Crisis económica e infraestructuras

La inversión pública en infraestructuras es uno de los capítulos que más suelen usar los gobiernos para mitigar las etapas bajas del ciclo económico, desde que Keynes elaboró la teoría de que la política económica adecuada para relanzar la producción era ampliar el gasto público para aumentar la demanda total de bienes y servicios.

La experiencia acumulada de muchos gobiernos de distintos países y en distintas situaciones de crisis, ha ido matizando la validez de este tipo de política que no deja de tener algunas consecuencias negativas a un plazo bastante corto. El aumento del gasto público reduce en la misma cuantía la capacidad de financiación que queda para el resto de la economía y también aumenta la deuda pública y los tipos de interés, porque suele conducir a una demanda de recursos financieros superior a la oferta disponible.

En las últimas décadas, este tipo de política ha prescindido de cualquier aumento del gasto público dedicado al consumo para aumentar artificialmente la demanda, pero ha mantenido una cierta tendencia a aumentar la inversión pública, respecto al volumen medio del resto de las etapas del ciclo económico.

Esta política también tiene sus limitaciones y consecuencias negativas , por las mismas razones anteriores, pero tiene un aspecto claramente positivo ya que si, como es lógico, las infraestructuras adicionales están elegidas con un mínimo de sentido común, constituyen un elemento básico para facilitar el desarrollo de la economía en los años siguientes.

En la España actual, y a pesar del importante esfuerzo realizado en las últimas décadas, todavía hay un importante inventario de infraestructuras públicas pendientes, inventario que supera en mucho las posibilidades objetivas de cualquier gobierno durante el periodo bajo de un ciclo económico, por muy largo que éste pueda ser.

La fácil circulación de las personas, los bienes y los servicios, constituyen el primer capítulo a considerar, por lo que el impulso a la construcción de autovías, autopistas y carreteras (sin peajes, por favor) el desarrollo del ferrocarril (de alta velocidad y de cercanías) el metro y el resto de transporte público y la puesta a disposición del servicio de Internet a la mayor parte de la población (incluida la existencia de amplias zonas con servicio wifi universal y gratuito) debería ser uno de los ejes principales de los recursos públicos durante los próximos años.

También hay multitud de proyectos que requieren la inversión pública en las áreas de educación, sanidad, seguridad, infraestructuras urbanas y suministros de agua, electricidad, telecomunicaciones y gas natural que son necesarios para facilitar un desarrollo económico equilibrado y sostenido durante la próxima fase alta del ciclo económico, condiciones necesarias para que esa fase pueda ser tan prolongada, al menos, como la que finalizó el año pasado.

Corresponde al gobierno elegir los proyectos y fijar las prioridades y al equipo del Ministro Solbes establecer los límites económicos de la inversión que es prudente realizar cada uno de los años. De su acierto dependerá, en buena parte, el vigor y la duración de la etapa de crecimiento que seguirá a esta fase en la que, le guste o no le guste al gobierno, coinciden la situación de crisis (en el sentido estricto de la palabra de cambio rápido del volumen de actividad de la economía) y de recesión (en el sentido también estricto de reducción de la actividad económica) que ya está afectando a numerosos sectores y, muy probablemente, al conjunto de la economía.

Crisis económica y agua

Uno de los aspectos que, a pesar de su gran importancia, ha sido poco tenido en cuenta por los últimos gobiernos, incluidos los del PP, es el impresionante aumento de la población, 6 millones de personas en unos 10 años, el 15% de la población preexistente, en su mayoría adultos y económicamente activos en una proporción muy superior a la media.

Este aumento de población, y de la actividad económica que los nuevos habitantes han inducido, unido a la tendencia al mayor consumo de agua por persona y por unidad de PIB, han hecho que la escasez de agua se haya extendido a zonas más amplias tanto en términos estructurales como en situaciones de menor pluviosidad.

La falta de agua en amplias zonas del territorio español es un problema centenario, y la incapacidad de los políticos españoles para promover un reparto equilibrado del agua existente así como su uso eficiente es una muestra evidente de las carencias de nuestro sistema democrático, en el que la máxima parece ser “el poder a costa de lo que sea”

Josep Borrell, en su etapa de ministro, promovió la elaboración de un plan hidrológico que no llego a ver la luz por la llegada al poder del PP. El PP hizo otro que llegó a plasmarse en el BOE, pero que fue utilizado como arma política hasta el punto de que su derogación fue una de las primeras medidas del primer Gobierno de Zapatero, sin que fuera sustituido por una alternativa capaz de solucionar la falta de agua en muchas zonas.

