Como se deduce de lo escrito en los
anteriores capítulos de este tema, la financiación de la renta básica, por un
importe equivalente al umbral de pobreza, es harto difícil en la actualidad
para un país como España
En este último capítulo intentaré
definir una posible ruta de avance para conseguir que en un futuro no demasiado
lejano, la actual utopía pueda pasar a ser un logro alcanzable, incorporando al
ritmo que desee nuestra sociedad algunos objetivos parciales que, además de
facilitar el camino hacia la Renta Básica, sean en sí mismos deseables.
En primer lugar será necesario
conseguir que la sociedad piense, con una mayoría democrática suficiente, que
la Renta Básica es muy deseable, por las ventajas ya explicadas que harán de
cualquier sociedad democrática que la incorpore una sociedad más justa, en la
que la pobreza desaparezca a la vez que las personas sean más libres.
Para ello, además de explicar de
una forma clara y comprensible todo lo que la Renta Básica supone, y de evitar
que en su aplicación haya grupos de población discriminados respecto a otros
con rentas de un importe anual similar, a causa de que el origen de las mismas
sea parcial o totalmente una prestación contributiva (prestaciones cuyo origen
sea la previa contribución a la Seguridad Social Obligatoria o a cualquier
sistema privado) será imprescindible que los cambios en la financiación de los
servicios públicos no supongan un aumento excesivo en el tipo marginal del
impuesto sobre la renta y, por descontado, que se respete al máximo el derecho
a la propiedad privada y a la herencia, consagrados como derechos fundamentales
en nuestra Constitución.
Todo ello es imprescindible porque
una sociedad democrática que desee beneficiarse al máximo de la introducción de
la renta básica, debe mantener el mayor incentivo posible para que una parte
muy relevante de la sociedad dedique buena parte de su tiempo a actividades
socialmente útiles que maximicen el bienestar social, incentivo que no es otro
que el poder beneficiarse, para sí mismo y para su ámbito más cercano de seres
queridos, de una parte muy relevante de los beneficios que se desprendan de su
actividad. Las experiencias históricas llevadas a cabo hasta ahora han
demostrado que la falta de este incentivo y de las libertades individuales ha
provocado el estancamiento económico de los países en que se han llevado a
cabo, aunque si que se haya conseguido reducir de forma drástica la desigualdad
económica previamente existente.
En segundo lugar, es necesario
financiar mucho mejor el gasto público. Para ello el medio que más recursos
aportaría sería la mejora de la gestión del gasto, tanto desde el punto de
vista de la reducción drástica de la corrupción, que requerirá cambios
legislativos muy importantes, entre los que debería estar la consideración de
los partidos políticos y de los sindicatos como empresas en los aspectos fiscales,
como desde la optimización del coste de los servicios públicos evitando los
gastos en conceptos de escaso o nulo interés social y maximizando la relación
interés social/coste económico de los proyectos que se lleven a cabo.
En tercer lugar es imprescindible
un cambio radical de la imposición, para eliminar todo lo que el sistema actual
tiene de desequilibrado, injusto y poco eficiente.
Respecto al cambio del IRPF, el
concepto básico que propone Daniel Raventós es un punto de partida muy válido,
por su sencillez, facilidad de gestión y eficacia en la recaudación. Sin
embargo el aumento del número de tipos impositivos de uno a dos o tres, aumento
que el propio Raventós considera que debería estudiarse, facilitaría mucho la
posibilidad de evitar que personas con rentas bajas/medias sufrieran un
incremento de su fiscalidad por este concepto.
Nada dice el Sr Raventós de
cambios en el IVA, que debería ser un impuesto muy importante en el aumento de
la recaudación, más por la vía de la reducción del fraude que hay en él que por
el aumento de los tipos medios. Además el cambio debería conseguir un aumento
de la progresividad de este impuesto, que a pesar de ser un impuesto indirecto
es progresivo por la diferencia de tipos que hay.
Para ello bastaría con sustituir
las actuales exenciones (sanidad, educación, alquileres para vivienda) por el
tipo cero, grupo al que se deberían añadir los bienes y servicios que consuma
una familia estándar que tenga como únicos ingresos la renta básica (por
ejemplo una pareja con dos hijos menores)
Seguramente sería bueno reacomodar la
ubicación de unos cuantos bienes y servicios en los tipos del 4, el 10 y el 21%
y también se debería añadir un tipo, por ejemplo del 35 o el 40% para los
productos realmente de lujo, o perniciosos para la salud, el medio ambiente o
la sociedad.
En cuanto al impuesto de
sucesiones, mi discrepancia con el Sr Raventós seguro que es enorme. Mi opinión
es que para los grados de parentesco entre abuelos y nietos e intermedios y los
componentes de la pareja, debería aplicarse la normativa actual de la Comunidad
de Madrid, según la cual hay que hacer todos los trámites administrativos
igual, pero el resultado final a pagar es muy reducido.
En cuarto lugar, en la medida en
que las cuentas públicas lo vayan permitiendo, habría que realizar una serie de
acciones que fueran acercando a las personas más necesitadas a la situación
deseable de la Renta Básica. Los beneficiarios deberían serlo por el mero hecho
de ser personas y de que sus rentas fueran inferiores o iguales a la renta
básica teórica y las prestaciones deberían ser las siguientes:
Límite máximo del IBI del 5% de
la Renta Básica teórica anual.
Aumento de las prestaciones no
contributivas a mayores de 65 años y a parados de más de un año de duración
hasta la Renta Básica teórica anual.
Establecimiento de una garantía
de eliminación de la pobreza energética, por la que el conjunto de las facturas
de electricidad y gas natural no pudieran sobrepasar el 8% de la Renta Básica
teórica anual.
Derecho integral a la asistencia
sanitaria, al margen de cualquier otra consideración.
Matrícula gratuita en las
universidades públicas para los hijos menores de 25 años.