Tipo único para IVA, IRPF e impuesto de sociedades

Leo en el diario que en un debate sobre la forma de afrontar la coyuntura económica actual celebrada el 23 de febrero en el IESE, el Profesor Juan José Toribio apuntó que la situación presente es adecuada para abordar una reforma en profundidad del sistema tributario español. Su propuesta incluía una reducción a corto plazo de las cotizaciones sociales unida a un aumento del IVA y, a medio plazo, llevara a cabo una igualación de los tipos aplicables al IVA, IRPF y sociedades, poniendo como ejemplo la experiencia de Eslovaquia que ha puesto el tipo del 20% para los tres impuestos.

La propuesta me parece sumamente interesante, aunque si se llevara a cabo en esos términos llevaría a la desaparición total de la progresividad del sistema impositivo, por lo que, en mi opinión, sería más adecuado un sistema que, sin alejarse mucho de la propuesta, permitiera una progresividad razonable que hiciera posible que las personas con renta próxima a la de subsistencia no pagaran impuestos o lo hicieran en cuantía muy reducida.

Para ello sería necesario que el IRPF tuviera un primer tramo exento, de cuantía equivalente a la renta que se considere de subsistencia, y un segundo tramo, aplicable al resto de la renta, con el tipo que se fijara como referencia para todos los impuestos.

En cuanto al IVA, sería necesario incluir el tipo cero (no la exención actual) que se debería aplicar a los bienes y servicios de primerísima necesidad, esto es los que consumen las personas que están en el nivel de subsistencia. Creo que además sería adecuado mantener un tipo bajo, entre el 4 y el 7%, para el resto de bienes y servicios de primera necesidad y, posiblemente, sería adecuado añadir al tipo normal, que debería ser el generalmente aplicado, un tipo elevado para bienes y servicios especialmente lujosos.

El impuesto de sociedades tendría el tipo único, igual al del segundo tramo del IRPF y al tipo normal del IVA y los tipos se deberían establecer de forma que el esfuerzo fiscal global no variara de forma perceptible, lo que supondría una reducción para quien ya cumple con sus obligaciones fiscales.

Con este esquema impositivo se conseguirían muchos aspectos positivos en el ámbito fiscal: la neutralidad de la imposición respecto del origen de las rentas, una progresividad razonable, especialmente adecuada para las personas de rentas más bajas, una simplificación enorme del cumplimiento tributario de la mayoría de las personas, la incentivación de la actividad económica y la desincentivación del fraude fiscal.

El riesgo de debacle del sistema financiero es muy relevante

Los datos que se conocen día a día sobre el sistema financiero son cada vez más preocupantes. No hay día que no salte a la luz pública algún problema grave en una o varias entidades financieras de uno u otro país y, a medida que transcurre el tiempo, el riesgo de debacle del sistema financiero se hace más relevante.

La solución inicialmente empleada de ayudas multimillonarias de los gobiernos a las entidades financieras de sus países paró el golpe de momento, pero un par de meses después se aprecia que, según van apareciendo los fallidos, la necesidad de ayudas adicionales no se reduce y parece que nadie pueda conocer donde está el límite, porque a las ingentes cantidades de los llamados “activos tóxicos” se añaden cantidades probablemente superiores de créditos que antes de la crisis, y actual recesión, podían considerarse de escaso riesgo, pero que actualmente engrosan el conjunto de los fallidos porque la caída de la actividad económica lo ha provocado.

Es preocupante que en Estados Unidos el Presidente Obama sólo haya conseguido que se apruebe un plan reducido para reconducir la situación. También lo es que empiecen a correr los rumores de que varios países europeos, algunos de la UE, están al borde de la suspensión de pagos. Y, a pesar de la gravedad, parecerá un mal menor que algunas entidades financieras tengan que ser parcial o totalmente nacionalizadas y que otras vayan directamente a la suspensión de pagos y desaparezcan.

En nuestro país las cosas no se presentan mucho mejor: El Banco de España ha intentado que todas las entidades financieras hagan una provisión, es decir aparten de sus beneficios una cantidad suficiente para cubrir la eventual pérdida de valor, equivalente al 30% del valor de la hipoteca que tenían sobre activos inmobiliarios que hayan aceptado a cambio de cancelar la hipoteca que los gravaba, ante la imposibilidad de sus antiguos propietarios de seguir pagando los plazos de la misma.

En términos generales la medida propuesta por el Banco de España parece razonable: las entidades financieras habían dado hipotecas por un valor comprendido entre el 85 y el 100% del valor de mercado alcanzado en la punta de las escalada de precios, por lo que un valor del 90% de ese máximo debe ser un buen indicador de lo que se han visto obligadas a comprar las entidades financieras para evitar malos resultados a corto plazo.

También como media, parece razonable pensar que el sobreprecio medio de los activos inmobiliarios en el punto máximo habrá sido del 40-50%, por lo que los activos que ahora tienen cajas y bancos deberían poder venderse al 50-60% del precio máximo, esto es con una pérdida para esas entidades del 35-45% del valor por el que las han comprado.

