La eventual introducción de la
Renta básica (RB) en un país supondría un cambio social radical que, con toda
probabilidad, induciría toda una serie de cambios en el comportamiento de las
personas que vivieran en ese país. Algunos de los cambios se pueden imaginar,
pero es muy difícil anticipar todos los cambios que se puedan producir y, sobre
todo, su intensidad.
Por tanto, lo que sigue no es más
que un ejercicio voluntarista que ni por asomo tiene la intención de acertar,
ni siquiera en los aspectos más generales de los cambios sociales que se
inducirían.
Partiendo de la hipótesis de que
la sociedad de los países que decidieran implantar la RB aceptara ese cambio de
forma mayoritaria, parece claro que su formulación precisa debería procurar
conseguir el apoyo de una mayoría lo más amplia posible de la sociedad, para lo
que el diseño finalmente aplicado tendría que evitar al máximo las injusticias que
afectaran a grupos determinados de la sociedad y, además, debería convencer a
una franja lo más amplia posible del grupo de los económicamente perdedores de
que el cambio también tiene para ellos otro tipo de ventajas sociales que
compensen la pérdida económica.
Por tanto, sería necesario
disponer de un diseño muy detallado de todas las consecuencias económicas de la
introducción de la RB.
Ya se ha analizado la negativa
repercusión económica para una parte muy importante de los trabajadores (todos
aquellos que tengan unos ingresos brutos anuales superiores a los 21000 euros)
repercusión mucho más acusada para los pensionistas, que empezarían a tener una
renta después de IRPF inferior a la actual a partir precisamente del importe de
la RB. Para los pensionistas que reciban una pensión bruta de catorce pagas de 750
euros (10500 euros anuales) la pérdida anual de ingresos después de IRPF sería
de unos 800 euros en 2015 (825 en 2016). Si la pensión fuera de 850 euros (10500
euros anuales) la pérdida anual de ingresos después de IRPF sería de unos 1210
euros en 2015 (1250 en 2016). Finalmente, si la pensión fuera de 1000 euros (14000
euros anuales) la pérdida anual de ingresos después de IRPF sería de unos 1830
euros en 2015 (1930 en 2016) cifras que deben compararse con la situación de
los trabajadores que tuvieran rentas anuales brutas equivalentes, que sólo
empezarían a pagar más IRPF a partir de los 21000 euros anuales (14 pagas de
1500 euros)
Lógicamente, esta situación sería
fácil de corregir, ya que bastaría asimilar las pensiones contributivas a las
rentas de trabajo, que es lo que en realidad son, ya que son rentas de trabajo
diferidas.
Asimismo debería analizarse que
cambios habría que introducir en las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que
o bien se tendrían que mantener como rentas de trabajo diferidas las
prestaciones por desempleo y por ILT, en ambos casos asociadas a la cotización
previa, o si se hicieran desaparecer, dejaría de tener sentido cotizar obligatoriamente
a la SS por estos conceptos.
Estos cambios, más otros que
también sería razonable corregir como la anulación de las becas, de las
subvenciones a los colegios concertados y de los gastos en formación laboral y
promoción de empleo, llevaría a la necesidad de aumentar los ingresos públicos,
o reducir el gasto público en otras partidas para que se pudiera obtener la
financiación necesaria para implantar la RB.
La introducción de la RB supondría
tres cambios radicales en la sociedad que, además, serían muy positivos: la
erradicación de la pobreza, el aumento de la libertad individual para dedicar
todo el tiempo que se desee a las actividades que se prefiera, o directamente a
la vida contemplativa y la práctica desaparición de las condiciones de trabajo
injustas.
No está claro, para quien esto
escribe, el efecto que tendría sobre el PIB, ya que una sociedad más libre y
sin la angustia para una parte relevante de la población de tener que lograr a
cualquier coste los ingresos necesarios para la supervivencia, sólo llevaría a
una mayor productividad de la actividad humana si los incentivos que quedaran
para realizar esa actividad fueran superiores a los incentivos de dedicarse a
actividades socialmente menos productivas, y no es fácil saber qué proporción
de la población optaría por una vida más austera, pero sin una actividad
relevante de la producción de bienes y servicios socialmente relevantes.
Ciertamente, un tipo marginal del
entorno del 50% aplicado como tipo único a partir de la RB no parece que sea un
tipo desincentivador, si además de para introducir la RB sirve para financiar
todo el resto de los servicios sociales gratuitos a que estábamos acostumbrados
antes de la crisis de 2007.
Falta por ver si, una vez
corregidas las injusticias que la propuesta actual lleva implícita para la
inmensa mayoría de los pensionistas contributivos, para los parados que cobran
prestación contributiva, para los enfermos que cobran la ILT y para los
estudiantes sin medios económicos para pagar los estudios superiores, se
encuentra la vía de financiación del gasto público que permita abordar todas
las prestaciones.
Asimismo, en las propuestas
hechas públicas hasta ahora, no se ha cuantificado el incremento de gasto
necesario para atender las situaciones de dependencia en teoría cubiertas por
la ley pero todavía no atendidas, que son muchas.
Aunque apenas se oye hablar de
ello, parece obvio que la implantación de la buena gestión de los dineros
públicos y la drástica reducción de la corrupción, llevaría a un ahorro que
podría ser superior al 30% del dinero público gastado (esto es sin contar los
pagos por prestaciones monetarias directas)
Finalmente, no debe olvidarse que
un sistema de RB eventualmente implantado en un sistema político que no
respetara las libertades personales propias de la democracia, entre las que
necesariamente están el derecho a la propiedad privada y a disponer de los
rendimientos que cada uno obtenga por su esfuerzo, una vez pagados los
impuestos establecidos, que en ningún caso deben acercarse al umbral de la
confiscación, llevaría con gran probabilidad a la sociedad correspondiente a un
sistema económico que aunque tuviera muy pocas diferencias en la distribución
de la renta, también sería incapaz de proporcionar a sus habitantes un nivel
mínimo de bienestar.
