El principal objetivo del sector financiero es el saneamiento de sus balances. Como casi todos los objetivos críticos para salir de esta crisis no es tarea fácil, pero es imprescindible.
Para hacerlo, la Administración tiene que establecer, a través del Banco de España, el proceso a seguir tanto de forma genérica como, entidad a entidad en aquellos casos en que las entidades financieras no lo sigan al ritmo establecido que, por desgracia, será lo más habitual. Será un proceso muy delicado y poco transparente, para evitar la pérdida de confianza en muchas de las entidades y por ello es básico que sea el Banco de España quien siga de cerca cada proceso y establezca las pautas específicas cuando la entidad correspondiente no vaya alcanzando los hitos temporales que se establezcan de forma general.
Para hacer que las entidades tengan una situación estable en el menor plazo será imprescindible la reducción del número de oficinas (que constituye un elemento relevante en los costes fijos de operación) acompañada, en su caso, de procesos de absorción o de fusión.
El punto más delicado será, sin duda, el saneamiento rápido de los activos tóxicos inmobiliarios, que seguramente exigirá la asunción por parte de las entidades financieras de unas pérdidas relevantes asociadas a una vuelta a precios de los inmuebles y del suelo edificable que sean asumibles para el mercado.
El segundo objetivo, crucial para la recuperación de la actividad económica, es volver a poner a disposición del sector privado la nueva financiación que éste necesita. Para ello, el sector financiero necesita mejorar su propia financiación, todavía hoy basada en exceso en el recurso a créditos muy baratos procedentes del BCE que luego emplean en gran parte en comprar deuda pública con un margen aceptable y sin riesgo alguno para ellos (el Estado es el que avala los créditos del BCE) Este mecanismo, muy cómodo para las entidades financieras, durará mientras el BCE tenga que apoyar también a las entidades financieras de los otros países de la zona euro, pero todo apunta a que ese periodo será inferior al que necesita el sistema financiero español a causa de su exagerada exposición inmobiliaria.
También es importante que las entidades financieras cambien sus objetivos principales de la actual la maximización del beneficio a corto plazo a la estabilidad de su balance a corto, medio y largo plazo y, además, tendrían que asumir las pérdidas derivadas de su deficiente gestión en el pasado.
Finalmente, para asegurar que las condiciones de acceso al crédito sean razonables, el Gobierno, a través del ICO y de forma directa, tendría que poner unas cantidades relevantes de crédito a disposición de empresas y particulares, en condiciones razonables tanto de tipo de interés como en cuanto a las garantías exigibles. Esta actuación tendría un doble efecto: asegurar un mínimo de crédito realmente disponible en condiciones razonables y dar una pauta de referencia al mercado financiero, de forma que otras entidades, en este caso privadas, ofrecieran créditos en condiciones similares.
viernes, 16 de julio de 2010
Deuda externa española al final del primer trimestre de 2010
Ya es una cuestión generalmente aceptada que la elevada cuantía de la deuda externa española es uno de los principales frenos para la recuperación económica.
La mejor fuente de información de este indicador es el Banco de España, que trimestralmente, aunque con excesivo retraso, proporciona información detallada sobre los créditos a corto plazo (menos de un año de vencimiento) y a largo plazo, con un desglose que permite separar la deuda entre el sector público, el conjunto de las instituciones financieras y el resto de la sociedad que, para simplificar, llamaré sector privado no financiero.
Desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primer trimestre de 2009, el conjunto de la deuda externa a largo plazo dejó de crecer (anteriormente lo había hecho de forma desmesurada, ya que había aumentado en 123000 millones de euros en 2004, en 158000 millones durante 2005, en otros 210000 millones en 2006, crecimiento que alcanzó un máximo de 265000 millones en el año móvil que va entre los segundos trimestres de 2006 y 2007)
A partir de 2009 la deuda exterior total ha vuelto a crecer de forma importante, pero no tan exagerada (86000 millones entre los primeros trimestres de 2009 y de 2010, último, éste, para el que hay datos) pero el comportamiento de cada uno de los tres sectores considerados ha sido diferente:
El sector privado no financiero, como muestra el gráfico siguiente, prácticamente no ha aumentado su deuda a largo plazo, ya que era de 603000 millones de euros en el tercer trimestre de 2007 y ha sido de 608000 millones en el primer trimestre de 2010, si bien la deuda a corto plazo también aumentó en algo más de 5000 millones de euros en el mismo periodo.
