Deuda española con el exterior

Ya están disponibles los datos del Banco de España de la deuda española con el exterior a finales de 2010. Los datos deben calificarse, sin duda alguna, de evolución positiva, lo que no significa que no falte aún un largo periodo de digestión de los problemas en que nos habíamos metido desde 2002.

Son positivos porque por primera vez en lo que va de siglo, la deuda española con el exterior se ha reducido respecto a la de un año antes, aunque lo haya hecho tan sólo en el 1,35%, y eso significa que por primera vez en diez años se ha corregido uno de los principales desequilibrios macroeconómicos que están en la base de la intensidad de la crisis que padecemos.

La deuda externa total a largo plazo era, a finales de 2010, prácticamente idéntica a la de tres años antes, momento en el que se inició la crisis, lo que podría indicar que el sector financiero internacional hubiera puesto un tope en la cantidad de deuda a largo plazo que está dispuesto a aceptar que tenga nuestro país.

También es un dato muy positivo que la reducción se haya dado en el sector privado (descenso del 2,6%) y en el conjunto de las instituciones financieras (descenso del 1,1%) aunque las Administraciones Públicas hayan aumentado su deuda en el 0,6% (lo habían hecho en el 31,5% en 2009 y en el 14,8% en 2008)

Los problemas que quedan por resolver no son pocos, ya que España deberá continuar bastantes años con una tendencia a reducir su endeudamiento con el exterior, lo que significará necesariamente que mientras exista déficit público, podrá contar para la financiación de la economía sólo con una parte del ahorro interior, y esta escasez de financiación será un freno para el incremento de la capacidad productiva en procesos de mayor competitividad.

El Gobierno seguirá reduciendo el déficit público, pero si continúa haciéndolo en una buena parte con el aumento de la presión fiscal, hará más difícil la recuperación del consumo. Por este motivo es especialmente importante que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos asuman que los ingresos fiscales de los años previos a la crisis no eran ingresos estables y que pasarán muchos años antes de que vuelvan a tenerlos, por lo que deben reducir su gasto (a ser posible con mejor gestión y con la reducción y eliminación de los gastos no imprescindibles.

El sector financiero tendrá que seguir saneando su exposición a los proyectos inmobiliarios tóxicos, por lo que también intentará aumentar las comisiones y los márgenes que cobra al sector privado.

Y el sector privado, único que no puede, en la mayoría de los casos, traspasar su déficit a terceros, seguirá ajustándose el cinturón para capear la crisis, a la espera de que pueda aumentar sus ingresos por la vía del aumento de las horas de trabajo.

Pero la senda de la corrección se ha iniciado, y si se continúa por ella, poco a poco se empezará a recuperar el empleo.

Centrales nucleares: repercusiones económicas para las empresas propietarias

El accidente de la central de Fukushima pasa a tener a partir de hoy la calificación de máxima gravedad, la misma del accidente de Chernobil aunque por el momento todo parece indicar que la contaminación radioactiva final será menos grave.

Las empresas propietarias de centrales nucleares de todo el mundo empezarán ahora a hacer las cuentas de lo que les va a costar el accidente de Fukushima (aunque no tuvieran ninguna participación en la empresa)

En el caso de las empresas españolas, por el lado de los ingresos de las centrales actuales, las repercusiones podrían ser realmente espectaculares (unos 400 millones de euros por cada año que se deje de prorrogar la vida operativa de cada central) y en cualquier caso, es de esperar que las exigencias de inversiones para prorrogar la vida operativa aumenten de forma muy relevante, lo que supondrá una reducción equivalente de sus beneficios.

En cuanto a la central de Garoña, si tenían alguna esperanza de que la decisión de cierre fuera reversible a estas alturas ya se habrá desvanecido ante el riesgo de que los problemas de grietas de Fukushima pudiera existir también en Garoña.

En cuanto a los proyectos de centrales futuras, cabe poca duda de que aumentarán las exigencias de seguridad, y por tanto el coste final de las instalaciones y el precio medio de generación, aunque lo cierto es que, en España, todavía no se han empleado cantidades relevantes de dinero en ningún proceso inversor para instalar una nueva central.

