Sistemas de control de la actividad económica

Si algo ha quedado claro en esta crisis es que, en general aunque con algunas excepciones, los sistemas de control del sistema económico y financiero han fallado estrepitósamente.

Si se está convencido, como yo lo estoy, de que el liberalismo económico, con algunos matices, es la forma de conseguir el mayor grado de bienestar para la sociedad, tanto en términos de bienestar medio como de número de personas beneficiadas de ese bienestar, no se puede desear que el nuevo orden económico suponga una vuelta a la participación generalizada del sector público en la economía.

Los matices al liberalismo a que me he referido, como ya he expresado en anteriores ocasiones, son que el Estado debe establecer un marco legal adecuado, que en el terreno económico debe incluir la protección de los débiles del abuso de los poderosos, y además asegurar de forma directa la prestación de los servicios esenciales (educación, sanidad, infraestructuras y seguridad)

En lo que se refiere a los sistemas de control de la actividad económica, existe ya un entramado numeroso y complejo, que cuenta con entidades públicas y privadas y que, supuesto que el funcionamiento de cada una de ellas hubiera sido correcto, hubiese evitado que la actual crisis estallara con tanta virulencia.

Los más importantes sistemas del entramado existente son:

- Organismos reguladores nacionales, de carácter público entre los que se encuentran, en el caso español, El Banco de España, las comisiones de la Competencia, del Mercado de valores, de la Energía y de las telecomunicaciones, la Agencia de protección de datos y el Consejo de Seguridad Nuclear. Su eficacia y funcionamiento es dispar, aunque creo que es notorio que el Banco de España es el referente a tomar si se quieren mejorar de forma relevante.

- Agencias de calificación, de carácter privado y alcance internacional, han fracasado estrepitosamente y si hoy todavía se usan sus dictámenes es porque no hay otras referencias de que echar mano, pero la máxima calificación de alguna de ellas, o incluso de todas ellas, ha dejado de ser una garantía razonable de recuperación de los créditos.

- Auditores, también de carácter privado aunque los hay de ámbito local, nacional e internacional, ya mostraron sus debilidades hace unos años, siendo el exponente más conocido el caso Enron.

- Analistas, profesionales individuales que normalmente trabajan para los bancos de inversores, han constituido, y seguramente todavía constituyen, la principal fuerza de presión que guía las decisiones a corto plazo de las empresas que cotizan en bolsa y no tienen dueños claros. Su método del consenso lleva a juzgar a las empresas, y por tanto a influir excesivamente en las cotizaciones, por las apariencias, de forma que las expectativas de los analistas se convierten en los objetivos de los gestores de las empresas.

En todos los casos, los fallos de funcionamiento se deben a una o varias de las siguientes causas:
- Falta de independencia.
- Insuficiente profesionalidad
- Conflictos de intereses
- Escasa honradez
- Metodologías opacas y/o variables
-Ausencia o escasa responsabilidad legal, en caso de mal funcionamiento

No es fácil garantizar que en la inmensa mayoría de los casos (la totalidad es la utopía necesaria pero, lógicamente, inalcanzable) brillen por su ausencia los fallos antes descritos, pero ese es el reto al que se enfrenta nuestra sociedad. La mayor dificultad estriba en que a los poderosos no les interesa su desaparición, porque con ella también desaparecerían buena parte de las ventajas con las que cuentan y, en consecuencia, harán todo lo posible para que no promulguen las leyes y reglamentos que permitan mejorar el actual estado de cosas.

¿Estarían dispuestos los partidos políticos, con representación parlamentaria suficiente, a cambiar la reglamentación de las Comisiones antes mencionadas de forma que sus miembros fueran realmente independientes del Gobierno de turno, de los partidos políticos y de las empresas que actúan en sus ámbitos de competencia?

¿Tendremos algún día instancias de acceso universal, sencillo y gratuito en las que los pequeños consumidores podamos denunciar, y obtener respuesta rápida y acorde con lo legalmente establecido, aquellos casos en que las empresas que prestan bienes y servicios abusan de su mayor fortaleza económica?

En unas pocas semanas empezaremos a tener algunas respuestas.

Factores clave de fracaso empresarial

Hace unos días leí un libro destinado a los emprendedores que me ha gustado mucho. Su título es El libro negro del emprendedor, su autor Fernando Trías de Bes y la editorial es Empresa Activa.

Es un libro de fácil lectura, que engancha y que se podría leer de un tirón. Los consejos para los emprendedores, potenciales o actuales, me parecen muy acertados y estoy de acuerdo en la mayor parte de las cosas que dice. Como es lógico, por deformación profesional, los desacuerdos más importantes se refieren a su valoración de la planificación estratégica.

