Ayer 9 de marzo de 2010, el Ministro de Trabajo ha recomendado públicamente a los ciudadanos que complementen la pensión pública que vayan a tener con un plan de pensiones privado para reducir, o eliminar, la pérdida de ingresos que siempre supone la jubilación respecto a los ingresos por el trabajo que se tienen el año previo a la jubilación.
La polémica que ha surgido está llena de falsedades y de demagogia, aunque también hay un elevado grado de demagogia en la propuesta del Sr. Corbacho.
Es falso que la supuesta conveniencia de tener un plan de pensiones privado se derive del elevado riesgo de que desaparezcan las pensiones públicas. Las pensiones no desaparecerán, salvo catástrofe mayúscula que se lleve por delante, además, a una gran parte de la población. Lo que si ocurrirá es que, al ser nuestro sistema de pensiones un sistema de reparto, las pensiones que se reciban sean las que correspondan a repartir los ingresos de cada etapa (no es ajustarán año a año pero si a lo largo de las décadas) entre los pensionistas que haya. Por eso es tan importante analizar la propuesta sobre la modificación de las pensiones, porque la demografía nos muestra que, casi con certeza absoluta, el sistema actual, si mantiene todas sus características actuales, no será viable en el futuro.
Pero también es falso que la opción del plan de pensiones privado sea la mejor para los actuales trabajadores, ya que la fiscalidad de los planes de pensiones es, con mucho, la peor de las fiscalidades que existen en España para inversiones financieras, exactamente lo contrario de lo que debería ser, por tratarse de un ahorro no especulativo y con vocación, impuesta `por la ley, de larga permanencia en el sistema financiero antes de que el beneficiario pueda disponer de él (veinte años como media para un trabajador que lo construya a lo largo de una vida laboral de cuarenta años)
Esta fiscalidad es tan mala porque para compensar el caramelo que supone no tributar, hasta un límite, por el IRPF respecto a las cantidades ingresadas en el plan de pensiones, Hacienda grava después tanto los rendimientos como el dinero invertido como si se tratara de rentas de trabajo. Pongamos el caso, más habitual de lo que a primera vista pueda parecer de una persona que cotiza a la seguridad social por el máximo, lo que le lleva a tener en su día la pensión máxima, y que tiene un sueldo medio alto, que le lleva a tener el tipo marginal más elevado en sus declaraciones anuales. El resultado es que, año a año, deja de pagar por IRPF el 42% de las cantidades que ingresa en el plan de pensiones; a cambio, cuando cobra el plan de pensiones, tanto si lo hace de una vez al jubilarse como si prefiere una renta vitalicia, pagará el 42% (si se mantiene este tipo marginal) de todo el dinero que reciba, incluido el que ingresó en el plan de pensiones.
Comparemos esta fiscalidad, con la que tendría una persona que, con la misma situación fiscal invirtiera el mismo dinero cada año en activos financieros con la misma rentabilidad y recibiera, por tanto, las mismas cantidades en los mismos plazos. Pues bien, esta persona, además de que no tendría ninguna limitación legal para movilizar su dinero cuando y como quisiera, pagaría el 18% de los rendimientos (el 20% a partir de julio) y el 0% de las cantidades que ingresó.
En consecuencia, cabe pensar que la recomendación del ministro Corbacho es menos inocente de lo que parece, ya que si una parte importante de la población le hiciera caso el resultado sería el siguiente:
- Buen negocio para los bancos, que a través de sus gestoras de los fondos de pensiones ingresarían todos los años un buen pellizco en forma de comisiones (que están en función del patrimonio del fondo, no de sus resultados)
- Aumento del ahorro nacional, con lo que el Estado lo tendrá más fácil para colocar sus emisiones de deuda pública.
- Importante incremento, a largo plazo, de la recaudación fiscal, sin que se hayan tocado los impuestos.
La recomendación del Ministro de Trabajo no es buena, pero no por las razones que se han dicho, sino porque es una forma muy sutil de conseguir que los jubilados paguen mucho más en concepto de impuesto sobre la renta, con la gran ventaja de que lo harán de forma voluntaria.