Probablemente la no continuidad de la ministra Narbona se deba a su incapacidad demostrada para llevar a cabo una política hidráulica eficaz, ya que su máxima real ha sido que cada cual se aguante con el agua de que dispone, ya que facilitar más agua a los derrochones habitantes de España es contrario al medio ambiente.

La sequía de los últimos años en Cataluña llevó a pensar que si no llovía en la primavera de este año, podría ser necesario racionar el suministro de agua al área metropolitana de Barcelona, lo que podría poner en riesgo un importante caudal de votos, a pesar de la paciencia demostrada por los barceloneses ante la manifiesta incapacidad de los gobiernos socialistas (nacional, autonómico y municipal) para asegurar los servicios básicos de suministro de electricidad y transporte por ferrocarril con un mínimo de calidad.

Se vieron obligados a aceptar que, en determinadas situaciones, los trasvases de agua de unas cuencas a otras son la mejor solución, criterio contrario a sus tradicionales soflamas políticas, por lo que intentaron vestirlo de cualquier manera para que sus votantes no apreciaran el cambio de opinión.

Lo cierto es que las nuevas necesidades de agua se pueden cubrir con tres métodos complementarios: la eficiencia en el uso del agua, siempre, y, cuando es posible, los trasvases entre cuencas y la desalación.

Para mí no hay ninguna duda de que la vía de la eficiencia en el uso es la primera que hay que usar hasta el límite técnico y económico, incluso aceptando un cierto sobreprecio en las etapas iniciales del uso de nuevos procedimientos. Hay que actuar en todos los tipos de consumo, pero debería aprovecharse esta crisis para hacer una reforma total del uso del agua para regadío en todas aquellas zonas, demasiadas, en las que se sigue regando con procedimientos más cercanos a los de la época árabe que a los que permite la tecnología actual.

En cuanto a la elección entre trasvase y desalación, en aquellos casos en que ambas posibilidades coexisten, el criterio debería ser pragmático y optar por la vía que, cumplidos todos los requisitos medioambientales razonables, sea más económica para la sociedad a muy largo plazo. Todo apunta a que en algunos casos es mejor la desalación pero en otros debe elegirse el trasvase.

La política del agua es uno de los asuntos que exigen un pacto en el que estén, al menos, los dos principales partidos políticos y que no debería dejar de hacerse si no fuera posible que se unieran a él otros partidos relevantes. El pacto ofrecido por la ministra del ramo hubiera sido un buen inicio si no hubiera incluido una condición absurda, la posibilidad de estudiar la conveniencia de nuevos trasvases entre cuencas en todos los casos excepto en el del río Ebro, curiosamente el más caudaloso del país y el que, de vez en cuando, tiene unas avenidas más importantes.

El país agradecerá, mucho y durante mucho tiempo, que se dé una solución adecuada al problema del agua, aunque ello signifique el abandono de argumentos políticos que no se sostienen desde el punto de vista social y económico y que están creando una división, que antes no existía, entre los habitantes de las zonas en las que sobra agua y los de las zonas en las que falta.

Irlandeses, ¡gracias por vuestro no!

El viernes 13 de junio me enteré del no irlandés a la ratificación del tratado de Lisboa mientras estaba en Barcelona asistiendo a los Encuentros del Mediterráneo, jornadas destinadas a relanzar el llamado Proceso de Barcelona que, iniciado en 1995, tenía por objeto el desarrollo de las relaciones políticas y económicas entre los países de la cuenca mediterránea.

Este proceso dio resultados bastante positivos durante los primeros años, pero el asesinato de Rabín supuso un freno casi total para nuevos avances e, incluso, la vuelta atrás en algunos aspectos.

En estas jornadas se pudo escuchar a varias personas españolas muy relevantes que, en su día, tuvieron que ver con esta iniciativa, aunque hoy están en otras actividades. Participaron Pasqual Maragall, Miquel Roca, Josep Piqué y, el que en mi opinión hizo la mejor intervención, Manuel Marín.

Entre los ponentes de países de la Unión Europea, la inmensa mayoría habían estado, o están, dedicados políticamente al desarrollo de la UE y de sus relaciones con terceros países, y se nota claramente que defienden las posturas de la Comisión.

