Hace dos semanas que el World Economic Forum (WEF) publicó su informe sobre la competitividad global 2010-2011, que abarca a 139 países. La prensa española se hizo eco, con opiniones distintas según el pelaje político del editor, de la caída de España desde el puesto 33 al 42 (dos años antes estaba en el puesto 29)
Este tipo de informes tienen, en mi opinión, un defecto genérico que hace muy difícil considerar sus datos simplificados como datos objetivos, ya que variaciones mínimas de cualquier indicador llevan a variaciones muy importantes en la clasificación, cuando se trata de países muy parecidos en ese aspecto, pero son necesarias variaciones muy fuertes para cambiar unos pocos puestos cuando se está en un tramo en el que los países son muy diferentes.
Este informe hace un estudio muy completo, ya que analiza para cada país 111 factores diferentes. Pero la comparabilidad de los resultados entre unos países y otros es más que dudosa, y no sólo cuando se trata de países muy diferentes. Una buena parte de los factores son subjetivos y las respuestas en unos países y otros pueden ser poco homogéneas por distintas razones: en países muy nacionalistas, las respuestas de las empresas del país para valorar su situación serán de una puntuación más elevada que en países menos nacionalistas, pero también en países con un problema grave, por ejemplo de falta de competencia, las empresas del país que se estén beneficiando de esa situación de monopolio u oligopolio la valorarán de forma más positiva que las empresas en países con mayor competencia, donde habrá pocas empresas que se beneficien de los fallos de competencia, pero donde las que no se benefician serán mucho más exigentes al valorar los fallos de competencia que puedan existir.
En lo que se refiere a la comparación de países con estado de desarrollo muy distinto, el informe del WEF intenta hacerla más objetiva dividiendo a los países en tres grupos en función de su PIB por persona y aplicando distintas ponderaciones para los factores en función del grupo en que se encuentre. Sin duda el resultado global será positivo, pero se puede dar el caso (como ocurre con España) en que está técnica haga que un país se encuentre en un puesto más bajo que el que tiene en cada uno de los tres grupos de indicadores. En efecto, en este informe España alcanza el puesto 42, cuando tiene el puesto 38 en el grupo de Necesidades básicas, el puesto 32 en el grupo de Impulsores de la Eficiencia y el puesto 41 en el de Factores de Innovación y Sofisticación de los negocios.
Sin embargo, creo que es muy interesante analizar la situación de cada país en cada uno de los 111 factores usados y compararlo con los valores medios, y también con los máximos, de todos los países, en vez de hacerlo con el puesto que ocupa.
Los resultados dan unas pautas sobre los aspectos que la sociedad española debería esforzarse en mejorar, para consolidar y mejorar en el futuro la calidad de vida ya alcanzada.
Entre los que cuestan poco dinero y serían socialmente deseados o al menos aceptados sin oposición relevante (lo que no significa que sean fáciles de implantar) destacan la drástica reducción del despilfarro del gasto público, la mejora de las regulaciones, la adopción de la transparencia en las políticas del gobierno, la recuperación de la credibilidad de los políticos, la incorporación efectiva y universal de Internet a todos los centros de enseñanza, la simplificación de los trámites burocráticos y la eliminación de las decisiones arbitrarias para la obtención de permisos y la mejora drástica de los procedimientos de compra de bienes de alta tecnología por parte del sector público.
Hay otro grupo de mejoras que no costarían demasiado dinero pero que presenta grandes dificultades para ser aceptadas por los que tienen que tomar la decisión de implantarlas, por los que tienen que aplicarlas o por los destinatarios finales. Sin embargo , España necesita que se mejoren drásticamente la calidad de la enseñanza (Primaria, Secundaria y Superior) la eficiencia de los Consejos de Administración, la protección efectiva de los intereses de los accionistas minoritarios, la mejora del mercado laboral, la regulación eficaz del sistema financiero y de los mercados de activos financieros, la mejora de la delegación en las empresas, así como el establecimiento de una mayor equidad entre trabajo realizado y retribución obtenida.
Finalmente, hay un tercer grupo de mejoras que son casi imprescindibles pero que difícilmente serán acometidas por el gobierno: la racionalización del gasto público, única manera de conseguir reducir el déficit público y la deuda pública sin tener que aumentar todavía más la carga fiscal efectiva.
En la segunda parte de este artículo haré una referencia más detallada a los resultados de España en aquellos factores en los que destaca y en los que está claramente retrasada, porque son los factores en los que la sociedad debería esforzarse más para mejorar la situación de forma más rápida y eficaz.
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