Lo que quiero trasladar aquí es la descripción que hace de los factores claves de fracaso, de los que ha encontrado catorce, tres de ellos referidos a la persona que emprende, cuatro respecto a los socios, tres más respecto a la idea de negocio, dos respecto a la situación familiar del emprendedor y los dos últimos respecto a la gestión del crecimiento.

Los factores son:

1 Emprender con un motivo pero sin motivación
2 Carecer de carácter emprendedor
3 Carecer de espíritu luchador


4 Contar con socios cuando no son necesarios
5 Escoger los socios sin criterios relevantes de elección
6 No repartir las participaciones considerando la aportación de cada socio.
7 Falta de comunicación y de confianza (normalmente sobrevenidas)


8 Pensar que el éxito depende de la bondad de la idea
9 Entrar en sectores que no le gustan, al emprendedor, o que no conoce.
10 Elegir sectores rentablemente poco atractivos


11 Hacer que el negocio dependa de las necesidades familiares y de las ambiciones personales
12 No asumir el impacto que el negocio emprendido tendrá en la vida personal y familiar


13 Crear modelos de negocio que no dan beneficio rápidamente y de forma sostenible.
14 No retirarse a tiempo si sólo se es emprendedor, pero no se es empresario.

Si quien lea esto es emprendedor, o tiene ganas de serlo, le aconsejo que lea este libro, seguro que le resultará muy interesante y provechoso.

Sistema público de pensiones

El Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, anunció ayer la buena salud del sistema público de pensiones así como la necesidad de acometer reformas para evitar su agotamiento en el año 2030, año en el que de acuerdo con sus previsiones sería necesario complementar los fondos recaudados mediante las cotizaciones sociales con una partida proveniente de los presupuestos Generales del Estado para que todos los pensionistas pudieran cobrar las pensiones que tengan entonces asignadas.

Si no hubiera algunas sombras, esta noticia sería realmente buena, pero la información proporcionada no incluye las bases concretas en que se sustenta ese cálculo.

Entre la información cualitativa proporcionada se encuentran algunas pistas que me hacen pensar que las cosas no se presentan así de bien, y me malicio que el secretario de estado lo ha dicho para que el día de mañana no le pongan colorado en el Parlamento por haber engañado a la población con sus previsiones.

Apunta el Sr. Granado que la mayor duración de la autosuficiencia del sistema de reparto respecto a los cálculos de 2005, nada menos que 10 años más, se debe a las siguientes causas:
- mayor afiliación a la seguridad social y, además, con edades tempranas de los nuevos afiliados que incluyen a un gran número de mujeres.
- aumento en el número de años cotizados por cada pensionista.
- incremento de la edad de jubilación real
- aumento de las bases de cotización.

No cabe ninguna duda de que todas esas variaciones inciden en la mejora de la viabilidad del sistema de reparto a corto y medio plazo, aunque habría que tener en cuenta que la incorporación masiva de gente joven al sistema ayuda en el corto y medio plazo pero agravará el problema a largo plazo cuando a esos jóvenes de hoy les llegue la edad de jubilación y que los datos introducidos no tienen en cuenta las variaciones derivadas de la crisis que, al menos a corto plazo, supondrán una merma en el Fondo de Reserva respecto a lo previsto en el estudio.

Tampoco se sabe cual es la evolución prevista de la población española, aspecto crucial porque si no se ha tenido en cuenta el progresivo aumento de la vida media, que con casi total seguridad continuará produciéndose durante las próximas décadas, la partida del coste total de las pensiones podría estar muy infravalorada.

La coincidencia en el tiempo de la publicación de estos datos y del anuncio de la próxima reunión del Pacto de Toledo, me hace pensar que en realidad el estudio presentado constituye el escenario que al Gobierno le gustaría presentar como base de trabajo para incluir las modificaciones necesarias que permitan prolongar hasta 2030 la viabilidad del sistema.

Por tanto es de esperar que la propuesta vaya en el sentido de aumentar la edad de jubilación y de promover el aumento de las bases de cotización, por la vía de aumentar el número de años de cotización empleados para el cálculo de la pensión.

Quizás también se atrevan a plantear en las próximas reuniones el inicio de un cambio de modelo que, muy poco a poco, vaya sustituyendo el actual sistema de reparto, inviable a largo plazo, por un sistema de capitalización, así como la modificación de la fiscalidad sobre los planes de pensiones, enormemente desincentivadora en la actualidad.

