Una política mejor para España: defensa de la libertad de expresión.

Las últimas noticias auguran malos tiempos para la libertad de expresión.

Se quiere volver a la situación, desconocida para la mayoría de los españoles y casi olvidada para los que vivimos durante la dictadura, en la que el poder político se autoconfería el derecho de decidir quienes tenían derecho a emitir públicamente sus opiniones y quienes no.

Casualmente serán bendecidos los que compartan, o digan amén, las opiniones de los gobernantes. Y serán expulsados al vacío los que critiquen o disientan del pensamiento de los mismos.

La Ley, mala ley, recientemente aprobada por el Parlamento de Cataluña, otorga a la Administración la posibilidad de sancionar, e incluso cerrar, a aquellos medios de comunicación que falten a la verdad o que, eventualmente, cometan el desatino de emitir más allá de lo permitido en una de las lenguas oficiales (sólo en una)

Y la condena no será realizada por un tribunal, sino por un comité nombrado por los políticos, previsiblemente en proporción a los resultados electorales.

Y será la opinión de este comité la que sirva para ello, sin que se mantengan las garantías previstas en la Constitución.

Esta ley tiene claramente una empresa destinataria, aunque se hará extensiva a quien se atreva a criticar a los partidos gobernantes, más allá de lo que ellos mismos consideren aceptable.

La empresa es la COPE, cadena radiofónica que se caracteriza por una crítica feroz a los partidos que gobiernan en España y en algunas de sus comunidades autónomas, incluida la de Cataluña.

Debo decir que hace muchos meses que no escucho la COPE, porque no me gusta su estilo ni tampoco su ideología.

Por eso tomo la decisión individual de sintonizar otras cadenas de radio y no esa.

Pero eso no es óbice para que defienda con énfasis su derecho a expresar sus opiniones libremente. Y por eso he firmado el manifiesto a presentar en el Parlamento Europeo.

Y si es cierto, como dicen algunos de los criticados, que sus actuaciones son a veces contrarias a la ley, deberán ser los tribunales, con todas las garantías para ambas partes, los que decidan si se ha transgredido o no la ley.

Pero la libertad de expresión es sagrada, y hace aún más daño que sean los partidos supuestamente progresistas los que se afanen en recortar las libertades individuales de los ciudadanos.

¿Tendremos nuevo sistema de financiación en la Unión Europea?

El sistema de financiación de la Unión Europea se ha complicado mucho con la última ampliación.

El motivo básico es, sin duda, la magnitud de la ampliación, tanto por la población afectada como por el número de países y su renta media, bastante inferior a la de los miembros anteriores.

Las ayudas a los nuevos miembros son un elemento importante para acelerar su convergencia. El caso de España, en la anterior ampliación, es una muestra evidente.

Pero la situación económica de Alemania y Francia no es la mejor para abordar un aumento de las ayudas a los nuevos socios y la pretensión es usar la reducción de las ayudas a los tres países de la anterior ampliación para pagar la mayor parte.

Además, si es posible, se pretende reducir el montante del presupuesto de la Unión, calculado como porcentaje del PIB. Y los políticos de todos los países, estén en el gobierno o en la oposición, no desaprovechan la oportunidad de valorar los presupuestos en función del saldo neto para su país de aportaciones y retornos vía ayudas y subvenciones.

Así los ciudadanos piensan que para qué van a dar una parte de sus impuestos (algo menos del 1,5% de sus compras) si una buena porción irá a parar a esos aprovechados (o vagos, o antipáticos o desleales o… [elíjase el improperio que se quiera] de los [póngase franceses, ingleses, alemanes, españoles, italianos…. Según las fobias personales o colectivas]

Buena manera de ir creando la mentalidad de Europa…

En palabras del presidente de la Comisión "hay que pensar en una reforma del sistema de recursos propios, ya que la actual forma de negociar no es siempre racional y ello crea una atmósfera muy negativa entre los Estados miembros, lo cual no es bueno para Europa"

También ha dicho Durao Barroso que algunos líderes europeos le han animado en privado a realizar una reforma en profundidad del sistema de recursos propios para evitar un vínculo tan directo entre los presupuestos nacionales y el presupuesto europeo, cosa que se podría lograr con un impuesto europeo. Es obvio que el objetivo es ir creando las condiciones para la Unión Política

Justo lo contrario de lo que algunos quieren hacer en España, que se vayan disgregando las haciendas para que cada Comunidad Autónoma se las arregle con los impuestos que pagan sus residentes y de esta forma ir deshaciendo la conciencia nacional (española claro)

Los ciudadanos europeos deberíamos exigir dos condiciones para admitir la incorporación de ese impuesto:

Una condición previa que sería la desaparición del déficit democrático de la UE. El Gobierno Europeo debería ser elegido y controlado por el Parlamento Europeo y los Presupuestos deberían ser aprobados, en exclusiva por el Parlamento Europeo. Y entonces sí, tendría sentido la creación de un impuesto europeo, probablemente como un recargo sobre el IVA, que sirviera para financiar las instituciones europeas y las ayudas que el Parlamento (no la Comisión ni el Consejo) aprobaran.

La otra condición debería ser la reducción del IVA en todos los países miembros en la misma cuantía en que se reduzcan las aportaciones directas de los Estados, no vaya a ser que aprovechando la coyuntura aumenten la presión fiscal sin que se note.

Cuando este debate se abra, cosa que no tardará muchos años, será curioso ver a los nacionalistas defender por una parte el avance hacia una Unión Política Europea y, por otra, continuar trabajando en la demolición de la unión política que tenemos en España. Pero encontrarán la forma, seguro, de defender simultáneamente una cosa y la contraria con argumentos irrebatibles para los convencidos.

Artículo de Rosa Díez "Lo más sagrado"

El viernes 18 de noviembre de 2005 Rosa Díez, diputada por el Psoe en el Parlamento Europeo publicó en la tercera de ABC el artículo titulado "Lo más sagrado"

Me parece un artículo fundamental. Yo lo suscribo en su integridad y creo que lo mismo debe ocurrir con todos los demócratas.

A continuación lo reproduzco en su integridad, para que el paso del tiempo no haga que se nos olvide y sólo me limitaré a extraer y destacar en negrita una frase que creo que resume su intenso contenido.

[....hay pocos valores democráticos que puedan considerarse sagrados. Pero alguno de ellos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, o el respeto a la memoria y a la dignidad de los seres humanos, lo son.]

Lo más sagrado

POR ROSA DÍEZ DIPUTADA DEL PSOE AL PARLAMENTO EUROPEO

... Están dilapidando lo más sagrado. Pero aún nos queda la palabra, la palabra en la plaza pública, que eso es la política. Quizá a través de la palabra consigamos que despierten algunas conciencias. Las de aquellos que deben, y pueden aún, frenar esta deriva...

HACE algunos años Mario Onaindía publicó un artículo que tituló provocativamente «La Constitución es sagrada». Sostenía Mario que había que interpretar el término sagrado en su sentido antiguo y laico, el mismo que aplicaba aquel gobernante romano que defendía que las leyes reguladoras de lo fundamental para la convivencia entre seres humanos debieran estar protegidas por una suerte de pacto de inviolabilidad. Desde esa perspectiva hay pocos valores democráticos que puedan considerarse sagrados. Pero alguno de ellos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, o el respeto a la memoria y a la dignidad de los seres humanos, lo son.

Me duele escribir este artículo. Pero considero que las declaraciones realizadas por Patxi López, secretario general de mi partido, al diario «Gara», no respetan alguno de esos valores. Y me siento en la obligación de alzar mi voz contra lo que considero una ofensa a la historia del socialismo vasco.

