Una lectura desapasionada de la EPA

Un trimestre más, la Encuesta de Población Activa, que es la mejor información disponible para analizar la evolución de la ocupación y del paro, nos ha dado el disgusto ya habitual desde la del cuarto trimestre de 2007 en que empezó a descender el número total de ocupados en España, que había alcanzado su máximo histórico en el tercer trimestre del año en que empezó la crisis con la excepcional cifra de veinte millones y medio de personas ocupadas (tres millones cien mil personas más que al final del segundo trimestre de este año)

 

 

Hay quien quiere ver una esperanza en el hecho de que en el segundo trimestre haya aumentado el número de asalariados del sector privado (49.000 personas más) pero la machacona realidad de la estadística avisa, a quien quiera hacer la comparación, que el número de asalariados del sector privado también creció en el segundo trimestre de 2011 (140.000 personas) y en el segundo trimestre de 2010 (113.000 personas). La única lectura razonable es que en los últimos doce meses, el número de asalariados del sector privado ha descendido en casi 720.000 personas, que comparan con la caída de 203.000 personas en los doce meses anteriores.

En lo que se refiere al empleo público, alcanzó su máximo histórico en el tercer trimestre de 2011, con una cifra de tres millones doscientas veinte mil personas, casi 290.000 más que en el tercer trimestre de 2007. Desde entonces ha descendido en casi ciento ochenta mil personas, pero muy probablemente esto no es más que el principio de una senda que bien podría llevar a un número próximo a los dos millones de personas, lo que supone que en los próximos trimestres se podrían perder hasta un millón de empleos públicos sin que la calidad de las prestaciones públicas tuviera que resentirse, desde el punto de vista de disponer de las personas necesarias para la prestación de los servicios públicos relevantes.

  
Finalmente, el número de personas ocupadas por cuenta propia, obviamente las que obligatoriamente se ajustan con mayor rapidez a las nuevas situaciones, que, vaya casualidad, también alcanzó su máximo (tres millones seiscientas treinta y tres mil personas) en el tercer trimestre de 2007 podría haber tocado fondo en la cifra de dos millones novecientas sesenta y nueve mil personas que reflejaron las EPA del tercer y del cuarto trimestre de 2011, lo que de ser así habrá supuesto una pérdida de personas ocupadas en esta modalidad de 665.000.

Las perspectivas de la ocupación siguen siendo en consecuencia muy malas para los próximos trimestres, ya que dentro de dos años, no tendría nada de particular que el número de personas ocupadas se haya reducido en una cifra comprendida entre un millón y medio y dos millones de personas, la mayoría de las cuales provendrán del sector público, principalmente de los empleados laborales del mismo. A poco que la realidad se parezca a estas negras previsiones, parece claro que el partido del Gobierno tendrá resultados muy malos en las distintas elecciones que haya desde ahora hasta que finalice su actual mandato; sólo faltará comprobar la memoria histórica que tengan los electores respecto a los otros partidos que han tenido poder de gestión en las distintas administraciones en los últimos seis años, para saber si nos veremos abocados a una alternancia PP-PSOE cada cuatro años, mientras la situación socioeconómica se sigue deteriorando durante al menos una década más o si, por el contrario, los partidos políticos responsables en su conjunto (aunque con más responsabilidad los que más poder han tenido) reciben el rechazo en las urnas que les obligue a desaparecer, como justa respuesta del pueblo a su pésima gestión.  

España ante la ya inevitable intervención

Más de medio año después del cambio de gobierno, la situación económica española está a un paso de tener que solicitar la intervención del temido FMI.

La sociedad española ya ha asumido que la crisis es profunda, muy profunda, pero los políticos con poder siguen estando muy lejos, todavía, de tomar las decisiones adecuadas y explicárselas a la población, probablemente porque tienen intereses poco confesables que están muy por encima del bienestar de la población en general.

