¿Tramo autonómico del IVA para resolver la financiación?

Parece que el Gobierno está analizando la conveniencia de introducir un tramo autonómico en el IVA, como forma de complementar la financiación de las comunidades autónomas.

En septiembre de 2005, en un texto dedicado al sistema impositivo, me atreví a escribir que deberían desaparecer los impuestos sobre el Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones y que el IVA debería cambiar la exención por el tipo 0%, tener dos tramos, uno nacional y otro autonómico, y que a medio plazo tendería a aumentar el tipo normal. También que el IVA debería convertirse en el impuesto más importante del sistema impositivo.

Tres años después me alegra comprobar que, aunque sea por casualidad, las cosas están evolucionando en el sentido de mi propuesta, ya que en 2009 no se pagará el impuesto sobre el Patrimonio, en bastantes comunidades se ha reducido de forma muy apreciable el impuesto de donaciones y sucesiones entre padres e hijos y, ahora, se consulta con Bruselas la viabilidad de introducir un tramo autonómico en el IVA, un paso más para aumentar la importancia del IVA.

El IVA, a pesar de ser indirecto, es, de todos los impuestos, el que ofrece mayores posibilidades de progresividad, justicia y eficacia y el que permite, con más sencillez, hacer efectiva la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas y mejorar de verdad su autonomía fiscal.

La diferencia de tipos entre comunidades autónomas introducirá alguna complejidad adicional en el manejo del IVA, aunque toda la problemática ya está analizada y desarrollada para el caso de las transacciones internacionales.

Por otra parte, su implantación será, con toda probabilidad, fuente de airadas manifestaciones sobre las políticas insolidarias o depredadoras de las comunidades autónomas que decidan aplicar tipos más bajos que sus vecinas, siempre que estén gobernadas por partidos políticos rivales, y también será digna de análisis toda la problemática de cambio de compras en las zonas fronterizas de las comunidades que apliquen tipos diferentes.

Financiación de infraestructuras de periodo de maduración muy largo

La actual crisis financiera mundial ha puesto de manifiesto, entre otros aspectos, las dificultades que pueden presentarse cuando se financian con créditos a corto plazo inversiones que tienen plazos de maduración muy largos.

Este problema es la causa de que en la actualidad el sistema financiero español no pueda aumentar su oferta de crédito para proyectos, empresas o familias aunque tengan objetivamente buenos ratios de solvencia ya que los bancos y cajas prestan a plazos muy superiores, en muchos casos, a los que ellos captan sus recursos .

En los próximos meses veremos como este mismo problema empezará a afectar de forma mucho más importante a las empresas que invierten en infraestructuras de largo periodo de maduración (transportes, energía, comunicación) lo que retrasará la recuperación económica y, cuando esta llegue lo hará en peores condiciones.

Para los nuevos proyectos de inversión, deberá buscarse un sistema de financiación que permita ajustar en lo posible los plazos de captación del ahorro con los plazos de maduración de los proyectos y, en alguna medida, los planes de pensiones pueden ser un origen adecuado de préstamos a muy largo plazo.

Sin embargo, para dar las garantías necesarias a los ahorradores a largo plazo es imprescindible la participación del estado correspondiente que, por otra parte, también puede usar este mecanismo de financiación para las infraestructuras básicas.

Un posible sistema sería la emisión de bonos del estado a muy largo plazo (20 a 30 años) con un tipo de interés fijo que, después de impuestos, permita una rentabilidad media algo superior a la inflación prevista a largo plazo.

Estos bonos serían comprados por los ahorradores, pero serían especialmente de gran interés para los planes de pensiones que, probablemente, decidirían tener un cierto porcentaje de su ahorro en este tipo de bonos.

El Estado, a través del Banco de España y/o del ICO, emplearía parte del importe así captado para la financiación de proyectos solventes de largo plazo de maduración, cuyos promotores desearan tener un tipo de interés fijo a muy largo plazo y no excesivamente caro.

Con la hipótesis de una inflación media a largo plazo del 2,5% anual, los ahorradores particulares estarían interesados a partir de un tipo de interés, a muy largo plazo, que fuera igual o superior al 4,25% y los préstamos a muy largo plazo para proyectos sólidos podrían plantearse a tipos de interés de entre el 4,5 y el 5%, tipos que son más que razonables para acometer ese tipo de proyectos.

Ventajas e inconvenientes de la deflación

En las últimas semanas se están vertiendo muchas opiniones sobre la deflación, prácticamente todas consideran que la deflación es una de las peores cosas que podrían ocurrir ya que, si se toma como ejemplo lo ocurrido en Japón, deflación es sinónimo de estancamiento económico para muchos años.

Sin embargo, la deflación no es la única causa, ni siquiera la principal, de los males de la economía japonesa y, por otra parte, la economía japonesa tiene características bien distintas de la economía española.

Parece una contradicción de una parte la afirmación generalizada de que la mayor inflación de España respecto al resto de países de la zona Euro es la causa de la menor competitividad de nuestra economía y la no menos generalizada afirmación de que una caída de precios sería letal para nuestra economía.

Como siempre suele ocurrir en economía, y en tantos otros aspectos de la vida, la falta o la escasez muy acusada es mala como también lo es el exceso. Por tanto una deflación moderada, que no se alejara más de uno o dos puntos porcentuales al año de la inflación de la zona euro seguramente sería buena para la economía española.

Si además esta deflación es consecuencia de la reducción de los precios internacionales de bienes o servicios de los que España sea importadora neta (por ejemplo petróleo, gas natural, maíz o soja) o proviene de la bajada de los impuestos y tasas (especialmente si son autonómicos o municipales y las bajadas van acompañadas de una reducción del despilfarro de esas administraciones) o se derivan de una caída de los márgenes de aquellos bienes y servicios que han registrado un alza desmesurada (vivienda, comisiones bancarias, bienes y servicios de escasa cuantía unitaria que han hecho el cambio cien pesetas igual, poco más o menos, a un euro, siempre que los nuevos márgenes reducidos permitan obtener un beneficio razonable, pero sólo razonable, no desmesurado, a los operadores económicos eficientes) la deflación sólo puede ser buena.

Por el contrario, sería mala la deflación que fuera acompañada de unos tipos de interés muy bajos y de dificultades para la obtención de créditos (para usos razonables de personas o empresas que razonablemente puedan pagar los créditos) porque esa situación desincentivaría tanto la inversión en proyectos productivos como el ahorro, y no permitiría el desarrollo equilibrado de la actividad económica.

Bajada del tipo de interés del BCE: luces y sombras

El BCE ha tomado una medida espectacular, la reducción de una sola vez del 0,75% en el tipo de interés básico de la zona euro, la reducción puntual más elevada de su todavía corta historia.

Esta medida tiene algunos puntos positivos y otros que no lo son tanto. Veamos los principales aspectos:

- La medida es tan intensa porque pretende aumentar la confianza de la sociedad europea en la economía. Es indudable que la recuperación de la confianza es una condición absolutamente necesaria para que la crisis no sea tan dura, pero también muchos pensarán que las perspectivas que tienen las autoridades monetarias de la Unión deben ser muy malas para hacer recomendable una medida tan drástica.

- Las empresas y los particulares pagarán mucho menos por los créditos que ya tienen. Esta es la parte más positiva de la medida para la mayoría de los ciudadanos, pero las noticias no son tan buenas como parecen porque, de una parte, los créditos nunca están referidos al tipo de interés básico de la zona euro sino, en la mayoría de los casos al Euribor, que es el tipo al que se prestan los bancos entre sí, y tomará un tiempo que la rebaja se traslade a este indicador y, de otra, porque los tipos de los créditos ya concedidos suelen modificarse cada año, a veces cada seis meses, y por lo tanto la rebaja tardará una media de seis meses adicionales en reflejarse en los pagos de las familias.

- La medida no afecta en absoluto a la disponibilidad de nuevos créditos. El sistema financiero internacional tiene varios problemas, pero uno de los más importantes (ya que los tipos están bajando en todo el mundo) es la falta de liquidez. Esta falta de liquidez es aún más acusada en España y el empeoramiento de las cuentas públicas hace que vaya a peor, por lo que no parece razonable pensar que vayan a disminuir las restricciones crediticias.

- Se va a generar una situación que no ocurría desde hace varias décadas en España. Con tipos nominales de interés muy bajos, aumentará la demanda de créditos, pero como los bancos y cajas no tendrán capacidad para dar todos los créditos que se les pidan, tendrán que usar algunos criterios para seleccionar las solicitudes a aprobar. Lógicamente empezarán por usar los criterios más objetivos (riesgo de impago más reducido y mayor rentabilidad de la operación para quien presta) y si esto no es suficiente pasarán a usar otros no tan objetivos (se volverá a la necesidad de contar con “recomendación”):
· La reducción del riesgo que llevará a la exigencia creciente de avales y garantías, que podrán llegar a ser desproporcionados.
· la mayor rentabilidad la obtendrán directamente por la exigencia de mayores diferenciales respecto al tipo de interés de referencia e indirectamente por la obligación que impondrán de contratar otros servicios con la entidad financiera (seguros de todo tipo, tarjetas de crédito, obligación de realizar con la entidad muchas de las operaciones y algunos otros que se inventarán) así como por la exigencia de mantener un depósito de baja remuneración en la misma entidad por un porcentaje relevante del crédito.
· la necesidad de recomendación estará muy ligada a la disposición de los adecuados contactos políticos o institucionales y, quizás, a la duración e intensidad de la relación previa con la institución financiera.

En conclusión, la medida es buena pero insuficiente, ya que no basta con reducir los precios sino que, además, debe aumentar la liquidez y esto requiere, entre otras cosas, el cambio profundo del sistema financiero internacional (que no parece ser una prioridad en la agenda de los que mandan)

Como siempre que se impone que un producto sea muy barato (en este caso el servicio crediticio) y la oferta existente de ese producto es incapaz de cubrir la demanda existente al precio fijado, el resultado es la generación de colas crecientes para obtener las escasas unidades existentes (si, como es el caso, el precio de venta impuesto permite obtener beneficios a quien vende el bien o presta el servicio) o la desaparición de la oferta si el precio no permitiera cubrir costes.