Proclama Patxi López en la mencionada entrevista que «si todos los vascos nos ponemos de acuerdo, no habrá muros de contención insalvables». No sé si esta declaración es consecuencia de una suerte de analfabetismo funcional o expresa la voluntad del líder del PSE de asumir los postulados ideológicos del nacionalismo. Lo primero sería grave; lo segundo, penoso. En el primer caso, porque desconocer que la democracia está estructurada en base a los muros -leyes-, que se adoptan para poner coto a las reivindicaciones ilegítimas de individuos o colectivos, sería una demostración de ignorancia imperdonable en un dirigente político. Si, por contra, «sólo» fuera entreguismo al nacionalismo, resultaría, como dije, lamentable. «¡Tanto trabajo para esto!». Resulta aleccionador que López ni siquiera se tome la molestia de utilizar términos que no sean los ya acuñados por el propietario ideológico e intelectual del medio para el que habla. O por Ibarretxe. Levanto la voz porque a mí no se me olvida que «la voluntad de los vascos» ha sido el grito de guerra utilizado por ETA para asesinar a cientos de ciudadanos inocentes. No se me olvida que en nombre de «la voluntad de los vascos» quiere Ibarretxe excluirnos a quienes no somos nacionalistas. No se me olvida que los asesinos y sus cómplices han sostenido (en solitario hasta hoy) que el terrorismo es producto de un conflicto político que nace precisamente porque no se respeta «la voluntad de los vascos». La verdad y las leyes debieran ser sagradas.

En otro momento de la entrevista Patxi López se pronuncia en estos términos sobre el Foro de Ermua: «No sabía que el Foro de Ermua había nacido para reclamar la unidad de España con la derecha más reaccionaria». Otra vez Patxi López hace suyos el lenguaje y la filosofía de quien le entrevista. Los verdugos han acuñado hace tiempo ese concepto, hasta el extremo de justificar en base a él algunos atentados perpetrados contra los que consideran «opresores españoles». Olvida López que sólo desde una España constitucional unida se puede garantizar la igualdad. Olvida López que la igualdad es una conquista de la civilización y la reivindicación más querida de la izquierda. Olvida López que durante la causa contra los asesinos de Fernando Buesa se probó que hubo un pormenorizado seguimiento de sus movimientos, condición imprescindible para preparar el atentado. Olvida López que se probó que fue fotografiado incluso dentro del Parlamento vasco. Sólo alguien acreditado para trabajar profesionalmente dentro de la Cámara vasca pudo hacer esas fotos. Yo no puedo disociar ese recuerdo del hecho de que López haga esas declaraciones en el «Gara». Yo no me olvido de que el actual presidente del Foro de Ermua se llama Mikel Buesa. Para mí el derecho a la vida es sagrado.

Por último, Patxi López es interpelado sobre futuros acuerdos de gobierno, incluso con Batasuna: «Democracia es, entre otras cosas, libertad de pactos. Que cada cual lo interprete como quiera...». Otra vez la duda: ¿ignorancia?, ¿complacencia? Es verdad que la democracia es pacto; pero es pacto entre partidos democráticos. Y Batasuna no lo es. En sentencia firme del Supremo del año 2003 se estableció que Batasuna, Euskal Herritarrok y Sozialista Abertzaleak formaban parte del entramado de ETA. Y se ordenó, entre otras cosas: su disolución, que fueran borrados del Registro de Partidos Políticos, que se liquidaran sus cuentas y que se incautaran sus bienes. La gravedad de las pruebas fue tan considerable que al Supremo sólo le faltó ordenar, a modo de los gobernantes de la antigüedad, «quemar su hacienda y echar sal sobre ella para que no volviera a florecer la hierba». Pues con éstos es con los que no excluye Patxi López hacer un pacto de gobierno. Yo no me olvido de esa sentencia. No me olvido de las palabras de los dirigentes de Batasuna tras los crímenes de ETA. No me olvido de quién acosa a nuestros concejales. No me olvido de quiénes brindan ante nuestros muertos. No me olvido de que Batasuna es ETA. Por eso me produce un inmenso dolor que en nombre de los socialistas vascos se especule siquiera sobre la posibilidad de estrechar esas manos ensangrentadas. La memoria, la justicia y la dignidad son sagradas.

Soy una militante de base y un cargo público del PSOE. En nombre de mi partido y desde sus listas he pedido el voto a los ciudadanos. En nombre de mi partido y también en el mío propio me he comprometido a defender la libertad, a desenmascarar a los cómplices de los terroristas, a derrotar a los verdugos. No he pedido el voto para justificar pacto alguno con ellos. Por eso me siento, desde el más profundo desasosiego, obligada a levantar mi voz. Rechazo los planteamientos del secretario general de mi partido en Euskadi expresados en la mencionada entrevista. Rechazo la idea misma de que no exista tutela democrática alguna sobre la decisión de los vascos. Rechazo que se utilice «Gara» para señalar de forma tendenciosa al Foro de Ermua. Llamarle cómplice de «la derecha más reaccionaria» es una injusticia y una irresponsabilidad no exenta de riesgos para los así calificados. Rechazo radicalmente que se contemple como una opción viable un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Batasuna-ETA. «Que cada cual lo interprete como quiera...», reitera López ante la insistencia del periodista. ¿Cómo es posible que a López, que habla en nombre de un partido adalid en la defensa de las libertades, no le repugne el planteamiento mismo? ¿Cómo es posible que no lo rechace de forma tajante? Porque no es sólo que esté demostrado el fracaso político de una alianza de gobierno entre socialistas e independentistas practicantes. Es que debiera resultarle moralmente inaceptable consentir que se especule sobre un pacto de gobierno con los que tienen las manos manchadas de sangre. Esto sí que es violar lo más sagrado.

Ignoro si quienes desde la dirección del PSOE no han encontrado en las palabras de Patxi López ningún elemento reprobable considerarán necesario desautorizar las mías. Pero asumo ese riesgo porque callarme ante hechos que considero graves me parecería impropio de una socialista que aprendió de su padre -y de muchos dirigentes y compañeros del PSOE- que la libertad es sagrada. La de expresión, también. Quiero seguir teniendo mi conciencia en paz. Quiero poder mirar a los ojos a las personas a las que respeto, a las que de verdad saben lo que es sufrir. A las que han demostrado siempre tener más dignidad que miedo. Quiero mirar, por ejemplo, a Pilar Ruiz. Y no sentirme aludida por sus palabras de denuncia. Como aquellas que le dirigió a Patxi López recordando a su hijo muerto, Joseba Pagazaurtundúa, y apelando a las promesas incumplidas: «Harás y dirás más cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son...». Palabras proféticas, Pilar. Están dilapidando lo más sagrado. Pero aún nos queda la palabra, la palabra en la plaza pública, que eso es la política. Quizá a través de la palabra consigamos que despierten algunas conciencias. Las de aquellos que deben, y pueden aún, frenar esta deriva. De no ser así, sólo nos quedará el dolor. Y un sentimiento de profunda desolación e infinita vergüenza.

Boicot a los productos catalanes: Causas, efectos y posibles soluciones

Cada vez llegan más noticias, de los orígenes más diversos, que dan una idea clara de que, desgraciadamente, está teniendo éxito el nefasto boicot a los productos catalanes.

Todavía es muy pronto para tener una idea cuantitativa de los efectos que está teniendo ese boicot y, hoy por hoy, no se ve que el proceso está remitiendo.

Me propongo hacer un análisis, que intentaré que sea lo más objetivo posible, sobre las causas, los efectos y las posibles soluciones a un problema que, desde el primer momento, me ha parecido muy grave, tanto que si no se ataja en un plazo breve, probablemente suponga un cambio cualitativo de la estructura social española.

1) Escenario socio-político preexistente.

El escenario político que tenemos en España, que todavía es una democracia con multitud de imperfecciones, tiene una serie de características que facilitan la aparición de un problema como el del boicot. Estas características son:

Una clase política que actúa dando prioridad a sus intereses personales, en segundo término a sus intereses de partido y sólo en último término, y en la medida en que le pueda resultar útil para obtener el poder (o mantenerse en él si ya lo tiene) los intereses de la sociedad en general.

