aplicables a cada tramo, con el objeto de que éstos sean fiables y razonables, con inclusión de límites más estrictos, aplicables en situaciones desfavorables.
Agilización de los trámites sancionadores y establecimiento de un sistema de control interno, al azar, para evitar los abusos que algunos agentes llevan a cabo a la hora de denunciar aprovechando la presunción de veracidad de sus declaraciones.
Eliminación de los controles sancionadores cuyo objetivo principal es el recaudatorio.
Instalación de radares fijos y permanentes en todos los puntos en que el exceso de velocidad aumente especialmente el riesgo de accidente, con aviso de su existencia 1000 metros antes.
Si todos, o la inmensa mayoría, cumplimos con nuestros deberes para minimizar el riesgo del tráfico, los datos de los meses de agosto venideros serán menos duros, y aunque siempre habrá accidentes y victimas, la sociedad debería plantearse, y obtener, objetivos de reducción de más de la mitad de las muertes.
¿Se puede dar mejor destino al dinero que estos planes cuesten?
¿Será mucho pedir que las administraciones realicen la parte que les corresponde?
¡ Bravo por Rosa Díez !
Finalmente se ha confirmado la noticia que hace tiempo se esperaba: Rosa Díez deja el PSOE, su partido durante 30 años, para poder defender con libertad sus ideas socialistas.
Hace algo más de un año escuché de ella una queja que lo explica casi todo; contaba Rosa Díez que cuando era joven le acusaban de ser una mala española (los franquistas, obviamente) que unos años más tarde la acusación cambió a que era una mala vasca (en esta ocasión los nacionalistas) y que ahora la acusación es la de ser una mala socialista (los del PSE y PSOE claro, aunque ella no lo dijo)
Parece que ahora ha encontrado, en el partido que promueve ¡Basta ya!, el ámbito en el que defender sus ideas sin que se le acuse de nada. El tiempo nos dirá si en ese nuevo partido también se termina por elegir lo políticamente más conveniente para conseguir el poder, o mantenerse en él, o, por el contrario, se da prioridad a la defensa de los principios de defensa de la libertad, solidaridad y progreso social. Ojalá sea esto último, y podamos disfrutar de la defensa, convencida y argumentada, de las ideas a que Rosa Díez nos tiene acostumbrados.
Para mí Rosa Díez ha sido, y es, una buena española, una buena vasca y una buena socialista y, además, una mujer que me merece mucha confianza.
Por eso le deseo mucha suerte en su nueva andadura y, como además coincido con ella en la mayoría de las ideas y planteamientos, si se presenta en la circunscripción en que resido, tiene mi voto asegurado.
Hace algo más de un año escuché de ella una queja que lo explica casi todo; contaba Rosa Díez que cuando era joven le acusaban de ser una mala española (los franquistas, obviamente) que unos años más tarde la acusación cambió a que era una mala vasca (en esta ocasión los nacionalistas) y que ahora la acusación es la de ser una mala socialista (los del PSE y PSOE claro, aunque ella no lo dijo)
Parece que ahora ha encontrado, en el partido que promueve ¡Basta ya!, el ámbito en el que defender sus ideas sin que se le acuse de nada. El tiempo nos dirá si en ese nuevo partido también se termina por elegir lo políticamente más conveniente para conseguir el poder, o mantenerse en él, o, por el contrario, se da prioridad a la defensa de los principios de defensa de la libertad, solidaridad y progreso social. Ojalá sea esto último, y podamos disfrutar de la defensa, convencida y argumentada, de las ideas a que Rosa Díez nos tiene acostumbrados.
Para mí Rosa Díez ha sido, y es, una buena española, una buena vasca y una buena socialista y, además, una mujer que me merece mucha confianza.
Por eso le deseo mucha suerte en su nueva andadura y, como además coincido con ella en la mayoría de las ideas y planteamientos, si se presenta en la circunscripción en que resido, tiene mi voto asegurado.
viernes, 17 de agosto de 2007
Apagones eléctricos: causas y soluciones
El apagón de Barcelona del día 23 de julio ha sido uno entre los muchos problemas de distribución eléctrica en España. Pero ha sido el más grave por su duración y número de personas afectadas, muchas más de los 350.000 “abonados” con cortes.
