Hoy 24 de abril de 2009 se han hecho públicos los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de este año. La cifra de parados es aterradora, 4.010.700 personas, con lo que ya queda muy vieja la polémica de si este año se llegaría o no a los cuatro millones de parados.
La cifra supone un aumento de 802.800 parados, con una destrucción de 766.000 empleos y un aumento de la población activa de 36.800 personas.
Los portavoces del Gobierno admiten, como no podía ser de otra manera, que el dato es pésimo, pero se consuelan diciendo que el primer trimestre es siempre el que presenta peores resultados y que, además, el de este año coincide con el peor momento de la economía, por lo que no es fácil que se repitan en el futuro datos tan malos. Es más que probable que los datos de los próximos trimestres no sean peores, pero todo parece indicar que seguirán siendo malos y no sería extraño que los parados alcancen los cinco millones antes de que termine el año.
Lo más preocupante es que no parece que el Gobierno considere que haya llegado el momento de actuar de forma distinta a como lo viene haciendo hasta ahora, para conseguir reducir los desastrosos efectos del paro para las familias que lo padecen de forma directa y para el resto de la sociedad, que también lo padece de forma indirecta.
En la rueda de prensa convocada para presentar estos datos, la Vicepresidenta Salgado, a la que hay que agradecer que lo haya hecho en persona, ha continuado la táctica de echar balones fuera, ya que ha expresado su convencimiento de que el paro empezará a mejorar ya en el mes de abril, pero no ha querido arriesgar ninguna previsión de los datos que pueda dar la EPA del segundo trimestre (seguramente porque no confía en que la realidad no sea mucho peor que las previsiones oficiales) ha dado el dato de que hay actualmente un millón de familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo, pero ha dicho que todavía están calculando el número de ellas que no tienen ningún ingreso y, con la excusa de que no tenía a mano el dato del número de parados que ya han agotado la prestación por desempleo, no ha dado esta cifra.
Parece que no va a cambiar la política del Gobierno, por lo que no es de esperar que haya ninguna reforma laboral ya que el Gobierno sólo la adoptaría con el acuerdo de sindicatos y asociaciones empresariales, y la Vicepresidenta ha dicho que ya se están tomando medidas para mejorar el empleo y que ya están dando frutos como se verá cuando se tengan los datos de paro registrado y de afiliaciones a la Seguridad Social de Abril.
Ha vuelto a insistir en que todas las medidas que tome el Gobierno con repercusión en el gasto público se analizarán teniendo en cuenta el obligado cumplimiento en el ejercicio 2012 del compromiso de que el déficit público del año no supere el 3% del PIB, lo que unido al compromiso de que el conjunto de la deuda pública no supere en ningún momento el 60% del PIB hará que las nuevas medidas de gasto público tengan un alcance limitado.
También ha comunicado que el Gobierno está analizando, junto a las CCAA, las medidas de protección social que se puedan introducir para paliar la situación de las familias que se queden sin ingresos una vez agotadas las prestaciones de desempleo y los subsidios que puedan recibir por no tener empleo.
El resultado de la continuidad de la política del Gobierno en materia de empleo no será otro que un mayor incremento de la cifra de parados y una mayor duración de la situación de desempleo.
Alguien debería explicar al Presidente del Gobierno, y ya no está Pedro Solbes para hacerlo, que si bien es cierto que los trabajadores no tenemos culpa alguna en los orígenes de la crisis actual y que, en consecuencia, es injusto que tengamos que pagar, directa e indirectamente, la mayor parte de los costes de la crisis, no es menos cierto que es imposible que sólo los culpables de la crisis, entre los que también se encuentran los políticos con responsabilidades de gobierno durante los años previos a la crisis, sean los que paguen las consecuencias, y que, por otra parte, la política económica que se haga tendrá efectos tanto en la intensidad y duración de la etapa de insuficiente actividad económica como en la intensidad y duración de la etapa de recuperación que, más tarde que pronto, se producirá.
En lo que a la eventual reforma del mercado laboral se refiere, el Presidente del Gobierno debería ser consciente de que si se empeña en mantener una situación más favorable para los funcionarios y los trabajadores que conserven el empleo fijo que ya tienen, será a costa de que aumenten tanto el número de desempleados como el plazo de tiempo necesario para que ese número se reduzca.
Finalmente, el Presidente del Gobierno debería saber que la eventual reforma laboral no es incompatible con una política de gasto social para atención a los desempleados tan amplia como permitan las finanzas públicas.
viernes, 24 de abril de 2009
miércoles, 22 de abril de 2009
El artículo del New York Times sobre la deflación
Algunos periódicos, y muchos comentaristas, se han hecho eco del artículo de Nelson D. Schwartz, publicado en el New York Times del 21 de abril, pero no parecen haberlo leído con detenimiento.
Dice el articulista que muchos comerciantes de bienes y servicios para consumidores finales se están viendo obligados a hacer algo que antes nunca habían hecho, bajar los precios, y pone como ejemplo el caso de un profesional que realiza videos de viviendas para particulares y profesionales, quien a pesar de haber reducido sus precios en un tercio no ha conseguido evitar la reducción del número de pedidos.