La realidad es que al final parece ser que el Banco de España ha tenido que conformarse con que la provisión sea tan sólo del 10%, ya que en el caso de que se exigiera el 30% numerosas entidades financieras irían a la quiebra.
La solución aceptada parará el problema por algún tiempo, aunque a costa de hacer más aguda la crisis financiera y de prolongar notablemente la duración de la recesión.

El mercado no pagará el 80% del precio máximo teóricamente alcanzado por los activos inmobiliarios afectados, y se buscará la forma de maquillar los balances de las entidades financieras para que no se reconozcan las pérdidas en las que han incurrido, pero esos activos tampoco se venderán a precios superiores a los de mercado. Tendremos, en consecuencia, reducción relevante de la actividad inmobiliaria, respecto a la que era normal, para unos cuantos años.

Las entidades financieras tendrán inmovilizada una ingente cantidad de fondos en el mantenimiento de ese parque inmobiliario, lo que llevará a una reducción del crédito disponible para la actividad económica, que irá acompañada de un aumento de los tipos de interés de los nuevos créditos y, como esto previsiblemente no será suficiente, de un aumento generalizado de las comisiones de todo tipo.

La situación económica de bastantes entidades financieras será delicada durante mucho tiempo, pero la mayoría de los gestores responsables de la inadecuada política de créditos seguirán en sus puestos con retribuciones excesivamente altas que, si eran difícilmente justificables en épocas de buenos resultados económicos, en la actual situación de quiebra técnica debida a su pésima gestión, son un escarnio para la sociedad.

Las bolsas están dando una valoración que, sea más o menos acertada en su cuantía concreta, puede servir de indicador del daño hecho a algunas entidades:

Ayer 20 de febrero de 2009 Citi Group cerró en la bolsa de Nueva York a 1,94 dólares por acción, con una caída en la sesión del 22,71%; su precio había superado los 26 dólares en mayo de 2008 y se podía comprar y vender en el entorno de los 20 dólares entre julio y octubre del pasado año.

Si nos fijamos en los dos grandes bancos españoles, también el mercado bursátil les ha pasado una buena importante hasta ahora, aunque no hay la menor evidencia, más bien al contrario, de que sus cotizaciones hayan tocado suelo:

Santander cerró ayer a 4,92 euros por acción, con una caída en la sesión del 5,38% y, para seguir el mismo análisis empleado con Citi Group, en mayo de 2008 su precio era de 12,5 euros y entre julio y octubre y se podía comprar y vender en el entorno de los 10,5 euros por acción.

Siguiendo el mismo análisis, BBVA cerró ayer a 5,82 euros por acción, con una caída en la sesión del 6,46%, cuando en mayo de 2008 su precio era de 14,5 euros y entre julio y octubre y se podía comprar y vender en el entorno de los 11,5 euros por acción.

La solución del problema financiero no se limita a proporcionar la liquidez y/o el aumento de capital que cada entidad pueda requerir, incluido en su caso el recurso a la nacionalización si los accionistas no desean acudir a la ampliación.

Además es absolutamente imprescindible cambiar radicalmente la regulación del sector, a fin de asegurar que se lleva de forma inmediata a los balances y cuentas de resultados cualquier deterioro, real o potencial, que se produzca. Además, es necesario que cambie la legislación para que los delitos económicos y la gestión negligente se castiguen penalmente de forma que desincentiven realmente su realización. El cambio de la normativa tiene que afectar también a reguladores, controladores e intermediarios financieros, ya que son, por acción o por omisión, colaboradores necesarios en el ocultamiento de los riesgos y situaciones patrimoniales desfavorables.

Por descontado sería mucho mejor un acuerdo internacional de amplio alcance sobre estos aspectos, pero si ese acuerdo se sigue demorando o no se llega a alcanzar nunca, nada impide que se lleve a cabo a nivel nacional, y en España tenemos la suerte de que el Banco de España cuenta con los profesionales necesarios para preparar en breve plazo una nueva normativa completa, coherente y eficaz. La decisión está en primer lugar en manos del Gobierno y después del Parlamento. ¿Se atreverán los políticos a coger al toro por los cuernos?

Uso político de los datos macroeconómicos

Algunos comentarios aparecidos en los medios de comunicación tras la publicación por parte del INE de los datos oficiales del PIB de 2008, muestran como unos datos sobre la evolución de la economía española, supuestamente estadísticos pero calculados de forma rigurosa siguiendo una metodología definida hace algunos años, pueden ser interpretados de forma no sólo diferente sino totalmente contradictoria.

Creo que es importante empezar por dejar claro que el cálculo del PIB no es una elaboración estadística, en el sentido de que no se obtiene por la suma de todas y cada una de las partidas que definen el PIB en la Contabilidad Nacional, ya sea por el método de las rentas o por el método del gasto. Esto es así porque sería imposible hacerlo, ya que ni el INE ni nadie tiene toda la información para hacerlo de esta manera y por lo tanto se ha convenido hace muchos años en realizar una aproximación con una metodología que lo calcula a partir de un número relativamente pequeño de indicadores.