La noticia cayó como un jarro de agua fría y las reacciones no se hicieron esperar, desde la más prudente de Elisabeth Guigou, diputada y ex-ministra francesa, que lamentó el resultado del referéndum, pero añadió que esto no suponía, ni mucho menos, la muerte de la Unión Europea, hasta la más visceral del ex-Secretario de Estado español para la Unión Europea Alberto Navarro que, aún iniciando su comentario con la expresión del respeto a la decisión de los irlandeses, llegó a acusar a este país de desagradecimiento, por atreverse a votar no tras haber recibido muchas ayudas económicas de la UE desde que entró en el mercado común, y de dumping fiscal, por tener el impuesto de sociedades en el 12%, e insinuó que los irlandeses no deberían tener la opción de decir que no a la ratificación del tratado de Lisboa.

Me quedé con la impresión de tener una opinión minoritaria y poco comprendida, porque yo estaba, y estoy, muy contento del no irlandés. Y no porque sea poco europeísta, todo lo contrario, sino porque creo que es necesario que termine la fase de despotismo ilustrado en la formación de la Europa Política.

El tratado de Lisboa es un mal tratado, tanto desde el punto de vista objetivo, por su contenido, como de sus consecuencias a medio y largo plazo. Se hizo para dar solución al fracaso de la mal llamada Constitución Europea (la UE nunca admitiría a un país candidato que tuviera como constitución una copia mimética de ese proyecto) tras los rechazos de Holanda y Francia, pero la solución estaba viciada en origen ya que se modificó algo el contenido, para quitarle el inadecuado nombre de Constitución, y, sobre todo, para hurtar a los ciudadanos europeos la opción de dar directamente su opinión, aspecto que consiguieron en todos los países excepto en la bendita Irlanda, donde no es constitucionalmente posible.

Si se aprobara el tratado de Lisboa, o cualquier modificación menor para cambiarle de nombre y lavarle la cara, se estaría dando un nuevo periodo, de duración indeterminada pero larga, para que los euroburócratas puedan seguir siendo los que ideen las normativas, las redacten, aunque admitiendo ligeras modificaciones del Parlamento Europeo, las aprueben, las pongan en operación y controlen su evolución, sujetos en esa última función, eso sí, a la jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo.

Esos mismos euroburócratas que se atreven a acusar a Irlanda de dumping fiscal por tener un tipo de impuesto de sociedades del 12%, cuando ellos se han exonerado a si mismos de pagar impuesto sobre la renta y se han dotado de las pensiones de jubilación más generosas de toda la Unión.

Si realmente se quiere avanzar en la unión política, creo que la única forma razonable es iniciar un periodo constituyente, que debe comenzar por la elección de un Parlamento con ese cometido fundamental, la elaboración de un texto constitucional que merezca tal nombre y que, para los países que finalmente la aprueben, pase a formar parte de su propia constitución con prevalencia sobre el resto de su texto constitucional en caso de discrepancia.

Una vez aprobado el texto constitucional, se iniciaría el proceso de aprobación, o no, en todos y cada uno de los países de la Unión. El resultado final sería, previsiblemente, que unos países adoptarían esa constitución y otros no. Las consecuencias serían, obviamente, la existencia de una Europa a dos velocidades, la formada por todos los países que hubieran aprobado la Constitución, que podría llamarse Estados Unidos de Europa (EUE), y la formada por todos los países miembros de la UE, y los que se pudieran añadir en el futuro, que podría llamarse Unión Económica Europea (UEE) y que podría, además tener la vocación de una Unión Económica sin límites geográficos, germen de la futura y deseable Unión Económica Mundial.

El Parlamento Europeo debería tener dos cámaras una para los parlamentarios de la EUE y otra para los de la UEE en la que se añadirían a los parlamentarios de la EUE los de los países que sólo pertenezcan a la UEE.

Los ciudadanos de todos los países conocerían por tanto, en el momento de votar la constitución, el texto integro de la misma (que debe tener una vocación de larga vigencia) las consecuencias sobre la cesión parcial de soberanía a la nueva entidad en caso de aprobación y las consecuencias de no integrarse en la unión política en caso de rechazo.

Personalmente soy partidario de un texto no especialmente largo, en el que estén claras las competencias de la nueva entidad y las condiciones para la entrada (y también la eventual salida de miembros), la definición de un Parlamento, un Gobierno (cuyo presidente sea elegido directamente bien por los ciudadanos, bien por los parlamentarios) que responda, como cualquier gobierno democrático, ante el Parlamento, y un Tribunal, que bien podría ser el de Luxemburgo para no aumentar excesivamente la burocracia.

La financiación de esta nueva entidad debería hacerse con una parte de las cuotas del IVA ingresadas en todos los países incluidos, que deberían aprobarse por el Parlamento y serían aplicables a todos los bienes y servicios, con la deseable excepción de los de consumo básico, que podrían agruparse en un conjunto de tipo de IVA cero que podrían adoptar los países que así lo quisieran.