El conjunto de las instituciones financieras también tuvo al final del primer trimestre de este año prácticamente la misma deuda a largo plazo que en el tercer trimestre de 2007 (382000 y 379000 millones de euros respectivamente) En este caso ha sido la deuda a corto la que ha aumentado de forma notable (ha pasado en el mismo periodo de 324000 a 452000 millones de euros)
Finalmente, el sector público ha tenido un comportamiento completamente diferente, ya que durante la primera parte del periodo analizado la deuda externa, que estaba descendiendo desde el primer trimestre de 2007, como consecuencia lógica del superávit publico que entonces había, continuó bajando hasta que, a partir del segundo trimestre de 2008, empezó a crecer de forma exponencial, crecimiento que en el periodo considerado desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primer trimestre de 2010 se ha repartido entre la deuda a largo plazo (73000 millones) y la deuda a corto plazo (46500 millones)
La deuda externa total ha continuado creciendo durante todo el periodo, aunque a un ritmo bastante inferior, y ha pasado de 1,54 billones de euros en el tercer trimestre de 2007 a 1,79 billones en el primer trimestre de 2010.
Lo más preocupante, a efectos de las consecuencias de una eventual actuación especulativa contra la deuda española, es la evolución de la deuda a menos de un año, que al final del primer trimestre de 2010 alcanzó la cifra de 534.500 millones de euros. Por otra parte, es también preocupante la deuda a corto plazo de las instituciones financieras (452500 millones de euros al final del primer trimestre de este año) ya que la reducción de los créditos directos del BCE, que antes o después se tendrá que producir, supondrá un gravísimo problema para muchas de estas instituciones.
Si, como es de esperar, no se produce ninguna actuación especulativa contra la deuda española, quedará el problema, asimismo de enorme gravedad, de la falta de nueva financiación para la mayoría de las empresas y de las familias españolas, escasez que será estructural durante varios años (los que tarde en absorberse la mayor parte de los activos tóxicos inmobiliarios que todavía tiene el sistema financiero español) y que será un tremendo lastre para la recuperación de la actividad, motivo por el que es muy urgente la drástica reducción del déficit público del conjunto de las Administraciones y por el que asistiremos a una política muy restrictiva del gasto público, con medidas de calado muy superior al hasta ahora anunciado.
La mejor fuente de información de este indicador es el Banco de España, que trimestralmente, aunque con excesivo retraso, proporciona información detallada sobre los créditos a corto plazo (menos de un año de vencimiento) y a largo plazo, con un desglose que permite separar la deuda entre el sector público, el conjunto de las instituciones financieras y el resto de la sociedad que, para simplificar, llamaré sector privado no financiero.
Desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primer trimestre de 2009, el conjunto de la deuda externa a largo plazo dejó de crecer (anteriormente lo había hecho de forma desmesurada, ya que había aumentado en 123000 millones de euros en 2004, en 158000 millones durante 2005, en otros 210000 millones en 2006, crecimiento que alcanzó un máximo de 265000 millones en el año móvil que va entre los segundos trimestres de 2006 y 2007)
A partir de 2009 la deuda exterior total ha vuelto a crecer de forma importante, pero no tan exagerada (86000 millones entre los primeros trimestres de 2009 y de 2010, último, éste, para el que hay datos) pero el comportamiento de cada uno de los tres sectores considerados ha sido diferente:
El sector privado no financiero, como muestra el gráfico siguiente, prácticamente no ha aumentado su deuda a largo plazo, ya que era de 603000 millones de euros en el tercer trimestre de 2007 y ha sido de 608000 millones en el primer trimestre de 2010, si bien la deuda a corto plazo también aumentó en algo más de 5000 millones de euros en el mismo periodo.