Los efectos más importantes son los de la aceptación generalizada de la corrupción (en el mejor de los casos como medio para aumentar de forma opaca la financiación de los partidos político y en el resto también para lucrarse personalmente) y los de gobernar en contra de una parte importante de la población (la que vota o tiene la ideología de la oposición)

El sistema electoral, por otra parte, da un plus de representación a los partidos nacionalistas, por el hecho de tener los votos concentrados en unas pocas circunscripciones, y los partidos nacionalistas venden a precio de oro sus votos cuando el partido que forma gobierno no dispone de mayoría absoluta. El resultado es el de un sobrepoder de los partidos nacionalistas cuando no hay mayoría absoluta y el de un gobierno prepotente que actúa en contra de la parte de la sociedad que no comparte su ideología cuando dispone de ella. El cambio periódico del partido en el Gobierno lleva como efecto inseparable la inestabilidad de la legislación básica, de la que la legislación en materia de educación es el ejemplo más claro, por lo pernicioso que resulta para la sociedad.

Los partidos nacionalistas, por su parte, carecen estructuralmente de límites en sus reivindicaciones, que sólo pueden terminar con la independencia de su territorio, y para mantener su posición política tienen que poner de manifiesto la permanente existencia de trato discriminatorio, supuesto o real, en contra de su territorio.

Si el territorio tiene una renta superior a la media, defienden el concepto de que quién paga los impuestos es el territorio y como el sistema fiscal es progresivo y, por tanto, los que tienen más riqueza que la media pagan más impuestos a cambio de los mismos servicios, la reclamación es obvia: tienen que recibir servicios por el mismo importe que pagan sus residentes y si no es así, sufren un expolio manifiesto.

A su favor tienen la injusta excepción que la Constitución da al País Vasco y Navarra con su específico sistema fiscal que permite que el País Vasco reciba dinero, en términos netos, del resto de España (a pesar de tener una renta superior a la media) en tanto que Navarra aporta algo al resto pero en cantidad muy inferior a lo que le correspondería de acuerdo con su renta.

En el caso de que el territorio tenga una renta inferior a la media recibe, por definición, más servicios que lo que correspondería a los impuestos pagados por sus residentes y por este concepto no es fácil reclamar. Surge entonces la idea de la deuda histórica ya que es el resto de la sociedad española el que, a lo largo de siglos, ha expoliado a ese territorio y ha impedido su desarrollo. Debe ser compensado, por tanto, con cantidades ingentes de dinero para satisfacer esa reivindicación.

La suma de las peticiones de todos lleva, obviamente, a un imposible: las regiones ricas deben recibir más servicios hasta igualar los impuestos que pagan sus residentes y las pobres, que ya reciben más servicios de lo que pagan sus residentes, deben ser compensadas, para satisfacer la deuda histórica, con ingresos adicionales. Pero todos, absolutamente todos, sostienen que eso es posible sin subir los impuestos y sin perjudicar a los residentes de los demás territorios.

En consecuencia, parece resultar obvio, para ellos, que el Estado dispone de fuentes inagotables de financiación que no quiere utilizar para perjudicar a los que son diferentes.

Y todo ello se aliña con los ejemplos de aspectos reales, y ciertamente injustos, como son las carencias de infraestructuras comparables en determinadas zonas. Buen ejemplo de ello son los peajes de las autopistas, muy desigualmente repartidos en las distintas comunidades autónomas, o las diferencias de calidad de las comunicaciones por ferrocarril, con lo que no es díficil convencer a buena parte de los ciudadanos de que son tratados de forma discriminatoria por Madrid, ese ente extraño que no quieren definir como el conjunto de población que vive en esa comunidad ni como el Gobierno Central, pero que tiene una capacidad económica casi infinita y como objetivo indiscutible fastidiar todo lo posible a quien vive en las demás comunidades.

Aparece también la reivindicación de los partidos nacionalistas de que su comunidad tiene derecho a más autogobierno, ya sea por la vía de las transferencias o, simplemente, de disponer de más dinero, que el resto, reivindicación que se plasma en la exigencia de competencias que nunca puedan estar al alcance de las comunidades sin partidos nacionalistas.

2) la realidad económico-fiscal de las distintas comunidades

El sistema fiscal español dista mucho de ser justo, como ya he expresado en otra entrada del Cuaderno, pero es muy parecido en todo el territorio español.

Por tanto es innegable que para cualquier persona la presión fiscal es prácticamente la misma en todo el territorio si su nivel de renta, la forma en que la obtiene y sus ciscunstancias familiares son parecidas.

Asimismo me parece bastante claro que el nivel de servicios que se recibe del Estado es muy parecido en todas las comunidades autónomas. Es verdad que hay diferencias entre unos lugares y otros, pero creo que a menudo son más pronunciadas cuando el tipo de población en que se vive es muy diferente que cuando se trata de una u otra comunidad autónoma.

Las diferencias que más se notan, por razones obvias, son las de las infraestructuras, ya que la elevada movilidad permite a buena parte de la población detectar las diferencias que hay entre unos lugares y otros.

Y estas diferencias son bastante patentes en los aspectos de carreteras, autovías y autopistas y la existencia más o menos generalizada de tramos de peaje. También lo son en los servicios de metro, en las ciudades que disponen de él, y de ferrocarriles de cercanías.

Pero las reivindicaciones en este sentido nunca se plantean en planes de actuación para mejorar ese tipo de servicios, con proyectos concretos, plazos y estimación de costes y del esfuerzo que debería realizar cada administración para solucionarlo.

Hay otro aspecto poco conocido pero que tiene una importancia relevante en el día a día de los ciudadanos. Este aspecto es el conjunto de la legislación autonómica que cada vez influye más porque abarca a más aspectos.

Pareciera que los gobiernos autónomos crean que el juicio de los administrados sobre la bondad de su gestión depende del número de leyes que hayan aprobado en la legislatura. Y que, además, las leyes que desarrollen tienen que marcar diferencias con las demás comunidades autónomas.

El resultado es el de una creciente inseguridad para aquellos ciudadanos que se mueven habitualmente por más de una comunidad, ya que, a menudo, lo que cumple con las leyes en una no lo hace en otra, sin que sea fácil comprender la razón.

Sin duda hay comunidades que son más intervencionistas que otras y comunidades con más tendencia al amiguismo y/o con mayor grado de corrupción. Los resultados al cabo de los años se notan en forma de mayor crecimiento de la economía y del bienestar para aquellas comunidades que son menos intervencionistas, menos dadas a dar trato preferente a los amiguetes y con menor grado de corrupción.

Hay otro aspecto curioso: prácticamente ninguna comunidad autónoma acepta de buen grado que el crecimiento de su economía sea inferior a la media (la excepción más notoria ha sido la Comunidad Valenciana que durante muchos años ha preferido estar a la cola del crecimiento, sólo en los números ya que la realidad ha ido por otra parte, con el objetivo poco disimulado de mantenerse el máximo tiempo posible con la característica de región objetivo 1 en la Unión Europea para así disponer de mayor cantidad de transferencias de la UE)

Por descontado que si una comunidad autónoma tiene que aceptar en los registros oficiales un crecimiento inferior a la media y el partido gobernante en ella es nacionalista o diferente del que soporta al Gobierno Central la culpa es de Madrid o del partido que gobierna en la Moncloa.

Ni por asomo el gobierno de la comunidad autónoma puede tener la menor responsabilidad a pesar de que el presupuesto del conjunto de las comunidades autónomas es unas dos veces y media el del gobierno central.

3) Efectos de los aspectos anteriores.

Desgraciadamente, los efectos de los aspectos anteriores combinados son los de una situación que facilita el enfrentamiento entre los habitantes de unas comunidades con otras.