Cada país lleva a cabo el cálculo con una metodología parecida en la filosofía pero muy diferente en los detalles concretos, con el resultado de que en unos países se aceptan variaciones mayores en la actividad de unos años respecto a otros mientras que otros países han optado por un sistema que aplane las puntas. En todas las metodologías se intenta, obviamente, que el resultado del conjunto de los ciclos económicos se aproxime al máximo a la realidad para impedir que los datos obtenidos carezcan del más mínimo interés.

No es casual que los países que admiten que las variaciones se reflejen con mayor realismo en las épocas de crecimiento mayor , y también en las de crecimiento menor o de caída de la actividad más altas, sean los que tienen economías más robustas y estables (Estados Unidos y Reino Unido por ejemplo) y que los países, como el nuestro, en que las tasas de crecimiento de las puntas de actividad son mucho más elevadas y las de caída de la actividad son asimismo mas pronunciadas, opten por una metodología que limita las crestas y los valles.

Los datos oficiales de 2008 hechos públicos por el INE se pueden resumir en los siguientes: crecimiento del PIB en el conjunto del año del 1,2% resultado de una desacelaración continuada de la economía, que ya se inició en 2007, que ha llevado a unas cifras anuales del 4,0% en 2006, 3,7% en 2007 y reducciones de la tasa media de los últimos 4 trimestres al 3,3% en marzo, 2,6& en junio, 1,8% en septiembre y 1,2% en diciembre.

Estamos en recesión ”oficial” desde el 1 de enero ya que el PIB decreció en el tercer trimestre (0,2%) y en el cuarto (0,7%) pero la realidad es mucho peor de lo que muestra el cálculo del PIB, al menos si se hace caso a la evolución en el cuarto trimestre del consumo de los hogares, (- 2,3%) de la inversión de las empresas (-9,3%) de los servicios de mercado (-0,7%) o de las exportaciones (-7,9%)

Con todo lo peor es la evolución del empleo, aunque tenga como contrapartida “positiva” el aumento que induce en la productividad aparente del factor trabajo (2,5% de aumento en el año) Si el PIB no ha caído más es por el enorme crecimiento del gasto público (+6,3%) que, en opinión de algunos políticos próximos al gobierno y poco informados, tiene la ventaja añadida de que no cuesta dinero porque “se financia con cargo al déficit” lo que en realidad significa que lo pagaremos, incrementado en los intereses que correspondan, dentro de algunos años.

La realidad es que probablemente la economía española esté cayendo en la actualidad a un ritmo superior al 5%, que el empleo está desapareciendo a ritmos terribles, con lo que a finales de año el número de parados superará ampliamente los cuatro millones, que el déficit público oficial será en 2009 del 6% (el máximo presentable ante Bruselas) y el real superará el 9% y que todo este conjunto nos aboca a una recesión larga y profunda que durará todo lo que queda de legislatura y seguramente una parte relevante de la siguiente.

Mientras el partido del Gobierno sostiene que las cosas no están tan mal, que pronto empezarán a mejorar y va tomando medidas “parche” que en su mayor parte no se llegan a realizar y las que se realizan, aumentan el gasto público y arreglan bien poco, porque no incluyen los cambios estructurales que nuestra economía necesita.

Mientras tanto el sector financiero exterior va perdiendo a ritmos muy altos la confianza en la solvencia de la economía española, lo que hace más caro y mucho más escaso el recurso a los préstamos del exterior. Si se une esta característica, que tiene visos de permanecer largos años, a la creciente necesidad de financiación del sector público español, se presenta un futuro de falta endémica de financiación para el sector privado, lo que retrasará aún más la recuperación.

Pero la oposición del PP no es mejor que el partido que apoya al Gobierno: no para de explicar lo malos que son los datos económicos que se van conociendo (lo que sin duda es cierto) pero a la vez se le llena la boca de decir que ha presentado no sé cuantas propuestas para mejorar la situación económica; la realidad es que no ha hecho público ningún programa concreto, coherente y completo que exprese su propuesta. Pareciera que estén esperando que la evolución económica sea tan desastrosa que les lleve sin remisión al poder en las próximas elecciones generales.

Política de Mercadona respecto a marcas propias y de terceros

En las últimas semanas la prensa económica recoge muchas noticias y comentarios sobre la política de Mercadona respecto a la retirada de sus estantes de buen número de productos, tanto de marcas propias como de terceros, y creo que Mercadona es un buen ejemplo de empresa de distribución excelente, como en otro modelo de estrategia lo es El Corte Inglés.