Una semana después compareció en el Congreso el Ministro Clos, a petición propia, para no decir nada nuevo sobre causas o soluciones.
Al margen de la causa última, la famosa caída del cable sin explicar, el Ministro Clos debería saber que el origen está en la falta de inversiones en la red de distribución.
Las causas de la falta de inversiones son varias y con distintos responsables:
Cicatería de las distribuidoras, Endesa y todas las demás, que anteponen los beneficios extraordinarios a la garantía de suministro continuo para sus clientes.
Deficiente sistema de retribución de la distribución, que hace poco atractivas algunas inversiones.
Lentísimo proceso de obtención de los permisos necesarios para las inversiones, observable en todos los niveles (ayuntamientos, CCAA y ministerios, especialmente el de Medio Ambiente)
Actitud populista de los partidos políticos en la oposición, contrarios a toda infraestructura eléctrica de una cierta envergadura que deba realizarse donde ellos no mandan.
Actuación de la CNE, que sólo atiende a los aspectos formales y a la interpretación que más interese a los partidos políticos que propusieron a sus consejeros.
Escasa aceptación social de las infraestructuras con impacto relevante, aunque sean necesarias.
Las soluciones no serían muy complicadas:
Exigencia social y de las administraciones, de realización de todas las inversiones necesarias para asegurar el suministro continuo de electricidad, aún en caso de fallo total de algunas subestaciones.
Sistema retributivo con una rentabilidad razonable para las inversiones de los operadores eficientes.
Agilización de los procedimientos de obtención de permisos.
Explicación de la necesidad de las infraestructuras que se proponen.
Una semana después compareció en el Congreso el Ministro Clos, a petición propia, para no decir nada nuevo sobre causas o soluciones.
Al margen de la causa última, la famosa caída del cable sin explicar, el Ministro Clos debería saber que el origen está en la falta de inversiones en la red de distribución.
Las causas de la falta de inversiones son varias y con distintos responsables:
Cicatería de las distribuidoras, Endesa y todas las demás, que anteponen los beneficios extraordinarios a la garantía de suministro continuo para sus clientes.
Deficiente sistema de retribución de la distribución, que hace poco atractivas algunas inversiones.
Lentísimo proceso de obtención de los permisos necesarios para las inversiones, observable en todos los niveles (ayuntamientos, CCAA y ministerios, especialmente el de Medio Ambiente)
Actitud populista de los partidos políticos en la oposición, contrarios a toda infraestructura eléctrica de una cierta envergadura que deba realizarse donde ellos no mandan.
Actuación de la CNE, que sólo atiende a los aspectos formales y a la interpretación que más interese a los partidos políticos que propusieron a sus consejeros.
Escasa aceptación social de las infraestructuras con impacto relevante, aunque sean necesarias.
Las soluciones no serían muy complicadas:
Exigencia social y de las administraciones, de realización de todas las inversiones necesarias para asegurar el suministro continuo de electricidad, aún en caso de fallo total de algunas subestaciones.
Sistema retributivo con una rentabilidad razonable para las inversiones de los operadores eficientes.
Agilización de los procedimientos de obtención de permisos.
Explicación de la necesidad de las infraestructuras que se proponen.
Supervisores financieros: juez y parte
El sistema financiero tiene tres tipos de organismos que supervisan el riesgo financiero, lo que, sin ser el principal objetivo, debería ser un elemento de seguridad para los inversores, grandes o pequeños. Estos organismos son los bancos centrales (públicos) las comisiones de valores (independientes, al menos en teoría) y las agencias de calificación (privadas)
Los bancos centrales son los que tienen mayor poder y, por tanto, sus decisiones sobre tipos de interés y liquidez del sistema, son las que más rápidamente afectan al sistema financiero.
Las comisiones de valores velan por el cumplimiento de las normas por parte de las entidades que cotizan y negocian en las bolsas y mercados financieros y, aunque disponen de información suficiente para hacerlo, difícilmente valoran si las entidades concretas actúan de forma eficiente y con riesgo limitado, o no, siempre que cumplan las normas establecidas.