En España el aumento de la oferta de créditos para los particulares se encuentra con dos frenos muy importantes: el sistema financiero internacional no parece dispuesto a seguir prestando cada año los 100.000 millones de euros adicionales que el sector privado español viene demandando para seguir viviendo por encima de las posibilidades objetivas y el sector público se incorporará a los demandantes de crédito (con una situación de ventaja innegable) para cubrir el superávit que existía más el déficit en el que se incurra.

Por tanto, buena noticia para los que ya tienen concedidos los créditos y neutra para los que necesiten pedirlos en el futuro.

Acuerdos de la cumbre del G20 en Washington

El 15 de noviembre de 2008 es posible que pase a ser una fecha histórica en la economía mundial aunque también hay algunas probabilidades de que pronto nos olvidemos de ella si las expectativas creadas no se confirman en la realidad.

Los aspectos positivos de la cumbre, que no son pocos, son los siguientes:
- A pesar de la heterogeneidad de los participantes, han sido capaces de acordar una declaración institucional que tiene un contenido relevante.
- La declaración incluye un análisis de las causas de la actual crisis económica global que incluye todos los aspectos más importantes.
- Enumera un conjunto de medidas que deben constituir la base de la respuesta conjunta para abordar la crisis.
- Desarrolla los principios básicos para la reforma de los mercados financieros mundiales y de los organismos económicos internacionales.
- Encarga una serie de tareas a los ministros y expertos que deben desarrollar el detalle de las medidas a adoptar.
- Apuestan por un mercado mundial globalizado, basado en la economía de mercado y en el respeto a la ley y las normas internacionales.
- Mantiene el compromiso de afrontar los retos de la seguridad energética y del cambio climático.
- Desarrolla un plan de acción en el que algunas de las medidas deben tomarse no más tarde del 31 de marzo de 2009.

Pero también tiene algunos aspectos negativos que se derivan de la falta de concreción de algunos aspectos relevantes que, si no llegan a definirse en un futuro próximo, evitarán que buena parte de las reformas propuestas tengan el efecto deseado en su plenitud. Los principales aspectos negativos son en mi opinión:
- Ausencia de una denuncia clara de la responsabilidad de los máximos dirigentes de las empresas, corporaciones, organismos reguladores, organismos supervisores, instituciones internacionales y gobiernos que, por acción u omisión han permitido que se hayan desarrollado prácticas abusivas de todo tipo que están en el origen de la crisis actual.
- Ausencia de definición de las nuevas responsabilidades penales, que deberían incluirse en los ordenamientos jurídicos de todos los países que se adhieran a los acuerdos a que se llegue finalmente, a los que deberían enfrentarse los que en el futuro volvieran a incurrir en las actuaciones descritas en el punto anterior, única manera de tener una cierta garantía de que sea una realidad el deseo declarado en el párrafo 2 de la declaración, que dice textualmente {... debemos sentar las bases de unas reformas que contribuyan a garantizar que una crisis global como la que nos ocupa no vuelva a producirse jamás.}
- Ausencia de una propuesta de compromiso para erradicar la corrupción, propuesta que se echa en falta en el conjunto de párrafos dedicados a las medidas para asegurar la continuidad y la mejora de los procesos de ayuda a los países en desarrollo.
- Ausencia de compromiso efectivo en la mención a la ronda de Doha ya que el texto acordado es {Además, nos esforzaremos por alcanzar un acuerdo este mismo año en relación con la Agenda para el Desarrollo de Doha, de la OMC}
- Ausencia de un compromiso claro de cambio en los métodos de elección de los componentes de los órganos directivos de los entes implicados, espacialmente de los públicos, semipúblicos e internacionales, de forma que se aumente de forma relevante la exigencia de profesionalidad, independencia y de un régimen de incompatibilidades que dificulten la actuación, por acción u omisión, a favor de intereses distintos de los generales.

Empezaremos a ver los resultados en los próximos meses, aunque para los aspectos más complejos pueden necesitarse incluso años, pero la clave está, sin duda alguna, en el grado de compromiso real de los responsables políticos de los países y zonas representados en la cumbre para llevar a cabo las reformas, ya que cabe esperar que la resistencia, activa y pasiva, de los miles de afectados que corren el riesgo de perder su situación de privilegio, sea formidable.

Pésimos datos de empleo

Hoy se han hecho públicos los datos de paro registrado del mes de octubre. Creo que ni los más pesimistas habrían imaginado unos datos tan malos, más de 190.000 personas han engrosado en un mes el colectivo de los parados, lo que supone la extensión del drama económico a otras tantas familias.

La improvisada rueda de prensa de ayer del Presidente del Gobierno era una señal de que los datos serían malos y el comentario de algún político, conocedor ya de la cifra, de que estarían en línea con la última encuesta de población activa, acrecentó los temores de un dato muy malo.

Alguien de su confianza debería decir al Presidente del Gobierno que la situación, siendo muy mala, va a peor a un ritmo endiablado. Y debería añadir que la política de no hacer nada, o de tomar sólo algunas medidas aisladas que, aunque siendo buenas en si mismas, apenas tienen efectos en la economía en su conjunto, nos llevará inexorablemente a una etapa profunda de recesión, primero, y estancamiento, después, que descargará sus peores consecuencias sobre los más débiles.

También sería bueno que alguien de su confianza le recomendara que mandara a casa a la corte de aduladores que le rodea y le impide ver la realidad, y que pusiera en su lugar a un grupo de profesionales sólidos y honrados (seguro que el PSOE cuenta con muchos más de los necesarios) que dirigidos por el Vicepresidente Económico elaboren un plan de actuación que minimice el alcance y la duración de esta parte tan negativa del ciclo económico.

Estaríamos de suerte si la oposición dejara de limitarse a ver como la situación económica se deteriora y, en consecuencia, aumentan sus probabilidades de pasar al poder en la próxima legislatura, e hiciera una propuesta de plan económico integral para luchar contra la crisis.

Es hora de que los políticos profesionales dejen a un lado sus mezquinos intereses personales o de partido y se pongan de parte de la mayoría de la población.

Solvencia y necesidad de fondos del sistema financiero español

En los últimos días se habla de la aparente contradicción derivada de la afirmación, no contestada por nadie, de que el sistema financiero español tiene una solvencia superior a la de los países de nuestro entorno y de la simultánea necesidad manifiesta de “inyectar” ingentes cantidades de dinero a las entidades financieras españolas.

Pero no hay contradicción alguna, ya que es cierto que la solvencia de las entidades españolas es mayor que la de las entidades financieras de los países de nuestro entorno y también es cierto que las entidades financieras españolas necesitan grandes cantidades de liquidez.

La mayor solvencia de las entidades financieras españolas deriva de la política, callada pero constante, que han mantenido todos los gobernadores del Banco de España desde la crisis bancaria de los primeros años ochenta.

Se ha ido provisionando, con dinero de las entidades financieras, el fondo de garantía de depósitos del que saldrían las eventuales cantidades a pagar en el caso de suspensión de pagos de cualquier entidad. Este fondo, considerado durante años innecesario por las autoridades monetarias europeas, pero tolerado como un capricho español, ya que no hacía daño ni requería fondos públicos, tiene un doble efecto positivo, porque no sólo permite disponer de forma inmediata de una cantidad de dinero relevante, que además no afectaría a las cuentas de resultados de las entidades financieras ya que ha sido previamente provisionado, sino que, también, promueve que la mayoría de las entidades financieras hagan un análisis de los riesgos de su cartera más riguroso, ya que en caso de fallo de alguna entidad es el conjunto de ellas el que pagaría.

La necesidad de liquidez viene derivada, a su vez, de dos fenómenos distintos: la contracción del dinero bancario interno de España, derivada de la menor confianza que la crisis financiera internacional ha trasladado inevitablemente al interior y también del menor ahorro derivado de la crisis económica existente desde hace ya más de un año (aunque el Gobierno lo haya reconocido hace sólo unos meses) y también de la mayor dificultad que está teniendo la economía española para obtener créditos del exterior.

La sociedad española viene gastando en su conjunto unos 100.000 millones de euros anuales más de lo que produce y, a pesar de la crisis, todavía no ha tomado conciencia de la necesidad de ajustar el consumo a los que se genera. Hasta ahora este exceso de gasto se venía financiando con fondos del exterior, pero con la crisis financiera internacional el sistema financiero está incrementando el riesgo que percibe de los préstamos a España. La consecuencia es clara, ya que cuesta mucho colocar nueva deuda española en el exterior, tanto si es pública como privada, y los bancos y cajas españoles se las ven y se las desean para poder renovar los créditos que les vencen, de forma que si no consiguieran por una u otra vía el dinero necesario para pagar los vencimientos se verían abocados a la suspensión de pagos (hoy llamada concurso de acreedores)

Por eso se da la circunstancia de que los 150.000 millones de euros que el Gobierno ha puesto a disposición del sistema financiero no se traducirán, salvo quizás una pequeña parte, en mayor disponibilidad para aumentar el crédito a las empresas y familias. Primero se emplearán en devolver a su vencimiento los créditos obtenidos en el exterior, lo que se llevará la inmensa mayoría de los fondos previstos.

Difícil papeleta la del Gobierno, que simultáneamente debe asegurar la viabilidad de las entidades financieras y pilotar una reducción de la masa crediticia existente sin estrangular la actividad económica, todo ello pretendiendo mantener la idea de que la crisis no tiene también una parte relevante de origen interno.

Economía real versus economía financiera

Poco a poco se está intentando extender la especie de que la economía financiera es algo distinto de la “economía real”, en parte para intentar hacer creer a la sociedad que el problema que estamos teniendo no afecta apenas a la economía real y en parte para hacer recaer la responsabilidad de lo ocurrido en los tiburones financieros que todo lo destruyen.

La idea de que la economía financiera no forma parte de la economía real es un error introducido por los primeros ideólogos marxistas, cuya aplicación tuvo como consecuencia la falta de homogeneidad, y por tanto de comparabilidad, de las cuentas nacionales presentadas por los países de las dos zonas económicas.

