Panorama actual de la economía española
I La inflación.-
Tras muchos años de precios estables, la inflación comenzó a crecer en la primavera de 2021, sin que el gobierno le diera la menor importancia, dado que una inflación moderada, según su criterio, entre el 3 y el 4% anual le ayudaba en su política de aumentar la recaudación fiscal sin tener que cambiar los tipos.
La Vicepresidenta 3ª fue la autora de los primeros golpes inflacionarios por la doble vía de aumentar el coste de los derechos de emisión de CO2, que en el caso de los precios de la electricidad suponía trasladar el aumento de precios correspondiente a la generación con gas también a la generación con energías que no lo emiten y por el cambio del sistema de peajes de la tarifa regulada de electricidad, con un aumento desaforado del precio a pagar por los consumidores acogidos a ella, ya antes de que la generación de electricidad aumentara sus precios en toda la UE por el aumento de los precios internacionales del gas natural. A estas dos medidas hay que sumar el apoyo adicional al deseado aumento de los precios pagados por los consumidores finales de electricidad derivado de no modificar el sistema que permite a los particulares generar electricidad renovable en sus hogares, pero con muy poco ahorro para ellos y mucho margen adicional para las comercializadoras de los grupos que también tienen redes de distribución.
Los aumentos de los precios internacionales del petróleo y el gas vinieron a continuación, aumento que se agravó para los consumidores de la zona euro por la depreciación del euro respecto al dólar, depreciación a la que no es ajena la política de "barra libre" de compra de deuda pública de los estados miembro a tipo prácticamente cero por parte del BCE, política que por otra parte ha generado una inflación adicional, dada la enorme magnitud de la cantidad de dinero aportado por el BCE a los países miembro.
También se añadió la creciente dificultad de obtener los suministros de China, sobre todo en las commodities tecnológicas, y el aumento más que relevante de los fletes que ha afectado a los precios de todas las importaciones desde ese país.
Por si fuera poco, a continuación comenzaron las tensiones provocadas por Rusia, que pronto se transformaron en los ataques bélicos a Ucrania y las correspondientes reducciones de las exportaciones de alimentos tanto de Ucrania como de Rusia.
El resultado ha sido el de un aumento de la inflación desconocido desde hace décadas en todos los países de la UE, que en el caso de España es de los más acentuados por los motivos internos ya citados.
En la actualidad nos encontramos en España con un aumento del IPC del 5,9% en el acumulado de los primeros seis meses del año y del 10,2% en los últimos 12 meses hasta junio.
Se empieza a hablar del "Pacto de rentas" como solución a la inflación, cuando la realidad es que los salarios, tanto públicos como privados, y las pensiones han subido en 2022, para la inmensa mayoría de las personas, bastante menos del 5,9 % de la inflación acumulada entre enero y junio. No es por tanto la variación de las rentas salariales, ni públicas ni privadas, ni de las pensiones una causa relevante de la inflación que padecemos, lo que no significa que el "Pacto de rentas" no sea sumamente deseable sobre todo si va unido a otros pactos adicionales que ayuden a paliar la situación económica que se nos avecina.
Para corregir la inflación y evitar que continúe creciendo, además del Pacto de rentas deben tomarse medidas en otros aspectos que también la promueven.
La parte más importante corresponde al desequilibrio de las cuentas públicas, tanto desde el punto de vista del peso creciente que tendrá a partir de este mismo mes el pago de los intereses de la deuda pública como de la continuidad de un déficit público insostenible. Teniendo en cuenta que la deuda pública es aproximadamente el 120% del PIB, por cada punto porcentual que aumente el tipo de interés medio de la deuda pública, cada año deberemos emplear el 1,2% del PIB para pagar los intereses. Si el tipo medio subiera tres puntos porcentuales cada año deberemos usar el 3,6% del PIB para el pago de intereses, y si subiera 5 puntos porcentuales deberíamos emplear el 6% del PIB para ese pago.
Además, a partir de 2024, muy probablemente la Comisión presione para que el déficit público de los próximos años no supere el 3% fijado en los Compromisos de Maastrich.
Por otra parte, si el gobierno pretende que la sociedad acepte el Pacto de rentas con una pérdida notable del poder adquisitivo de la inmensa mayoría de las familias, deberá renunciar al aumento de la recaudación directamente provocado por la inflación. En el IRPF deberá deflactar la tabla de tipos para que no aumente el porcentaje pagado por causa de la inflación y en cuanto a los impuestos indirectos deberá acomodar los impuestos especiales de las energías (hidrocarburos y electricidad) para paliar los precios elevados mientras estos se mantengan y, asimismo, rebajar el tipo de IVA a determinados productos que pagan al 21% y que son especialmente sensibles. Esta debería ser la aportación del gobierno al Pacto de rentas y, de la misma manera que las familias deberán reducir su consumo a causa de la pérdida de poder adquisitivo, el Estado, en todos los tipos de administración deberá reducir su gasto sin por ello reducir los servicios fundamentales que presta sino, por el contrario, aumentando las dotaciones en los servicios clave como son Sanidad y Educación. Para ello, todas las administraciones deberían elaborar los presupuestos de 2023 siguiendo estrictamente el modelo de "Presupuestos con base cero" que es la mejor manera de eliminar todos los despilfarros y gastos que no estás asociados a una actividad socialmente relevante.
Finalmente, a fin de minimizar los gastos en transporte de los ciudadanos sería bueno copiar el modelo implantado en Alemania que permite a todos los ciudadanos desplazarse por todo el país usando el transporte público (metro, autobuses urbanos, autobuses interurbanos y trenes de cercanías y regionales) con una tarjeta de transporte de su comunidad autónoma o ayuntamiento con un precio único para todo el país de 10 euros al mes. El beneficio no será únicamente que el transporte pase a ser un coste marginal para la economía familiar, sino que además supondrá un ahorro energético y una mejora del medio ambiente muy relevantes.