Por último, las agencias de calificación valoran, y revisan periódicamente, la calidad financiera de la deuda de las distintas empresas, emisiones y países, de forma que cada calificación afecta sólo a una emisión o empresa y, casi siempre, de forma moderada. Son las que disponen de los análisis individualizados y las que más rápidamente podrían avisar del cambio de riesgo de cada activo, pero suelen distanciar bastante en el tiempo la publicación de una revisión respecto a la anterior.
Ninguno de estos organismos ha reaccionado anticipadamente a los síntomas que anunciaban la actual crisis financiera y sólo, a toro pasado, los bancos centrales han actuado, aunque con eficacia como se ha visto hoy con la baja del tipo de interés en USA y, días antes, con la inyección de liquidez en la UE y Japón.
Cuando el pequeño inversor se entera del problema, sea este particular o de alcance general, las bolsas ya han descontado el valor de su inversión en al menos el 5%
Los organismos citados retrasan el anuncio de los problemas y minimizan su importancia: los bancos centrales porque tienen el objetivo superior de mantener la confianza en la solidez del sistema financiero, el punto más frágil del sistema económico; las comisiones de valores porque no es obvio que se hayan incumplido las normas, y las agencias de valores porque reciben sus ingresos de las empresas por los procesos de calificación y por la venta de otros servicios relacionados a esas y otras empresas.
Con la llegada de una nueva crisis, de nuevo surge la dificultad de actuar de forma ética y eficiente cuando se es a la vez juez y parte, aunque el hecho de ser juez proporcione de forma incontestable el mejor conocimiento para tomar las decisiones adecuadas.
No es fácil, ni tampoco sería conveniente, que los bancos centrales modifiquen su política de moderación en la valoración pública de las crisis, ya que la pérdida de la confianza sería mucho más dañina.
Las agencias de cotización no deberían obtener ingresos derivados de actividades distintas de la calificación, y la obtención de la información detallada de todas las calificaciones debería ser gratuita y pública de forma inmediata, a través de internet, para todos.
Las comisiones de valores, que reciben sus ingresos de las transacciones en las bolsas, deberían añadir entre sus servicios de información (también de forma pública inmediata y gratuita) el análisis de los riesgos financieros de los distintos tipos de fondos, emisiones y valores comercializados.
La responsabilidad de los gestores y administradores de las empresas, emisiones y fondos debería ser denunciable de oficio, de forma obligatoria e inmediata, por parte de las comisiones de valores y agencias de calificación, cuando sus análisis detectaran la existencia de riesgos no publicados explícitamente por aquellos.
Los bancos centrales son los que tienen mayor poder y, por tanto, sus decisiones sobre tipos de interés y liquidez del sistema, son las que más rápidamente afectan al sistema financiero.
Las comisiones de valores velan por el cumplimiento de las normas por parte de las entidades que cotizan y negocian en las bolsas y mercados financieros y, aunque disponen de información suficiente para hacerlo, difícilmente valoran si las entidades concretas actúan de forma eficiente y con riesgo limitado, o no, siempre que cumplan las normas establecidas.
Por último, las agencias de calificación valoran, y revisan periódicamente, la calidad financiera de la deuda de las distintas empresas, emisiones y países, de forma que cada calificación afecta sólo a una emisión o empresa y, casi siempre, de forma moderada. Son las que disponen de los análisis individualizados y las que más rápidamente podrían avisar del cambio de riesgo de cada activo, pero suelen distanciar bastante en el tiempo la publicación de una revisión respecto a la anterior.
Ninguno de estos organismos ha reaccionado anticipadamente a los síntomas que anunciaban la actual crisis financiera y sólo, a toro pasado, los bancos centrales han actuado, aunque con eficacia como se ha visto hoy con la baja del tipo de interés en USA y, días antes, con la inyección de liquidez en la UE y Japón.
Cuando el pequeño inversor se entera del problema, sea este particular o de alcance general, las bolsas ya han descontado el valor de su inversión en al menos el 5%
Los organismos citados retrasan el anuncio de los problemas y minimizan su importancia: los bancos centrales porque tienen el objetivo superior de mantener la confianza en la solidez del sistema financiero, el punto más frágil del sistema económico; las comisiones de valores porque no es obvio que se hayan incumplido las normas, y las agencias de valores porque reciben sus ingresos de las empresas por los procesos de calificación y por la venta de otros servicios relacionados a esas y otras empresas.