Empecé a ser cliente de Mercadona un verano en el que pasé las vacaciones en Salou y tenía un establecimiento bastante cerca del apartamento. Me llamó la atención primero que los precios no fueran lo desmesurados que acostumbran a ser en los lugares de veraneo y, después, me llamó también la atención que los pocos productos que compré de sus marcas propias tenían una calidad que no tenía nada que envidiar a la de las marcas habituales.

Después he seguido comprando en sus establecimientos en otros muchos lugares y aunque también compro en establecimientos de otras empresas, cuando llego a un sitio nuevo prefiero ir a Mercadona porque los precios, si es que no son iguales, son muy similares en todos los establecimientos.

Pero la polémica ha saltado por motivos distintos a la relación calidad/precio o a la diversificación de oferta para los mismos productos o al tamaño y oferta de sus establecimientos. El motivo ha sido la decisión de Mercadona de ir retirando aquellos productos, tanto de marcas propias como de marcas de terceros, que no tengan una rotación suficiente.

La estrategia, desde mi punto de vista, es clara y acertada, y, probablemente, la decisión de llevarla a cabo, o de acelerarla, habrá estado muy influida por la crisis actual, ya que Mercadona, como todas las empresas, se habrá planteado como responder ante la situación actual de la economía.

El dinero disponible para el gasto de la mayor parte de las familias será menor en los próximos años que en los anteriores, lo que hará que las decisiones de compra de los productos de consumo diario se desplacen hacia los productos de menor precio, lo que llevará a un incremento relevante de la cuota de las marcas blancas o propias.

Mercadona parece haberse decantado por una política de reducción de precios que no suponga la reducción de sus márgenes totales, sino un aumento de los mismos y, para ello parece estar usando tres vías complementarias: la reducción de sus costes, el incremento de la cuota de sus marcas propias y, aunque no se ha comentado en la prensa se puede intuir, la reducción de los precios de sus compras.

La reducción de sus costes explica la retirada de productos de baja rotación, ya que en muchos de sus establecimientos el volumen de ventas está limitado por el espacio disponible y, por tanto, el coste implícito del tiempo de permanencia de los productos en los estantes se reducirá si este tiempo medio disminuye. La decisión se aplica también a los productos de sus marcas propias, lo que indica claramente el objetivo de reducción de costes.

Pero también está aplicando la reducción de costes a la logística, mediante la variación de los costes directos e indirectos de los envases de sus productos.

El aumento del margen que se deriva del aumento de la cuota de los productos de marcas propias es obvio, ya que la política de precios de estos productos se caracteriza por la obtención de un precio de venta menor, aplicando un margen superior al que les proporciona la venta del producto equivalente de una marca de terceros, política que es posible por la eliminación de los costes de publicidad y por la desaparición del sobremargen de la marca de terceros.

En cuanto a la reducción de los precios de sus aprovisionamientos, se puede deducir de las noticias aparecidas sobre la ruptura de las negociaciones con Hojiblanca ya que, al parecer, Mercadona ha elegido a una empresa portuguesa para la elaboración del aceite de su marca propia y no ha llegado a un acuerdo para el margen a obtener por la venta del aceite de marca Hojiblanca.

Los resultados de este cambio de política global de Mercadona se verán en unos meses. Mi opinión es que tendrá éxito, ya que el mercado de los productos de consumo diario se ha convertido en un mercado de compradores, tanto en el ámbito de los mayoristas como en el de los consumidores finales y parece que la oferta final que Mercadona les dará a éstos últimos será la de precios algo más bajos con la misma calidad.

El único riesgo que veo a esta política es el de que se extienda más allá de lo razonable, por cualquiera de las vías de restricción de las opciones de elección del consumidor para cada producto (sería un error que para un producto concreto no hubiera más que una o dos alternativas a la marca propia o, en otro sentido, que se redujera mucho la oferta de productos existentes) o, también, por la vía de la reducción de la calidad de los productos de marca propia.

La modificación del marco laboral es una necesidad urgente

El discurso de Gobernador del Banco de España del pasado día 11 contiene un análisis exhaustivo y, en mi opinión muy bien fundamentado, de la necesidad de modificar el marco que regula las relaciones laborales si se quiere reducir la sangría que supone el incremento de desempleados que padece la economía española desde hace unos meses.

La información que se ha extendido sobre el discurso, que se puede resumir en que propone, a secas, el abaratamiento del despido, es inexacta y tendenciosa. Una lectura completa del discurso permite entender las causas de algo que es conocido (el paro en España es más elevado y crece más rápido que en ningún otro país de nuestro entorno) y propone el camino para que esta tendencia cambie en el futuro.

Las modificaciones que propone el Gobernador tienen todas ellas el objetivo de favorecer, mediante la flexibilización, el cambio de empleo de forma voluntaria y el incentivo a la contratación. La protección exagerada de determinados trabajadores, especialmente los que no tienen el menor interés en ser eficientes, se transforma en una barrera muy importante para que encuentren trabajo los que lo están buscando.