En la cumbre de julio la UE deberá dar algún tipo de respuesta a la nueva situación, que probablemente será retórica, y en la de diciembre deberá aprobarse una solución, que no será fácil, y que nos dará una idea de las ambiciones europeistas reales de los políticos actuales.

Estoy convencido de que la presidencia francesa del segundo semestre de este año cambiará mucho respecto a lo previsto, como consecuencia del no irlandés, y tengo bastantes esperanzas de que la diplomacia francesa promueva una solución abierta, que devuelva a los ciudadanos el protagonismo que nunca deberían haber perdido.

Con la esperanza de que el proceso de formación de Europa se acelere gracias a vuestra votación, repito mi alegría. ¡Gracias, irlandeses, muchas gracias, por vuestro no!

Crisis económica y sector energético

El sector energético sería, en estos momentos, uno de los más importantes para cualquier gobierno, aún en el caso de que no hubiera crisis económica, porque la sociedad ha tomado conciencia de que es necesario un cambio profundo del modelo energético para asegurar la sostenibilidad del grado de bienestar alcanzado en los países más desarrollados y su extensión a capas cada vez más extensas de la población mundial.

La existencia de la crisis, y el hecho incontestable de que el aumento de los precios de la energía en los mercados internacionales es uno de los elementos principales, aunque no el único, que la han impulsado hace que sea aún más importante la actuación del gobierno en esta materia con el doble objetivo de paliar los efectos negativos sobre la economía a corto plazo y de diseñar y poner en funcionamiento el nuevo modelo energético que, en el caso de España, es una buena ocasión para convertir en oportunidad la actual debilidad de nuestra dependencia energética.

Los criterios a emplear a corto plazo deberían ser la promoción de la eficiencia y del ahorro de energía y la desaparición, cuanto más rápida mejor, de las barreras que todavía existen para la efectiva liberalización así como de las situaciones de posición dominante que permiten la existencia de precios excesivos para los consumidores.

A largo plazo sería necesario hacer un plan energético con un horizonte que llegue al menos hasta el año 2050 en el que se promueva el cambio de modelo energético teniendo también en cuenta el periodo transitorio para que sea asumible para la sociedad. Este aspecto es suficientemente complejo como para dedicarle un escrito específico una vez terminada esta serie sobre la crisis económica.

La promoción del ahorro y de la mayor eficiencia del uso de la energía se debe basar en dos aspectos fundamentales, la aplicación de los costes reales a los precios de todos los consumos y la utilización de las ayudas para las acciones que efectivamente lleven a alternativas energéticamente más eficientes.

Las tarifas (o los precios de los suministros de último recurso, eufemismo inventado para denominar a las tarifas que quedarán después de haberlas eliminado formalmente) deben siempre cumplir los criterios de ser aditivas y de cubrir los costes de cada escalón de actividad, aspectos que ya se cumplen en el caso del gas natural pero que están lejos de ser resueltos en el caso de la electricidad.

La eliminación de los precios de monopolio o de oligopolio, en aquellas actividades en que todavía se dan, tanto si tienen precios libres como si están regulados, es la única vía que los gobiernos central y autonómicos pueden, y deben, usar para reducir los precios a los consumidores finales.

En el caso de actividades con precios libres, la eliminación de las situaciones de posición dominante es la mejor manera de acabar con los sobreprecios y para ello deben usarse simultáneamente dos vías: la separación obligada y total de las actividades que implican la utilización de redes (con lo que ninguna empresa o grupo que tenga una participación directa o indirecta que supere el 1% en una o más actividades reguladas de un sector pueda realizar actividades liberalizadas en el mismo sector) y la limitación progresiva de las cuotas de mercado, de forma que a medio plazo ninguna empresa pueda tener más del 10% del mercado en ninguna de las actividades.

En el caso de las actividades reguladas, la mejor vía es el establecimiento de sistemas retributivos públicos y transparentes y con métodos y plazos de actualización y de revisión conocidos, y que, asimismo, sean públicas y transparentes las retribuciones asignadas a cada instalación de cada empresa en cada periodo retributivo.

En consecuencia, la mayor parte de las acciones deseables en la política energética requieren muy poco gasto público y en las que si lo requieren (las ayudas a la mejora de la eficiencia y el ahorro de energía y las inversiones destinadas a desarrollar y mejorar las infraestructuras de transporte y el transporte público) se pueden modular de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. La aplicación de una política energética adecuada a las necesidades del país es por tanto cuestión de voluntad política y de hacer bien el trabajo regulatorio.