No es fácil la tarea para los negociadores de la modificación del Pacto de Toledo, pero en que tengan acierto nos va la calidad de vida de toda la población, especialmente la de mayor edad, para las próximas décadas.

FMI, Banco Mundial y Bancos Regionales de Desarrollo

Estas instituciones que, sin duda alguna, han tenido algunos efectos positivos a lo largo de su historia, deben ser reformadas para aumentar su eficacia.

Los mayores problemas de estas instituciones se derivan del inmenso poder que tienen sus funcionarios, lo que hace ha promovido que sean los criterios políticos y burocráticos los que primen en su actividad.

Su función primordial debería ser la ayuda, puntual o sostenida en el tiempo, a aquellos países que requieran un apoyo financiero relevante para desarrollar su actividad económica de forma sostenible y a ritmos de crecimiento que en un plazo razonable les permita salir de la mala situación en que se encuentran.

Por descontado deben ser, como hasta ahora, los gobiernos de los propios países los que soliciten la ayuda pero se debe cambiar el tipo de exigencias que deben cumplir, de forma inmediata o progresiva, para tener acceso a las ayudas.

Las exigencias deberían ser tanto de tipo político como económico:

- Las de tipo político deben ser la democracia, el respeto a los derechos humanos y la existencia de una legislación que incorpore la seguridad jurídica y que dificulte seriamente la corrupción.
- Las de tipo económico deben incluir la apertura a la actividad de empresas de otros países, la existencia de un sistema fiscal moderno y la existencia de procesos administrativos transparentes, no discriminatorios y estables.

En los casos en que las modificaciones legales deban ser muy profundas, se debería pactar un proceso de adaptación con hitos temporales prefijados que diera la flexibilidad necesaria para que el país correspondiente pueda asimilar el cambio pero que, simultáneamente, asegurara progresos relevantes en plazos no muy dilatados.

Debería existir un registro de países elegibles, que se debería revisar anualmente y siempre que en un país se diera una circunstancia de cambio político relevante, que limitara los países a los que se puede prestar ayuda en cada momento. Obviamente la gestión de este registro constituye uno de los puntos más delicados de la propuesta, pero para mí es evidente que la existencia de democracia y seguridad jurídica son las condiciones fundamentales para hacer posible un desarrollo económico y social razonable, por lo que es necesario incentivar desde las instituciones internacionales la introducción de estas características en los países que aún no las tengan.

En los aspectos de erradicación de la corrupción debería lograrse un compromiso rotundo por parte de los países considerados desarrollados que debería incluir no sólo la adopción de medidas para reducir de forma relevante la corrupción existente en ellos mismos, sino que deberían incluir en su sistema penal los mismos criterios y penas para los actos de corrupción cometidos en su territorio y para los actos de corrupción cometidos por sus residentes, personas físicas y personas jurídicas, en países terceros.

Las ayudas económicas deberían darse para proyectos concretos, a tipos preferentes y con dos compromisos que deberían ser controlados exhaustivamente por los organismos que hayan proporcionado los créditos: que los tipos aplicados fueran los que después pagaran las empresas que se beneficiaran de los créditos y que los fondos sean realmente aplicados a los proyectos a los que estaban destinados. Asimismo la ayuda al desarrollo que den los países de forma directa deberían seguir estos mismos criterios de forma que un país que no fuera elegible para este tipo de ayudas si no se encuentra incluido en el registro de países elegibles.

¿Nuevo organismo internacional de supervisión?

Probablemente la mayor dificultad para resolver la actual crisis internacional sea la devolución a los mercados de la confianza en un sistema financiero (en el sentido más amplio del término que incluye a las entidades crediticias, las bolsas de valores, y los organismos supervisores, de calificación de riesgos, de auditoría y de análisis) que ha hecho aguas por su fragilidad y falta de ética generalizada.

Las decisiones gubernamentales de apoyo generalizado a las entidades crediticias que tengan problemas eran necesarias y, casi con seguridad, serán suficientes para que el sistema crediticio vuelva a funcionar con un caudal de créditos suficiente para evitar el colapso económico.

Pero este elemento, aunque era crítico y se haya resuelto razonablemente bien, no es el único que debe resolverse si se quiere salir de la crisis con un horizonte de viabilidad económica razonable que dure al menos unas pocas décadas.

Hay otros elementos que deben modificarse, entre los que destaca la necesidad de corregir los abusos que se han producido en la actuación de muchas entidades que actúan en el sistema financiero y de proporcionar al ciudadano de a pie una vía efectiva para obtener reparo a los abusos de que haya podido ser objeto, lo que, desde luego, no es tarea fácil.