Durante la guerra fría, la diferencia favorecía estéticamente a los países de economía de mercado, que podían presentar una diferencia de renta superior a la que en realidad existía, pero también era un argumento propagandístico de primera para que los países de economía planificada acusaran de hacer trampas en las cuentas a los países de economía de mercado y así esconder las diferencias de renta que, en la realidad, eran bastante notables.

Incluso en España durante algunas décadas se detrajo artificialmente de la Contabilidad Nacional una parte muy relevante del valor añadido del sector financiero, lo que obligó, una vez incorporados al entonces llamado Mercado Común, a aumentar nuestro PIB.

La economía de una zona, sea ésta del alcance geográfico que sea, sólo puede ser real, y para estar bien medida tiene que incluir todos los bienes y servicios prestados, o recibidos, independientemente de su procedencia o destino y, por tanto, debe incluir la totalidad de los servicios financieros.

El problema financiero, que está en la base de los problemas actuales de la economía mundial, tiene algunos componentes de economía real (el más básico, generalizando, es que el sistema financiero ha accedido a prestar dinero, de forma masiva, a personas y empresas que, en buena lógica, NO podrían devolver las deudas contraídas) y otros de economía irreal (el intento vano de convertir en préstamos de alta calidad los anteriormente citados, con el mecanismo, complejo en la ejecución pero sencillo en la idea, de introducirlos en cajas negras, para impedir que se conociera su calificación objetiva, y envolverlos convenientemente con un nombre ampuloso y una etiqueta de una marca solvente que, por descontado, no se haría cargo de los previsibles impagos)

Considero que los créditos con alto riesgo de impago forman parte de la economía real porque el servicio financiero se ha prestado, ya que los créditos se han concedido y los beneficiarios han recibido su importe y lo han empleado en actividades económicas reales. Su posterior impago también forma parte de la economía real porque el tenedor final de los créditos deja de recibir los intereses acordados y la devolución del principal, una vez que se dejan de pagar las cuotas a su vencimiento.

Considero que el paso de la calificación objetiva de alto, o muy alto riesgo, a la de bajo, o muy bajo riesgo, por el mero hecho de empaquetarlos y pasarlos por una sucesión de cesiones, que sólo tiene por objeto que el comprador final haya perdido la trazabilidad del crédito que compra y su única información sea la calidad de quién pone la etiqueta, es parte de la economía irreal porque en todo ese proceso no varía un ápice el riesgo para el comprador final, que en no pocas ocasiones ha sido incluso engañado respecto al contenido de lo que compraba.

Como sostiene el dicho frecuentemente empleado en política, es posible engañar a unos pocos durante mucho tiempo, incluso durante toda su vida, y también es posible engañar a todos durante un periodo de tiempo limitado, pero NO es posible engañar a todos durante mucho tiempo.

Trasladado a la economía, es posible introducir en la economía real unos pocos elementos de economía irreal durante mucho tiempo, pero NO es posible introducir de forma masiva elementos de la economía irreal en la economía real durante mucho tiempo. Lo que no es óbice para que unos pocos se hayan enriquecido escandalosamente mientras ha durado el engaño.

Lo que ha fallado estrepitosamente no es la economía real, ni la economía de mercado, ni el mayor grado de liberalización ni la globalización, lo que ha fallado es la supervisión a todos los niveles, consecuencia de la pérdida de valores derivada de que el dinero haya pasado a ser el único objetivo de la mayoría, que ha tenido como consecuencia que aquél que no esté de acuerdo en mirar para otro lado, cuando se topa con las operaciones que benefician a los política o económicamente poderosos, sea expulsado fuera del paraíso del bienestar.

Los políticos tienen ahora la necesidad de corregir lo que tanto daño está haciendo, y el primer afán de la mayoría de ellos es alejarse de la responsabilidad que les corresponde en el asunto, para poder continuar en sus puestos. El segundo objetivo será que los poderosos no queden descontentos, también para que los políticos puedan continuar en sus puestos, y el tercero, si es que queda sitio para un tercero, será corregir la situación para que el conjunto de la sociedad sufra algo menos las consecuencias, no vaya a ser que, a través de las votaciones, les dejen compuestos y sin escaño.

Sistemas de control de la actividad económica

Si algo ha quedado claro en esta crisis es que, en general aunque con algunas excepciones, los sistemas de control del sistema económico y financiero han fallado estrepitósamente.

Si se está convencido, como yo lo estoy, de que el liberalismo económico, con algunos matices, es la forma de conseguir el mayor grado de bienestar para la sociedad, tanto en términos de bienestar medio como de número de personas beneficiadas de ese bienestar, no se puede desear que el nuevo orden económico suponga una vuelta a la participación generalizada del sector público en la economía.

Los matices al liberalismo a que me he referido, como ya he expresado en anteriores ocasiones, son que el Estado debe establecer un marco legal adecuado, que en el terreno económico debe incluir la protección de los débiles del abuso de los poderosos, y además asegurar de forma directa la prestación de los servicios esenciales (educación, sanidad, infraestructuras y seguridad)

En lo que se refiere a los sistemas de control de la actividad económica, existe ya un entramado numeroso y complejo, que cuenta con entidades públicas y privadas y que, supuesto que el funcionamiento de cada una de ellas hubiera sido correcto, hubiese evitado que la actual crisis estallara con tanta virulencia.

Los más importantes sistemas del entramado existente son:

- Organismos reguladores nacionales, de carácter público entre los que se encuentran, en el caso español, El Banco de España, las comisiones de la Competencia, del Mercado de valores, de la Energía y de las telecomunicaciones, la Agencia de protección de datos y el Consejo de Seguridad Nuclear. Su eficacia y funcionamiento es dispar, aunque creo que es notorio que el Banco de España es el referente a tomar si se quieren mejorar de forma relevante.

- Agencias de calificación, de carácter privado y alcance internacional, han fracasado estrepitosamente y si hoy todavía se usan sus dictámenes es porque no hay otras referencias de que echar mano, pero la máxima calificación de alguna de ellas, o incluso de todas ellas, ha dejado de ser una garantía razonable de recuperación de los créditos.

- Auditores, también de carácter privado aunque los hay de ámbito local, nacional e internacional, ya mostraron sus debilidades hace unos años, siendo el exponente más conocido el caso Enron.

- Analistas, profesionales individuales que normalmente trabajan para los bancos de inversores, han constituido, y seguramente todavía constituyen, la principal fuerza de presión que guía las decisiones a corto plazo de las empresas que cotizan en bolsa y no tienen dueños claros. Su método del consenso lleva a juzgar a las empresas, y por tanto a influir excesivamente en las cotizaciones, por las apariencias, de forma que las expectativas de los analistas se convierten en los objetivos de los gestores de las empresas.

En todos los casos, los fallos de funcionamiento se deben a una o varias de las siguientes causas:
- Falta de independencia.
- Insuficiente profesionalidad
- Conflictos de intereses
- Escasa honradez
- Metodologías opacas y/o variables
-Ausencia o escasa responsabilidad legal, en caso de mal funcionamiento

No es fácil garantizar que en la inmensa mayoría de los casos (la totalidad es la utopía necesaria pero, lógicamente, inalcanzable) brillen por su ausencia los fallos antes descritos, pero ese es el reto al que se enfrenta nuestra sociedad. La mayor dificultad estriba en que a los poderosos no les interesa su desaparición, porque con ella también desaparecerían buena parte de las ventajas con las que cuentan y, en consecuencia, harán todo lo posible para que no promulguen las leyes y reglamentos que permitan mejorar el actual estado de cosas.

¿Estarían dispuestos los partidos políticos, con representación parlamentaria suficiente, a cambiar la reglamentación de las Comisiones antes mencionadas de forma que sus miembros fueran realmente independientes del Gobierno de turno, de los partidos políticos y de las empresas que actúan en sus ámbitos de competencia?

¿Tendremos algún día instancias de acceso universal, sencillo y gratuito en las que los pequeños consumidores podamos denunciar, y obtener respuesta rápida y acorde con lo legalmente establecido, aquellos casos en que las empresas que prestan bienes y servicios abusan de su mayor fortaleza económica?

En unas pocas semanas empezaremos a tener algunas respuestas.

Factores clave de fracaso empresarial

Hace unos días leí un libro destinado a los emprendedores que me ha gustado mucho. Su título es El libro negro del emprendedor, su autor Fernando Trías de Bes y la editorial es Empresa Activa.

Es un libro de fácil lectura, que engancha y que se podría leer de un tirón. Los consejos para los emprendedores, potenciales o actuales, me parecen muy acertados y estoy de acuerdo en la mayor parte de las cosas que dice. Como es lógico, por deformación profesional, los desacuerdos más importantes se refieren a su valoración de la planificación estratégica.

Lo que quiero trasladar aquí es la descripción que hace de los factores claves de fracaso, de los que ha encontrado catorce, tres de ellos referidos a la persona que emprende, cuatro respecto a los socios, tres más respecto a la idea de negocio, dos respecto a la situación familiar del emprendedor y los dos últimos respecto a la gestión del crecimiento.

Los factores son:

1 Emprender con un motivo pero sin motivación
2 Carecer de carácter emprendedor
3 Carecer de espíritu luchador


4 Contar con socios cuando no son necesarios
5 Escoger los socios sin criterios relevantes de elección
6 No repartir las participaciones considerando la aportación de cada socio.
7 Falta de comunicación y de confianza (normalmente sobrevenidas)


8 Pensar que el éxito depende de la bondad de la idea
9 Entrar en sectores que no le gustan, al emprendedor, o que no conoce.
10 Elegir sectores rentablemente poco atractivos


11 Hacer que el negocio dependa de las necesidades familiares y de las ambiciones personales
12 No asumir el impacto que el negocio emprendido tendrá en la vida personal y familiar


13 Crear modelos de negocio que no dan beneficio rápidamente y de forma sostenible.
14 No retirarse a tiempo si sólo se es emprendedor, pero no se es empresario.

Si quien lea esto es emprendedor, o tiene ganas de serlo, le aconsejo que lea este libro, seguro que le resultará muy interesante y provechoso.