Hay quien piensa que con la protección excesiva de los que ya tienen trabajo se reduce el incremento de parados, pero la realidad es la contraria ya que, si bien es cierto que se dificulta la reducción de plantillas de las empresas que sigan siendo viables a pesar de tener un número de trabajadores superior al necesario, no lo es menos que se aboca a la desaparición a empresas que podrían subsistir con un número menor de trabajadores, y las cifras de evolución del desempleo muestran claramente que son muchos más los que pierden el empleo por culpa de la protección excesiva que los que lo mantienen gracias a ella.

Se equivocan el Presidente del Gobierno y el Ministro de Trabajo cuando rechazan sin más la propuesta del Gobernador. Más nos valdría a todos que dedicaran una parte de su tiempo a leer con atención la propuesta, a meditar sobre ella y a pedir las aclaraciones y ampliaciones que consideren oportunas. La lectura completa y la meditación no son delegables, ya que sus cohortes de asesores están más interesadas en dar un mensaje políticamente correcto que en reducir el terrible problema del desempleo.

Como advierte el Gobernador en su discurso, este problema, siendo una parte relevante de la crisis que padecemos, es sólo una parte de la misma, por lo que no estaría de más que el Presidente pidiera al Gobernador que complete su análisis sobre la crisis y la manera de combatirla, aunque se lo pida de forma confidencial para que no trascienda.

Efectos de la crisis en las marcas blancas

La progresión de las marcas blancas en los mercados finales de distribución es una constante en todos los países y en España, como pasa con tanta frecuencia, se está produciendo con un retraso relevante.

El potencial de desarrollo de las marcas blancas se basa en la enorme cantidad de dinero que supone el margen adicional que una marca consolidada puede obtener en el mercado respecto a sus costes totales.

El análisis es sencillo: las marcas consolidadas ponen sus productos estándar a unos precios muy superiores a los que se derivarían de la aplicación de sus costes totales con un beneficio razonable pero, al tratarse de productos estándar, otros fabricantes pueden producirlos y venderlos a precios muy inferiores. Las grandes cadenas de distribución aprovechan esta situación para negociar con esos fabricantes calidad, cantidades y precios y ofrecer esos productos estándar, con una marca propia, a precios muy inferiores, pero que les dejan un margen superior al que obtienen por la comercialización de los productos de las marcas consolidadas.

Los consumidores tienen la última palabra, ya que pueden elegir entre comprar el producto de marca consolidada o el de marca blanca y, en buena lógica, lo hacen comparando la relación calidad/precio de las distintas opciones, incluyendo la parte subjetiva de plus de calidad que se puede dar a una marca consolidada, como efecto exclusivo de la propia marca.

Se han desarrollado, en consecuencia, tres líneas de productos en las marcas blancas, en función de su calidad y su precio:

- Productos de calidad objetivamente inferior a la de las marcas consolidadas, que sólo pueden tener éxito con precios muy inferiores, que serían los que corresponderían en sentido estricto al concepto de marca blanca (sin marca)

- Productos de calidad objetivamente similar a la de las marcas consolidadas, que pueden tener éxito con diferencias de precio no muy elevadas y que pueden evolucionar hacia precios similares. Se venden con la marca propia de la empresa de distribución y si los consumidores aprecian su calidad, la marca propia se va convirtiendo con el tiempo en una marca consolidada, con un gasto en publicidad nulo o muy inferior. En circunstancias especiales, es posible que las marcas propias de calidad reconocida se comercialicen también en establecimientos que no son de la empresa de distribución propietaria de la marca.

- Productos de calidad objetivamente superior a la de las marcas consolidadas. Este fenómeno ya se está dando en los países más avanzados en la distribución y permite la venta con precios superiores a los de las otras marcas consolidadas.

En el caso de los productos estándar es claro que el crecimiento de la cuota de mercado de las marcas propias de las cadenas de distribución aumenta la competencia y lleva, por tanto, a la reducción de los precios de venta, sin merma de la calidad, a costa exclusivamente de la reducción de los márgenes extraordinarios de las marcas consolidadas.

Sin embargo, en el caso de los nuevos productos el efecto no es tan claro, porque es obvio que las empresas de marcas consolidadas incurren en fuertes inversiones en desarrollo de nuevos productos y en publicidad que sólo en un porcentaje reducido tienen el éxito suficiente para cubrir la totalidad de los costes y dar una buena rentabilidad. Pero en aquellos nuevos productos que tienen éxito la réplica con calidad competitiva se puede llevar a cabo en poco tiempo y con inversiones muy inferiores, lo que podría desincentivar el desarrollo de nuevos productos.

Por otra parte, las marcas consolidadas no pueden dejar de desarrollar nuevos productos, salvo que estén dispuestas a iniciar un proceso de lenta reducción de su negocio hasta la desaparición en la mayoría de los casos. Tienen la posibilidad de desarrollar, probablemente mediante franquicias, sus propias cadenas de distribución y, en todo caso, tienen que realizar una selección mucho más cuidadosa de los nuevos productos a desarrollar, para mejorar su rentabilidad a partir de la drástica reducción del porcentaje de fracasos.