La única duda es si el lobby pronuclear reducirá de forma relevante su presupuesto de propaganda durante un largo periodo de tiempo, como parece probable, ya que sus voceros están empezando a hacernos creer que la decisión de instalar las centrales existentes fue cosa de todos, que además se tomó con plena conciencia de los riesgos existentes, y de sus consecuencias y costes en caso de accidente grave, por lo que, como es lógico, las consecuencias las debemos pagar entre todos. También es de destacar el argumento de que en Japón habrán muerto mas personas como consecuencia del tsunami que a causa del accidente de Fukushima.

Centrales nucleares: política de comunicación

El rechazo que una parte de la población tiene respecto a la instalación de centrales nucleares en su país (a veces mayoritaria como en Italia o en España, a veces minoritaria, como ocurre en Francia, pero siempre relevante) es una de las principales barreras que tienen que vencer los promotores de este tipo de instalaciones.

En consecuencia, siempre he pensado que los promotores de futuros proyectos y los propietarios de las instalaciones existentes deberían tener una política de comunicación que redujera al mínimo la oposición derivada de la falta de información.

Pienso esto porque yo estoy convencido de que una industria nuclear que tuviera como principal objetivo la minimización de los riesgos, aun cuando este objetivo redujera algo la muy elevada rentabilidad económica que tiene.

Sin embargo, la realidad constatada es que las empresas operadoras de centrales nucleares (al menos la mayoría de ellas) dan prioridad a la maximización de los beneficios cuando se enfrentan a la disyuntiva de reducir riesgos cuando esto supone un aumento de coste superior a la esperanza matemática del valor del riesgo que se asume (producto del coste estimado del accidente, si se produce, por la probabilidad de que se produzca) política que necesariamente lleva al incremento de incidentes aunque con unos beneficios superiores, salvo que el incidente resulte ser un accidente grave , muy grave o catastrófico, en cuyo caso la pérdida de beneficios supera en mucho al coste evitado.

En la fase de promoción, en la que nos encontrábamos en España antes de la catástrofe de Fukushima, la política se centra en presentar las grandes ventajas, reales o supuestas, de las nuevas centrales.

Cabe destacar entre las ventajas reales la ausencia de emisiones de CO2 en la operación, la mayor independencia y seguridad respecto a los suministros de petróleo y de gas natural, y la seguridad ampliada respecto a las centrales actuales (que ya tienen una seguridad muy elevada)

En cuanto a las supuestas, no se puede olvidar la negación de que la energía nuclear de fisión tiene una capacidad de generación total limitada (no es cierto que existan reservas de uranio infinitas en la Tierra, ni que la duración de las reservas existentes fuera equivalente a la de las reservas de gas natural o de petróleo para producciones de energía similares) el olvido de la existencia de problemas con el tratamiento de los residuos (su duración con la tecnología actual sería de 15 a 20 siglos, muchos menos de los mas de 30 siglos con la tecnología de hace cuarenta años, pero a todas luces todavía excesiva) o la promesa (imposible de cumplir con las tecnologías actuales) de unos costes medios inferiores de la electricidad generada si se comparan con los costes de la generación hidráulica, con gas natural, con carbón o con derivados del petróleo.

Estas grandes ventajas, que son aireadas por los representantes del sector, pero también por políticos o comunicadores que se prestan a ello, sea por convencimiento propio o por intereses personales, unida a la supuesta ausencia de aspectos negativos, llevan a un mensaje que ciertamente ha calado en una parte relevante de la población: o la energía nuclear o el caos.

Muy probablemente, la campaña habría tenido éxito si no se hubiera producido la catástrofe de Fukushima, con la que no solo se ha constatado que no es imposible (aunque si muy poco probable) que haya un accidente nuclear de gravísimas consecuencias en un país desarrollado, sino que la actuación de la empresa propietaria durante las primeras horas y días supuso la renuncia a la minimización de la contaminación nuclear con el objeto de intentar salvar el grueso de las instalaciones.

Como ese tipo de decisiones no son tomadas por expertos en la tecnología nuclear y en los riesgos de las operaciones, sino por directivos que solo piensan en sus intereses económicos personales, el resultado ha sido el peor posible: ni se ha minimizado la contaminación nuclear, ni se han salvado las instalaciones, ni se ha evitado el incremento de la desconfianza de la población mundial en el sector nuclear, dada la política de información trufada de mentiras y de ocultamiento de datos que se ha seguido.