¿Quién no tiene motivos de queja? la comunidad que no tiene falta de agua no puede usar adecuadamente la que tiene, la comunidad que no es más rica que la media quiere serlo y la que lo es no quiere dejar de serlo y para los partidos nacionalistas sólo la independencia es la garantía del bienestar para sus habitantes.

Y por descontado no falta quien promueva el boicot a los productos de otras comunidades ya sea desde la recomendación, que algunos querrían poder convertir en obligación, de comprar sólo productos de la propia comunidad ya sea desde la llamada al boicot de los productos de las comunidades "malas"

Poco parece importarles las indudables ventajas que a todos proporciona el formar parte de un mercado propio más amplio. La creencia general es que sólo "los otros" se benefician del mayor tamaño del mercado cuando la realidad es que la riqueza del conjunto es apreciablemente mayor que la suma de las riquezas que tendrían cada una por separado si fueran independientes.

Y usan el argumento de que el mercado ya es global, al menos en el ámbito de la UE, como si todavía no fuera cierto (y no vaya a seguir siéndolo durante muchos años) que el mercado de un país es mucho más accesible para las empresas de ese país que para las de otros países, aunque también sean miembros de la UE.

Y, además, los partidos nacionalistas son partidarios de que exista el boicot y de que tenga mucho éxito. De esta forma podrán convencer a mayor número de personas de que la independencia es la única solución para librarse de esa "madrastra" que es España, o del expolio que de su riqueza realiza "Madrid"

Les avisan, eso sí, de que posiblemente haya que aceptar un periodo con una pequeña pérdida de renta para poder alcanzar el paraíso de bienestar social y económico que sucederá a la consecución de la independencia que, por si las moscas, debe procurarse a toda costa que no suponga la salida de la UE.

4) Posibles soluciones.

Es obvio que las posibles soluciones pasan por la limitación del poder político de los partidos nacionalistas al que corresponda al número de votos que obtengan. Y, además, sería muy conveniente una campaña promovida por ambos partidos que explicara claramente a todos los ciudadanos las ventajas que para todos tiene pertenecer a una nación más amplia así como el compromiso de llevar a cabo las inversiones necesarias para que desaparezcan las desigualdades que puedan existir respecto a la calidad de los servicios e infraestructuras que se disfrutan en todo el territorio nacional.

Para ello sería necesario un acuerdo político entre los dos grandes partidos nacionales, de largo alcance temporal e independiente de los resultados concretos en cada proceso electoral. Este acuerdo debería abarcar los siguientes aspectos:

a) Siempre debería gobernar el partido que hubiera obtenido el mayor número de diputados (en el caso improbable de empate a número de escaños, debería hacerlo el que hubiera obtenido mayor número de votos) para ello el partido que no formara gobierno actuaría de forma que el proceso de investidura culminara con la elección del presidente propuesto por el partido ganador.

b) El partido que formara gobierno podría buscar los apoyos parlamentarios que considerara oportunos y el partido que quedara en la oposición garantizaría que si el partido gobernante perdiera los apoyos como consecuencia de las politicas desarrolladas en los aspectos que se ennumeran en el punto siguiente, el partido en la oposición le daría los votos necesarios para la aprobación de la Ley de Presupuestos, de forma que no hubiera que convocar elecciones por ese motivo.

c) Las políticas de interés general afectadas por ese acuerdo serían: la estructura del Estado y su modificación, la política exterior, la política antiterrorista y la política de financiación de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

d) La realización de un plan a medio y largo plazo que garantice la igualdad de la calidad de los servicios e infraestructuras en toda España.

Una política mejor para España

La forma en que se hace política en España me preocupa cada vez más.

Pareciera que se dedican a la política los peores de cada casa, de cada barrio y de cada promoción.

Dicen que dedicarse a la política es muy duro. Y debe serlo para los que, por el motivo que sea, no alcanzan unas mínimas cotas de poder.

Pero, al parecer, también lo es para los que sí tienen éxito. Debe ser por la cantidad de sapos que se tienen que tragar a diario para mantener su poltrona.

Con éste encabezamiento me propongo ir escribiendo mis pensamientos sobre otra forma de hacer política, que fuera más provechosa para el conjunto de los ciudadanos y que, a ser posible, no fuera tan dura para los políticos.

Al iniciar esta serie, debo reconocer que no he realizado una mínima reflexión sobre como estructurarla. Por este motivo iré escribiendo capítulos según se me vayan ocurriendo y, quizás, en algún momento los iré ordenando con alguna estructura lógica que se me ocurra.

Creo que es razonable exponer desde el principio los puntos básicos de mi ideología.

En religión soy agnóstico, aunque creo conocer en profundidad la religión católica y, por convicción, mi escala de valores coincide en lo básico con la cristiana excepción hecha, obviamente, de los valores rituales específicos de esa religión y de algunos otros diseñados para limitar la libertad de las personas.

El valor más importante para mí es el derecho a la vida de todas las personas y el segundo el derecho a la libertad. El orden de prioridad viene dado, por descontado, por la irreversibilidad de la muerte, cosa que no ocurre con la libertad cuando, por algún motivo, esos derechos no son respetados.

Los siguientes valores son la tolerancia, el amor, en sus distintas facetas en función de la relación con la persona a la que se tiene afecto (pareja, familia más o menos directa, amigos) la lealtad, la honradez, la justicia, la bondad, la diligencia, etc...

Soy progresista en lo social y liberal, aunque no radical, en lo económico. Por esos motivos considero que el Estado debe limitar su función a los siguientes aspectos:

- La elaboración, aprobación y puesta efectiva en práctica de las leyes que garanticen los derechos fundamentales de todas las personas.

- El aseguramiento de que todos los individuos tengan derecho, de forma gratuita y con una calidad suficiente, a los siguientes bienes y servicios básicos que debe prestar de forma exclusiva o, en algunos casos, compartida con la iniciativa privada, pero siempre sin ningún tipo de discriminación:

• Sanidad
• Educación
• Infraestructuras básica
• Seguridad

- La existencia de una legislación económica que, basada en la propiedad privada y la libertad de mercado, evite los abusos de los que tienen una posición más fuerte, acerque a los individuos a la igualdad de oportunidades y haga más fácil la cobertura de las necesidades básicas a los más débiles.

En teoría, nuestro sistema político se acerca bastante a estos principios, pero la realidad es bastante diferente. Creo que la diferencia proviene básicamente del excesivo poder que, de hecho, tienen los políticos con puestos representativos y del casi inexistente control efectivo de sus actuaciones.

Una de las principales contradicciones de nuestro sistema político es que la defensa de la democracia esté básicamente encomendada a los partidos políticos cuya característica común es la ausencia casi total democracia interna.

Y otra imperfección relevante es la diferente representación efectiva de los elegidos en unos u otros territorios.

La mejor solución para estos dos problemas sería un cambio radical del sistema electoral que debería ser mayoritario y estar basado en circunscripciones con un único puesto de representación.

El equilibrio territorial se debería conseguir haciendo que el número de electores de cada circunscripción dependiera de la densidad de población, de forma que en las zonas más pobladas cada circunscripción tuviera más electores.

Y en cuanto a la justicia, soy partidario de un sistema garantista y que evite el progresivo desarrollo de uno o varios "grandes hermanos" que tengan el control de la vida y milagros de los ciudadanos.

OPA, CNE, PSC y La Caixa

OPA, CNE, PSC y La Caixa

Han aparecido, casi simultáneamente, las noticias del informe de la CNE sobre la OPA de Gas Natural sobre Endesa y la situación crediticia del PSC respecto a la Caixa.

El informe de la CNE no incluye sorpresas. Los aspectos que debe analizar la CNE en estos casos se pueden resumir en la garantía de que las actividades reguladas (transporte, distribución y suministro a los clientes a tarifa de electricidad y gas natural) se continuarán realizando en condiciones iguales, o mejores, en caso de éxito de la OPA.