Sistema público de pensiones

El Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, anunció ayer la buena salud del sistema público de pensiones así como la necesidad de acometer reformas para evitar su agotamiento en el año 2030, año en el que de acuerdo con sus previsiones sería necesario complementar los fondos recaudados mediante las cotizaciones sociales con una partida proveniente de los presupuestos Generales del Estado para que todos los pensionistas pudieran cobrar las pensiones que tengan entonces asignadas.

Si no hubiera algunas sombras, esta noticia sería realmente buena, pero la información proporcionada no incluye las bases concretas en que se sustenta ese cálculo.

Entre la información cualitativa proporcionada se encuentran algunas pistas que me hacen pensar que las cosas no se presentan así de bien, y me malicio que el secretario de estado lo ha dicho para que el día de mañana no le pongan colorado en el Parlamento por haber engañado a la población con sus previsiones.

Apunta el Sr. Granado que la mayor duración de la autosuficiencia del sistema de reparto respecto a los cálculos de 2005, nada menos que 10 años más, se debe a las siguientes causas:
- mayor afiliación a la seguridad social y, además, con edades tempranas de los nuevos afiliados que incluyen a un gran número de mujeres.
- aumento en el número de años cotizados por cada pensionista.
- incremento de la edad de jubilación real
- aumento de las bases de cotización.

No cabe ninguna duda de que todas esas variaciones inciden en la mejora de la viabilidad del sistema de reparto a corto y medio plazo, aunque habría que tener en cuenta que la incorporación masiva de gente joven al sistema ayuda en el corto y medio plazo pero agravará el problema a largo plazo cuando a esos jóvenes de hoy les llegue la edad de jubilación y que los datos introducidos no tienen en cuenta las variaciones derivadas de la crisis que, al menos a corto plazo, supondrán una merma en el Fondo de Reserva respecto a lo previsto en el estudio.

Tampoco se sabe cual es la evolución prevista de la población española, aspecto crucial porque si no se ha tenido en cuenta el progresivo aumento de la vida media, que con casi total seguridad continuará produciéndose durante las próximas décadas, la partida del coste total de las pensiones podría estar muy infravalorada.

La coincidencia en el tiempo de la publicación de estos datos y del anuncio de la próxima reunión del Pacto de Toledo, me hace pensar que en realidad el estudio presentado constituye el escenario que al Gobierno le gustaría presentar como base de trabajo para incluir las modificaciones necesarias que permitan prolongar hasta 2030 la viabilidad del sistema.

Por tanto es de esperar que la propuesta vaya en el sentido de aumentar la edad de jubilación y de promover el aumento de las bases de cotización, por la vía de aumentar el número de años de cotización empleados para el cálculo de la pensión.

Quizás también se atrevan a plantear en las próximas reuniones el inicio de un cambio de modelo que, muy poco a poco, vaya sustituyendo el actual sistema de reparto, inviable a largo plazo, por un sistema de capitalización, así como la modificación de la fiscalidad sobre los planes de pensiones, enormemente desincentivadora en la actualidad.

No es fácil la tarea para los negociadores de la modificación del Pacto de Toledo, pero en que tengan acierto nos va la calidad de vida de toda la población, especialmente la de mayor edad, para las próximas décadas.

FMI, Banco Mundial y Bancos Regionales de Desarrollo

Estas instituciones que, sin duda alguna, han tenido algunos efectos positivos a lo largo de su historia, deben ser reformadas para aumentar su eficacia.

Los mayores problemas de estas instituciones se derivan del inmenso poder que tienen sus funcionarios, lo que hace ha promovido que sean los criterios políticos y burocráticos los que primen en su actividad.

Su función primordial debería ser la ayuda, puntual o sostenida en el tiempo, a aquellos países que requieran un apoyo financiero relevante para desarrollar su actividad económica de forma sostenible y a ritmos de crecimiento que en un plazo razonable les permita salir de la mala situación en que se encuentran.

Por descontado deben ser, como hasta ahora, los gobiernos de los propios países los que soliciten la ayuda pero se debe cambiar el tipo de exigencias que deben cumplir, de forma inmediata o progresiva, para tener acceso a las ayudas.

Las exigencias deberían ser tanto de tipo político como económico:

- Las de tipo político deben ser la democracia, el respeto a los derechos humanos y la existencia de una legislación que incorpore la seguridad jurídica y que dificulte seriamente la corrupción.
- Las de tipo económico deben incluir la apertura a la actividad de empresas de otros países, la existencia de un sistema fiscal moderno y la existencia de procesos administrativos transparentes, no discriminatorios y estables.

En los casos en que las modificaciones legales deban ser muy profundas, se debería pactar un proceso de adaptación con hitos temporales prefijados que diera la flexibilidad necesaria para que el país correspondiente pueda asimilar el cambio pero que, simultáneamente, asegurara progresos relevantes en plazos no muy dilatados.

Debería existir un registro de países elegibles, que se debería revisar anualmente y siempre que en un país se diera una circunstancia de cambio político relevante, que limitara los países a los que se puede prestar ayuda en cada momento. Obviamente la gestión de este registro constituye uno de los puntos más delicados de la propuesta, pero para mí es evidente que la existencia de democracia y seguridad jurídica son las condiciones fundamentales para hacer posible un desarrollo económico y social razonable, por lo que es necesario incentivar desde las instituciones internacionales la introducción de estas características en los países que aún no las tengan.

En los aspectos de erradicación de la corrupción debería lograrse un compromiso rotundo por parte de los países considerados desarrollados que debería incluir no sólo la adopción de medidas para reducir de forma relevante la corrupción existente en ellos mismos, sino que deberían incluir en su sistema penal los mismos criterios y penas para los actos de corrupción cometidos en su territorio y para los actos de corrupción cometidos por sus residentes, personas físicas y personas jurídicas, en países terceros.

Las ayudas económicas deberían darse para proyectos concretos, a tipos preferentes y con dos compromisos que deberían ser controlados exhaustivamente por los organismos que hayan proporcionado los créditos: que los tipos aplicados fueran los que después pagaran las empresas que se beneficiaran de los créditos y que los fondos sean realmente aplicados a los proyectos a los que estaban destinados. Asimismo la ayuda al desarrollo que den los países de forma directa deberían seguir estos mismos criterios de forma que un país que no fuera elegible para este tipo de ayudas si no se encuentra incluido en el registro de países elegibles.

¿Nuevo organismo internacional de supervisión?

Probablemente la mayor dificultad para resolver la actual crisis internacional sea la devolución a los mercados de la confianza en un sistema financiero (en el sentido más amplio del término que incluye a las entidades crediticias, las bolsas de valores, y los organismos supervisores, de calificación de riesgos, de auditoría y de análisis) que ha hecho aguas por su fragilidad y falta de ética generalizada.

Las decisiones gubernamentales de apoyo generalizado a las entidades crediticias que tengan problemas eran necesarias y, casi con seguridad, serán suficientes para que el sistema crediticio vuelva a funcionar con un caudal de créditos suficiente para evitar el colapso económico.

Pero este elemento, aunque era crítico y se haya resuelto razonablemente bien, no es el único que debe resolverse si se quiere salir de la crisis con un horizonte de viabilidad económica razonable que dure al menos unas pocas décadas.

Hay otros elementos que deben modificarse, entre los que destaca la necesidad de corregir los abusos que se han producido en la actuación de muchas entidades que actúan en el sistema financiero y de proporcionar al ciudadano de a pie una vía efectiva para obtener reparo a los abusos de que haya podido ser objeto, lo que, desde luego, no es tarea fácil.

Se ha anunciado una conferencia internacional, que se celebraría antes de que acabe este año, para sentar las bases de un nuevo sistema financiero internacional. Parece que la idea es que participen los países del G8 más algunos de los más importantes de entre los emergentes (¿China, India, Brasil?) España intenta meterse en el grupo de los más desarrollados, aunque todavía no está claro que lo consiga.

En esta conferencia internacional se harán propuestas que, probablemente, incluyan algunas modificaciones en las instituciones ya existentes y, quizás, alguna nueva institución que constituya el cambio radical que precisa el actual sistema para salvar la situación.

Será muy positivo que funcionen mejor el FMI, el Banco Mundial y buena parte de los bancos de desarrollo regional pero hace falta una novedad fundamental para que desaparezcan los intereses cruzados en los que departamentos distintos de las mismas organizaciones hagan de juez de una entidad y reciban importantes ingresos por servicios prestados a la misma entidad.

Debería procurarse, además, la erradicación de la corrupción en las relaciones internacionales, por lo que este organismo debería analizar e investigar las denuncias de las prácticas de corrupción que reciba de empresas y particulares y hacer públicas, con acceso universal a través de Internet en varios idiomas (que en todo caso debería incluir el inglés y los idiomas del denunciante y del país en que se hayan producido los hechos) aquellas que considerara probadas. La acumulación de las prácticas probadas en un mismo país debería suponer la pérdida de la capacidad de obtener créditos preferentes de otros países o de los bancos de desarrollo en tanto no se hubiera compensado a los denunciantes por el daño recibido.

También es importante que termine la impunidad de los que se aprovechan del poder de sus informes para influir en las decisiones de los afectados, o del poder que tienen en la gestión de las empresas para las que trabajan para tomar decisiones en beneficio propio, que normalmente va acompañado del perjuicio de los accionistas y/o de los clientes.

Una posible forma sería la creación de un control de los controladores, un nuevo organismo internacional que supervisara las actuaciones de todos los organismos de control y supervisión, tanto públicos como privados, que operan en el sistema.

Sería fundamental que se acordara una separación total de actividades, de forma que los organismos, empresas o personas que se dediquen a estas actuaciones sólo puedan dedicarse a una de ellas (por ejemplo quien se dedique a la auditoría no debería poder realizar ninguna otra actividad dentro del sector financiero, como puede ser la calificación de riesgos, la asesoría o el análisis financiero de empresas, tanto si son, o han sido, clientes suyos, como si no)

Cualquier medida que reforzara la independencia efectiva de los miembros de todos los organismos reguladores y supervisores sería también muy efectiva, así como la exigibilidad de responsabilidades personales a aquellas personas que en sus funciones de gestión, supervisión o control hubieran actuado de forma negligente o perjudicando los intereses de los accionistas, clientes o ciudadanos a los que sus decisiones hayan afectado.