Creo que el efecto final de todo este proceso será muy favorable para los consumidores, ya que les permitirá tener más opciones para elegir y pagar precios más razonables por los productos de calidad estándar. La contrapartida será la reducción de las “novedades” que aportan poco y, por tanto, de escasa duración y muy posiblemente un cambio de estrategia relevante por parte de las marcas tradicionales para limitar sus pérdidas de cuota y de beneficios.

También se pueden haber iniciado los procesos de aumento del poder de mercado de las cadenas de distribución respecto de los fabricantes de los productos de sus marcas propias, que puede terminar en una relación similar a la de las empresas fabricantes de automóviles con sus proveedores de componentes y de integración vertical de las cadenas de distribución mediante la participación en algunas actividades de fabricación de los productos que venden.

La crisis actual acelerará el proceso de aumento de cuota de las marcas propias de las cadenas de distribución así como el cambio de sus estrategias de comercialización, lo que supondrá una dificultad añadida para la mayoría de las otras marcas. Por otra parte, una parte relevante del consumo se trasladará a los productos de menor precio, incluso con pérdida objetiva de la calidad.

Como lo más probable es que la crisis sea más acusada y también más prolongada en España que en los países de nuestro entorno, se reducirá el retraso del desarrollo de las marcas propias y es muy probable que al final de ella la situación en España sea comparable.

España necesita unos nuevos Pactos de la Moncloa

Cada día que pasa es más evidente que la actual situación económica es la peor que ha habido desde el Plan de Estabilización de 1959.

Yo era un niño en esa época y no tengo ningún recuerdo de cómo viví esa situación (suponiendo que notara algo distinto de lo habitual) por lo que la primera situación económica muy grave que recuerdo con claridad es la de los primeros años de la transición, que se empezó a solucionar a partir de la firma, el 25 de octubre de 1977, de los Pactos de la Moncloa, fechas en las que yo estudiaba el cuarto curso de Económicas, lo que ya me permitía tener una opinión muy clara sobre los problemas económicos de nuestro país.

La situación económica era muy difícil, ya que la sociedad española estaba dedicando la mayor parte de sus esfuerzos a realizar la transición política a la democracia y los aspectos económicos se dejaban en un plano muy secundario. Tuvimos la fortuna de que nombraran Ministro de Economía a Enrique Fuentes Quintana, probablemente una de las pocas personas con capacidad para analizar la situación existente y para proponer soluciones razonables y efectivas.

Tuvo, además, el coraje de proponer un pacto político de largo alcance, también económico, a partidos políticos y sindicatos, y tuvo el apoyo total del Presidente de Gobierno, Adolfo Suárez.

Desde la perspectiva de un ciudadano normal, aunque ciertamente interesado en los aspectos políticos y económicos, el resultado palpable fue que se alcanzaron unos acuerdos generalizados (ignoro cuanto cedió cada parte para que fueran posibles) que de forma inmediata alejaron el principal riesgo que entonces tenía nuestra economía, la inflación galopante que se acercaba peligrosamente al 30% en los últimos doce meses y que amenazaba con dispararse a los valores comprendidos entre el 100 y el 1000% anual, habituales entonces en no pocos países de América.

La inflación bajó hasta el entorno del 15% anual, en que se mantuvo hasta que, durante la etapa en que fue Ministro de Economía Miguel Boyer, se inició una nueva reducción relevante que continuó tras la entrada en las CCEE hasta llegar a la situación actual, en que tasas anuales de inflación del orden del 4 o el 5% nos parecen, y lo son, excesivas e inadmisibles.

Para mí, como para la mayoría de la gente, el principal problema que tiene que resolver la sociedad española, de forma muy urgente, es el desempleo, que crece de forma imparable y que amenaza con crear una situación social insostenible cuando, dentro de unos pocos meses, nos empecemos a enterar de que se cuenten por centenares de miles el número de familias que no sólo tengan a todos sus miembros en edad de trabajar sin empleo como ya ocurre ahora, sino que, además, hayan terminado de recibir la prestación por desempleo y no reciban ningún subsidio o lo reciban por cuantía no superior a 200 o 300 euros mensuales.

No existe la varita mágica que cree de la noche a la mañana el par de millones de nuevos puestos de trabajo que precisa la economía española para hacer manejable el problema del desempleo, ni tampoco basta con unas pocas medidas que aumenten el déficit público en unas pocas decenas de miles de millones de euros. Es necesario actuar sobre múltiples aspectos que incluyen, al menos, modificaciones relevantes en la optimización del gasto público, en los niveles de administración central, autonómica y municipal, y también en la fiscalidad, la seguridad social, el sistema de pensiones, las legislaciones laboral y económica y el sistema educativo.

No será fácil poner de acuerdo a los partidos políticos, cuantos más mejor pero necesariamente al PSOE y al PP, a los sindicatos (como poco a UGT y CCOO) y a la patronal para que se introduzcan en nuestro marco legal, y en las prácticas diarias, las modificaciones necesarias para salir de esta situación sin que los más sacrificados sean precisamente los más débiles.