Se trata de analizar si la empresa resultante tendrá capacidad financiera y técnica para realizar las inversiones necesarias y para mantener en su propiedad y en condiciones adecuadas las instalaciones ya existentes.

No cabe la menor duda de que el informe, y sus conclusiones, son correctos y a la pregunta de por qué la misma CNE que hace unos dos años hizo un informe contrario ante un caso similar (OPA, también hostil, de Gas Natural sobre Iberdrola) solo cabe una respuesta: la CNE era totalmente dependiente del gobierno de turno.

Tanto, que el informe técnico era muy parecido al ahora aprobado por el Consejo de la CNE, pero en aquella ocasión no resultaba del agrado del Gobierno. El Consejo de la CNE aprobó un informe bien distinto, prohibiendo la continuación de la OPA.

Su decisión era, y es, ejecutiva (aunque cabe recurso ante el Ministerio de Industria) pero a ver que empresa regulada se atreve a oponerse (ni siquiera Gas Natural lo hizo) Y para terminar la operación, obligaron a irse de la CNE al Director de Gas por la osadía que tuvo de anteponer los criterios técnicos y de legalidad a los políticos.

¿Cuál será el perfil, en esos aspectos, del Director que le sustituyó?

¿Es ahora la CNE independiente?

Creo que no, que tiene la misma total dependencia del Ministerio.

Su actual presidenta, ha sido nombrada (como está previsto legalmente) por el Ministro de Industria, fue diputada del PSC en el Congreso durante la última legislatura y era Secretaria General de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña hasta su nombramiento. Creo que su capacidad técnica para el puesto está fuera de toda duda.

El Ministro de Industria es el Secretario General del PSC.

El PSC tiene un crédito, concedido por La Caixa, con unas condiciones que ni la empresa más solvente del país podría soñar. Sería bueno conocer cuantos pagos y de que cuantía ha realizado el PSC en todos estos años (parece que ninguno) y sería bueno conocer los motivos por los que La Caixa le ha condonado los intereses no pagados.

Por cierto, si la actual Presidenta de la CNE fuera diputada en el Congreso ¿preguntaría a algún representante destacado de La Caixa sobre los créditos privilegiados como hizo en la Comisión de Gescartera? Me parece que no, que no es políticamente correcto preguntar por los créditos de los partidos políticos.

¿Podremos los ciudadanos de a pie obtener el mismo trato de La Caixa en nuestros créditos?

Seguramente sí, siempre que consigamos ser aspirantes cualificados al puesto de Ministro de Industria. Porque ahora ha saltado a la luz pública el crédito del PSC, pero ¿cuantos créditos de otros partidos políticos han tenido trato similar en La Caixa o en otras cajas o bancos?

La Caixa es el principal accionista de Gas Natural y la OPA ha sido ideada, preparada y aprobada por sus directivos.

¿Tendrá alguna influencia La Caixa en las decisiones de los órganos reguladores?

La respuesta estará en el informe de Competencia, que deberá corregir las, para mí, muy negativas repercusiones de la OPA sobre la competencia en los mercados de gas y electricidad.

Y ahí si que hay dinero en juego, dinero que pagaremos todos los consumidores con las oportunas subidas de precios (que soportaremos tanto los que sigamos a tarifa como los que opten por el mercado liberalizado) que engrosarán la cuenta de resultados de la nueva empresa y de rebote la de La Caixa, que de esta manera recuperará, con creces, el pago de los créditos que no ha realizado directamente el PSC (y que no habrán realizado los demás partidos políticos, en el poder o con posibilidades de estarlo en el futuro, por lo que calladitos seguirán estando mucho más guapos)

Gas natural: ¿subida de precios ajustada o excesiva?

El Ministerio de Industria ha aprobado, mediante la Orden ITC/3321/2005 de 25 de octubre (BOE del 27 de octubre) una subida de las tarifas de gas natural que afectará a los consumos realizados a partir del 28 de octubre.

La modificación de las tarifas está prevista en la legislación vigente: las tarifas se fijan a principio de año por Orden Ministerial y se pueden variar trimestralmente (para lo que basta una Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada en el BOE) si el coste de la materia prima (Cmp) varía, en más o en menos, en una proporción superior al 2% respecto al valor vigente

Las tarifas (excepto las interrumpibles y la de uso como materia prima que sólo tienen un término variable) tienen un término fijo (a veces dos) y uno variable.

El término variable de la tarifa para uso como materia prima no se publica con el resto de las tarifas, sino que se hace con resoluciones de fecha diferente, posiblemente para ocultar que el precio al que las distribuidoras tienen que vender este gas es inferior al que las mismas distribuidoras tienen que comprarlo obligatoriamente (práctica esta de vender por debajo del coste que está prohibida por las legislaciones española y europea)

Como consecuencia del progresivo incremento del precio del crudo, el Cmp ha aumentado en más del 2% respecto al anterior en cada uno de los trimestres de 2005. Los incrementos registrados en abril y julio han sido del 4,04 y 11,4% respectivamente, lo que supone un incremento acumulado hasta julio del 15,9%. En la Orden ITC/3321/2005 se ha modificado la fórmula de cálculo y no se indica el valor que hubiera tenido con la fórmula anterior. El valor resultante de la nueva fórmula supone un aumento del 20,7% respecto al valor anterior y de un 40,0% respecto al valor del mes de enero.

Los términos fijos establecidos en el mes de enero no han variado en las sucesivas modificaciones de tarifas, lo que es coherente con la filosofía de repercutir exclusivamente las variaciones del coste de importación del gas.

Los términos variables han aumentado algo por encima de la repercusión estricta de la variación del coste del Cmp:

- En el caso del precio del gas para uso como materia prima en enero era tan sólo el 85,1% del precio que debían pagar por el las distribuidoras y este porcentaje ha ido aumentando progresivamente hasta llegar al 95,8% en el mes de octubre (todavía no se ha publicado la tarifa para el mes de noviembre que, muy probablemente, tendrá en cuenta el nuevo Cmp)
- En todas las demás tarifas (Tarifas de alta presión, interrumpibles y firmes, y tarifas de baja presión, que en su mayor parte corresponden a los consumidores domésticos y del sector servicios) se ha aumentado el término variable en 0,0128 céntimos de euro por kilowatio hora por encima del aumento de precio que las distribuidoras tienen que soportar.

Como es obvio, este pequeño aumento en la parte variable adicional a la repercusión del coste del Cmp va directamente a la cuenta de resultados de las distribuidoras. El orden de magnitud del regalito del Ministerio a las distribuidoras es, en términos anuales, de unos 15M€ de los que más del 90% va a las distribuidoras del grupo Gas Natural.

La subida de tarifas de octubre no se ha realizado mediante resolución porque se ha cambiado la fórmula de cálculo del Cmp y, además, se ha establecido un sistema para que los consumidores a tarifa paguen con efecto retroactivo la diferencia entre el Cmp calculado según la nueva fórmula y el calculado con la fórmula vigente desde el 1 de febrero hasta el 27 de octubre de 2005. ¿Es legal el aumento de los precios regulados con efecto retroactivo?

Además se introduce, por primera vez, un concepto no existente hasta ahora: el de “empresa que suministra al transportista responsable del aprovisionamiento a tarifa”

La empresa responsable del aprovisionamiento a tarifa es, para cada distribuidora, la empresa transportista a la que esté conectada su red y esta empresa transportista recibe como precio del gas el llamado precio de cesión que es el Cmp más una pequeña cantidad ( 0,000393 €/kWh durante 2005) que sirve para pagar los costes de gestión de la compraventa.