Crisis económica y sector financiero

La crisis económica actual tiene como una de las causas principales los problemas del sector financiero, más graves en otros países que en los de la zona euro, pero que han salpicado a todos los países a causa de la globalización.

Los problemas del sector financiero internacional tienen su origen en la pérdida de la prudencia en la gestión de las empresas que cotizan en bolsa, entendida como la gestión encaminada a conseguir como objetivo principal la continuidad de la empresa a medio y largo plazo en situación de beneficios, un comportamiento desconocido hasta hace un par de décadas, pero que se ha ido extendiendo peligrosamente y que también ha alcanzado a los bancos.

En el caso de los bancos la gestión poco prudente se ha traducido en la concesión de préstamos, con una cuantía acumulada muy importante, a personas o entidades que, razonablemente, no podrían devolverlos (caso de los bancos en Estados Unidos) o en la compra de paquetes de hipotecas que no tenían explícitamente analizada su solvencia, aunque se hubieran adquirido a bancos de primera clase (caso de los bancos de multitud de países, entre ellos de España)

El objetivo en todos los casos era aumentar la rentabilidad a corto plazo, único indicador que, al parecer, importa realmente a los analistas financieros, cuya opinión es, por otra parte, uno de los aspectos que más importan a los gestores de las empresas que cotizan en bolsa.

El resultado de esa gestión poco prudente ha sido la aparición de una gran desconfianza en la situación económica de buena parte de las entidades financieras (parece que ni ellas mismas saben con cierta exactitud su exposición a los fallidos) y la consiguiente falta de liquidez, ya que el dinero huye ante la percepción de inseguridad.

En el caso de España, la falta de liquidez se ha agravado, respecto a otros países, como consecuencia del creciente déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente y de la brusca caída de la compra de inmuebles por parte de no residentes. El aumento de los tipos de interés y las mayores exigencias de solvencia, por parte de bancos y cajas, a los demandantes de créditos, han reducido considerablemente la concesión de nuevos créditos pero, a pesar de ello, hay una notable falta de liquidez en el sistema financiero español.

La reducción del crédito irá, necesariamente, acompañada de una importante caída no sólo de la adquisición de viviendas, sino también de las inversiones de las empresas y profesionales y este es un factor que incidirá negativamente en la duración e intensidad de la fase baja del ciclo económico en que nos encontramos.

Poco puede hacer el gobierno para actuar sobre la liquidez del sistema financiero y sobre la cuantía de los créditos a conceder: los tipos de interés son fijados por el BCE y nada hace pensar que se vayan a reducir en los próximos meses, la política crediticia la fijarán las entidades financieras, que en muy pocos casos son públicas, y la confianza en la solvencia de los receptores no se puede regular.

La influencia más importante del sector público sobre la liquidez se hace de forma indirecta, a través del saldo de sus cuentas, ya que si incurre en déficit, la financiación del mismo reduce, en su misma cuantía, la cantidad de dinero disponible para financiar las iniciativas privadas.

Crisis económica y política de suelo y vivienda

Normalmente en los periodos de crisis económica, Las políticas de suelo y de vivienda no se suelen modificar. Existe, eso sí, la experiencia histórica de que el sector de la construcción tiene un ciclo que va algunos meses adelantado respecto al ciclo general, y se da por hecho que la menor actividad de la construcción avisa de la próxima llegada de los cambios de ciclo.

En esta ocasión el sector de la construcción no sólo avisó con varios meses de anticipación la llegada de la crisis, sino que también adelantó la mayor rapidez del cambio de tendencia y, para los que lo quieran ver, la mayor profundidad de su alcance (que para muchos sectores está todavía por llegar) y, además, la caída de actividad de ese sector está siendo uno de los elementos que más están afectando a la actividad general.

El mayor problema que tiene este sector en España es de tipo legal. La Ley del suelo actual, como las anteriores, tiene un vicio de diseño que es la causa primera de la inestabilidad que sufrimos. Este vicio es el concepto básico de que en España está prohibido construir excepto donde, por excepción, se permite.

La posibilidad de construir en determinados lugares viene dada, además, por la decisión arbitraria de unas dependencias administrativas situadas en el ámbito de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. La obtención del permiso para construir multiplica el valor del suelo no urbanizable por un factor que, en la mayoría de los casos, es del orden de 50, y este aumento de riqueza para el propietario es el caldo de cultivo para que la arbitrariedad se dirija en función de los intereses económicos de los promotores.

Por si fuera poco, los ayuntamientos han encontrado una fuente de ingresos muy importante en la especulación del suelo, ya que los propietarios del suelo que cambia de calificación deben ceder al ayuntamiento un porcentaje relevante de la superficie recalificada.