Añade el articulista que los economistas temen que, como consecuencia de la combinación de la caída de los precios y el aumento del desempleo, España podría estar en la fase previa a la deflación, afirmación que ha sido traducida por el titular más vistoso de “El New York Times advierte que España está en deflación”
También comenta el articulista que España es el primer país de la UE en anunciar una reducción del IPC en el conjunto de los doce últimos meses, haciendo notar que la caída es del 0,1%. Aunque luego apunta que también Irlanda, Portugal y Luxemburgo han tenido reducción de su IPC, se olvida de decir que es para el mismo periodo, lo que significa que si España fue la primera, es sólo porque publicó antes el dato.
El artículo pasa a explicar la negativa evolución del paro en España y continúa contando la mala experiencia de un empresario de logística y de una dependienta de una pollería. También se hace eco del enorme aumento del número de personas que van a comer a los comedores gratuitos.
A continuación comenta lo que es la deflación y la dificultad de salir de ella una vez que esta situación se instala en una economía.
El artículo finaliza diciendo que los Estados Unidos son menos vulnerables a la deflación, en parte debido a las políticas financiera y monetaria que están siguiendo termina diciendo que España, al estar integrada en el euro, ha perdido la capacidad de actuar con la tradicional devaluación, posiblemente acompañada de una reducción a cero del tipo de interés básico.
Como se puede apreciar, el artículo dice cosas que son ciertas, explica bien lo que es la deflación y sus riesgos, aunque no aporta ningún dato sobre la situación económica española que no fuera ya conocido y parece pensado para que los lectores estadounidenses sepan que en la, para ellos, desconocida España las cosas están mucho peor que en su país, que en los Estados Unidos se está aplicando la política económica correcta para minimizar los efectos de la situación económica y que la integración en el Euro ha sido una decisión pésima de los europeos, porque con ella los países como España han perdido la capacidad de responder adecuadamente en los momentos en que la economía va mal.
Pero, ya que se ha publicado en el New York Times, es un excelente argumento para criticar la política económica del Gobierno, como si ésta no fuera objetivamente criticable por los errores en los que cae continuamente.
Dice el articulista que muchos comerciantes de bienes y servicios para consumidores finales se están viendo obligados a hacer algo que antes nunca habían hecho, bajar los precios, y pone como ejemplo el caso de un profesional que realiza videos de viviendas para particulares y profesionales, quien a pesar de haber reducido sus precios en un tercio no ha conseguido evitar la reducción del número de pedidos.
Añade el articulista que los economistas temen que, como consecuencia de la combinación de la caída de los precios y el aumento del desempleo, España podría estar en la fase previa a la deflación, afirmación que ha sido traducida por el titular más vistoso de “El New York Times advierte que España está en deflación”
También comenta el articulista que España es el primer país de la UE en anunciar una reducción del IPC en el conjunto de los doce últimos meses, haciendo notar que la caída es del 0,1%. Aunque luego apunta que también Irlanda, Portugal y Luxemburgo han tenido reducción de su IPC, se olvida de decir que es para el mismo periodo, lo que significa que si España fue la primera, es sólo porque publicó antes el dato.
El artículo pasa a explicar la negativa evolución del paro en España y continúa contando la mala experiencia de un empresario de logística y de una dependienta de una pollería. También se hace eco del enorme aumento del número de personas que van a comer a los comedores gratuitos.
A continuación comenta lo que es la deflación y la dificultad de salir de ella una vez que esta situación se instala en una economía.
El artículo finaliza diciendo que los Estados Unidos son menos vulnerables a la deflación, en parte debido a las políticas financiera y monetaria que están siguiendo termina diciendo que España, al estar integrada en el euro, ha perdido la capacidad de actuar con la tradicional devaluación, posiblemente acompañada de una reducción a cero del tipo de interés básico.
Como se puede apreciar, el artículo dice cosas que son ciertas, explica bien lo que es la deflación y sus riesgos, aunque no aporta ningún dato sobre la situación económica española que no fuera ya conocido y parece pensado para que los lectores estadounidenses sepan que en la, para ellos, desconocida España las cosas están mucho peor que en su país, que en los Estados Unidos se está aplicando la política económica correcta para minimizar los efectos de la situación económica y que la integración en el Euro ha sido una decisión pésima de los europeos, porque con ella los países como España han perdido la capacidad de responder adecuadamente en los momentos en que la economía va mal.
Pero, ya que se ha publicado en el New York Times, es un excelente argumento para criticar la política económica del Gobierno, como si ésta no fuera objetivamente criticable por los errores en los que cae continuamente.
lunes, 20 de abril de 2009
Viabilidad del sistema de pensiones
El sistema español de pensiones es un sistema de reparto, lo que significa que las pensiones que se pagan cada año provienen de la recaudación de lo que pagan ese mismo año los pensionistas del futuro.