Nuevo Orden Económico Mundial: una utopía necesaria

La actual crisis económica y financiera mundial es de una envergadura tal que, con certeza, cambiarán muchos de los pilares en los que se basaba el, hasta hace poco, actual orden económico mundial.

Ese orden económico, ya obsoleto, a la vez que ha permitido la fase de crecimiento económico sólido más prolongada de la historia, ha sentado las bases para que la fase de crisis y recesión, que sigue a las etapas de crecimiento en todos los ciclos económicos, sea también una de las más profundas conocidas, sobre todo en ausencia de guerra generalizada.

Las causas últimas de la crisis se derivan de los mecanismos que se han ido desarrollando para permitir un crecimiento exagerado de los beneficios, ya que en su mayor parte el crecimiento de los beneficios se ha derivado del crecimiento artificial y no sostenible de los precios de muchos bienes y servicios, promovido por la conexión existente entre las ganancias, también exageradas, de los gestores de las empresas sin dueños efectivos y los resultados a corto plazo de esas mismas empresas. Todo ello ayudado por unos tipos de interés muy reducidos.

Históricamente, los negocios más florecientes se han basado, casi en todas las ocasiones, en la adopción de una ética más que laxa por parte de los que los gestionaban, pero el grado de laxitud de los últimos años ha rebasado todos los límites conocidos hasta ahora, hasta el punto de que, por primera vez, los beneficios a corto plazo de los gestores se han incrementado y, en no pocas ocasiones, a costa de la quiebra de la empresa en un plazo no muy largo, con el resultado de la salida de los gestores con una gran fortuna personal y sin responsabilidades legales, acompañada de la pérdida de todo, o casi todo, el valor por parte de los accionistas directos e indirectos.

Todo esto ha sido posible por la permisividad, cuando no con la connivencia, de las entidades públicas y privadas que, teóricamente, tenían las funciones de control establecidas en el marco normativo vigente o desarrolladas por los mercados (organismos reguladores, agencias de calificación, auditores, gestores de los fondos de inversión, gestores de los fondos de pensiones, consejos de administración y analistas financieros)

Además, estamos viviendo un proceso de globalización de la economía mundial sin precedentes que, sin lugar a dudas, constituye una oportunidad clarísima para mejorar la calidad de vida de un porcentaje mayoritario de la población mundial y, por si fuera poco, las mejoras en la sanidad y en la alimentación están permitiendo un aumento muy rápido de la vida media de la población en la inmensa mayoría de los países.

En consecuencia, el mundo se enfrenta a una oportunidad única de mejora de la duración y de la calidad de vida para la mayor parte de su población, que sólo obtendrá buenos resultados si se establece un nuevo orden económico, social y político.

La utopía está en conseguir un modelo que maximice todos los aspectos positivos y la responsabilidad de las generaciones actuales está en conseguir un modelo que se acerque todo lo posible a esa utopía. Para mí no hay ninguna duda de que los pilares básicos del nuevo orden son los siguientes:

- En lo económico, una economía de mercado de corte liberal en la que el Estado, además de establecer las normas de funcionamiento, garantice a todos los ciudadanos los servicios de sanidad, educación, seguridad e infraestructuras básicas con niveles razonables, de acuerdo con la situación económica existente.

- En lo social, la atención razonable a los más débiles y el reconocimiento a las personas que realicen su actividad con honradez y diligencia, procurando el bienestar para sí mismas y para sus familias y a la vez favoreciendo a la sociedad o, al menos, sin perjudicarla.

- En lo político, extensión de la democracia a todos los países, con un sistema que persiga de forma efectiva y penalice social y legalmente la corrupción a todos los niveles.

En los próximos días iré desarrollando algunos de los elementos que considero básicos para acercarnos a ese ideal.

Medidas financieras del Gobierno

El Gobierno ha anunciado simultáneamente dos medidas para mejorar la situación del sistema financiero: la ya comentada de aumentar a 100.000 euros por depositante y entidad financiera la cantidad de cobro garantizado en caso de suspensión de pagos y la creación de un fondo de 30.000 millones de euros, ampliable a 50.000 millones si fuera conveniente, para comprar activos financieros a las entidades que voluntariamente quieran venderlos.

El fondo será totalmente público y los activos a comprar serán, según ha declarado el Gobierno, exclusivamente activos de primera calidad (sin riesgo, dicen ellos sabiendo que ese tipo de activos no existen)

El objeto de esta medida es proporcionar una nueva línea de liquidez al sistema financiero que permita empezar a cebar la bomba del sistema crediticio, ahora seca y con enormes dificultades para volver a tomar el ritmo.

La teoría de esta medida es que las entidades financieras emplearán el dinero ingresado por esta vía para dar créditos a particulares y pequeñas y medianas empresas, con garantías suficientes, por supuesto.

No han explicado algunos puntos débiles de este esquema que aparecen tras un somero análisis de la iniciativa:
- ¿Qué interés tendrán las entidades en vender, a precio de mercado dicen, los mejores créditos de su cartera?
- ¿Podrán explicar a sus accionistas que, además, el dinero así ingresado se empleará en dar créditos con garantías que, en buena lógica, serán inferiores a las de los créditos vendidos (sin riesgo, recordemos, en palabras del Gobierno)?
- ¿Qué garantía habrá de que esos créditos no se den, fundamentalmente, para mejorar la situación de entidades financieras o de empresas grandes, con serios problemas de financiación?
- El Estado tendrá que emitir deuda pública adicional por una cuantía exactamente igual a la empleada en comprar los activos a las entidades financieras. Siendo esto así ¿en que medida esa deuda pública adicional será comprada por inversores extranjeros, única forma de que no se reduzca en la misma cuantía el crédito disponible para el sector privado?

Sin duda las respuestas estarán en el acuerdo a que llegó el Presidente Rodríguez Zapatero con el sistema financiero, cuya letra pequeña nunca conoceremos.

Si que se puede imaginar que probablemente el precio de compra de los activos, a precio de mercado, dejará en manos de la entidad financiera correspondiente una parte relevante del margen implícito en el crédito vendido, lo que explicaría el interés de la entidad financiera en la doble operación.

También cabe pensar que la alternativa a esta operación hubiera sido el encargo al ICO de gestionar para ese tipo de créditos la misma cantidad de dinero aunque, obviamente, el sector bancario prefiere que el ICO no aumente su participación en esa actividad.

El aumento de la garantía de los depósitos bancarios: luces y sombras

En los últimos días estamos asistiendo a una carrera en la que todos los gobiernos de la UE intentan evitar la retirada de los depósitos de los bancos “garantizando” a los ahorradores que en caso de suspensión de pagos o quiebra (concurso de acreedores en la nueva nomenclatura legal española) de la entidad financiera en la que el ahorrador ha depositado su dinero, éste no perderá lo depositado hasta un cierto límite o, en algunos países, sin límite.

El sistema financiero está basado en la confianza, por parte de todos los que depositan el dinero, de que cuando quieran retirarlo podrán hacerlo sin más limitaciones de las que contractualmente se hayan podido establecer con el consentimiento del depositario.

Gracias a esta confianza, la entidad financiera puede conceder préstamos por una cuantía relativa que varía entre países, de acuerdo con su normativa, pero que normalmente es superior a la cantidad que han depositado los clientes, con lo que al dinero emitido por los distintos bancos emisores se le añade este dinero, llamado dinero bancario.

Por descontado, los bancos tienen mecanismos para disponer de las cantidades necesarias para atender las demandas de dinero de sus clientes con cargo a sus depósitos, entre los que destacan los billetes y monedas que físicamente tienen en sus cajas, el recurso a otros bancos, que se hace a través del llamado mercado interbancario, y el recurso a los bancos centrales.

En situaciones normales las entidades financieras solventes trabajan sobre todo con los dos primeros mecanismos pero, de la misma manera que, cuando las personas físicas y jurídicas realizan depósitos netos, la aparición del dinero bancario hace aumentar la cantidad de dinero que hay disponible en la economía, cuando retiran cantidades netas, el dinero disponible disminuye porque se reduce el dinero bancario.

En la crisis actual, una de las principales características que la hacen diferente a otras crisis anteriores es el deterioro de la solvencia de gran número de entidades financieras, incluidas algunas de las más importantes por su tamaño y, hasta hace pocos meses consideradas como muy solventes no sólo por el público en general sino también por los organismos públicos y privados encargados de controlar su situación.

La información de la situación real de cada una de las entidades es ciertamente casi opaca para el público en general, con lo que cuando alguna entidad tiene problemas no muy graves, éstos no se hacen públicos, pero cuando se empiezan a conocer, lo más probable es que se magnifiquen y que los clientes huyan despavoridos llevándose su dinero a otras entidades o a su casa.

En la actualidad, la desconfianza es tan grande que la mayoría de las entidades financieras no pueden obtener, a un coste razonable, el dinero que necesitan, el mercado interbancario está bajo mínimos en cuanto al montante global de las transacciones, y son los bancos centrales los que prestan dinero a las entidades financieras, aplicando lo que se conoce como “inyecciones financieras” tan frecuentes en estos tiempos.

Como las inyecciones financieras no son (y no pueden ser) de la cuantía necesaria para compensar el dinero bancario desaparecido y el dinero en billetes atesorado por los particulares, el sistema financiero tiene menos dinero que el que se solicita y por lo tanto los créditos concedidos al sector privado se reducen y aumenta su precio (el tipo de interés)

A medida que la crisis vaya haciendo que crezca el déficit público, el sector público también demandará dinero emitiendo deuda pública que hará que todavía se reduzca más el dinero disponible para el sector privado.