El conjunto de las instituciones financieras también tuvo al final del primer trimestre de este año prácticamente la misma deuda a largo plazo que en el tercer trimestre de 2007 (382000 y 379000 millones de euros respectivamente) En este caso ha sido la deuda a corto la que ha aumentado de forma notable (ha pasado en el mismo periodo de 324000 a 452000 millones de euros)
Finalmente, el sector público ha tenido un comportamiento completamente diferente, ya que durante la primera parte del periodo analizado la deuda externa, que estaba descendiendo desde el primer trimestre de 2007, como consecuencia lógica del superávit publico que entonces había, continuó bajando hasta que, a partir del segundo trimestre de 2008, empezó a crecer de forma exponencial, crecimiento que en el periodo considerado desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primer trimestre de 2010 se ha repartido entre la deuda a largo plazo (73000 millones) y la deuda a corto plazo (46500 millones)
La deuda externa total ha continuado creciendo durante todo el periodo, aunque a un ritmo bastante inferior, y ha pasado de 1,54 billones de euros en el tercer trimestre de 2007 a 1,79 billones en el primer trimestre de 2010.
Lo más preocupante, a efectos de las consecuencias de una eventual actuación especulativa contra la deuda española, es la evolución de la deuda a menos de un año, que al final del primer trimestre de 2010 alcanzó la cifra de 534.500 millones de euros. Por otra parte, es también preocupante la deuda a corto plazo de las instituciones financieras (452500 millones de euros al final del primer trimestre de este año) ya que la reducción de los créditos directos del BCE, que antes o después se tendrá que producir, supondrá un gravísimo problema para muchas de estas instituciones.
Si, como es de esperar, no se produce ninguna actuación especulativa contra la deuda española, quedará el problema, asimismo de enorme gravedad, de la falta de nueva financiación para la mayoría de las empresas y de las familias españolas, escasez que será estructural durante varios años (los que tarde en absorberse la mayor parte de los activos tóxicos inmobiliarios que todavía tiene el sistema financiero español) y que será un tremendo lastre para la recuperación de la actividad, motivo por el que es muy urgente la drástica reducción del déficit público del conjunto de las Administraciones y por el que asistiremos a una política muy restrictiva del gasto público, con medidas de calado muy superior al hasta ahora anunciado.
viernes, 9 de julio de 2010
El circulo vicioso de la profunda crisis económica: posibles soluciones II (deberes del sector público)
El principal objetivo del sector público es eliminar el déficit del conjunto de las Administraciones, manteniendo las prestaciones sociales fundamentales y recurriendo en la menor medida posible al aumento de la presión fiscal. No es tarea fácil, pero es imprescindible.
Para hacerlo, las Administraciones tienen que mentalizarse de que, durante décadas, tendrán que limitarse a contar con recursos muy inferiores a los que han empleado en los años inmediatamente anteriores a la crisis y cambiar radicalmente su forma de gestionar el dinero público. La única manera de razonable es la realización de presupuestos base cero en todas y cada una de las unidades de cada administración.
Los servicios a garantizar deben ser los imprescindibles, se debe poner en cuestión cada puesto de trabajo público y asegurar la eficacia de cada trabajador público y se tiene que renunciar a gastar un solo euro público en aquellas actividades que no sean imprescindibles. En los servicios irrenunciables (pensiones, sanidad, educación, desempleo, infraestructuras públicas y seguridad) se tiene que redefinir el alcance y la forma de optimizar los costes y se debería aprovechar el cambio para eliminar las injusticias que existen en el sistema actual.