Centrales nucleares: aspectos políticos

Los aspectos políticos son muy importantes para entender por qué las centrales nucleares se instalan en unos países mas que en otros y por qué razones sociedades próximas tienen opiniones mayoritarias muy diferentes.

Francia, por ejemplo, es un país en el que se ha maximizado la potencia nuclear instalada. El desarrollo inicial se debió al interés del General de Gaulle, entonces Presidente de la República, de contar con su propia fuente de plutonio para el desarrollo de armas nucleares (el plutonio es uno de los elementos radioactivos que se producen en mayor cantidad en las centrales nucleares y se puede reutilizar tanto como combustible para determinados tipos de reactor de centrales nucleares como ara la elaboración de armas nucleares)

Francia no solo obtiene la mayor parte de la electricidad a partir de centrales nucleares, sino que además cuenta con la sociedad civil mas proclive al uso masivo de la energía nuclear, porque la industria nuclear tiene un impacto económico muy importante, que es apreciado por la mayor parte de la sociedad francesa como muy positivo para su economía.

Italia, por el contrario, carece de centrales nucleares comerciales, porque la sociedad italiana decidió en un referéndum prohibir su instalación (y tuvieron que pagar los gastos ya realizados y comprometidos en las centrales que estaban en aquel momento en proyecto o en construcción)

España está en una situación intermedia, ya que tiene un parque apreciable de centrales nucleares, aunque muy inferior al francés, y una sociedad civil en su mayor parte contraria a las centrales nucleares, lo que permitió, o quizás indujo, a Felipe González a decretar una moratoria nuclear que supuso, como en Italia, el pago de los gastos ya realizados y comprometidos en las centrales afectadas (pago que por cierto todavía estamos haciendo cada mes en la factura de la electricidad)

Dado el rechazo popular que existe en nuestro país por parte de una parte muy relevante de la población, el lobby pronuclear gasta cantidades muy importantes de dinero en intentar variar la opinión pública, intentando hacer creer a la población que la energía nuclear es la mejor opción para la nueva potencia de generación de electricidad, ya que según ellos es la fuente más segura, mas barata y mas limpia de entre las posibles. Para ello hacen propaganda de todo tipo y para ellos utilizan no solo las vías publicitarias habituales, sino que se esfuerzan en ganar para su causa a importantes comunicadores y políticos, incluido Felipe González, a fin de cubrir todos los frentes.

Se olvidan. Seguro que “involuntariamente” de exponer las realidades menos presentables: el problema de los residuos, todavía no solucionado en términos de unas exigencias que tengan en cuenta unos plazos máximos razonables, el problema del riesgo (acrecentado por una política de opacidad total, incluso contraviniendo la regulación existente, ante los incidentes que se producen en las centrales nucleares, sea cual fuere el país en el que ocurra o su grado de importancia, como se ha podido comprobar en el reciente caso de la central de Fukushima o en el menos reciente, y muchísimo menos importante, caso de la central española de Ascó)

Manipulan respecto a las repercusiones económicas para el consumidor, ya que intentan hacer creer que los menores costes de producción de las centrales que están funcionando repercuten en una reducción del precio que pagan los consumidores finales, cuando esa repercusión no existe, y también respecto a los plazos necesarios para que una nueva central nuclear que eventualmente se aprobara en España pudiera empezar a enviar electricidad a la red (plazo que se puede estimar entre los quince y los veinte años) y respecto al coste de la electricidad generada por esas hipotéticas centrales que, como en este caso serían superiores a los de la electricidad convencional, si que se pasarían a la factura de los consumidores.

Todo apunta a que el gravísimo incidente de la central de Fukushima hará que los políticos sean mucho mas reacios no solo a la aprobación de alguna central nueva, sino al mero hecho de debatir públicamente esa posibilidad, por el coste de votos que les podría suponer en sucesivas convocatorias electorales, por lo que la llave política será la que de nuevo cierre con siete candados la puerta de la aprobación de nuevas centrales en España.