Este sistema, por su propia naturaleza, tiene una gran incertidumbre para los cotizantes, ya que nada les garantiza que la pensión que reciban en su día tenga alguna relación con lo que hayan cotizado a lo largo de su vida laboral. En contrapartida, puede ocurrir que reciban una pensión muy superior a la que correspondería a sus cotizaciones.
El sistema español tiene, además, algunos fallos muy relevantes que desincentivan la cotización por bases elevadas cuando faltan más de 15 años para la jubilación, ya que la pensión, hoy por hoy, se calcula teniendo en cuenta la edad que se tiene en el momento de la jubilación, el tiempo realmente cotizado y las cantidades cotizadas precisamente durante los quince años previos a la jubilación.
Con esto se favorece a los que hayan cotizado por las bases mínimas hasta cumplir los 50 años, hayan pasado a cotizar por la base máxima a partir de entonces y coticen por último día aquel en que cumplen 65 años y se perjudica a los que actúen de otra manera, especialmente a los que hayan cotizado muchos años, más de los 35 exigidos para alcanzar el máximo, lo hayan hecho siempre por la base máxima pero los azares de la vida le hayan llevado a padecer un ERE a los 60 años de edad.
El sistema, por otra parte, incentiva muy poco la continuidad en activo de los mayores de 65 años que puedan y, voluntariamente, quieran hacerlo.
Como todo sistema de reparto, al no tener una población estable en cada una de las etapas, fundamentalmente por el, por otra parte muy deseable, incremento progresivo de la vida media de la población, el sistema es inestable y tiene muchas dificultades para garantizar que las pensiones del futuro sean equivalentes en poder adquisitivo a las de hoy.
Estos aspectos son algunos de los que trató el Gobernador del Banco de España en su reciente comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo. En mi modesta opinión lo hizo de forma rigurosa y ponderada, seguramente con la loable intención de llamar la atención del poder legislativo para que cuanto antes se ponga a trabajar para reforzar la estabilidad del sistema antes de que sea demasiado tarde para evitar una debacle.
Soy consciente de que su intervención ha merecido el rechazo de la mayor parte de los políticos, sindicalistas y comentaristas, muy probablemente porque para ellos lo que pueda ocurrir en el horizonte de 2020 o posteriormente carece del menor interés, ya que para entonces, si siguen vivos, habrán perdido sus actuales posiciones en la vida pública.
Lo peor de todo es que intentan atemorizar a los actuales pensionistas, que en poco o nada verían afectada su situación personal salvo que sean jubilados recientes y gocen después de una gran longevidad, haciéndoles creer que no se debe cambiar el sistema para evitar que ellos pierdan, y consiguen convencer a la mayor parte de la población de que con el sistema actual todo continuará igual de aquí a 20, 30 ó 40 años.
Les guste o no les guste a los detractores del discurso del Gobernador, el sistema español de pensiones necesita una reforma profunda, que no tiene por qué ser sinónimo de injusta, radical o poco respetuosa con los derechos adquiridos por los actuales pensionistas. Esa reforma conviene que se inicie lo antes posible, preferiblemente con las pautas apuntadas por el Gobernador que terminó su discurso con las siguientes palabras: {... Y estoy convencido de que unas reformas moderadas y adoptadas con tiempo suficiente, no sólo ayudarán a resolver los problemas del largo plazo, sino que, al tranquilizar y reducir incertidumbres sobre el futuro, tendrán efectos favorables también en el corto plazo, en la difícil coyuntura que estamos atravesando.}
Este sistema, por su propia naturaleza, tiene una gran incertidumbre para los cotizantes, ya que nada les garantiza que la pensión que reciban en su día tenga alguna relación con lo que hayan cotizado a lo largo de su vida laboral. En contrapartida, puede ocurrir que reciban una pensión muy superior a la que correspondería a sus cotizaciones.
El sistema español tiene, además, algunos fallos muy relevantes que desincentivan la cotización por bases elevadas cuando faltan más de 15 años para la jubilación, ya que la pensión, hoy por hoy, se calcula teniendo en cuenta la edad que se tiene en el momento de la jubilación, el tiempo realmente cotizado y las cantidades cotizadas precisamente durante los quince años previos a la jubilación.
Con esto se favorece a los que hayan cotizado por las bases mínimas hasta cumplir los 50 años, hayan pasado a cotizar por la base máxima a partir de entonces y coticen por último día aquel en que cumplen 65 años y se perjudica a los que actúen de otra manera, especialmente a los que hayan cotizado muchos años, más de los 35 exigidos para alcanzar el máximo, lo hayan hecho siempre por la base máxima pero los azares de la vida le hayan llevado a padecer un ERE a los 60 años de edad.
El sistema, por otra parte, incentiva muy poco la continuidad en activo de los mayores de 65 años que puedan y, voluntariamente, quieran hacerlo.
Como todo sistema de reparto, al no tener una población estable en cada una de las etapas, fundamentalmente por el, por otra parte muy deseable, incremento progresivo de la vida media de la población, el sistema es inestable y tiene muchas dificultades para garantizar que las pensiones del futuro sean equivalentes en poder adquisitivo a las de hoy.