El sistema de pensiones se tiene que cambiar para asegurar su viabilidad a medio y largo plazo y mejorar su equidad, lo que supone ampliar la base de cálculo de las nuevas pensiones a un número mayor de años de la vida laboral (la totalidad a ser posible) hacer que el valor de cualquier cotización realizada sea el mismo independientemente del momento en que se haya realizado, reformular el cálculo de la pensión a recibir en función de la edad y de las cotizaciones realizadas, recalcular la edad mínima y el número de años cotizados a partir de los que se tenga derecho a la pensión máxima, eliminar la edad máxima para continuar cotizando a la seguridad social y reformular los incentivos para continuar la actividad, parcial o totalmente, una vez cumplida la edad en que se tenga derecho a la pensión máxima, y también para retomarla una vez obtenida la prestación por jubilación, de forma que se repartan los beneficios de forma equitativa entre el trabajador que prolongue la actividad y el sistema de pensiones. También sería necesario aprovechar la reforma para aplicar a los políticos electos las mismas condiciones (y en especial los mismos años de cotización) que a los demás trabajadores, para obtener su pensión.
El sistema sanitario tiene que optimizar sus costes sin merma de la calidad asistencial. Para ello debe rediseñar bastantes procesos para evitar las pruebas analíticas innecesarias (no las preventivas) y el consuno excesivo de medicinas, así como para maximizar el uso de medicamentos genéricos. Además, debe revisar las causas por las que una parte relevante de los médicos formados en el excelente sistema español se van a otros países, lo que obliga a que en España se tengan que contratar médicos de otros países, con un nivel de formación claramente inferior. Asimismo debería evitarse la privatización de gran número de actividades, especialmente las asistenciales, para evitar que se cambie el criterio de aplicar a cada persona el tratamiento más adecuado para su situación por el de aplicar a cada persona el tratamiento que proporcione un mayor beneficio económico a la empresa que, de hecho, decide que tratamiento aplicar.
El sistema educativo tiene que mejorar su eficiencia, para lo que, en contra de lo generalmente aceptado, no es necesario aumentar el gasto por alumno, o por lo menos no de forma relevante. Es imprescindible, por el contrario, hacer una reforma educativa, consensuada al menos por los dos principales partidos políticos, que aumente los niveles de exigencia cambiando los criterios actuales de maximizar a toda costa el numero de alumnos que superan los distintos niveles y devolviendo la posibilidad de movilidad absoluta de los alumnos entre comunidades autónomas sin pérdida de cursos por causa de las diferencias de los planes educativos. Son puntos fundamentales la devolución de la autoridad y el prestigio social a los profesores y la valoración del esfuerzo individual de los alumnos.
Las prestaciones por desempleo deben modificarse para asegurar que se incentiva de forma efectiva la búsqueda de un nuevo empleo, tan rápido como sea posible. Las experiencias de países como Dinamarca podrían servir de referencia para diseñar los cambios.
La ley de Dependencia tendrá que revisarse, a fin de que sea económicamente posible el cumplimiento de lo en ella establecido. No es de recibo la frustración generalizada que se deriva de los retrasos en recibir la prestación efectiva, que con demasiada frecuencia se acuerda cuando la persona beneficiaria ya ha fallecido, lo que deriva en un pago nulo por parte de la Administración, para lo que es necesario que la obligación de pago sea efectiva desde la fecha en que, en caso de haber actuado con diligencia, le tendría que haber sido reconocida y que, en caso de fallecimiento, corresponda recibir la prestación a la persona que realizaba los cuidados o, en último caso, a los herederos. Asimismo, debe optarse por la forma de atención más adecuada para la persona dependiente, aunque ello suponga la creación de menos empleos.
La disponibilidad de fondos para realizar inversiones públicas será especialmente escasa en los próximos años, motivo por el que es más importante que nunca asegurar que se acometan únicamente aquellos proyectos que generen riqueza y que además se realicen optimizando sus costes, tanto de inversión como de operación y mantenimiento.
El mantenimiento de un nivel de seguridad adecuado es incompatible con la reducción del número de agentes de los cuerpos de seguridad que efectivamente se dedican a preservarlo, por lo que las reducciones de puestos de trabajo se deben limitar a la optimización de los puestos dedicados a tareas administrativas y se debe parar la práctica de contratar personal de empresas privadas para estos fines.
La necesidad de optimización del número de empleados públicos es especialmente necesaria en los ayuntamientos, por lo que deberían imponerse limites al número de sus empleados públicos (tanto directos como indirectos) en función del número de habitantes del municipio.