Con la llegada de una nueva crisis, de nuevo surge la dificultad de actuar de forma ética y eficiente cuando se es a la vez juez y parte, aunque el hecho de ser juez proporcione de forma incontestable el mejor conocimiento para tomar las decisiones adecuadas.
No es fácil, ni tampoco sería conveniente, que los bancos centrales modifiquen su política de moderación en la valoración pública de las crisis, ya que la pérdida de la confianza sería mucho más dañina.
Las agencias de cotización no deberían obtener ingresos derivados de actividades distintas de la calificación, y la obtención de la información detallada de todas las calificaciones debería ser gratuita y pública de forma inmediata, a través de internet, para todos.
Las comisiones de valores, que reciben sus ingresos de las transacciones en las bolsas, deberían añadir entre sus servicios de información (también de forma pública inmediata y gratuita) el análisis de los riesgos financieros de los distintos tipos de fondos, emisiones y valores comercializados.
La responsabilidad de los gestores y administradores de las empresas, emisiones y fondos debería ser denunciable de oficio, de forma obligatoria e inmediata, por parte de las comisiones de valores y agencias de calificación, cuando sus análisis detectaran la existencia de riesgos no publicados explícitamente por aquellos.
Crisis financiera ¿será profunda?
El aumento de la morosidad de las hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos ha encendido las señales de alarma del sector financiero internacional.
Como siempre ocurre en estos casos, las autoridades económicas de todo el mundo y los gurús y expertos del sector financiero se han apresurado a asegurar que es un problema puntual, que sólo afecta a un sector minoritario, y además de alto riesgo, por lo que los inversores que están en sectores de riesgo normal o bajo (la inmensa mayoría) deben estar tranquilos respecto a sus inversiones.
También han asegurado que el problema se limitará a Estados Unidos, ya que en Europa no existe ese mercado de hipotecas de alto riesgo.
Como siempre que una crisis encierra motivos más profundos y estructurales, los mercados reaccionan con nerviosismo: crece el número de entidades financieras de Estados Unidos que suspenden pagos y ¡oh sorpresa! los bancos centrales de la UE y Japón inyectan liquidez a unos mercados que no se iban a ver afectados.
Si cae la confianza de los ahorradores, la crisis puede ser histórica.
En España, mientras tanto, se niega el parón inmobiliario, y se dejan de publicar la mayoría de los indicadores de precios de la vivienda. Pero a los precios actuales muy pocos pueden comprar la vivienda para uso propio y, desaparecidas las expectativas de beneficios rápidos, la compra como inversión se traslada a sectores con más liquidez.
Los tipos de interés más altos, que seguramente tocarán techo este año tras alguna subida más, apretarán aún más el cinturón a los que se endeudaron al límite con tipos más bajos: la solidaridad familiar volverá a cubrir gran parte de los agujeros, pero a costa de un descenso importante del consumo privado.
Todo apunta a que la crisis financiera internacional será importante y pilla a la economía española en un momento de baja tras el periodo más largo de su historia de crecimiento relevante y continuado.
Suerte que en España tenemos a Pedro Solbes como ministro responsable. Esperemos que, también esta vez, Rodriguez Zapatero le haga caso.
Como siempre ocurre en estos casos, las autoridades económicas de todo el mundo y los gurús y expertos del sector financiero se han apresurado a asegurar que es un problema puntual, que sólo afecta a un sector minoritario, y además de alto riesgo, por lo que los inversores que están en sectores de riesgo normal o bajo (la inmensa mayoría) deben estar tranquilos respecto a sus inversiones.
También han asegurado que el problema se limitará a Estados Unidos, ya que en Europa no existe ese mercado de hipotecas de alto riesgo.
Como siempre que una crisis encierra motivos más profundos y estructurales, los mercados reaccionan con nerviosismo: crece el número de entidades financieras de Estados Unidos que suspenden pagos y ¡oh sorpresa! los bancos centrales de la UE y Japón inyectan liquidez a unos mercados que no se iban a ver afectados.
Si cae la confianza de los ahorradores, la crisis puede ser histórica.
En España, mientras tanto, se niega el parón inmobiliario, y se dejan de publicar la mayoría de los indicadores de precios de la vivienda. Pero a los precios actuales muy pocos pueden comprar la vivienda para uso propio y, desaparecidas las expectativas de beneficios rápidos, la compra como inversión se traslada a sectores con más liquidez.