Pasados más de 30 años de los Pactos de la Moncloa, caben pocas dudas de que fueron muy beneficiosos y que, de alguna manera, repartieron los esfuerzos y sacrificios, aunque cada cual pueda pensar que los demás salieron mejor parados. Lo cierto es que permitieron que la economía creciera mucho más y mejor y que, en lógica consecuencia, todos (salvo unos pocos que perdieron privilegios inaceptables) nos hemos beneficiado de ellos.

Para salir de la situación actual es más que probable que la mejor solución, quizás la única razonable, sea la realización de unos nuevos Pactos de la Moncloa, con este nombre o cualquier otro, que tendrían que resolver una situación completamente diferente con soluciones asimismo distintas. Lo que si sería bueno que se mantuviera de los de 1977 es el espíritu de colaboración y de consenso, basado en la convicción de que la solución del problema social al que nos enfrentamos es la prioridad para todos y en la seguridad de que la sociedad española valorará muy positivamente a todos los que colaboren en su elaboración, como ya ocurrió entonces.

Una vez que se hayan alcanzado y puesto en marcha, será el momento para que los políticos vuelvan a su actividad habitual favorita, la consecución del poder a costa de lo que sea.

Como hacer llegar los créditos a empresas y familias

Desde hace dos días se suceden las reuniones y las declaraciones, por parte de Gobierno y entidades financieras, en las que cada parte intenta convencer a la opinión pública de que no tiene nada que ver en el hecho, aceptado por todos, de que la financiación anunciada por el Gobierno para empresas y familias no termine de arrancar.

Las causas son varias y las soluciones no son muy complejas.

Lo primero que la opinión pública tiene que conocer (se ha dicho, pero no se ha explicado bien) es que las primeras actuaciones del Gobierno tenían como objeto garantizar que las entidades financieras tuvieran liquidez para atender los préstamos que les vencían y que no serían renovados. El Gobierno dijo en su momento que este dinero acabaría llegando a empresas y familias en forma de créditos, pero no era cierto. Ese dinero estaba destinado a un fin diferente y absolutamente necesario: evitar la suspensión de pagos de muchas entidades financieras, suspensiones que hubieran supuesto un verdadero desastre.

Más adelante, el Gobierno anunció unas líneas de crédito que, estas sí, estaban destinadas a facilitar la llegada de créditos a empresas y familias. Al anunciarlas dijo claramente que se organizarían a través del ICO, que prestaría el dinero a las entidades financieras y que serían éstas las que formalizarían los créditos a sus clientes. También dijo que estarían disponibles a partir de enero y el Presidente del ICO ha manifestado que en su web estuvieron disponibles desde el 24 de diciembre, por lo que, en teoría, ya en esa fecha se podrían haber facilitado créditos con cargo a ellas.

Lo cierto es que, pasado el mes de enero, apenas se han utilizado y el motivo es que su comercialización no resulta interesante para las entidades bancarias por el, en su opinión, escaso margen de intermediación. Seguramente tienen razón por el creciente riesgo de morosidad y parece que, en la reunión que tuvieron con el Presidente del Gobierno, así se lo expresaron.

Es cierto que para las entidades financieras el que una empresa, o una familia, siempre haya atendido sus pagos y que tengan sus balances saneados, o que cuenten con una nómina de contrato indefinido, ya no es garantía suficiente de capacidad de atender los futuros pagos derivados del crédito, por lo que solicitan al Gobierno que sea el ICO quien corra con el riesgo de impago o que aumenten el margen de intermediación.

La solución tiene, obviamente, dos vías alternativas: hacer caso a la petición de las entidades financieras o hacer que sea el ICO quien proporcione directamente los créditos, opción esta última que no gustaría nada a las entidades financieras por lo que supondría de referencia de bajo coste, ya que el Estado es un accionista que no exige tantos dividendos como los accionistas privados, y los ejecutivos del ICO no cuestan tanto, ni directa ni indirectamente, como los de bancos y cajas.

Si el Gobierno considera que las peticiones de las entidades financieras son excesivas, podría introducir el criterio de que el ICO diera directamente los créditos de esas líneas, por un importe acumulado equivalente al que las entidades financieras no hubieran utilizado. Las condiciones de los créditos y los procedimientos de aprobación de los mismos deberían ser absolutamente transparentes para todos, con lo que las empresas y familias objetivamente solventes sabrían como, y a que precio máximo, obtener los créditos que necesitan, y el Gobierno conseguiría que se utilizaran las cantidades puestas a disposición del sistema económico para facilitar la recuperación de la economía española.

Asimismo, el Gobierno dispondría de un indicador muy fiable de las posibilidades del mercado financiero y de sus costes objetivos, y el resultado sería, en muy poco tiempo, el del crecimiento del crédito, seguramente con una realización de créditos directos del ICO muy reducida, ya que las entidades financieras ajustarían sus márgenes para no perder esa parcela del mercado.