También deberían establecerse límites al déficit presupuestario (anual y acumulado) de cada una de las entidades, regular los plazos de pago a los proveedores de las cantidades comprometidas y también definir las responsabilidades personales de las personas que incumplan esas normativas.
Finalmente, es necesario establecer un programa exhaustivo de lucha contra la corrupción que introduzca la tolerancia cero en todos los niveles de las administraciones.
Para hacerlo, las Administraciones tienen que mentalizarse de que, durante décadas, tendrán que limitarse a contar con recursos muy inferiores a los que han empleado en los años inmediatamente anteriores a la crisis y cambiar radicalmente su forma de gestionar el dinero público. La única manera de razonable es la realización de presupuestos base cero en todas y cada una de las unidades de cada administración.
Los servicios a garantizar deben ser los imprescindibles, se debe poner en cuestión cada puesto de trabajo público y asegurar la eficacia de cada trabajador público y se tiene que renunciar a gastar un solo euro público en aquellas actividades que no sean imprescindibles. En los servicios irrenunciables (pensiones, sanidad, educación, desempleo, infraestructuras públicas y seguridad) se tiene que redefinir el alcance y la forma de optimizar los costes y se debería aprovechar el cambio para eliminar las injusticias que existen en el sistema actual.
El sistema de pensiones se tiene que cambiar para asegurar su viabilidad a medio y largo plazo y mejorar su equidad, lo que supone ampliar la base de cálculo de las nuevas pensiones a un número mayor de años de la vida laboral (la totalidad a ser posible) hacer que el valor de cualquier cotización realizada sea el mismo independientemente del momento en que se haya realizado, reformular el cálculo de la pensión a recibir en función de la edad y de las cotizaciones realizadas, recalcular la edad mínima y el número de años cotizados a partir de los que se tenga derecho a la pensión máxima, eliminar la edad máxima para continuar cotizando a la seguridad social y reformular los incentivos para continuar la actividad, parcial o totalmente, una vez cumplida la edad en que se tenga derecho a la pensión máxima, y también para retomarla una vez obtenida la prestación por jubilación, de forma que se repartan los beneficios de forma equitativa entre el trabajador que prolongue la actividad y el sistema de pensiones. También sería necesario aprovechar la reforma para aplicar a los políticos electos las mismas condiciones (y en especial los mismos años de cotización) que a los demás trabajadores, para obtener su pensión.
El sistema sanitario tiene que optimizar sus costes sin merma de la calidad asistencial. Para ello debe rediseñar bastantes procesos para evitar las pruebas analíticas innecesarias (no las preventivas) y el consuno excesivo de medicinas, así como para maximizar el uso de medicamentos genéricos. Además, debe revisar las causas por las que una parte relevante de los médicos formados en el excelente sistema español se van a otros países, lo que obliga a que en España se tengan que contratar médicos de otros países, con un nivel de formación claramente inferior. Asimismo debería evitarse la privatización de gran número de actividades, especialmente las asistenciales, para evitar que se cambie el criterio de aplicar a cada persona el tratamiento más adecuado para su situación por el de aplicar a cada persona el tratamiento que proporcione un mayor beneficio económico a la empresa que, de hecho, decide que tratamiento aplicar.
El sistema educativo tiene que mejorar su eficiencia, para lo que, en contra de lo generalmente aceptado, no es necesario aumentar el gasto por alumno, o por lo menos no de forma relevante. Es imprescindible, por el contrario, hacer una reforma educativa, consensuada al menos por los dos principales partidos políticos, que aumente los niveles de exigencia cambiando los criterios actuales de maximizar a toda costa el numero de alumnos que superan los distintos niveles y devolviendo la posibilidad de movilidad absoluta de los alumnos entre comunidades autónomas sin pérdida de cursos por causa de las diferencias de los planes educativos. Son puntos fundamentales la devolución de la autoridad y el prestigio social a los profesores y la valoración del esfuerzo individual de los alumnos.
Las prestaciones por desempleo deben modificarse para asegurar que se incentiva de forma efectiva la búsqueda de un nuevo empleo, tan rápido como sea posible. Las experiencias de países como Dinamarca podrían servir de referencia para diseñar los cambios.