Los tipos de interés más altos, que seguramente tocarán techo este año tras alguna subida más, apretarán aún más el cinturón a los que se endeudaron al límite con tipos más bajos: la solidaridad familiar volverá a cubrir gran parte de los agujeros, pero a costa de un descenso importante del consumo privado.
Todo apunta a que la crisis financiera internacional será importante y pilla a la economía española en un momento de baja tras el periodo más largo de su historia de crecimiento relevante y continuado.
Suerte que en España tenemos a Pedro Solbes como ministro responsable. Esperemos que, también esta vez, Rodriguez Zapatero le haga caso.
martes, 24 de julio de 2007
Barcelona sin electricidad ¿pulso al Gobierno?
Ayer 23 de julio de 2007, por enésima vez una importante ciudad española registró un corte de electricidad de larga duración y que afectó a centenares de miles de clientes (abonados según las distribuidoras) y con certeza a un par de millones de ciudadanos.
Con gran rapidez y diligencia centenares de guardias regularon los cruces que se habían quedado sin semáforos útiles ¿estaban avisados sus mandos de que algo así podía ocurrir? Al anochecer, todavía había bastantes semáforos sin servicio, pero no seguidos sino escalonados, y en esos cruces siempre había un guardia regulando eficazmente el tráfico (algunos de ellos sin señales luminosas, con el consiguiente riesgo para ellos por falta de visibilidad)
Antes les había tocado el turno en varias ocasiones a Madrid, Sevilla y a la propia Barcelona, por no hablar de la multitud de incidentes en zonas costeras que afectan a un número muy inferior de ciudadanos.
Todo apunta a que el origen real de los cortes es la insuficiente inversión de las filiales de distribución de todas las eléctricas: La causa última es que, aunque la actividad de distribución de electricidad tiene en su conjunto una retribución más que generosa, el sistema de retribución de las nuevas inversiones tiene algunos fallos que hacen que determinadas inversiones individuales no sean rentables para la empresa que debería hacerlas. En particular esto es así cuando la inversión debe atender aumentos de consumo que no aportan nuevos clientes o aumentos de la potencia contratada de los clientes existentes.
Además, si hay sobrecarga en una red la primera consecuencia es una caída de tensión, de hasta 10 o 15 voltios que no impide que la mayoría de los aparatos eléctricos funcionen aunque al consumidor se le factura más consumo del realizado (exactamente en la misma proporción que baja la tensión ya que el contador lo que mide es intensidad y no energía) con el resultado de un suculento beneficio adicional para la distribuidora.
Tradicionalmente el ministro responsable de la energía es catalán. En la actualidad son también catalanes el Secretario General correspondiente y la Presidenta de la CNE, todos ellos residentes en Barcelona durante décadas. Y Montilla, que en su etapa de ministro no hizo nada para evitar que esto pudiera ocurrir, ahora exige que el problema de Barcelona se solucione de forma inmediata.
Aunque es evidente que en este aspecto Barcelona es tratada de forma similar a Madrid o a Sevilla ¿podría alguien pensar que estas personas quieren tan poco a su ciudad como para no preocuparse de que tenga unas infraestructuras razonables?
¿O quizás el lobby eléctrico es tan potente que se permite echar un pulso al Gobierno para que en la próxima revisión de las tarifas eléctricas se acepte un aumento claramente por encima del compromiso que el presidente Rodríguez Zapatero adquirió con los españoles en el Parlamento? El tiempo nos dará la respuesta.
Con gran rapidez y diligencia centenares de guardias regularon los cruces que se habían quedado sin semáforos útiles ¿estaban avisados sus mandos de que algo así podía ocurrir? Al anochecer, todavía había bastantes semáforos sin servicio, pero no seguidos sino escalonados, y en esos cruces siempre había un guardia regulando eficazmente el tráfico (algunos de ellos sin señales luminosas, con el consiguiente riesgo para ellos por falta de visibilidad)
Antes les había tocado el turno en varias ocasiones a Madrid, Sevilla y a la propia Barcelona, por no hablar de la multitud de incidentes en zonas costeras que afectan a un número muy inferior de ciudadanos.