Estos aspectos son algunos de los que trató el Gobernador del Banco de España en su reciente comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo. En mi modesta opinión lo hizo de forma rigurosa y ponderada, seguramente con la loable intención de llamar la atención del poder legislativo para que cuanto antes se ponga a trabajar para reforzar la estabilidad del sistema antes de que sea demasiado tarde para evitar una debacle.
Soy consciente de que su intervención ha merecido el rechazo de la mayor parte de los políticos, sindicalistas y comentaristas, muy probablemente porque para ellos lo que pueda ocurrir en el horizonte de 2020 o posteriormente carece del menor interés, ya que para entonces, si siguen vivos, habrán perdido sus actuales posiciones en la vida pública.
Lo peor de todo es que intentan atemorizar a los actuales pensionistas, que en poco o nada verían afectada su situación personal salvo que sean jubilados recientes y gocen después de una gran longevidad, haciéndoles creer que no se debe cambiar el sistema para evitar que ellos pierdan, y consiguen convencer a la mayor parte de la población de que con el sistema actual todo continuará igual de aquí a 20, 30 ó 40 años.
Les guste o no les guste a los detractores del discurso del Gobernador, el sistema español de pensiones necesita una reforma profunda, que no tiene por qué ser sinónimo de injusta, radical o poco respetuosa con los derechos adquiridos por los actuales pensionistas. Esa reforma conviene que se inicie lo antes posible, preferiblemente con las pautas apuntadas por el Gobernador que terminó su discurso con las siguientes palabras: {... Y estoy convencido de que unas reformas moderadas y adoptadas con tiempo suficiente, no sólo ayudarán a resolver los problemas del largo plazo, sino que, al tranquilizar y reducir incertidumbres sobre el futuro, tendrán efectos favorables también en el corto plazo, en la difícil coyuntura que estamos atravesando.}
lunes, 13 de abril de 2009
Nuevo Gobierno ¿nueva política económica?
El nuevo Gobierno ha empezado su andadura y, de momento, poco sabemos de sus planes de actuación en lo que se refiere a la economía.
Está la declaración del Presidente en el momento de hacer públicos los cambios, con tres prioridades que la mayoría compartimos: salida de la actual situación económica en el menor plazo posible, vertebración de las comunidades autónomas, para que sean una ayuda y no un lastre, y elaboración de un nuevo modelo económico que permita crecimientos mayores y más estables de la economía.
Tenemos también las declaraciones de la Vicepresidenta Fernández de la Vega en el sentido de que, para las CCAA, se ha terminado el momento de las reivindicaciones y ha llegado el de la cooperación, del Vicepresidente Chaves que anuncia que la coordinación de las CCAA se hará sin privilegios para ninguna de ellas y, por último, la escueta declaración de la Vicepresidenta Salgado anunciando que su máxima prioridad es la generación de empleo. También en estos aspectos la mayoría de la población estamos, casi con certeza, de acuerdo.
Los problemas aparecen cuando hay que establecer las políticas concretas que permitan alcanzar esos objetivos. Todo apunta a que la salida del Vicepresidente Solbes irá acompañada de un aumento relevante del gasto público y ese temor aumenta cuando se hace público que el Secretario de Estado de Economía plantea su dimisión. Además, otros ministerios que no forman parte directamente del área económica, pero que son los responsables de gestionar partidas relevantes de gasto, han anunciado importantes aumentos del gasto público: el Ministerio de Fomento que seguramente quitará el freno a los proyectos paralizados por la exministra Álvarez, el Ministerio de Sanidad y Política Social que anuncia el rápido desarrollo de la Ley de Dependencia, para lo que requerirá ingentes cantidades de dinero público, y el Ministerio de Trabajo anuncia la posibilidad de aumentar los periodos de percepción del seguro de desempleo mientras dure la situación actual de penuria económica.
Mientras, la actividad económica sigue cayendo y, con ella, la recaudación de impuestos y, por otra parte, el crédito para empresas y familias se sigue reduciendo y encareciendo (a pesar de la bajada del euribor que afecta, aunque no siempre, a los créditos concedidos antes de la crisis, en tanto que los nuevos créditos se encarecen para hacer pagar a los nuevos prestatarios la totalidad del incremento de morosidad) El número de desempleados crece a ritmos desmesurados y se calcula que ya hay un millón de parados que no reciben ningún tipo de ayuda pública.
El Presidente del Gobierno dijo, antes de la remodelación ministerial, que había margen para el endeudamiento. Es cierto, pero con un límite que viene dado por el compromiso de que la deuda pública total no supere el 60% del PIB. El margen que existe, incluyendo el incremento de deuda de este año, es aproximadamente del 25% del PIB y todo apunta a que entre 2009 y 2010 la deuda publica aumente en cerca del 20%, lo que deja muy poco margen para 2011 y 2012, año este último en el que, además, tendremos que volver a cumplir el requisito de que el déficit del año no supere el 3% del PIB.