Para acabar de complicar la cuestión existe la figura de las viviendas de protección oficial, que tiene las siguientes características:
- Importante reducción de los impuestos asociados a la construcción de las viviendas (en su mayor parte municipales)
- Garantía de que los importes pagados por los compradores de las viviendas (cuando la compran antes de estar terminadas) sólo se podrán emplear para pagar la construcción.
- Precio máximo de venta y niveles de calidad mínima, fijados por la administración.
- Necesidad de cumplir determinadas condiciones para poder ser comprador.
- Limitación del precio de venta y del precio del posible alquiler durante un largo periodo de tiempo.

Muchas de estas características son muy positivas, ya que permiten que muchas familias de renta media/baja accedan a una vivienda en propiedad con unas condiciones muy favorables. Pero la especulación galopante del suelo ha llevado a una situación en la que el precio de las viviendas de protección oficial es inferior, en casi todos los sitios, a la repercusión del precio del suelo en las viviendas de promoción libre que se puedan realizar en el mismo lugar. La picaresca ha llevado a una situación en la que para los ayuntamientos es más conveniente vender el suelo inicialmente previsto para viviendas de protección oficial al mismo promotor que se lo había cedido, por el precio de mercado del suelo para la vivienda libre, con lo que se evitaba la competencia de la vivienda protegida y las arcas del municipio incrementaban sus ingresos.

El suelo urbanizable adquirido en los últimos tiempos por los promotores, pero todavía no construido, lo ha sido a unos precios que hacen imposible la construcción de las viviendas y su venta a unos precios que puedan ser pagados por las familias que tienen unos ingresos normales, pero superiores a los que permiten optar a viviendas protegidas.

La política de vivienda anunciada por el Gobierno, supondría la construcción de un número de viviendas equivalente a la necesidad de viviendas por el crecimiento vegetativo del número de familias y la sustitución de las muy antiguas. Si se lleva a cabo el programa previsto (para lo que la mayor dificultad está siendo, como no, la disponibilidad de suelo al precio requerido para que el precio final sea viable) la situación más probable para los próximos años será la de una actividad constructora muy inferior a la de los últimos años, aunque suficiente para atender las necesidades mínimas de vivienda, con una reducción muy importante de la actividad en el mercado libre y la exclusión de la posibilidad de adquirir su vivienda al segmento de población joven y con ingresos superiores a los que permiten optar a la vivienda protegida, pero inferiores a los necesarios para adquirir la vivienda libre.

Para que a la salida de esta crisis el precio del suelo edificable no siga siendo una rémora insoportable para amplias capas de la clase media, es necesario un cambio en la ley del suelo que erradique la posibilidad de la especulación y, para eso, es necesario eliminar la recalificación arbitraria que multiplica el valor del suelo rústico elegido para que pase a suelo urbanizable.

Como siempre, la libertad y la multiplicidad de opciones sería la solución óptima: libertad de construir donde se quiera (excepto donde de forma explícita y justificada esté prohibido, como por ejemplo la distancia mínima de la costa, ríos o lagos, los parques naturales, los caminos y cañadas etc.)

Naturalmente, sería necesario imponer unas condiciones generales que impidan la construcción desordenada, que dependerían de la distancia al centro del núcleo de población de referencia, de la población que vive en ese núcleo, del estilo de construcción de la zona y de la disponibilidad, a costa del promotor, de todos los servicios básicos imprescindibles (al menos suministro de agua potable, electricidad y eliminación de aguas pluviales y fecales)

A fin de evitar la arbitrariedad de los permisos de obras, el mecanismo debería ser que el profesional homologado para realizar el proyecto (y el colegio profesional correspondiente que debería visarlo) se responsabilizaran del efectivo cumplimiento de todas las normativas exigibles, y que la licencia de obras se obtuviera de forma automática por el método de la autoliquidación de las tasas e impuestos correspondientes por parte del promotor, acompañada como requisito imprescindible de la copia del proyecto firmada por el autor y visada por su colegio profesional (sin limitación territorial alguna) Las administraciones municipal y autonómica tendrían el papel de comprobación del cumplimiento de las normas, pero sin la potestad de parar las obras o impedir la iniciación, o exigir el cese, de la actividad, aspectos que deberían quedar restringidos a los tribunales con todas las garantías procesales y, también, con la asunción de todas las responsabilidades para los implicados.