La ley de Dependencia tendrá que revisarse, a fin de que sea económicamente posible el cumplimiento de lo en ella establecido. No es de recibo la frustración generalizada que se deriva de los retrasos en recibir la prestación efectiva, que con demasiada frecuencia se acuerda cuando la persona beneficiaria ya ha fallecido, lo que deriva en un pago nulo por parte de la Administración, para lo que es necesario que la obligación de pago sea efectiva desde la fecha en que, en caso de haber actuado con diligencia, le tendría que haber sido reconocida y que, en caso de fallecimiento, corresponda recibir la prestación a la persona que realizaba los cuidados o, en último caso, a los herederos. Asimismo, debe optarse por la forma de atención más adecuada para la persona dependiente, aunque ello suponga la creación de menos empleos.
La disponibilidad de fondos para realizar inversiones públicas será especialmente escasa en los próximos años, motivo por el que es más importante que nunca asegurar que se acometan únicamente aquellos proyectos que generen riqueza y que además se realicen optimizando sus costes, tanto de inversión como de operación y mantenimiento.
El mantenimiento de un nivel de seguridad adecuado es incompatible con la reducción del número de agentes de los cuerpos de seguridad que efectivamente se dedican a preservarlo, por lo que las reducciones de puestos de trabajo se deben limitar a la optimización de los puestos dedicados a tareas administrativas y se debe parar la práctica de contratar personal de empresas privadas para estos fines.
La necesidad de optimización del número de empleados públicos es especialmente necesaria en los ayuntamientos, por lo que deberían imponerse limites al número de sus empleados públicos (tanto directos como indirectos) en función del número de habitantes del municipio.
También deberían establecerse límites al déficit presupuestario (anual y acumulado) de cada una de las entidades, regular los plazos de pago a los proveedores de las cantidades comprometidas y también definir las responsabilidades personales de las personas que incumplan esas normativas.
Finalmente, es necesario establecer un programa exhaustivo de lucha contra la corrupción que introduzca la tolerancia cero en todos los niveles de las administraciones.
jueves, 8 de julio de 2010
El circulo vicioso de la profunda crisis económica: posibles soluciones (I)
Una vez delimitado el problema, muy complejo y de enorme magnitud, a que se enfrenta la economía española, el ejercicio de análisis quedaría incompleto si no se incorporaran las posibles soluciones que puedan llevar a una superación en mejores condiciones que dejar, simplemente, que los acontecimientos vayan imponiendo sus propias soluciones.
No es fácil diseñar el conjunto de medidas que necesita nuestra economía, ni tampoco será cómodo ponerlas en práctica para los responsables de hacerlo, porque la mayoría de las medidas que se necesitan serán impopulares, ya que es necesario que todos los que vivimos en España asumamos que hay una costosa factura que pagar y que no es posible evitar que la inmensa mayoría de la población pague una parte de esa factura.
Parece razonable intentar romper el círculo vicioso previamente delimitado por varios puntos a la vez, pero todas las medidas que puedan ayudar a hacerlo parten de un mismo concepto: si queremos salir de la crisis sin que aumente mucho más el desempleo, la única solución es trabajar más y mejor, a cambio de menos.
Como país tenemos que reducir la deuda externa existente, lo que requiere aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones y reducir tanto como sea posible las necesidades de financiación no destinadas a inversiones productivas.
El objetivo prioritario del sector público será eliminar el déficit del conjunto de las Administraciones, manteniendo las prestaciones sociales imprescindibles, mejorando la eficiencia de su gestión y recurriendo en la menor medida posible al aumento de la presión fiscal. No es tarea fácil, pero es imprescindible y la única forma de conseguirlo es haciendo presupuestos base cero en todas y cada una de las unidades de cada administración.
Para el sector financiero, los dos objetivos fundamentales son sanear sus balances y volver a poner a disposición del sector privado la nueva financiación que éste necesita. Tampoco es tarea fácil, y también es imprescindible; por otra parte sólo se conseguirá si se cambian los objetivos fundamentales de cada entidad financiera, cambiando la maximización del beneficio a corto plazo por la estabilidad de su balance a corto, medio y largo plazo.