La empresa transportista puede adquirir el gas en el exterior, al precio que pueda obtener (en cuyo caso asume el riesgo de diferencia de precio respecto del Cmp) o comprárselo a otra transportista, en cuyo caso pagará por él el mismo precio de cesión que cobrará a la transportista.

La realidad es que Enagás es la empresa que suministra, directa o indirectamente, la inmensa mayoría del gas a las distribuidoras, aunque Gas de Euskadi y BBG también lo hacen, y que todo apunta a que Enagás compraría todo el gas que necesita al Grupo Gas Natural que, en consecuencia, sería la “empresa que suministra al transportista responsable del aprovisionamiento a tarifa” a que se refiere la Orden ITC/3321/2005 y por tanto la beneficiaria de los 83.032.284 euros en que, para la totalidad de 2005, estima el Ministerio de Industria la diferencia de precio entre el coste real del gas y el reconocido con el Cmp vigente hasta el 27 de octubre.

La problemática que plantea el Ministerio en la Orden es, en términos generales, cierta y razonable. Se echa de menos, sin embargo, la explicación concreta del cálculo de la estimación del déficit previsto para todo el año realizada, eso sí, al euro. Probablemente esta explicación se encuentre en el informe preceptivo, pero no vinculante, de la CNE que, por el momento, no se ha hecho público aunque todos hablan de él como si lo conocieran.
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Si no se hacen públicos todos esos datos (es muy fácil, bastaría con que la CNE lo colgara en su web) cabrá la sospecha de que, además de los 15 millones de euros regalados a las distribuidoras (unos 13,5 para las del Grupo Gas Natural) pueda haber también alguna cantidad no justificada en los más 83 millones de euros de déficit previsto, que también irían en su inmensa mayoría, si no en su totalidad, al Grupo Gas Natural y continuarán las dudas respecto a las ayudas (legislativas, económicas y de dictámenes oficiales) que esta empresa estaría recibiendo de los sucesivos gobiernos, al margen del partido que los sustente.

Propuesta de Estatuto de Cataluña: Dictamen para el PSOE

Los cuatro catedráticos contratados por el PSOE demuestran en su dictamen que además de ser expertos en Derecho Constitucional, lo son también en nadar y guardar la ropa.

Dan una larga cambiada a si, en su Estatuto de Autonomía, una Comunidad Autónoma puede definirse, o no, como Nación: no analizan la cuestión con la excusa del debate político, ideológico y cultural.

Pasan de puntillas sobre si el Proyecto de Estatuto de Cataluña es o no una reforma encubierta de la Constitución, con el pretexto de que eso es imposible en el ordenamiento jurídico español.

Dan varias palmaditas en la espalda al Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña aceptando buena parte del contenido de su dictamen como base para “determinar la formulación correcta de muchos preceptos” y apelando a la conveniencia de una mayor seguridad jurídica en su propuesta de cambios en aquellos aspectos que el Consejo Consultivo encontraba acordes con La Constitución y los firmantes de este Dictamen no.

Y, finalmente, dan un buen repaso a los preceptos que ellos han encontrado inconstitucionales empezando, eso sí, cada declaración de inconstitucionalidad con una loa a lo buena que es la intención o el contenido de esa parte concreta del Proyecto.

Es clara la definición de que el autogobierno de Cataluña tiene que fundamentarse directamente en la Constitución y en el Estatuto con rechazo expreso a las fuentes previas a la Constitución.

En el régimen lingüístico pone unos cuantos peros: el Aranés no puede considerarse cooficial en el resto de España (sí puede serlo en Cataluña) no son válidas las previsiones en materia de conocimiento de la lengua catalana referidas a jueces, magistrados, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia ni la exigencia de su conocimiento a los notarios y registradores que ejerzan en Cataluña. El deber de conocimiento del catalán sólo puede resultar aplicable a los catalanes.

En derechos, deberes y principios rectores ponen límites para acotar los campos en que deben respetarse la legislación estatal y los acuerdos internacionales.

En sistema institucional y fuentes de derecho proponen cambios radicales en el refrendo del nombramiento del Presidente de la Generalidad, en el protocolo aplicable cuando hay participación directa del Estado, en la limitación de la autonomía de las entidades locales y en la alteración de los límites territoriales de las provincias.

En el poder judicial afirman las competencias del Estado en nombramientos, regulación del Consejo de Justicia y Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.

En competencias hay una frase meridianamente clara "En lo que a las categorías generales de competencias se refiere, es necesario realizar ajustes técnicos en todas ellas” y tampoco deja lugar a duda la posición respecto al derecho europeo “por cuanto no resulta aceptable que la Comunidad Autónoma pueda desarrollar directamente el derecho europeo sin tener en cuenta las bases estatales”

Tampoco se andan por las ramas en cuanto a los efectos sobre el mercado “La Propuesta de Reforma contempla una amplia gama de competencias en materias de naturaleza o relevancia económica que en ocasiones soslaya las exigencias del principio constitucional de unidad de mercado”

Igualmente claro es el dictamen en el apartado de financiación, para apreciarlo bastan tres frases: “en el Estatuto no se puede regular completamente el sistema de financiación de una Comunidad Autónoma” “no es constitucionalmente aceptable diseñar en el Estatuto un sistema acabado de financiación con pretensión de eficacia normativa directa” “entre otras objeciones de constitucionalidad hay que señalar singularmente la relativa a la monopolización de la gestión de todos los impuestos de titularidad estatal por la Comunidad Autónoma”

Finalmente rechaza la bilateralidad excesiva de las relaciones entre la Generalidad y el Estado así como el derecho de veto “que no resulta constitucionalmente aceptable”

El dictamen es bueno y acertado. Pero habría mejorado si hubiera tenido la valentía de pronunciarse claramente sobre la constitucionalidad, o no, del término nación aplicado a una Comunidad Autónoma en su Estatuto de Autonomía, sobre si el Proyecto presentado supone, o no, una reforma encubierta de la Constitución o sobre algunos aspectos delicados como el derecho que, de una forma clara y taxativa, debería tener cada ciudadano de elegir la lengua, de entre las cooficiales, en que quiere comunicarse con las distintas administraciones y de ser atendido en ella y no en otra sin excusas ni dilaciones.

Si en el trámite parlamentario el PSOE consiguiera introducir las enmiendas necesarias para tener en cuenta todas las recomendaciones de este Dictamen, el Estatuto saliente tendría muy poco que ver con el proyecto entrante, aspecto este que plantea una duda de viabilidad respecto a la capacidad real del PSOE para obtener los votos necesarios para completar la mayoría que su grupo parlamentario no tiene en esta legislatura.

Primeras consecuencias del proyecto de Estatuto de Cataluña

La propuesta de Estatuto aprobada por el Parlamento de Cataluña parece estar teniendo sus primeras consecuencias económicas, y no precisamente buenas.

He leído en la prensa catalana, que está totalmente a favor de la propuesta, la siguiente noticia:

“Productores de cava piden a los políticos catalanes mucha discreción a la hora de plantear el contenido del Estatuto en el resto de España” (para evitar influencias negativas en su negocio)"
¿Será que la desgraciada campaña anti-cava del año pasado tuvo peores efectos en las ventas que los públicamente reconocidos?

Hace días que oigo en la radio un anuncio de La Caixa que ofrece un juego de maletas a quien domicilie la nómina en ella. La oferta es para toda España excepto Cataluña y Baleares.
¿Será que La Caixa está perdiendo negocio en el resto de España?

Leo un artículo de un columnista catalán (muy favorable a la propuesta de Estatuto) en el que se dice Lo fiscal y los pedidos “Que la demanda de la justicia no nos afecte a los pedidos“
¿Será que se está produciendo un rechazo relevante a los bienes y servicios de origen catalán en el resto de España?

Me temo que sí, que desgraciadamente se puede estar produciendo ya un efecto muy pernicioso en ese sentido.