Este método eliminaría, sin duda, la arbitrariedad y reduciría notablemente la corrupción, pero tiene tres inconvenientes fundamentales: la necesidad de aprobar una ley de ámbito nacional que introdujera todos esos cambios, la necesidad de modificar la financiación de los ayuntamientos, para que no tengan que recurrir a la especulación del suelo (y no puedan hacerlo) y el hecho innegable de que si se modifican a la baja los precios del suelo, hasta llegar a su coste razonable, los actuales propietarios tendrían que asumir las pérdidas correspondientes.

Con todo, las ventajas a medio y largo plazo para el conjunto de la sociedad serían enormes, empezando por la posibilidad del cumplimiento del derecho constitucional a la vivienda digna para la casi totalidad de los ciudadanos.

Crisis económica: Política fiscal

La política fiscal en una situación de crisis como la actual es el elemento más complicado de la política económica de cualquier gobierno, ya que tiene que cumplir simultáneamente tres condiciones siempre difíciles de conciliar, pero mucho más en época de vacas flacas.

Los tres elementos a conciliar son el aumento de las necesidades a cubrir por el sector público, la necesidad de evitar que un aumento excesivo de la presión fiscal lleve a un descenso de la actividad y a un aumento de la economía sumergida y la puesta en práctica de las modificaciones fiscales que permitan una salida más rápida de la mala coyuntura económica y que esa salida se realice en las mejores condiciones. Además de las variaciones de los impuestos, la única herramienta que le queda al gobierno es el manejo del equilibrio de las cuentas públicas, modulando, siempre dentro de márgenes no muy amplios, la situación de superávit o déficit.

Hay muchas posturas teóricas sobre la conveniencia, o no, de incurrir en déficit en la fase baja del ciclo económico. Mi opinión es que puede ser positivo incurrir en déficit con dos condiciones: que el resultado de las cuentas en el conjunto del ciclo sea equilibrado o de superávit y que el importe del déficit se emplee exclusivamente en aumentar las inversiones públicas.

Además, durante la fase baja del ciclo económico se debería poner especial cuidado en ajustar los gastos corrientes, eliminando todos los que no sean estrictamente necesarios, y en aumentar la eficiencia de las administraciones.

En cuanto a la política fiscal propiamente dicha, debería continuarse la necesaria mejora del sistema impositivo en el sentido de simplificar los procedimientos, reducir la carga de tiempo exigida a los administrados para cumplir las obligaciones y mejorar el cumplimiento tributario sin aumentar la presión para los contribuyentes que cumplen sus obligaciones.

Dada la coyuntura política actual, coincidirá en el tiempo la fase baja del ciclo con la necesidad de modificar el modelo de financiación de las comunidades autónomas y, dado el pasado más reciente de las cuentas municipales, cabe esperar un aumento espectacular de las demandas de mayores fondos por parte de los ayuntamientos para poder continuar con el aumento desbocado de sus presupuestos a pesar de la importante caída de sus ingresos derivados de la especulación del suelo y de la actividad inmobiliaria.

Teniendo en cuenta la creciente importancia de la participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en el manejo de los dineros del Estado, debería aprovecharse esta coyuntura para dar algunos pasos importantes en la modernización del sistema fiscal.

En primer lugar, hay que desarrollar ampliamente la corresponsabilidad fiscal, en el sentido de dar mayor libertad a comunidades autónomas y ayuntamientos para fijar los tipos de los impuestos que tengan parcial o totalmente cedidos. A este respecto, creo que es realmente importante mantener una normativa única, también en lo que se refiere a los reglamentos, en cuanto a los impuestos y tasas, de forma que se mantenga la unidad del mercado.

En el caso límite, que antes o después será aplicable al IVA, por ejemplo, el impuesto tendría tres tipos acumulativos, uno de la Administración Central, que lógicamente deberá ser único para todo el territorio, otro de la comunidad autónoma y un tercero del ayuntamiento.

Como yo soy partidario de la competencia fiscal entre administraciones, ya que de la misma manera que la competencia entre empresas genera mejoras de eficiencia en la actividad de éstas, que al final redundan en menores precios y/o mayor calidad, la competencia fiscal llevaría a mayor eficiencia en la actividad de las administraciones públicas que redundaría en menores impuestos y/o mayor calidad de los servicios públicos. Una reducción del 30% en el coste de los servicios prestados por las administraciones, en la hipótesis de que éstos no aumentaran ni disminuyeran, sería fácilmente conseguible en el plazo de una legislatura y el incentivo que necesitan las administraciones es que sus ingresos estén sujetos a las decisiones de los administrados de cambiar de administrador si el que tienen no es eficiente, unido a la libertad de fijar el tipo que cobrarán en su parte.