Para que todos los números cuadren es necesario que el Gobierno consiga aumentar los ingresos y reducir los otros gastos, por lo que las perspectivas son las de un aumento de los impuestos (probablemente el IVA será el que se emplee en mayor cuantía) una congelación de los sueldos de los funcionarios de todas las administraciones y un acuerdo de financiación autonómica que apenas suponga aumento, en términos absolutos, de las cantidades a percibir respecto a las de 2008.
En los próximos meses iremos conociendo la política económica real del Gobierno, aunque es probable que, siguiendo la práctica de hace un año, se oculten a la opinión pública las medidas impopulares hasta después de las elecciones al Parlamento Europeo. El próximo verano, cuando los datos del primer semestre muestren la dureza de la situación, que previsiblemente será peor que las previsiones más pesimistas que se publican ahora, llegará el momento de que se vayan conociendo las medidas que, antes o después, obliguen a la sociedad española a hacer frente a la situación actual.
Está la declaración del Presidente en el momento de hacer públicos los cambios, con tres prioridades que la mayoría compartimos: salida de la actual situación económica en el menor plazo posible, vertebración de las comunidades autónomas, para que sean una ayuda y no un lastre, y elaboración de un nuevo modelo económico que permita crecimientos mayores y más estables de la economía.
Tenemos también las declaraciones de la Vicepresidenta Fernández de la Vega en el sentido de que, para las CCAA, se ha terminado el momento de las reivindicaciones y ha llegado el de la cooperación, del Vicepresidente Chaves que anuncia que la coordinación de las CCAA se hará sin privilegios para ninguna de ellas y, por último, la escueta declaración de la Vicepresidenta Salgado anunciando que su máxima prioridad es la generación de empleo. También en estos aspectos la mayoría de la población estamos, casi con certeza, de acuerdo.
Los problemas aparecen cuando hay que establecer las políticas concretas que permitan alcanzar esos objetivos. Todo apunta a que la salida del Vicepresidente Solbes irá acompañada de un aumento relevante del gasto público y ese temor aumenta cuando se hace público que el Secretario de Estado de Economía plantea su dimisión. Además, otros ministerios que no forman parte directamente del área económica, pero que son los responsables de gestionar partidas relevantes de gasto, han anunciado importantes aumentos del gasto público: el Ministerio de Fomento que seguramente quitará el freno a los proyectos paralizados por la exministra Álvarez, el Ministerio de Sanidad y Política Social que anuncia el rápido desarrollo de la Ley de Dependencia, para lo que requerirá ingentes cantidades de dinero público, y el Ministerio de Trabajo anuncia la posibilidad de aumentar los periodos de percepción del seguro de desempleo mientras dure la situación actual de penuria económica.
Mientras, la actividad económica sigue cayendo y, con ella, la recaudación de impuestos y, por otra parte, el crédito para empresas y familias se sigue reduciendo y encareciendo (a pesar de la bajada del euribor que afecta, aunque no siempre, a los créditos concedidos antes de la crisis, en tanto que los nuevos créditos se encarecen para hacer pagar a los nuevos prestatarios la totalidad del incremento de morosidad) El número de desempleados crece a ritmos desmesurados y se calcula que ya hay un millón de parados que no reciben ningún tipo de ayuda pública.
El Presidente del Gobierno dijo, antes de la remodelación ministerial, que había margen para el endeudamiento. Es cierto, pero con un límite que viene dado por el compromiso de que la deuda pública total no supere el 60% del PIB. El margen que existe, incluyendo el incremento de deuda de este año, es aproximadamente del 25% del PIB y todo apunta a que entre 2009 y 2010 la deuda publica aumente en cerca del 20%, lo que deja muy poco margen para 2011 y 2012, año este último en el que, además, tendremos que volver a cumplir el requisito de que el déficit del año no supere el 3% del PIB.
Para que todos los números cuadren es necesario que el Gobierno consiga aumentar los ingresos y reducir los otros gastos, por lo que las perspectivas son las de un aumento de los impuestos (probablemente el IVA será el que se emplee en mayor cuantía) una congelación de los sueldos de los funcionarios de todas las administraciones y un acuerdo de financiación autonómica que apenas suponga aumento, en términos absolutos, de las cantidades a percibir respecto a las de 2008.
En los próximos meses iremos conociendo la política económica real del Gobierno, aunque es probable que, siguiendo la práctica de hace un año, se oculten a la opinión pública las medidas impopulares hasta después de las elecciones al Parlamento Europeo. El próximo verano, cuando los datos del primer semestre muestren la dureza de la situación, que previsiblemente será peor que las previsiones más pesimistas que se publican ahora, llegará el momento de que se vayan conociendo las medidas que, antes o después, obliguen a la sociedad española a hacer frente a la situación actual.
viernes, 3 de abril de 2009
Reunión del G20: más vale poco que nada
Parece que todo el mundo está contento con los resultados de la reunión del G20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009.