Se ha anunciado una conferencia internacional, que se celebraría antes de que acabe este año, para sentar las bases de un nuevo sistema financiero internacional. Parece que la idea es que participen los países del G8 más algunos de los más importantes de entre los emergentes (¿China, India, Brasil?) España intenta meterse en el grupo de los más desarrollados, aunque todavía no está claro que lo consiga.

En esta conferencia internacional se harán propuestas que, probablemente, incluyan algunas modificaciones en las instituciones ya existentes y, quizás, alguna nueva institución que constituya el cambio radical que precisa el actual sistema para salvar la situación.

Será muy positivo que funcionen mejor el FMI, el Banco Mundial y buena parte de los bancos de desarrollo regional pero hace falta una novedad fundamental para que desaparezcan los intereses cruzados en los que departamentos distintos de las mismas organizaciones hagan de juez de una entidad y reciban importantes ingresos por servicios prestados a la misma entidad.

Debería procurarse, además, la erradicación de la corrupción en las relaciones internacionales, por lo que este organismo debería analizar e investigar las denuncias de las prácticas de corrupción que reciba de empresas y particulares y hacer públicas, con acceso universal a través de Internet en varios idiomas (que en todo caso debería incluir el inglés y los idiomas del denunciante y del país en que se hayan producido los hechos) aquellas que considerara probadas. La acumulación de las prácticas probadas en un mismo país debería suponer la pérdida de la capacidad de obtener créditos preferentes de otros países o de los bancos de desarrollo en tanto no se hubiera compensado a los denunciantes por el daño recibido.

También es importante que termine la impunidad de los que se aprovechan del poder de sus informes para influir en las decisiones de los afectados, o del poder que tienen en la gestión de las empresas para las que trabajan para tomar decisiones en beneficio propio, que normalmente va acompañado del perjuicio de los accionistas y/o de los clientes.

Una posible forma sería la creación de un control de los controladores, un nuevo organismo internacional que supervisara las actuaciones de todos los organismos de control y supervisión, tanto públicos como privados, que operan en el sistema.

Sería fundamental que se acordara una separación total de actividades, de forma que los organismos, empresas o personas que se dediquen a estas actuaciones sólo puedan dedicarse a una de ellas (por ejemplo quien se dedique a la auditoría no debería poder realizar ninguna otra actividad dentro del sector financiero, como puede ser la calificación de riesgos, la asesoría o el análisis financiero de empresas, tanto si son, o han sido, clientes suyos, como si no)

Cualquier medida que reforzara la independencia efectiva de los miembros de todos los organismos reguladores y supervisores sería también muy efectiva, así como la exigibilidad de responsabilidades personales a aquellas personas que en sus funciones de gestión, supervisión o control hubieran actuado de forma negligente o perjudicando los intereses de los accionistas, clientes o ciudadanos a los que sus decisiones hayan afectado.

Nuevo Orden Económico Mundial: una utopía necesaria

La actual crisis económica y financiera mundial es de una envergadura tal que, con certeza, cambiarán muchos de los pilares en los que se basaba el, hasta hace poco, actual orden económico mundial.

Ese orden económico, ya obsoleto, a la vez que ha permitido la fase de crecimiento económico sólido más prolongada de la historia, ha sentado las bases para que la fase de crisis y recesión, que sigue a las etapas de crecimiento en todos los ciclos económicos, sea también una de las más profundas conocidas, sobre todo en ausencia de guerra generalizada.

Las causas últimas de la crisis se derivan de los mecanismos que se han ido desarrollando para permitir un crecimiento exagerado de los beneficios, ya que en su mayor parte el crecimiento de los beneficios se ha derivado del crecimiento artificial y no sostenible de los precios de muchos bienes y servicios, promovido por la conexión existente entre las ganancias, también exageradas, de los gestores de las empresas sin dueños efectivos y los resultados a corto plazo de esas mismas empresas. Todo ello ayudado por unos tipos de interés muy reducidos.

Históricamente, los negocios más florecientes se han basado, casi en todas las ocasiones, en la adopción de una ética más que laxa por parte de los que los gestionaban, pero el grado de laxitud de los últimos años ha rebasado todos los límites conocidos hasta ahora, hasta el punto de que, por primera vez, los beneficios a corto plazo de los gestores se han incrementado y, en no pocas ocasiones, a costa de la quiebra de la empresa en un plazo no muy largo, con el resultado de la salida de los gestores con una gran fortuna personal y sin responsabilidades legales, acompañada de la pérdida de todo, o casi todo, el valor por parte de los accionistas directos e indirectos.

