El gobierno de la comunidad autónoma continúa
implacable su plan de “privatizar” la sanidad.
No es un plan nuevo, ya que desde hace años se está
privatizando la gestión de los nuevos hospitales, excepción hecha, hasta ahora,
de la atención sanitaria.
Es verdad que esta privatización no ha supuesto,
todavía, que se tenga que pagar por la atención médica, aunque las empresas que
tienen interés en hacerse con el control de la sanidad ya han empezado a hacer
un pingüe negocio ¿a costa de quien?
Pero una vez alcanzada esta meta sin que haya habido
ninguna oposición relevante por parte de la ciudadanía, que es cierto que
apenas ha notado cambios en la atención (excepción hecha de algunos detalles
derivados del ahorro de costes, no por mejor gestión sino por reducción de las
prestaciones o de los equipamientos puestos a disposición del personal
sanitario, que un número reducido, pero creciente, de usuarios ha ido notando
en sus casos particulares) ya se han lanzado de lleno a la privatización
progresiva de la atención sanitaria.
Los argumentos de los políticos que la imponen son
claros: es necesario ahorrar costes mediante la desaparición del despilfarro
que se deriva de la gestión pública.
Los argumentos de los contrarios no son menos
contundentes: eliminen los despilfarros que puedan existir, pero manteniendo la
gestión pública y, en el peor de los casos, el sector público se ahorrará el
beneficio que seguro que se llevará la iniciativa privada ¿o lo van a hacer
gratis et amore?
Pero el mayor peligro está por venir. Si la sociedad
lo acepta, poco a poco iremos irremisiblemente avanzando hacia el modelo
americano, aunque ligeramente modificado por la casi universalidad del punto de
partida: la sanidad de coste no excesivo la seguirá proporcionando el sistema
público, aunque eso sí, con importantes retrasos para que el máximo de personas
se deriven “voluntariamente” hacia la sanidad privada, y la sanidad cara, que
casualmente es la que puede proporcionar mayores beneficios, desaparecerá de
hecho del catalogo público (por la vía de las colas que harán que la mayoría de
los pacientes que no se deriven a la privada mueran por falta de atención en
los plazos requeridos) y sólo los que la puedan pagar, podrán superar esas
enfermedades.
Sólo hay que tener en cuenta dos datos para darse
cuenta de lo que nos espera: en Estados Unidos cada año se gasta en sanidad
(entre pública y privada) un 15% del PIB cifra que en España aún no llega al 8%
(y nuestro PIB por habitante es bastante menor) pero, oh maravilla, la vida
media es superior en España en unos cinco años. Es de esperar que, gracias al
nuevo modelo, ambas diferencias se vayan reduciendo a gran velocidad.
Gastaremos al menos el doble en sanidad y viviremos cinco años menos de media
(y de paso cobraremos cinco años menos la pensión habiendo cotizado lo mismo).
No se puede decir que los médicos de Estados Unidos
sean malos, ni que los medios técnicos sean allí peores. La diferencia es el
modelo, que en un sistema público bien gestionado debe proporcionar al paciente
el tratamiento que sea más adecuado para curar lo antes posible su dolencia y
en un sistema privado bien gestionado lleva irremisiblemente a darle el
tratamiento que deje un mayor beneficio al sistema sanitario (que salvo raras
excepciones no es el más adecuado para el paciente, pero sí el más caro.
¿Cual es la única solución que nos queda a los
ciudadanos? Sencillamente dejar de votar a cualquier partido que no se
comprometa, públicamente y de forma inequívoca a dar marcha atrás en el proceso
de privatización en la sombra. Y también, aquellos a quienes les hagan
encuestas electorales, podrán decir claramente que su voto está dirigido
principalmente a conseguir que no se privatice la sanidad.