Como pasa en todas las crisis, todos los estamentos de la sociedad intentan que a ellos no les afecte, esperando que sean los demás los que la paguen. Los banqueros intentarán compensar la reducción del negocio de los préstamos y el aumento de la morosidad aumentando los márgenes de los créditos y las comisiones por todos los conceptos que puedan, las empresas pedirán al gobierno que sean ellas las que tengan prioridad en el acceso a los créditos a tipos de interés privilegiados, las familias intentarán aumentar sus ingresos a través del aumento de los precios (si tienen negocios) de los salarios (si trabajan por cuenta ajena) de la rebaja de los impuestos, si son contribuyentes netos, y del aumento de las subvenciones y subsidios si no lo son. Finalmente, las administraciones públicas procurarán aumentar los impuestos y tasas para compensar el descenso de la recaudación que se deriva de la menor actividad económica.

Pero sólo unos pocos privilegiados lo conseguirán, y el resto, en el que estarán la mayoría de las familias, tendrán, tendremos, que hacer frente a la reducción de sus ingresos reduciendo los gastos. Además, los intentos de todos de cargar a los demás con el coste de la crisis, llevarán, casi con seguridad, a una mayor inflación, el más injusto de los impuestos ya que perjudica sobre todo a los económicamente más débiles.

El sistema financiero español basa su mayor solidez en la existencia de la garantía de que todos los depositarios recibirán el dinero depositado en cualquier institución financiera que suspenda sus pagos hasta el límite máximo de 20000 euros por persona y entidad financiera. El pago de estas cantidades se hace a través de un Fondo de Garantía que, de forma continuada, van generando las entidades financieras con sus aportaciones. Por tanto la garantía establecida en el marco legal es sufragada por el sistema financiero, no por el Estado. La cuantía del fondo existente en la actualidad es suficiente para hacer los pagos que correspondan en el caso de problemas en una entidad de las grandes y de varias de las pequeñas, pero no sería suficiente si las suspensiones de pagos de entidades financieras se generalizaran.

En otros países, es el Estado el que proporciona la garantía y, lógicamente, sólo desembolsa el dinero cuando se produce la falta de capacidad de pago de alguna entidad. Pero la realidad es que ningún país podría hacer frente a una suspensión de pagos masiva por parte de sus entidades financieras sin un derrumbamiento total de su economía.

Cada día hay más países en el grupo de los que comiten por ver quien garantiza mejor el cobro del dinero depositado en caso de suspensión de pagos de la entidad financiera y, casi siempre, cada nuevo entrante previamente había criticado a los que lo habían hecho antes. Pero es tan obvio que todos lo harían en situaciones similares (ya que es mucho menor el mal de salvar con dinero público a un banco que está en dificultades que el de dejar que caiga) que la UE ya ha decidido apuntar a la carrera a todos sus miembros, que tendrán libertad para fijar la garantía a partir de un mínimo de 50000 euros por depositante.

Otra cosa distinta es la equidad de una medida que hace que el conjunto de la sociedad pague los errores de los que, incluso, se han podido enriquecer de una forma escandalosa con prácticas que, incluso no siendo delictivas con la normativa vigente, son a todas luces contrarias al buen hacer tradicional del sector.

No debe extrañarnos, por tanto, la aparentemente contradictoria política del Gobierno español que, por una parte declara, día sí y día también, la enorme solvencia del sistema financiero español y por otra reúne a unos cuantos altos directivos del sector bancario para pedirles que asuman un aumento relevante de la cantidad máxima garantizada.

Tampoco debe extrañar que se diga que ha habido acuerdo sin decir cual era la nueva garantía, a la espera de lo que se acordara en el seno de la UE. La UE ha aprobado que la cifra garantizada sea como mínimo de 50000 euros y el gobierno español ha anunciado que aplicará la de 100000 euros por depositante y entidad. Probablemente esta cifra sea la que acordó el presidente con los banqueros y no sería de extrañar que este aumento no suponga el aumento de las aportaciones de las instituciones de crédito al Fondo de Garantía y que, en el caso de que las indemnizaciones superaran el importe del Fondo, fuera el Estado el que se hiciera cargo del resto.

Para mí no hay ninguna duda de que, esta vez sí, el Gobierno ha tomado una medida adecuada para combatir la crisis. La garantía de 100000 euros por depositante y entidad parece suficiente para la mayoría de los depositantes y los que tengan cantidades superiores podrán reducir su riesgo diversificando las entidades en las que ponen los depósitos. La respuesta la tendrán casi inmediatamente las entidades financieras, que comprobarán si se frena la retirada de depósitos por temor a eventuales suspensiones de pagos y los ciudadanos tendremos que esperar algo más para tener dos datos indirectos que nos darán información al respecto: la desaparición de las declaraciones de Gobierno y otras entidades en el sentido de recordarnos la robustez de nuestro sistema financiero y la información sobre el montante de billetes de 500 euros en circulación real, que en las últimas semanas había vuelto a reducirse.

Revisión del Pacto de Toledo

Sin duda alguna la viabilidad del sistema de pensiones es uno de los grandes problemas que tiene planteados la sociedad española a medio plazo, dado que el sistema de reparto vigente sólo es viable si el volumen de las cotizaciones crece, en términos reales, de forma continuada.

En épocas de crecimiento bajo de la economía, o peor aún de recesión, las cuentas de la Seguridad Social comienzan a tener problemas, y si la mala situación económica se prolonga, comienza a presentar la cara el riesgo de quiebra del sistema de pensiones.

Desgraciadamente ahora estamos en esa situación, y la buena noticia es que, antes que en ocasiones anteriores, los partidos políticos, que están dispuestos a consensuar este asunto para retrasar en lo posible la quiebra del sistema, se han puesto a analizar las posibles soluciones.

Como es obvio, las posibles soluciones son sólo dos, o una mezcla de ambas: el aumento de las cotizaciones y la reducción de las prestaciones. El aumento de las cotizaciones es complicado en época de vacas flacas, porque empeoraría la situación de las empresas y, aún más, el empleo; la reducción de las prestaciones es impensable para los actuales pensionistas, que tienen garantizado por ley el aumento conforme al IPC y, en consecuencia, sólo queda, a la espera de la nueva etapa de crecimiento que aumente la recaudación por la vía del aumento de los cotizantes, la reducción de las prestaciones a los nuevos pensionistas.

Por eso no es de extrañar que se haya vuelto a plantear la necesidad de pasar a un método de cálculo que tenga en cuenta las cotizaciones de toda la vida laboral para fijar las nuevas pensiones. Este sistema, que sin duda es más justo que el actual, tiene además la ventaja de que promoverá en el futuro un aumento de las bases de cotización de los más jóvenes para acercarlas a los salarios reales.

Los críticos con este sistema argumentan precisamente lo contrario, ya que, según ellos, el uso de la totalidad de la vida laboral en el cálculo, unido al aumento de las pensiones mínimas con porcentajes muy superiores al IPC, llevará a una reducción de las bases de cotización.

Este argumento sería cierto si las pensiones mínimas llegaran a superar al salario mínimo, base por debajo de la cual no se puede cotizar. Como esta hipótesis es impensable en un esquema de inviabilidad del sistema de pensiones a largo plazo, la propuesta es, por el contrario, más que razonable.

Por razones políticas obvias, la modificación se hará de forma progresiva, aumentando cada año en uno, o como mucho dos, los años a tener en cuenta para el cálculo desde los quince actuales, lo que supondría un periodo de entre 10 y 20 años para llegar al cálculo con toda la vida laboral.

Si ésto se lleva a cabo, saldrán perjudicados aquellos futuros pensionistas que hayan cotizado en bases inferiores entre los quince y los nuevos años de cálculo anteriores a su jubilación, y se quedarán igual los que no estén en esa situación.

Por descontado cabe la posibilidad de que el aumento no se lleve a la totalidad de la vida sino a los últimos 20 ó 25 años de la vida laboral, con lo que quedaría margen para nuevos aumentos en crisis venideras. No parece que se vayan a plantear el inicio del cambio hacia el único sistema viable de forma indefinida que es el sistema de capitalización.

¿Será la crisis eminentemente financiera?

Según van pasando los días, cada vez parece más claro que la crisis internacional tiene un acento fundamentalmente financiero. El aumento desmesurado de los precios de las materias primas ha pasado a un segundo término, porque los mercados internacionales son implacables y cuando la oferta supera a la demanda existente a los precios impuestos por los especuladores de los mercados de papel, los mercados físicos se encargan de moderar los precios. El problema inmobiliario no se extiende a la mayoría de los países y en los que la tienen, el nuestro a la cabeza, la intensidad es muy variada.

Sin embargo el problema financiero afecta a todos, seguramente porque los mercados de capitales son los más globalizados y, de la misma manera que las variaciones de la liquidez se transmiten de unos a otros países a la velocidad de la luz, la relajación de las buenas prácticas y el cambio de los modelos de gestión se ha transmitido con gran rapidez.

El gobierno de Estados Unidos ha cogido al toro por los cuernos e intenta, si su Parlamento lo aprueba, zanjar el problema de forma radical, asumiendo la compra de todos los activos de dudoso cobro. El coste de la medida podría variar, en una primera estimación, entre 700.000 y 1.500.000 millones de dólares y, como es obvio, la cantidad que finalmente resulte será pagada por el conjunto de los contribuyentes.

No parece muy equitativo que la mayoría de la población tenga que pagar la factura de los excesos de una minoría que se irá de rositas, cuando no enriquecida de forma escandalosa, pero no es menos cierto que la solución propuesta por el Gobierno USA puede ser la menos mala, desde el punto de vista económico, para el conjunto de la población y no cabe duda que el buen gobierno debe procurar obtener la mejor situación para el conjunto de la población. Sería necesario en consecuencia que el sacrificio de la mayoría debería ir acompañado por un cambio legislativo que impida que en el futuro se puedan repetir actuaciones éticamente inadmisibles sin que los responsables tengan que dar cuenta ante los tribunales y, como mínimo, paguen con su patrimonio el mal realizado.

En cuanto a España, la situación es ciertamente diferente. A nuestro favor tenemos un sistema financiero más solvente, aunque no por ello exento de problemas, y en nuestra contra tenemos la necesidad de seguir obteniendo créditos crecientes del exterior para financiar no sólo los créditos que vencen, sino también el déficit de la balanza de pagos, absolutamente desmesurado, y el desequilibrio de las cuentas públicas.