Las empresas de cualquier tamaño, y las personas que trabajan por su cuenta, tendrán que plantearse como objetivo fundamental la viabilidad económica a corto, medio y largo plazo. La mayor parte se encuentran en una situación más que difícil, en buena parte por causas en las que no pueden influir, pero tendrán que ingeniárselas para conseguir mantener la actividad mediante la reducción drástica de los costes y la mejora de la eficiencia.
Los trabajadores por su parte, deberán intentar preservar su puesto de trabajo, lo que en no pocos casos supondrá aceptar aumentos de la cantidad y calidad del trabajo que realizan a cambio de sacrificios salariales, que en el mejor de los casos supondrá no aumentar su retribución nominal y en otros requerirá incluso reducciones de la misma.
Finalmente las familias tendrán que continuar, como ya vienen haciendo, con la adaptación de sus pautas de consumo y de gasto a la nueva situación que, en muchos casos, se caracteriza por una reducción muy relevante de la capacidad de gasto derivada de la reducción del crédito disponible, de los ingresos regulares y/o de la necesidad de reducir su endeudamiento.
No es fácil diseñar el conjunto de medidas que necesita nuestra economía, ni tampoco será cómodo ponerlas en práctica para los responsables de hacerlo, porque la mayoría de las medidas que se necesitan serán impopulares, ya que es necesario que todos los que vivimos en España asumamos que hay una costosa factura que pagar y que no es posible evitar que la inmensa mayoría de la población pague una parte de esa factura.
Parece razonable intentar romper el círculo vicioso previamente delimitado por varios puntos a la vez, pero todas las medidas que puedan ayudar a hacerlo parten de un mismo concepto: si queremos salir de la crisis sin que aumente mucho más el desempleo, la única solución es trabajar más y mejor, a cambio de menos.
Como país tenemos que reducir la deuda externa existente, lo que requiere aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones y reducir tanto como sea posible las necesidades de financiación no destinadas a inversiones productivas.
El objetivo prioritario del sector público será eliminar el déficit del conjunto de las Administraciones, manteniendo las prestaciones sociales imprescindibles, mejorando la eficiencia de su gestión y recurriendo en la menor medida posible al aumento de la presión fiscal. No es tarea fácil, pero es imprescindible y la única forma de conseguirlo es haciendo presupuestos base cero en todas y cada una de las unidades de cada administración.
Para el sector financiero, los dos objetivos fundamentales son sanear sus balances y volver a poner a disposición del sector privado la nueva financiación que éste necesita. Tampoco es tarea fácil, y también es imprescindible; por otra parte sólo se conseguirá si se cambian los objetivos fundamentales de cada entidad financiera, cambiando la maximización del beneficio a corto plazo por la estabilidad de su balance a corto, medio y largo plazo.
Las empresas de cualquier tamaño, y las personas que trabajan por su cuenta, tendrán que plantearse como objetivo fundamental la viabilidad económica a corto, medio y largo plazo. La mayor parte se encuentran en una situación más que difícil, en buena parte por causas en las que no pueden influir, pero tendrán que ingeniárselas para conseguir mantener la actividad mediante la reducción drástica de los costes y la mejora de la eficiencia.
Los trabajadores por su parte, deberán intentar preservar su puesto de trabajo, lo que en no pocos casos supondrá aceptar aumentos de la cantidad y calidad del trabajo que realizan a cambio de sacrificios salariales, que en el mejor de los casos supondrá no aumentar su retribución nominal y en otros requerirá incluso reducciones de la misma.
Finalmente las familias tendrán que continuar, como ya vienen haciendo, con la adaptación de sus pautas de consumo y de gasto a la nueva situación que, en muchos casos, se caracteriza por una reducción muy relevante de la capacidad de gasto derivada de la reducción del crédito disponible, de los ingresos regulares y/o de la necesidad de reducir su endeudamiento.
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