Mi opinión no es tan buena. Creo que los resultados son escasos, aunque es cierto que podrían haber sido peores. Son, en mi opinión, el acuerdo de mínimos con el que nadie puede estar en contra y que, por otra parte, permite a cada uno de los países más poderosos seguir protegiendo sus intereses individuales.
Desde el punto de vista de las declaraciones de intenciones el acuerdo, magnífico y en el que todos están, estamos, de acuerdo, es que es necesario:
Restablecer la confianza, el crecimiento económico y la creación de empleo.
Arreglar el sistema financiero para que vuelva a haber crédito.
Hacer más eficiente la regulación financiera para recuperar la confianza.
Reformar y crear instituciones financieras que permitan superar esta crisis y prevenir las futuras.
Promover el comercio internacional global y la inversión y neutralizar el proteccionismo, como vía de promover la prosperidad.
Llevar a cabo una recuperación económica sostenible, verde y generalizada.
Sin embargo, los fondos acordados para incrementar las actuaciones de las instituciones financieras internacionales son escasos para las necesidades que se quieren cubrir. La cantidad total asciende a 1,1 billones de dólares, equivalentes al 75% del PIB español de un año o a dos veces y media el déficit en que incurrirá España en el periodo 2008-2013 como consecuencia de la crisis. Aunque es de esperar que estos fondos se dediquen a los países en desarrollo y a los más pobres, no parece que las cantidades den para mucho.
Tampoco las reformas internacionales propuestas son demasiado intensas y, además, muchas de ellas se alejan en el tiempo para cuando la economía se haya recuperado con lo que no contribuirán a la solución de los problemas actuales y hay un riesgo evidente de que no se tomen cuando la economía mundial vaya mejor:
Se acuerda establecer un nuevo Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en sus siglas en inglés, Financial Stability Board) con un mandato reforzado respecto al Forum de Estabilidad Financiera al que sustituye. La buena noticia es que estará formado por los 20 países del G20, los miembros del Forum sustituido, España y La Comisión Europea.
El FSB debe colaborar con el FMI para alertar con anticipación de los riesgos financieros y económicos que puedan aparecer y recomendar las acciones necesarias para reconducirlos.
Aumentar los recursos del FMI en 250.000 millones de dólares.
Aumentar los recursos de los bancos internacionales de desarrollo en 100.000 millones de dólares.
Asegurar que esos recursos sean usados con flexibilidad y eficacia para promover el crecimiento económico.
Reforzar la relevancia, eficiencia y legitimidad de las instituciones en el largo plazo, modificando sus estructuras para asegurar que realmente puedan apoyar eficazmente a sus miembros y socios en sus proyectos y aumentando la presencia y representación de las economías emergentes y en desarrollo, incluyendo a los países más pobres. Además, debe aumentarse la transparencia contable y la credibilidad de dichas instituciones. El FMI debe poner en marcha el paquete de las reformas de cuotas y votos acordada en abril de 2008 y completar la próxima revisión no mas tarde de enero de 2011.
Se pide al Banco Mundial que ponga en marcha las reformas acordadas en octubre de 2008 y que acuerde en la reunión de la primavera de 2010 las reformas de representación y votos.
Se acuerda que los puestos de dirección de las instituciones financieras sean asignados a través de un procedimiento de selección abierto, transparente y basado en los méritos.
El resto de las actuaciones, que incluyen la mayor parte de la regulación, el compromiso de favorecer la culminación de la ronda de Doha para la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional, la protección a los desempleados y las acciones contra los paraísos fiscales, quedan a la discrecionalidad de cada país, si bien hay un compromiso genérico de avanzar en todos esos asuntos y una nueva cita para otra reunión a celebrar antes de que acabe el año.
Mi opinión no es tan buena. Creo que los resultados son escasos, aunque es cierto que podrían haber sido peores. Son, en mi opinión, el acuerdo de mínimos con el que nadie puede estar en contra y que, por otra parte, permite a cada uno de los países más poderosos seguir protegiendo sus intereses individuales.
Desde el punto de vista de las declaraciones de intenciones el acuerdo, magnífico y en el que todos están, estamos, de acuerdo, es que es necesario:
Restablecer la confianza, el crecimiento económico y la creación de empleo.
Arreglar el sistema financiero para que vuelva a haber crédito.
Hacer más eficiente la regulación financiera para recuperar la confianza.
Reformar y crear instituciones financieras que permitan superar esta crisis y prevenir las futuras.
Promover el comercio internacional global y la inversión y neutralizar el proteccionismo, como vía de promover la prosperidad.
Llevar a cabo una recuperación económica sostenible, verde y generalizada.
Sin embargo, los fondos acordados para incrementar las actuaciones de las instituciones financieras internacionales son escasos para las necesidades que se quieren cubrir. La cantidad total asciende a 1,1 billones de dólares, equivalentes al 75% del PIB español de un año o a dos veces y media el déficit en que incurrirá España en el periodo 2008-2013 como consecuencia de la crisis. Aunque es de esperar que estos fondos se dediquen a los países en desarrollo y a los más pobres, no parece que las cantidades den para mucho.