En segundo lugar, esta libertad de fijar los tipos en el ámbito que después afectará a los ingresos, tiene que ir necesariamente unida a una normativa estricta en el medio plazo, aunque más flexible en el corto, sobre el equilibrio de las cuentas públicas de cada administración que, a efectos de este cálculo, debería incluir, sin excepción, cualquier participación de la administración correspondiente en todo tipo de sociedades, públicas o privadas, y de organizaciones sin ánimo de lucro.

Finalmente, debería seguirse avanzando en la creciente importancia del IVA tanto para aumentar su peso en el conjunto de los ingresos públicos como para aumentar su progresividad, lo que sólo se puede conseguir aumentando el número de tipos, incluyendo la introducción del tipo cero y de al menos un nuevo tipo, más elevado, para los bienes y servicios más lujosos, contaminantes o generadores de otros perjuicios sociales.

Crisis económica

Todo el mundo está de acuerdo en calificar como crisis la actual situación económica española, aunque el Gobierno y sus seguidores buscan la forma de evitar el uso de esta palabra.

Según el diccionario de la Academia, la palabra crisis tiene 7 acepciones:
- La primera de ellas se refiere a las enfermedades y la palabra crisis es aplicable cuando se produce un cambio brusco en su curso, ya sea para mejorarse, o para agravarse el paciente.
- La segunda es una generalización de la anterior, y el vocablo es aplicable a la mutación importante en el desarrollo de otros procesos.
- Las acepciones tercera a quinta no son aplicables a la economía de un país, la sexta es la de escasez o carestía y la séptima, también general, es la de situación dificultosa o complicada.

En economía, lo habitual es denominar crisis a las fases del ciclo económico en que el ritmo de actividad cambia de forma muy rápida, tanto si se trata de crecimiento del mismo como si se trata de caída.

Por tanto parece claro que el empleo de la palabra crisis para definir la actual situación económica resulta adecuado, ya que estamos en un proceso de reducción rápida del ritmo de crecimiento de la actividad y en un entorno de carestía y de dificultad y complicación notables.

Pero la situación económica evoluciona de forma muy distinta en los distintos sectores, la crisis es más obvia en el sector de la construcción, también es muy relevante en el sector financiero, en la hostelería, en la venta de automóviles y en los sectores directamente conectados con los anteriores. En mayor o menor medida, la práctica totalidad de la actividad económica se está viendo afectada y la sensación creciente de estar en dificultades económicas, reduce aún más la demanda de bienes y servicios, por lo que la situación empeora todavía más.

La reacción de los distintos agentes económicos es la esperable en este tipo de situaciones: los gobiernos niegan la existencia de crisis, pero simultáneamente anuncian paquetes de medidas de choque que sólo se entienden en esa situación, los responsables de comunicación de los distintos sectores y empresas admiten la existencia de crisis, si bien en todos los casos con un alcance inferior al real y haciendo mucho énfasis en los indicadores que dan una imagen más positiva de la situación.

Las encuestas muestran también que la población es consciente de la dificultad de la situación, aunque de la suma de las respuestas sobre la situación personal de cada encuestado se deduciría que la crisis no existe.

En el fondo, la respuesta de la mayoría es el reconocimiento de que hay un problema, unido a la seguridad de que los demás están mucho peor y al intento de que los platos rotos los paguen los demás.

También parece haber una aceptación generalizada de que es el destino el que marca el inicio, la intensidad y el final de la crisis, lo que unido al deseo, más generalizado aún, de que sean los demás los que paguen las consecuencias, abre la puerta a una gestión inapropiada de la crisis por parte de los gobernantes, basada en el abuso de los fondos públicos para mantener el gasto de consumo y del mantenimiento, cuando no refuerzo, de las situaciones y condiciones de privilegio.

Sin embargo, la historia económica nos demuestra algo bastante importante: que la gestión que se haga de la crisis tiene mucha influencia en la duración e intensidad de la misma y en el ritmo de crecimiento que se pueda alcanzar una vez finalizada y que el no darse por enterado de que existe una crisis es también una forma de gestionarla, probablemente más cómoda a corto plazo, pero seguramente mucho menos eficiente

El actual gobierno de España tiene que decidir como actuar específicamente en los siguientes campos y sectores: política fiscal, suelo y vivienda, sector financiero, energía, agua, infraestructuras, además de los servicios públicos esenciales que deben abordarse en todas las situaciones económicas (sanidad, educación, pensiones y seguridad), y en los próximos días dedicaré algunas reflexiones a cada uno de ellos.