Con esta situación, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se encuentra con una serie de problemas de difícil solución. Por orden de dificultad estos problemas financieros son:
- La refinanciación de las deudas del sector inmobiliario, con especial gravedad en lo que se refiere a los créditos para la compra de terrenos a precio inasumible por la demanda de pisos que, por tanto, tardarán bastantes años en ser edificados.
- La financiación de la deuda pública en la nueva situación de déficit.
- La financiación de las inversiones productivas del sector privado.

Todo ello en un marco en el que las comunidades autónomas aspiran a aumentar sus ingresos de forma muy relevante y los ayuntamientos siguen considerando que la primera prioridad de las arcas públicas debe ser la cobertura de sus gastos crecientes, incluidos los despilfarros suntuarios a que se han acostumbrado en la época de vacas gordas.

No estaría mal que entre PSOE y PP, más todos los partidos que se quieran sumar a la iniciativa, decidieran coger al toro por los cuernos como están intentado en Estados Unidos, y plantearan una solución global al problema financiero que, desde luego, tendría que partir de un programa de austeridad de las administraciones públicas tan exigente como el que van a tener que hacer, o están haciendo ya, las familias afectadas por el aumento de los tipos de interés y/o por el paro.

En cualquier caso, con toda probabilidad vamos a pasar por una etapa, no corta, de escasez de crédito y, por tanto, de aumento de los tipos de interés, especialmente en comparación con los demás países de la zona euro y a un aumento de la presión fiscal, especialmente en los impuestos y tasas municipales.

Crisis y saneamiento económico

Leo con sorpresa una declaración del ministro Solbes en la que viene a decir que si la recesión sirve para limpiar la economía y remontar la situación, no tiene mayor importancia.

Creo que Solbes es un buen ministro de economía y lo creo por lo que ha hecho durante su trayectoria en los gobiernos de España en que ha participado y también en su etapa como comisario de la UE. Con lo que no puedo estar de acuerdo es con estas opiniones, que no sé si son de su cosecha o son las recomendaciones de los asesores de imagen del Gobierno.

La teoría económica estudia los ciclos y, por el momento, no se ha encontrado la forma de eliminar las fases de caída de la producción por habitante. Durante décadas, los gobiernos de todo el mundo se han esforzado en diseñar medidas que eliminen, o al menos suavicen, los efectos negativos de las fases bajas del ciclo, y algo habrán aprendido cuando acabamos de terminar la fase expansiva de mayor duración de la economía mundial, que ha durado aproximadamente el doble de lo que era habitual hasta ahora.

Por descontado, este gobierno también intenta hacer lo mismo, aunque probablemente su objetivo real sea intentar que la etapa de crecimiento se inicie antes de que lleguen las próximas elecciones, a fin de tener más posibilidades de continuar en el poder.

Pero un gobierno eficaz, sea del color político que sea, lo que debería perseguir es poner al servicio de la sociedad un marco legal que favorezca el crecimiento sano de la economía, y en nuestro país hay demasiados elementos que favorecen a grupos pequeños de personas, que no suelen coincidir con los más necesitados socialmente, a cambio de perjudicar notablemente la situación económica de la mayoría, no tanto por lo que quitan injustamente a los demás, sino porque impiden un mayor crecimiento de la renta global.

La declaración del ministro Solbes es equivalente en economía a la impensable declaración de un responsable de la sanidad que ante una epidemia grave dijera que si la epidemia sirve para limpiar a la sociedad de los individuos más débiles y disponer después de una sociedad con individuos más fuertes, la epidemia no tendría mayor importancia.

Tanto en un caso como el otro, la única política admisible es la que tenga la doble vertiente de minimizar los daños de la mala situación y de sentar las bases para que en el futuro no se puedan producir situaciones similares o, al menos, que si se producen sus consecuencias sean más suaves.

Sigo dando mi notable al ministro Solbes por sus medidas económicas pero un suspenso sin paliativos por sus declaraciones, que espero que no se reflejen después en sus actuaciones de gobierno.

Plan de reducción del consumo energético

El ministro Sebastián ha presentado un nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011, cuyo principal objetivo es conseguir un ahorro de energía equivalente a 44 millones de barriles de petróleo anuales.

En realidad se trata de una puesta al día del plan elaborado primero por el ministro Montilla y revisado, después, por el ministro Clos, siempre con el mismo horizonte de 2011 y siempre con los mismos objetivos finales, aunque cada vez más ambiciosos en los próximos años ya que se acumulan para el tiempo que queda los objetivos iniciales y la recuperación de lo no realizado en el tiempo transcurrido.

El plan cuenta con 31 medidas, muchas de las cuales se han introducido para sumar número, como por ejemplo la garantía de la seguridad jurídica de las empresas de servicios energéticos ¿carecen estas empresas en la actualidad de la seguridad jurídica que tienen las demás empresas?

Cada una de las medidas es en si misma buena, aunque no se puede deducir de ellas que el ahorro global a obtener sea de 44 millones de barriles, igualmente se podría haber cifrado en 10 millones o en 100, porque las medidas no cuantifican una a una el ahorro potencial perseguido.

En este plan se da mucho énfasis a las medidas destinadas al transporte, algo muy lógico ya que el 40% del consumo final de energía se realiza en el transporte.

Se propone la reducción del 20% en la velocidad máxima permitida en las carreteras de alta capacidad y en las entradas a las grandes ciudades, con el triple objeto de reducir los accidentes, el consumo de productos petrolíferos y las emisiones de CO2.

Se propone la promoción del transporte urbano en bicicleta.

En el ámbito de los edificios ¡se extiende a los nuevos edificios públicos la exigencia de eficiencia energética!

También se propone la aceleración del cambio de bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo.

Se limitan las temperaturas máxima en invierno a 21 ºC y mínima en verano a 26 ºC en los edificios no residenciales (excepto hospitales)

No parece fácil estar en contra de las medidas anunciadas, más bien al contrario sería importante conseguir que en los planes futuros no se tengan que volver a repetir porque no se hayan llevado a cabo.

Lo que sí se echa en falta es un Plan Energético global, con horizonte de al menos 30 años de duración, que analice de forma integral el cambio de modelo energético que se necesita para que el progreso económico y social sea continuo y sostenible. Desgraciadamente no parece que el ministro Sebastián y su equipo tengan la intención de hacerlo, quizás porque estimen que su presencia al frente del ministerio responsable de la energía se prolongue el tiempo necesario para elaborarlo y, en consecuencia, no puedan sacar el rédito político personal de un esfuerzo tan importante.

Crísis económica y política sanitaria

El sistema público de atención sanitaria es, junto con el de pensiones, la parte de los servicios públicos que tiene una mayor necesidad de crecimiento del gasto, muy por encima del crecimiento del PIB aún en las fases de crecimiento sostenido del ciclo económico.

Los motivos son claros:
- El aumento de la edad media de la población y, en especial el aumento progresivo de las personas de edad avanzada que, lógicamente y por muy buena salud que tengan, requieren muchas más prestaciones sanitarias.
- La continua llegada de inmigrantes que, en una proporción relevante, requieren más prestaciones sanitarias que la población residente de la misma edad.
- El necesario desarrollo de la Ley de Dependencia, que a poco que extienda sus prestaciones requerirá un aporte de fondos públicos de una gran cuantía.

Además, en las fases bajas del ciclo la tendencia es a un aumento mayor de la demanda de servicios sanitarios, porque una parte relevante de las personas que acuden al sector privado para algunos, o todos, los servicios sanitarios, en las épocas de menores ingresos optan por recurrir a la sanidad pública.

Por descontado, la sociedad española aspira a que, al menos, se mantenga la calidad de las prestaciones que se alcanzaron en los años noventa, calidad que ya ha iniciado su declive al menos en la percepción popular.

La política sanitaria debe encaminar sus esfuerzos a una mejora relevante de la calidad y la eficiencia, única vía para que sea sostenible la sanidad pública universal.

En este caso, la formación de los futuros profesionales sanitarios es más que buena, quizás falte únicamente un análisis serio de las plazas que se deben ofertar para que no sea necesario recurrir a profesionales de otros países que tienen un sistema formativo de menor calidad.

Hay, sin embargo, un problema serio en cuanto a los profesionales en activo, o mejor dicho dos: su retribución, claramente baja con lo que los mejores profesionales optan por la vía privada para llevar a cabo, parcial o totalmente, su ejercicio profesional y la caída del prestigio social de su profesión que lleva a la existencia de no pocos conflictos con los usuarios de los servicios.

Por si fuera poco, la gestión de los medios escasos (en su mayor parte el tiempo de dedicación de los profesionales aunque también la realización de pruebas de diagnóstico) se está dirigiendo a la minimización del tiempo de atención por parte de los médicos lo que lleva a resultados aún peores: mayor solicitud de pruebas de diagnóstico (que retrasan la solución de buena parte de los problemas de salud y encarecen el coste total) y mayor uso de los medicamentos, que también encarecen el coste final.

La solución la están buscando en el incremento de dificultades para acceder a la prestación, el aumento de las colas de espera (con lo que se produce una mayor migración a los servicios privados) y la gestión privada de los hospitales, que aún está en sus inicios pero que muy probablemente suponga un mayor recorte de las prestaciones por la vía de los hechos.

No lo tienen fácil los responsables autonómicos de la sanidad, pero sólo una gestión muy eficaz llevará a la obtención de buenos resultados, con la paradoja de que si aumenta la calidad, también aumentará la demanda porque muchas personas preferirán la buena calidad pública, además gratuita, a la no tan buena calidad privada, cuando los precios no son desorbitados.

Crisis económica y pensiones

El sistema público de pensiones tiene serios problemas estructurales derivados de la elección del método de reparto, realizada al inicio del mismo, a mediados del siglo pasado, que consiste en que cada año se pagan las pensiones con las cotizaciones recaudadas ese mismo año.

Este método es altamente inestable, excepto en los primeros años de su puesta en funcionamiento, ya que cualquier aumento del importe de las pensiones que no esté compensado por un aumento equivalente de las cotizaciones lleva al sistema a una situación de déficit que el estado sólo puede compensar durante un periodo de tiempo limitado.