No sé si los políticos que han provocado esta difícil situación preveían esta posibilidad (que a algunos le vendrá muy bien para agudizar el victimismo) ni si los que no lo desearan estarán dispuestos a cambiar el rumbo para evitarlo, pero confio en que la mayoría de los españoles de a pie no caigamos en el absurdo de tirar piedras contra nuestro propio tejado.

La unidad del mercado es tán básica como la unidad del sistema fiscal o de la Seguridad Social para conseguir que la nación española proporcione el máximo bienestar a todos sus habitantes, incluidos los que no se sienten españoles.

¡Ojalá que la mayoría sigamos consumiendo los productos españoles sin discriminar por causa de su origen geográfico!

OPA de Gas Natural ¿Madrid o Bruselas?

Está en duda si el análisis de la OPA de Gas Natural corresponde, en lo que se refiere a sus efectos sobre la competencia, a la Unión Europea o a España.

Sea cual fuere la decisión final, que depende de que el porcentaje de negocio de Endesa en el resto de la UE sea mayor o menor del 30%, lo cierto es que la OPA sólo tendría efectos relevantes sobre la competencia en los mercados de electricidad y gas en España.

La legislación aplicable es la misma, tanto si el análisis corresponde a España como a la UE, y se puede resumir en la garantía de que tras la OPA la competencia en cada uno de los dos mercados sea mayor o igual de la existente sin ella.

Las personas que deben analizar el asunto son profesionalmente igual de competentes en España y en Bruselas.

¿Cuál es entonces la diferencia de que el análisis se haga en uno u otro lugar?

Hay dos diferencias fundamentales: los servicios de competencia de la UE son mucho más independientes de la Comisión de lo que los españoles lo son del Gobierno y los procedimientos para neutralizar los eventuales daños a la competencia son distintos.

La consecuencia de la mayor independencia de los servicios de la UE es obvia: el análisis se limitaría al cumplimiento de la legalidad vigente sin las interferencias políticas que, casi con certeza, se añadirían en España.

Menos conocida es la diferencia del procedimiento de neutralización de los problemas que se puedan detectar sobre la competencia: en el caso de España son los servicios de competencia los que fijan las modificaciones exigibles y en el caso de la UE los servicios de la competencia dictaminan y justifican los problemas encontrados por los que no es posible aceptar la operación y el interesado, en este caso Gas Natural, tendría la opción de proponer las medidas que eliminen esos problemas. La Comisión se limitaría a decir si son suficientes (y, en consecuencia, aprobar la concentración) o no lo son (y desautorizar definitivamente la operación)

Ojalá sea Bruselas quien analice la OPA.

El Estatuto de Cataluña tiene mala solución

El Proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña ha creado una situación difícil a la todavía inmadura democracia española.

Y la situación es difícil porque ninguna de las posibles soluciones es buena. Yendo desde un extremo, la aprobación por las Cortes sin cambiar una coma, hasta el otro, el rechazo por las Cortes como se hizo con el Plan Ibarretxe, cabe imaginar dos situaciones intermedias básicas: una en la que se quiten los cuatro o cinco motivos de inconstitucionalidad más llamativos y otra en que el texto aprobado se ajuste a la Constitución.

Malo, muy malo, sería que las Cortes aprobaran el texto actual sin cambiar una coma, ya que se pondría en manos de los nacionalistas la posibilidad de independizarse cuando quisieran con la sola aprobación de su parlamento; y mientras, tendrían derecho a decidir en exclusiva sobre el gobierno de Cataluña y a que su acuerdo fuera obligado para el gobierno del resto de España, Y como guinda habría que aumentar los impuestos en el resto de España para mantener el alcance y calidad de los serviciós del Estado en las otras CCAA.

Mala, aunque no tanto, sería la aprobación manteniendo buena parte de los aspectos inconstitucionales. Para valorar el perjuicio de esta solución habría que conocer el texto finalmente aprobado pero, con certeza, se abriría una fase de protesta de los nacionalistas por el rechazo de un Estatuto aprobado por el noventa por ciento de los diputados autonómicos.

La menos mala de las soluciones sería la aprobación de un Estatuto totalmente respetuoso con la Constitución, aunque la reacción de protesta de los nacionalistas radicales sería aún más intensa.

Ni que decir tiene que en el caso de que el proyecto hubiera venido así del Parlamento de Cataluña esta solución hubiera sido muy buena.

Finalmente, la otra solución extrema, el rechazo del proyecto, sería también mala, ya que no pocos catalanes tendrían la impresión de no ser tenidos en cuenta a la hora de establecer leyes que les afectan muy directamente.

¿Impuestos directos o indirectos?

I

El Gobierno anuncia modificaciones fiscales, algunas de las cuales afectarán al IRPF y otras a impuestos indirectos. Se plantea, una vez más, el análisis de las ventajas e inconvenientes de las imposiciones directa e indirecta.

Impuestos locales y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al margen, la imposición directa sobre las personas físicas incluye el IRPF (el más importante y único generalizado en la UE) y los impuestos de sucesiones y donaciones, y del patrimonio; la imposición indirecta incluye el IVA, los impuestos especiales (sobre hidrocarburos, alcohol y tabaco) y el impuesto de matriculación de vehiculos.

Empezaré por los impuestos indirectos distintos del IVA.

Los impuestos especiales sobre hidrocarburos, alcohol y tabaco son obligatorios en el ámbito de la Unión Europea y los valores aplicados en cada Estado deben estar comprendidos entre un mínimo y un máximo acordados en la UE dentro del programa de armonización fiscal.

España aplica, todavía, valores inferiores a los mínimos, porque dispone de un periodo transitorio para acomodar las variaciones exigidas por la normativa europea.

Es muy razonable, en consecuencia, que, ya que el aumento de los impuestos especiales es obligado en un plazo breve, el Gobierno plantee su subida de la forma en que la sociedad lo acepte mejor. Y sin duda la necesidad de mejorar la atención sanitaria es uno de los motivos que la sociedad aceptará, especialmente en el caso de los impuestos sobre tabaco y alcohol.

La inclusión del impuesto especial sobre los combustibles cuando el crudo ha aumentado mucho de precio, con la consiguiente subida de los precios de gasolinas y gasóleos para los consumidores, no sería aceptada de buen grado por la sociedad, motivo por el que el Gobierno se ha apresurado a retirarla. Pero lo ha hecho sólo de una forma transitoria, ya que a medio plazo lo tendrá que hacer para cumplir la normativa europea.

No se esperan modificaciones en el impuesto de matriculación.



II

Este segundo apartado está dedicado al IVA, el más relevante de los impuestos indirectos y, probablemente, el más importante de todos los impuestos en un futuro próximo.

El IVA, a pesar de ser indirecto es, de todos los impuestos, el que ofrece mayores posibilidades de progresividad, justicia y eficacia.

De progresividad porque la existencia de diferentes tipos, que actualmente en España varían entre la exención, el 4, el 7 y el 16%, dan mucho juego para gravar de forma muy distinta a los diferentes bienes y servicios en función de su necesidad relativa.

De justicia porque, de una parte, no grava la actividad productiva sino el consumo final y, de otra, el pago es difícilmente evitable y , en consecuencia, el fraude mucho menor.

Y de eficacia porque consigue obtener la recaudación deseada con total simplicidad para la mayoría de los contribuyentes y para la Hacienda pública.

Además, el IVA es el impuesto que ofrece mayores posibilidades para hacer efectiva la corresponasbilidad fiscal de las Comunidades Autónomas y mejorar su autonomía fiscal.

También en el IVA los tipos aplicados en España son inferiores a los fijados en los países vecinos, especialmente en el tipo normal (en España el 16%) Las perspectivas a medio plazo son, por tanto, de un acercamiento del tipo normal a la media de la UE.