Tampoco las reformas internacionales propuestas son demasiado intensas y, además, muchas de ellas se alejan en el tiempo para cuando la economía se haya recuperado con lo que no contribuirán a la solución de los problemas actuales y hay un riesgo evidente de que no se tomen cuando la economía mundial vaya mejor:
Se acuerda establecer un nuevo Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en sus siglas en inglés, Financial Stability Board) con un mandato reforzado respecto al Forum de Estabilidad Financiera al que sustituye. La buena noticia es que estará formado por los 20 países del G20, los miembros del Forum sustituido, España y La Comisión Europea.
El FSB debe colaborar con el FMI para alertar con anticipación de los riesgos financieros y económicos que puedan aparecer y recomendar las acciones necesarias para reconducirlos.
Aumentar los recursos del FMI en 250.000 millones de dólares.
Aumentar los recursos de los bancos internacionales de desarrollo en 100.000 millones de dólares.
Asegurar que esos recursos sean usados con flexibilidad y eficacia para promover el crecimiento económico.
Reforzar la relevancia, eficiencia y legitimidad de las instituciones en el largo plazo, modificando sus estructuras para asegurar que realmente puedan apoyar eficazmente a sus miembros y socios en sus proyectos y aumentando la presencia y representación de las economías emergentes y en desarrollo, incluyendo a los países más pobres. Además, debe aumentarse la transparencia contable y la credibilidad de dichas instituciones. El FMI debe poner en marcha el paquete de las reformas de cuotas y votos acordada en abril de 2008 y completar la próxima revisión no mas tarde de enero de 2011.
Se pide al Banco Mundial que ponga en marcha las reformas acordadas en octubre de 2008 y que acuerde en la reunión de la primavera de 2010 las reformas de representación y votos.
Se acuerda que los puestos de dirección de las instituciones financieras sean asignados a través de un procedimiento de selección abierto, transparente y basado en los méritos.
El resto de las actuaciones, que incluyen la mayor parte de la regulación, el compromiso de favorecer la culminación de la ronda de Doha para la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional, la protección a los desempleados y las acciones contra los paraísos fiscales, quedan a la discrecionalidad de cada país, si bien hay un compromiso genérico de avanzar en todos esos asuntos y una nueva cita para otra reunión a celebrar antes de que acabe el año.
miércoles, 1 de abril de 2009
Cajas de Ahorro: mal Gobierno y Oposición
El proceso seguido ante las dificultades de la Caja castilla La Mancha es una buena muestra de la baja consideración que tenemos los ciudadanos ante los políticos.
La opinión pública empezó a tener noticias de que algo pasaba hace unos meses, cuando el PP dio la orden a los consejeros afines de presentar la dimisión en bloque a causa de la escasa información recibida en el Consejo de Administración, orden que no fue seguida por todos. Aunque todavía no se supo empezó la retirada de depósitos de la caja
También hubo noticias de una posible fusión que con el tiempo se centró en Unicaja como caja matriz. Hubo una cierta sorpresa cuando se empezó a hablar de unas ayudas para la fusión que oscilaban entre 1000 y 3000 millones de euros, en función de si la noticia se había filtrado desde el Gobierno o desde la caja andaluza. La retirada de depósitos continuó a ritmo creciente y la Oposición callaba.
La sorpresa ciudadana fue bastante grande cuando se dijo que la caja había ganado 30 millones de euros en 2008 y que los ratios de liquidez y de solvencia eran aceptables. ¿Por qué razón había que dar ayudas económicas públicas para que se llevara a cabo la fusión voluntaria de dos cajas saneadas? Parecía que Unicaja quería llevarse un buen pellizco en el envite, ya que el deseo del Gobierno de que se llevara a cabo la fusión era notorio. Siguió aumentando la retirada de depósitos y la Oposición continuaba callada.
Finalmente, Unicaja declinó seguir con la fusión y el domingo 29 el Consejo de Ministros aprobó avales por 9000 millones de euros para garantizar los depósitos de los clientes e hizo pública la intervención de Caja Castilla La Mancha acordada por el Banco de España la víspera, que suponía la destitución del Consejo de Administración. El ministro Solbes aseguró al anunciar las decisiones que la caja era solvente y que sólo tenía problemas transitorios de liquidez, lo que no se avenía con el aval de 9000 millones ni con la destitución del Consejo de Administración. El portavoz económico del PP anunció que ésta era la primera de una serie de intervenciones que se irían produciendo en el futuro sin decir cuantas, ni cuando ni, mucho menos, cuáles.
El presidente del PP, por el contrario declaró que este era un problema puntual, que los ahorros de los ciudadanos estaban seguros, incluso en Caja Castilla La Mancha, y que el Gobierno le tenía a su lado para dar la mejor solución a este problema.