Existe un elemento de inestabilidad estructural derivado del, a todas luces deseable, aumento de la vida media que lleva inexorablemente a un aumento muy importante del número de pensionistas. La corrección de este desequilibrio sólo puede realizarse por tres vías, que evidentemente pueden, y deben, ser complementarias: el aumento del periodo de cotización (que, sin remedio debe llevar a un aumento de la edad de jubilación) el aumento de las cotizaciones y el descenso del importe de las pensiones. El aumento del número de cotizantes es una solución transitoria ya que a largo plazo también supone un aumento del número de pensionistas.

Evidentemente, para los políticos el problema es de los que es mejor no resolver y dejárselo a los que les sustituyan en el futuro, aunque los más preocupados vayan introduciendo medidas marginales para paliar el problema.

Ya en los años ochenta se pasó por una situación de crisis del sistema que obligó a los políticos a ponerse las pilas, y se llegó a los Pactos de Toledo, que supusieron un respiro para el sistema de seguridad social que ha durado bastante más de lo esperado, gracias a lo prolongado que ha sido el último ciclo de crecimiento.

Pero la llegada de la crisis vuelve a poner sobre la mesa un problema que no está resuelto, ni mucho menos, a pesar del superávit de la seguridad social registrado en los últimos cinco años. Tampoco la tímida promoción de los fondos de pensiones está suponiendo un complemento suficiente ya que, de una parte, la mayoría de los trabajadores o no tiene fondo de pensiones o si lo tiene será de tan escaso valor en el momento de la jubilación que apenas supondrá un complemento marginal a la pensión pública y, de otra, el tratamiento fiscal que reciben.

El escaso desarrollo de los planes de pensiones deriva de su escasa rentabilidad, ya que, de una parte, los gestores de los fondos se llevan, con sus elevadas comisiones que no tienen relación alguna con el trabajo que realizan, la mayor parte de la revalorización en términos reales, y de otra el poco generoso tratamiento fiscal, peor que el de cualquier otra forma de ahorro, que hace que la decisión individual más racional sea la de dedicar el dinero que se pueda ahorrar a otros sistemas.

El cambio de un sistema de reparto a uno de capitalización sería, en teoría, la mejor solución pero tiene dos serios inconvenientes: la necesidad de hacer frente en el periodo transitorio a un doble pago (las pensiones de los que cotizaron por el sistema de reparto y la formación de los fondos para los que coticen por el nuevo método de capitalización) y la dificultad de gestionar los fondos por un método creíble, en el que los gestores o el estado no se apropien de buena parte de los rendimientos.

La solución, que probablemente sea necesario implantar a lo largo de esta legislatura, no es fácil ni será políticamente presentable sin un sesgo importante de la información, pero seguramente tendrá las siguientes características: una segunda edición del Pacto de Toledo, con la participación de partidos políticos y sindicatos, que ampliará el periodo de cotización necesario para obtener la pensión máxima y también los años de cotización usados para el cálculo de la pensión, una probable reducción de la pensión máxima y de los derechos de pensión de viudedad para los nuevos pensionistas y, quizás, un tratamiento fiscal más generoso para los fondos de pensiones.

Crisis económica y educación

La política educativa es, en mi opinión, la más importante para el futuro social y económico de cualquier país. El principal activo de cualquier sociedad es la calidad de las personas que la componen y la educación recibida es un elemento fundamental de la calidad humana de cada persona.

La política educativa seguida en España es una de las causas que explica el enorme desarrollo de nuestra sociedad en los últimos 50 años. Primero, de una forma muy lenta, se fue alcanzando la escolarización plena, simultáneamente se fue aumentando el nivel de las enseñanzas primaria y secundaria hasta alcanzar su nivel más alto probablemente a finales de los ochenta, momento a partir del cual se inició un progresivo deterioro de la calidad media de la enseñanza, aunque haya seguido aumentando el nivel alcanzado por la minoría que termina con mejor cualificación.

Simultáneamente, la formación profesional se ha ido deteriorando y ya son muy pocos los centros que ofrecen una calidad razonable, lo que implica que sea necesario utilizar trabajadores extranjeros en cantidades crecientes para disponer de las personas cualificadas que la economía española precisa.

Las causas últimas son achacables a la pésima política educativa seguida por los distintos gobiernos desde los años ochenta, políticas que, a pesar de sus malos resultados, no son rechazadas por la sociedad.

La política educativa ha sido un área de confrontación política entre los partidos políticos que, en vez de llegar a un acuerdo razonable para todos que permitiera seguir un modelo educativo eficaz y estable, al margen de los cambios de gobierno que las sucesivas elecciones pudieran suponer, han preferido que cada gobierno elabore una nueva ley de educación, con la frontal oposición de los adversarios políticos que llevarán a cambio su sustitución cuando las elecciones les den el poder.

Por otra parte se han escatimado, especialmente en la formación profesional, los recursos económicos necesarios para que los centros educativos tengan los medios educativos más adecuados.

Por si fuera poco, se ha ido retirando poco a poco la autoridad a los docentes, que tienen que soportar una presión creciente para calificar como aptos a aquellos que no han tenido un aprovechamiento mínimo y que han visto como sus derechos han desaparecido en la práctica y están totalmente indefensos incluso ante situaciones de agresión manifiesta.

Pareciera que la sociedad española haya decidido que las enseñanzas primaria y secundaria sean una prolongación de la etapa de guardería y que, una vez finalizadas por el mero transcurso del tiempo, todos los alumnos tengan derecho a un título igual, al margen de los conocimientos adquiridos, para que nadie sea distinto de los demás, al menos desde el punto de vista formal de la cualificación académica.

En situación de crisis es obvio que la realidad económica hace las diferencias respecto a la cualificación efectiva que el sistema académico ha querido ocultar y que aquellas personas que no tienen una cualificación mínima serán las que con más dureza sufran los efectos.

La solución, para la que cualquier momento político es bueno para empezar, debería pasar por un acuerdo, al menos entre los dos principales partidos políticos, para promulgar una ley de educación consensuada, con vocación por tanto de durar varias décadas con las modificaciones de detalle que la experiencia y el progreso tecnológico vayan aconsejando, que tenga por objetivo mejorar la formación en todos los niveles. Además esta ley debería tener asegurados los recursos económicos adicionales necesarios para optimizar el rendimiento académico, recursos que en porcentaje sobre el coste total de la educación son, con total certeza, bastante moderados por lo que es difícil de entender la reticencia de los gobiernos a aprobarlos y aplicarlos.

Aunque la inversión en educación es la más rentable que cualquier gobierno pueda realizar, tiene el inconveniente político de que sus primeros resultados tardan al menos dos legislaturas en empezar a notarse y sus resultados plenos se obtienen una generación más tarde de su puesta en práctica lo que en una sociedad como la nuestra en la que el muy largo plazo para los políticos con más visión de futuro termina con la próxima convocatoria electoral, motivo por el que lo más probable es que continúe la caída de la calidad media de formación con la que terminen su etapa de estudios las nuevas generaciones.

Crisis económica e infraestructuras

La inversión pública en infraestructuras es uno de los capítulos que más suelen usar los gobiernos para mitigar las etapas bajas del ciclo económico, desde que Keynes elaboró la teoría de que la política económica adecuada para relanzar la producción era ampliar el gasto público para aumentar la demanda total de bienes y servicios.

La experiencia acumulada de muchos gobiernos de distintos países y en distintas situaciones de crisis, ha ido matizando la validez de este tipo de política que no deja de tener algunas consecuencias negativas a un plazo bastante corto. El aumento del gasto público reduce en la misma cuantía la capacidad de financiación que queda para el resto de la economía y también aumenta la deuda pública y los tipos de interés, porque suele conducir a una demanda de recursos financieros superior a la oferta disponible.

En las últimas décadas, este tipo de política ha prescindido de cualquier aumento del gasto público dedicado al consumo para aumentar artificialmente la demanda, pero ha mantenido una cierta tendencia a aumentar la inversión pública, respecto al volumen medio del resto de las etapas del ciclo económico.

Esta política también tiene sus limitaciones y consecuencias negativas , por las mismas razones anteriores, pero tiene un aspecto claramente positivo ya que si, como es lógico, las infraestructuras adicionales están elegidas con un mínimo de sentido común, constituyen un elemento básico para facilitar el desarrollo de la economía en los años siguientes.

En la España actual, y a pesar del importante esfuerzo realizado en las últimas décadas, todavía hay un importante inventario de infraestructuras públicas pendientes, inventario que supera en mucho las posibilidades objetivas de cualquier gobierno durante el periodo bajo de un ciclo económico, por muy largo que éste pueda ser.

La fácil circulación de las personas, los bienes y los servicios, constituyen el primer capítulo a considerar, por lo que el impulso a la construcción de autovías, autopistas y carreteras (sin peajes, por favor) el desarrollo del ferrocarril (de alta velocidad y de cercanías) el metro y el resto de transporte público y la puesta a disposición del servicio de Internet a la mayor parte de la población (incluida la existencia de amplias zonas con servicio wifi universal y gratuito) debería ser uno de los ejes principales de los recursos públicos durante los próximos años.

También hay multitud de proyectos que requieren la inversión pública en las áreas de educación, sanidad, seguridad, infraestructuras urbanas y suministros de agua, electricidad, telecomunicaciones y gas natural que son necesarios para facilitar un desarrollo económico equilibrado y sostenido durante la próxima fase alta del ciclo económico, condiciones necesarias para que esa fase pueda ser tan prolongada, al menos, como la que finalizó el año pasado.

Corresponde al gobierno elegir los proyectos y fijar las prioridades y al equipo del Ministro Solbes establecer los límites económicos de la inversión que es prudente realizar cada uno de los años. De su acierto dependerá, en buena parte, el vigor y la duración de la etapa de crecimiento que seguirá a esta fase en la que, le guste o no le guste al gobierno, coinciden la situación de crisis (en el sentido estricto de la palabra de cambio rápido del volumen de actividad de la economía) y de recesión (en el sentido también estricto de reducción de la actividad económica) que ya está afectando a numerosos sectores y, muy probablemente, al conjunto de la economía.