Es cierto que esta medida supondría la vuelta de la banca pública al negocio minorista, pero estoy convencido de que esto será positivo no sólo para facilitar la salida de la crisis financiera, sino también para ayudar a evitar fallos del sistema financiero privado en el futuro.

Entidades financieras: liquidez, beneficios y morosidad

Las entidades financieras tienen que hacer frente, durante esta crisis mundial, a tres problemas fundamentales: la escasez de liquidez, la reducción de los beneficios y su aplicación, y el aumento de la morosidad. Cada uno de estos problemas puede poner, por separado, en serios aprietos a cualquier entidad y, además, hay una cierta correlación entre todos ellos.

En España, la escasez de liquidez se ha podido manejar hasta ahora, aunque no sin que haya creado algunos problemas. El problema fundamental, común a todas las entidades financieras, es que obtienen sus fondos, sea de sus clientes o de otras entidades financieras a plazos difícilmente superiores a los tres años, pero sin embargo, una parte relevante de sus préstamos los dan a plazos muy superiores.

Cuando, como consecuencia de la desconfianza generalizada, se reduce la oferta de dinero a las entidades financieras, éstas se enfrentan al riesgo de no poder hacer frente a la devolución de todos los depósitos y préstamos que les vencen y que no les serían renovados, si el resto del sistema financiero no estuviera en disposición de prestarles la cantidad necesaria.

Por este motivo, todos los gobiernos han acudido en ayuda de las entidades financieras de su país, para asegurar que no se produzcan suspensiones de pagos por falta de liquidez. Esta es la causa por la que las entidades españolas no han empleado la financiación que les ha facilitado el gobierno para aumentar la disponibilidad de crédito para empresas y familias, ya que la han empleado para hacer frente a sus propias obligaciones. Además, para evitar que en los próximos meses este problema siga siendo muy acuciante, han cambiado su política para maximizar la obtención de dinero y minimizar la concesión de créditos, especialmente los que son a más largo plazo y los que tienen riesgo de aumentar la morosidad.

Los beneficios a corto plazo se ven afectados negativamente por varios motivos: el aumento del inmovilizado que tienen en activos inmobiliarios no deseados cuyos plazos de venta se dilatan, la reducción de los ingresos procedentes de los márgenes sobre los préstamos, especialmente los dedicados a financiar el circulante de las empresas y el consumo de las familias, el aumento del interés que pagan por los depósitos y el aumento de las provisiones para hacer frente al aumento de la morosidad que, en su conjunto, llevan a una reducción relevante de los beneficios que las entidades financieras intentan compensar con el aumento de las comisiones, con la reducción de costes, básicamente reduciendo personal y cerrando oficinas, y con el aumento de los márgenes de los nuevos créditos que otorgan.

Además, existe una presión muy fuerte para que no repartan dividendos, por la necesidad de aumentar los recursos propios para aumentar los ratios de solvencia.

La morosidad que, en el caso español está aumentando a ritmos desconocidos hasta ahora (del orden de 0,7% en 2007, ha aumentado hasta el 2,5% en 2008 y las previsiones que hacen públicas las organizaciones de las entidades financieras son del orden del 6% para 2009, aunque al parecer en privado expresan su temor de que no baje del 7,5%, cifra esta última que está cerca del límite máximo admisible por el sector sin que se produzca un verdadero colapso del sistema) crediticio.

El aumento de la morosidad y la más que previsible depreciación de los activos inmobiliarios (que, aunque no deseados, han tenido que ser aceptados por las entidades financieras como pago de las hipotecas que, en otro caso, serían fallidas) son los elementos que más riesgo ponen en las cuentas de resultados de las entidades financieras. Pero si las cuentas de resultados se deterioran mucho, las entidades financieras tendrán serios problemas para obtener los créditos que necesiten y, en España, esta situación obligaría a soluciones que, de menor a mayor gravedad del problema, irían desde la financiación concedida o avalada por papá Estado, a la absorción por parte de otra entidad mayor y más saneada, o a la nacionalización de la entidad.

La crisis financiera será larga en todo el mundo y, probablemente, más larga aún en España, porque, como país, tiene que dejar de aumentar año tras año la deuda con el resto del mundo (cada vez será más difícil obtener préstamos en el exterior), el sector público detraerá, para financiar el creciente déficit, cantidades mayores de la cada vez más reducida bolsa de financiación interior y las entidades financieras darán cada vez menos créditos porque cada vez exigirán más garantías (incluida la exigencia de un depósito vinculado de un porcentaje cada vez más relevante del crédito pedido) y un margen más elevado respecto al tipo de mercado de referencia a quienes los pidan.

La economía española tardará mucho en despegar debido a la práctica ausencia de financiación para las operaciones. Los próximos años no serán nada fáciles para las entidades financieras, lo que significa automáticamente que serán muy malos para la economía y el empleo.