Se echa en falta el tipo del 0% en lugar de la exención existente, por ejemplo, para los servicios de sanidad y enseñanza. A cambio de que las empresas que realizan estos servicios tuvieran que estar sujetas a este impuesto, dejarían de soportar el IVA de todos los bienes y servicios que ellas adquieren con lo que sus servicios estarían de verdad libres de este impuesto.

Si el tipo del 0% se extendiera a todos los bienes y servicios de primera necesidad, se podría llegar al ideal de que las franjas de población de menor renta estuvieran exentas de todo tipo de impuesto, salvo para aquella parte de su renta que emplearan en adquirir bienes y servicios que no fueran de primera necesidad.


III

De los impuestos directos, lo mejor que podría ocurrir con los de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones es, simplemente, que desaparezcan. Son injustos, porque graban rentas que ya pagaron en su dia por el IRPF, y poco eficaces, porque su coste de gestión es muy elevado en relación con la recaudación obtenida.

El problema para su desaparición está en que han sido totalmente cedidos a las Comunidades Autónomas, y habría que compensarlas por la pérdida de recaudación que supondría.

No pocas de las exenciones que anuncian a bombo y platillo las Comunidades Autónomas en el impuesto de Sucesiones y Donaciones se limitan a excluir a los contribuyentes sujetos en los que el coste de gestión es similar o superior a la recaudación que proporcionan.

Y el resto, lo único que hacen es eliminar una situación de tremenda injusticia en un momento, además, especialmente doloroso. El caso típico es la viuda de un jubilado que además de ver reducidos sus ingresos por la muerte del marido tiene que pagar por la herencia de la mitad de la casa que correspondía al marido en la sociedad de gananciales.

El Impuesto sobre el Patrimonio, que nació con el apellido de “extraordinario” por lo que estaba llamado a tener una duración limitada para favorecer la extensión y consolidación del IRPF, incomprensiblemente sigue existiendo cuando ya no aporta ninguna información adicional a la que Hacienda obtiene por otros medios. Por definición graba rentas que ya han tributado por el IRPF y en determinados supuestos llega a ser, en unión del IRPF, confiscatorio, lo que contradice abiertamente lo establecido por la Constitución.

Estos impuestos ni son obligatorios en la Unión Europea ni están generalizados en ella, son los residuos del desastroso e insuficiente sistema fiscal que tenía España antes de la entrada en la, entonces, Comunidad Económica Europea.



IV

El IRPF es el único impuesto directo generalizado en la Unión Europea y aunque las sucesivas modificaciones de los últimos años han paliado buena parte de sus defectos (en España) sigue distando mucho de ser un buen impuesto.

Tal y como está formulado actualmente en España el IRPF es injusto, no sólo porque el elevado fraude de buena parte de las rentas hace que la imposición efectiva sea muy diferente para los distintos contribuyentes (en función de la facilidad de ocultar el tipo de actividad que realicen) sino porque en la hipótesis de cumplimiento total, la imposición resultante para rentas y situación familiar equivalentes puede ser varias veces superior para el contribuyente que las reciba sobre todo del trabajo remunerado que para el que las obtenga de determinado tipo de actividades empresariales o del capital.

Otro importante factor de injusticia se da por el hecho de que el tipo máximo sea muy superior al tipo del impuesto de sociedades, lo que permite a las rentas mas altas reducir la imposición derivando cantidades muy importantes de la tributación por IRPF a la tributación por Sociedades.

Además es un impuesto complejo, hasta el punto que Hacienda avisa que determinados cálculos habituales en la mayoría de las declaraciones están fuera del alcance de la mayoría de los contribuyentes.

La escasa influencia del número de personas que compone la unidad familiar añade un elemento de injusticia adicional. Pareciera que el legislador hubiera deseado desincentivar la procreación (sin que el partido conservador haya modificado la situación cuando ha dispuesto de las mayorías necesarias) aspecto que, deseado o no, evidentemente ha conseguido.

La reforma propuesta, limitada al parecer a una moderada reducción del tipo máximo y a la desaparición de algunas deducciones, todavía no concretadas, seguiría el proceso de tímida mejora del impuesto evitando cualquier variación relevante de la recaudación.

En resumen mejora en el buen camino pero muy tímida.


V

Para terminar esta serie, la valoración global del sistema impositivo español sobre las personas físicas.

El IRPF debería modificarse profundamente, con un tipo máximo igual al de sociedades, con mayor importancia del número de miembros de la unidad familiar, simplificación de su elaboración y exención de hacer declaración para muchos más contribuyentes. Su recaudación en consecuencia descendería notablemente (y se compensaría con aumentos de la imposición indirecta)

Debería proporcionar mayor capacidad a las CCAA para modificar los tipos, haciendo que el tramo autonómico lo sea con todas las consecuencias, esto es la CA recibiría la totalidad de la recaudación por su tramo en su territorio y nada del tramo nacional.

Deberían desaparecer los impuestos sobre el Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones.

El IVA debería cambiar la exención por el tipo 0%, tener dos tramos, uno nacional y otro autonómico, y la tendencia a medio plazo será la del aumento del tipo normal. El IVA debe convertirse en el impuesto más importante sobre el que se base la justicia, la progresividad y la eficacia del sistema impositivo.

Los impuestos especiales sobre hidrocarburos, alcohol y tabaco deberán evolucionar aumentando sus tipos hasta alcanzar los mínimos establecidos en la UE. Los tipos finales deberán tener en cuenta, en todo caso, los diferenciales de precios y salarios existentes entre España y los países vecinos.

Pero falta el debate más importante: en que medida el Estado, en todos sus componentes locales, autonómicos y del Gobierno Central, debería mejorar su gestión para aumentar la eficacia, manifiestamente mejorable, de los servicios que presta.

Yo propongo iniciarlo con una cifra orientativa pero que que ha resultado adecuada en la empresa privada: con una mejora razonable y posible de la gestión el Estado podría proporcionar los mismos servicios reduciendo su coste en un 30%.

¿Se imaginan cómo cambiaría España si esta reforma, posible y razonable, se llevara a cabo?

La OPA de Gas Natural sobre Endesa y sus efectos sobre los consumidores

Las consecuencias para los consumidores de la OPA de Gas Natural sobre Endesa serán las siguientes:

a) La competencia no mejorará, en el mejor de los casos, y muy probablemente se resentirá:
- En generación desaparecerá el quinto operador por tamaño cuyas ofertas al mercado de generación, además, todavía no están afectadas por los CTCs.
- En distribución de electricidad nada variará, ya que los traspasos de redes de Endesa a Iberdrola no cambiarán el actual panorama de insuficientes inversiones que, por la falta de rentabilidad, impone el actual marco regulatorio.
- En distribución de gas desaparecerá la influencia del único grupo que se había atrevido a entrar en territorios que no eran suyos. Se resentirá el desarrollo en nuevas zonas de rentabilidad ajustada.
- En comercialización de electricidad y de gas desaparecerá un operador emergente (Gas Natural y Endesa respectivamente) con lo que en electricidad se estará más cerca del duopolio que del actual oligopolio y en gas natural la clara posición dominante del principal operador será aún más acusada.

b) Las inversiones necesarias en distribución de electricidad y de gas seguirán sin realizarse en todos aquellos casos (demasiados en electricidad y algunos en gas) en que el actual marco retributivo impide que sean rentables. Quizás las excelentes relaciones entre el actual Gobierno y el principal accionista de Gas Natural permitan llevar a cabo las modificaciones legales, totalmente necesarias, que incentiven la realización de las inversiones requeridas para que ambos sistemas den servicio con la calidad adecuada.

c) Los precios subirán, no sólo en la medida necesaria para cubrir todos los costes, incluidos los de la importación del gas natural que se consuma y el beneficio razonable para un operador eficiente, sino que añadirán la parte de ineficacia en la gestión y de beneficio extraordinario que los duopolios y oligopolios llevan siempre aparejados.