Todo apunta a que el origen real de los cortes es la insuficiente inversión de las filiales de distribución de todas las eléctricas: La causa última es que, aunque la actividad de distribución de electricidad tiene en su conjunto una retribución más que generosa, el sistema de retribución de las nuevas inversiones tiene algunos fallos que hacen que determinadas inversiones individuales no sean rentables para la empresa que debería hacerlas. En particular esto es así cuando la inversión debe atender aumentos de consumo que no aportan nuevos clientes o aumentos de la potencia contratada de los clientes existentes.
Además, si hay sobrecarga en una red la primera consecuencia es una caída de tensión, de hasta 10 o 15 voltios que no impide que la mayoría de los aparatos eléctricos funcionen aunque al consumidor se le factura más consumo del realizado (exactamente en la misma proporción que baja la tensión ya que el contador lo que mide es intensidad y no energía) con el resultado de un suculento beneficio adicional para la distribuidora.
Tradicionalmente el ministro responsable de la energía es catalán. En la actualidad son también catalanes el Secretario General correspondiente y la Presidenta de la CNE, todos ellos residentes en Barcelona durante décadas. Y Montilla, que en su etapa de ministro no hizo nada para evitar que esto pudiera ocurrir, ahora exige que el problema de Barcelona se solucione de forma inmediata.
Aunque es evidente que en este aspecto Barcelona es tratada de forma similar a Madrid o a Sevilla ¿podría alguien pensar que estas personas quieren tan poco a su ciudad como para no preocuparse de que tenga unas infraestructuras razonables?
¿O quizás el lobby eléctrico es tan potente que se permite echar un pulso al Gobierno para que en la próxima revisión de las tarifas eléctricas se acepte un aumento claramente por encima del compromiso que el presidente Rodríguez Zapatero adquirió con los españoles en el Parlamento? El tiempo nos dará la respuesta.
lunes, 2 de abril de 2007
El precio del gas argelino
El ministro argelino de energía y minas ha anunciado el aumento del precio del gas en 1 $USA por millón de BTU (el millón de BTU es la unidad en que se fijan los precios internacionales del gas y equivale a 293,2 kWh) lo que supone un aumento del 15% sobre el precio actual.
Dice el Ministerio que el aumento sólo afecta a Gas Natural, de donde se podría deducir que no afectará a los consumidores que contraten con otros suministradores, pero el gas afectado es el 30% del gas consumido en España y serán consumidores españoles los que paguen los 150 millones de dólares anuales que Argelia recibirá de forma inmediata con este aumento.
Los argelinos son negociadores muy duros y pacientes, cuyo objetivo es maximizar los ingresos a largo plazo que obtienen por el gas, y la experiencia demuestra que suelen conseguir sus objetivos casi al 100%.
En este caso su estrategia ha debido ser, poco más o menos, la siguiente:
Negociación política, durante 6 años, para obtener el permiso de un gasoducto directo entre Argelia y España (llamado Medgaz) con una capacidad equivalente a la de los contratos que ahora renegocia Gas Natural para el gas que llega a través de Marruecos.
Para evitar el rechazo inicial Sonatrach planteó el proyecto como un gasoducto internacional, en el que no menos del 75% del gas iría a Francia y otros países europeos y el resto se vendería en España. La cantidad de gas con destino a otros países fue reduciéndose hasta desaparecer ya que, finalmente, el Gobierno aceptó que toda la capacidad se destine al mercado español.
Argelia consiguió, con Montilla como ministro, el permiso con unas condiciones que hacen que los consumidores españoles paguen todas las inversiones necesarias en España para que el gas llegue desde Almería al resto del sistema gasista.
Ahora Argelia está negociando con el Ministerio el permiso para que Sonatrach (que tiene en Argelia el monopolio del transporte y comercialización del gas) pueda comercializar gas en España sin estar obligada a la reciprocidad que la legislación española prevé, según la cual las empresas españolas tendrían que estar autorizadas a comercializar gas en Argelia.
Los distintos socios de Medgaz han firmado contratos con precios secretos pero que, probablemente, son superiores a los actuales de Gas Natural, aunque con la garantía de que, en su momento, serán iguales o inferiores.
No deben ser baratos los precios de Sonatrach, ya que las dos multinacionales más importantes del proyecto (BP y Total) se han retirado del mismo al no llegar a un acuerdo al respecto.