El origen del problema, como ya han empezado a reconocer, tímidamente, los políticos, está en la muy elevada deuda externa que el conjunto de la sociedad española tiene con el exterior.

Cuando se inició la crisis (al final del tercer trimestre de 2007) la deuda total española con el exterior era de 1.540.000 M€ (casi una vez y media el PIB español), de los que 375.000 millones tenían un vencimiento inferior a un año. Al final del primer trimestre de 2012 (últimos datos publicados por el Banco de España) la deuda total ha crecido hasta 1.780.000 M€ (un 15,4% más que cuatro años y medio antes) y la cantidad que vence antes de un año es de 650.000 M€.

En una situación como la actual, en que los mercados internacionales sólo están dispuestos a seguir prestando dinero a la economía española si los tipos de interés son del orden del cinco por ciento superiores a los que piden por los préstamos, también en euros, que les pueda solicitar la economía alemana, las consecuencias son claras: en la hipótesis de que nos refinancien la deuda a tipos del 6%, el coste anual de la parte a refinanciar durante los próximos doce meses será de 39 000 millones de euros, coste que sobrepasará los 100 000 millones de euros anuales cuando toda la deuda se haya refinanciado, cantidad equivalente al 10% del PIB que tendremos entonces.

Si la única solución que se les ocurre a los políticos, en el poder y en la oposición, es la de continuar con recortes sociales y aumentos de impuestos, pronto ya no podrán recortar ninguna prestación social más, porque ya no darán ninguna, y abocarán a ir a una economía de trueque a la escasa actividad económica que quede.

La solución menos dañina para la economía española es bastante clara, actuar de forma que la prima de riesgo baje de forma relevante y que, en consecuencia, la carga de los intereses no sea tan pesada.

Como ya es obvio que los mercados no aceptarán ninguna solución que se limite a las decisiones de nuestros políticos, cuya credibilidad es nula en el exterior, sólo quedan tres opciones:

1. Empezando por la peor de todas, el Estado Español podría declarar la suspensión de pagos de su deuda pública, suspensión de pagos que podría llevar a una quita relevante del principal si se negociara en el Club de París, lo que exigiría la Intervención del FMI (hay otra opción todavía peor que es la de no admitir la intervención y simplemente suspender los pagos de intereses y principal hasta que el país se lo pueda permitir)
2. Existe otra posibilidad que es la de solicitar la intervención del FMI, con un plan de refinanciación de la deuda a su vencimiento, por parte del FMI, que, por descontado exigiría garantías de que el FMI recuperaría el principal y los intereses, que llevaría a unas medidas de reducción del gasto público (que incluirían la reducción del coste total de los empleados públicos, por la doble vía de la drástica reducción de su número y de los sueldos de los que quedaran, del coste de las pensiones y del coste de las prestaciones de sanidad) y de aumento de los impuestos. Las consecuencias inevitables serían la aguda contracción de la actividad económica y el aumento de los desempleados en algunos millones más de personas.
3. Finalmente la posibilidad menos dura para la sociedad española sería la de una intervención por parte de la Unión Europea, que podría exigir menos recortes en la medida en que los tipos de interés a pagar por la nueva deuda fueran inferiores a los que aplique el FMI. Por descontado habrá países de la UE que no deseen cooperar en la reducción de la dureza del ajuste en España, pero también tendrán que sopesar el riesgo de que tras España vaya Italia (siguiente pieza a batir por parte de los especuladores, en buena parte bancos de la UE) y tras Italia vaya Francia.

Los próximos meses nos mostrarán el camino que deba seguir España, que en ningún caso será cómodo ni fácil para la mayoría de la sociedad española. Los políticos pueden intentar todavía mantener sus privilegios durante algunos meses más, aunque también corren el riesgo de que en las próximas elecciones los electores les den masivamente la espalda y los partidos políticos responsables del desastre (todos los que han tenido poder, mucho o poco, durante los últimos diez o doce años)  simplemente desaparezcan.