Las malas noticias sobre la situación de la caja van goteando: los auditores no habían firmado las cuentas porque no estaban de acuerdo con ellas, los resultados reales de 2008 habrían sido unas pérdidas de entre 800 y 900 millones de euros, los depósitos habían disminuido a ritmo creciente y todo indica que la decisión de Unicaja de no continuar con la fusión es una decisión sensata. El portavoz económico del PP continúa diciendo ésta es la primera de una serie de intervenciones que se irían produciendo, sin decir cuantas, ni cuando ni cuáles.
Comienzan los comentarios sobre lo mala que es la interferencia de los partidos políticos en las cajas, la necesidad de cambiar su ley y algunos aprovechan para abogar por su privatización. También se empieza a vender la especie de que debe reducirse drásticamente el número de cajas y se anuncia que previsiblemente se podrán producir nuevas intervenciones en algunas cajas pequeñas y medianas.
Mientras el Gobierno presenta recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cajas de la Comunidad Madrileña y en Caja Madrid se pelean a brazo partido las dos facciones del PP que capitanean la Presidenta de la Comunidad y el Alcalde de Madrid.
Sería bueno que Gobierno y Oposición se pusieran de acuerdo para que las cajas funcionen sin presiones de los políticos que mandan en ellas, a fin de que sigan prestando los buenos servicios de su positiva influencia en la calidad y precio de los servicios financieros a familias y Pymes y, en alguna medida, de su obra social. Desgraciadamente, no será fácil que renuncien a la financiación privilegiada que reciben de ellas.
La opinión pública empezó a tener noticias de que algo pasaba hace unos meses, cuando el PP dio la orden a los consejeros afines de presentar la dimisión en bloque a causa de la escasa información recibida en el Consejo de Administración, orden que no fue seguida por todos. Aunque todavía no se supo empezó la retirada de depósitos de la caja
También hubo noticias de una posible fusión que con el tiempo se centró en Unicaja como caja matriz. Hubo una cierta sorpresa cuando se empezó a hablar de unas ayudas para la fusión que oscilaban entre 1000 y 3000 millones de euros, en función de si la noticia se había filtrado desde el Gobierno o desde la caja andaluza. La retirada de depósitos continuó a ritmo creciente y la Oposición callaba.
La sorpresa ciudadana fue bastante grande cuando se dijo que la caja había ganado 30 millones de euros en 2008 y que los ratios de liquidez y de solvencia eran aceptables. ¿Por qué razón había que dar ayudas económicas públicas para que se llevara a cabo la fusión voluntaria de dos cajas saneadas? Parecía que Unicaja quería llevarse un buen pellizco en el envite, ya que el deseo del Gobierno de que se llevara a cabo la fusión era notorio. Siguió aumentando la retirada de depósitos y la Oposición continuaba callada.
Finalmente, Unicaja declinó seguir con la fusión y el domingo 29 el Consejo de Ministros aprobó avales por 9000 millones de euros para garantizar los depósitos de los clientes e hizo pública la intervención de Caja Castilla La Mancha acordada por el Banco de España la víspera, que suponía la destitución del Consejo de Administración. El ministro Solbes aseguró al anunciar las decisiones que la caja era solvente y que sólo tenía problemas transitorios de liquidez, lo que no se avenía con el aval de 9000 millones ni con la destitución del Consejo de Administración. El portavoz económico del PP anunció que ésta era la primera de una serie de intervenciones que se irían produciendo en el futuro sin decir cuantas, ni cuando ni, mucho menos, cuáles.
El presidente del PP, por el contrario declaró que este era un problema puntual, que los ahorros de los ciudadanos estaban seguros, incluso en Caja Castilla La Mancha, y que el Gobierno le tenía a su lado para dar la mejor solución a este problema.
Las malas noticias sobre la situación de la caja van goteando: los auditores no habían firmado las cuentas porque no estaban de acuerdo con ellas, los resultados reales de 2008 habrían sido unas pérdidas de entre 800 y 900 millones de euros, los depósitos habían disminuido a ritmo creciente y todo indica que la decisión de Unicaja de no continuar con la fusión es una decisión sensata. El portavoz económico del PP continúa diciendo ésta es la primera de una serie de intervenciones que se irían produciendo, sin decir cuantas, ni cuando ni cuáles.
Comienzan los comentarios sobre lo mala que es la interferencia de los partidos políticos en las cajas, la necesidad de cambiar su ley y algunos aprovechan para abogar por su privatización. También se empieza a vender la especie de que debe reducirse drásticamente el número de cajas y se anuncia que previsiblemente se podrán producir nuevas intervenciones en algunas cajas pequeñas y medianas.
Mientras el Gobierno presenta recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cajas de la Comunidad Madrileña y en Caja Madrid se pelean a brazo partido las dos facciones del PP que capitanean la Presidenta de la Comunidad y el Alcalde de Madrid.
Sería bueno que Gobierno y Oposición se pusieran de acuerdo para que las cajas funcionen sin presiones de los políticos que mandan en ellas, a fin de que sigan prestando los buenos servicios de su positiva influencia en la calidad y precio de los servicios financieros a familias y Pymes y, en alguna medida, de su obra social. Desgraciadamente, no será fácil que renuncien a la financiación privilegiada que reciben de ellas.
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