El anuncio de la subida del gas que llega por Marruecos, lo ha hecho el ministro, no Sonatrach, coincidiendo con el cambio de postura política del Gobierno respecto al Sahara y justo el día antes de la visita oficial de los Reyes a Argelia.
Dice el Ministerio que el aumento sólo afecta a Gas Natural, de donde se podría deducir que no afectará a los consumidores que contraten con otros suministradores, pero el gas afectado es el 30% del gas consumido en España y serán consumidores españoles los que paguen los 150 millones de dólares anuales que Argelia recibirá de forma inmediata con este aumento.
Los argelinos son negociadores muy duros y pacientes, cuyo objetivo es maximizar los ingresos a largo plazo que obtienen por el gas, y la experiencia demuestra que suelen conseguir sus objetivos casi al 100%.
En este caso su estrategia ha debido ser, poco más o menos, la siguiente:
Negociación política, durante 6 años, para obtener el permiso de un gasoducto directo entre Argelia y España (llamado Medgaz) con una capacidad equivalente a la de los contratos que ahora renegocia Gas Natural para el gas que llega a través de Marruecos.
Para evitar el rechazo inicial Sonatrach planteó el proyecto como un gasoducto internacional, en el que no menos del 75% del gas iría a Francia y otros países europeos y el resto se vendería en España. La cantidad de gas con destino a otros países fue reduciéndose hasta desaparecer ya que, finalmente, el Gobierno aceptó que toda la capacidad se destine al mercado español.
Argelia consiguió, con Montilla como ministro, el permiso con unas condiciones que hacen que los consumidores españoles paguen todas las inversiones necesarias en España para que el gas llegue desde Almería al resto del sistema gasista.
Ahora Argelia está negociando con el Ministerio el permiso para que Sonatrach (que tiene en Argelia el monopolio del transporte y comercialización del gas) pueda comercializar gas en España sin estar obligada a la reciprocidad que la legislación española prevé, según la cual las empresas españolas tendrían que estar autorizadas a comercializar gas en Argelia.
Los distintos socios de Medgaz han firmado contratos con precios secretos pero que, probablemente, son superiores a los actuales de Gas Natural, aunque con la garantía de que, en su momento, serán iguales o inferiores.
No deben ser baratos los precios de Sonatrach, ya que las dos multinacionales más importantes del proyecto (BP y Total) se han retirado del mismo al no llegar a un acuerdo al respecto.
El anuncio de la subida del gas que llega por Marruecos, lo ha hecho el ministro, no Sonatrach, coincidiendo con el cambio de postura política del Gobierno respecto al Sahara y justo el día antes de la visita oficial de los Reyes a Argelia.
Gas Natural, que tantos favores debe al Gobierno, aceptará la subida que, inmediatamente, será repercutida en sus precios, subida a la que se apuntarán los demás operadores. Los consumidores de gas pagaremos, cuando Medgaz entre en operación, unos 400 M€ más al año, de los que 240 irán a Argelia (los 120 aumentados a Gas Natural y los 120 que ya había subido a los socios de Medgaz) 100 a Gas Natural y los 60 restantes al resto de los operadores.
Los precios del gas pagados en España serán más altos que los equivalentes en el Reino Unido, Holanda y Bélgica, que este invierno están pagando precios entre un 50 y un 70% más baratos, a los que pronto se unirán los industriales alemanes.
Argelia, cuando entre en operación Medgaz, volverá a acercarse, desde el 40% actual, a la cuota máxima que la legislación vigente prevé para aprovisionamientos desde un mismo país (60%) con lo que podrá manejar a su antojo los precios de un mercado supuestamente liberalizado, en el que los consumidores, excepto los muy pequeños, perderán el próximo año la protección que para ellos suponía la existencia de tarifas reguladas.
Los precios del gas pagados en España serán más altos que los equivalentes en el Reino Unido, Holanda y Bélgica, que este invierno están pagando precios entre un 50 y un 70% más baratos, a los que pronto se unirán los industriales alemanes.
Argelia, cuando entre en operación Medgaz, volverá a acercarse, desde el 40% actual, a la cuota máxima que la legislación vigente prevé para aprovisionamientos desde un mismo país (60%) con lo que podrá manejar a su antojo los precios de un mercado supuestamente liberalizado, en el que los consumidores, excepto los muy pequeños, perderán el próximo año la protección que para ellos suponía la existencia de tarifas reguladas.
viernes, 12 de enero de 2007
Unión Europea y cambio climático
La Comisión ha presentado una propuesta para que la UE combata el cambio climático.
Los objetivos son muy ambiciosos: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (respecto a las de 1990) del 30% para el conjunto de los países industrializados en 2020 y del 50% para el conjunto mundial en 2050 (lo que supondría entre el 60 y el 80% para los países industrializados)
La propia Comisión considera que si su propuesta se lleva a cabo, para lo que será necesario un acuerdo internacional muy amplio, supondrá una nueva revolución industrial. en todo caso la UE se compromete a una reducción del 20% para 2020 incluso en ausencia de acuerdo internacional.
Los objetivos a conseguir son múltiples, pero los más importantes son el aumento de la eficiencia energética en todos los campos (procesos industriales, transporte y consumos residenciales de calefacción y de refrigeración) y el desarrollo de las energías renovables.
Además la Comisión considera que es necesario que los mercados energéticos tengan una competencia real y no aparente como ocurre en la actualidad. para ello propone algunos cambios que afectarán tanto a las empresas integradas que incluyen las redes de transporte y distribución entre sus activos como a los reguladores nacionales en los aspectos en que sus decisiones impidan el comercio de energía entre unos paises y otros.
En cuanto a los gobiernos, si la propuesta triunfa, se encontrarán con que los objetivos de reducción de emisiones, de mejora de eficiencia y de penetración de las energías renovables serán de cumplimiento obligatorio.
Los consumidores tendremos mercados de energía más competitivos, con mayor calidad y seguridad de suministro. Los precios subirán porque se empleará la fiscalidad para inducir el ahorro de energía.
Menor consumo a mayor precio, esperemos que la factura total no sea muy diferente.
Las grandes empresas energéticas han iniciado la protesta porque les aprieta el zapato y los demás ganaremos.
Hacía tiempo que la UE no abordaba un tema tan importante a corto, medio y largo plazo y, por fortuna, el Gobierno de España lo apoya.
Ojalá el proyecto no sea descafeinado tras el lobby de las grandes empresas energéticas que no ha hecho más que empezar.
Los objetivos son muy ambiciosos: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (respecto a las de 1990) del 30% para el conjunto de los países industrializados en 2020 y del 50% para el conjunto mundial en 2050 (lo que supondría entre el 60 y el 80% para los países industrializados)
La propia Comisión considera que si su propuesta se lleva a cabo, para lo que será necesario un acuerdo internacional muy amplio, supondrá una nueva revolución industrial. en todo caso la UE se compromete a una reducción del 20% para 2020 incluso en ausencia de acuerdo internacional.
Los objetivos a conseguir son múltiples, pero los más importantes son el aumento de la eficiencia energética en todos los campos (procesos industriales, transporte y consumos residenciales de calefacción y de refrigeración) y el desarrollo de las energías renovables.
Además la Comisión considera que es necesario que los mercados energéticos tengan una competencia real y no aparente como ocurre en la actualidad. para ello propone algunos cambios que afectarán tanto a las empresas integradas que incluyen las redes de transporte y distribución entre sus activos como a los reguladores nacionales en los aspectos en que sus decisiones impidan el comercio de energía entre unos paises y otros.
En cuanto a los gobiernos, si la propuesta triunfa, se encontrarán con que los objetivos de reducción de emisiones, de mejora de eficiencia y de penetración de las energías renovables serán de cumplimiento obligatorio.
Los consumidores tendremos mercados de energía más competitivos, con mayor calidad y seguridad de suministro. Los precios subirán porque se empleará la fiscalidad para inducir el ahorro de energía.
Menor consumo a mayor precio, esperemos que la factura total no sea muy diferente.
Las grandes empresas energéticas han iniciado la protesta porque les aprieta el zapato y los demás ganaremos.
Hacía tiempo que la UE no abordaba un tema tan importante a corto, medio y largo plazo y, por fortuna, el Gobierno de España lo apoya.
Ojalá el proyecto no sea descafeinado tras el lobby de las grandes empresas energéticas que no ha hecho más que empezar.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)