Todo esto ha sido posible por la permisividad, cuando no con la connivencia, de las entidades públicas y privadas que, teóricamente, tenían las funciones de control establecidas en el marco normativo vigente o desarrolladas por los mercados (organismos reguladores, agencias de calificación, auditores, gestores de los fondos de inversión, gestores de los fondos de pensiones, consejos de administración y analistas financieros)

Además, estamos viviendo un proceso de globalización de la economía mundial sin precedentes que, sin lugar a dudas, constituye una oportunidad clarísima para mejorar la calidad de vida de un porcentaje mayoritario de la población mundial y, por si fuera poco, las mejoras en la sanidad y en la alimentación están permitiendo un aumento muy rápido de la vida media de la población en la inmensa mayoría de los países.

En consecuencia, el mundo se enfrenta a una oportunidad única de mejora de la duración y de la calidad de vida para la mayor parte de su población, que sólo obtendrá buenos resultados si se establece un nuevo orden económico, social y político.

La utopía está en conseguir un modelo que maximice todos los aspectos positivos y la responsabilidad de las generaciones actuales está en conseguir un modelo que se acerque todo lo posible a esa utopía. Para mí no hay ninguna duda de que los pilares básicos del nuevo orden son los siguientes:

- En lo económico, una economía de mercado de corte liberal en la que el Estado, además de establecer las normas de funcionamiento, garantice a todos los ciudadanos los servicios de sanidad, educación, seguridad e infraestructuras básicas con niveles razonables, de acuerdo con la situación económica existente.

- En lo social, la atención razonable a los más débiles y el reconocimiento a las personas que realicen su actividad con honradez y diligencia, procurando el bienestar para sí mismas y para sus familias y a la vez favoreciendo a la sociedad o, al menos, sin perjudicarla.

- En lo político, extensión de la democracia a todos los países, con un sistema que persiga de forma efectiva y penalice social y legalmente la corrupción a todos los niveles.

En los próximos días iré desarrollando algunos de los elementos que considero básicos para acercarnos a ese ideal.

Medidas financieras del Gobierno

El Gobierno ha anunciado simultáneamente dos medidas para mejorar la situación del sistema financiero: la ya comentada de aumentar a 100.000 euros por depositante y entidad financiera la cantidad de cobro garantizado en caso de suspensión de pagos y la creación de un fondo de 30.000 millones de euros, ampliable a 50.000 millones si fuera conveniente, para comprar activos financieros a las entidades que voluntariamente quieran venderlos.

El fondo será totalmente público y los activos a comprar serán, según ha declarado el Gobierno, exclusivamente activos de primera calidad (sin riesgo, dicen ellos sabiendo que ese tipo de activos no existen)

El objeto de esta medida es proporcionar una nueva línea de liquidez al sistema financiero que permita empezar a cebar la bomba del sistema crediticio, ahora seca y con enormes dificultades para volver a tomar el ritmo.

La teoría de esta medida es que las entidades financieras emplearán el dinero ingresado por esta vía para dar créditos a particulares y pequeñas y medianas empresas, con garantías suficientes, por supuesto.

No han explicado algunos puntos débiles de este esquema que aparecen tras un somero análisis de la iniciativa:
- ¿Qué interés tendrán las entidades en vender, a precio de mercado dicen, los mejores créditos de su cartera?
- ¿Podrán explicar a sus accionistas que, además, el dinero así ingresado se empleará en dar créditos con garantías que, en buena lógica, serán inferiores a las de los créditos vendidos (sin riesgo, recordemos, en palabras del Gobierno)?
- ¿Qué garantía habrá de que esos créditos no se den, fundamentalmente, para mejorar la situación de entidades financieras o de empresas grandes, con serios problemas de financiación?
- El Estado tendrá que emitir deuda pública adicional por una cuantía exactamente igual a la empleada en comprar los activos a las entidades financieras. Siendo esto así ¿en que medida esa deuda pública adicional será comprada por inversores extranjeros, única forma de que no se reduzca en la misma cuantía el crédito disponible para el sector privado?

Sin duda las respuestas estarán en el acuerdo a que llegó el Presidente Rodríguez Zapatero con el sistema financiero, cuya letra pequeña nunca conoceremos.

Si que se puede imaginar que probablemente el precio de compra de los activos, a precio de mercado, dejará en manos de la entidad financiera correspondiente una parte relevante del margen implícito en el crédito vendido, lo que explicaría el interés de la entidad financiera en la doble operación.

También cabe pensar que la alternativa a esta operación hubiera sido el encargo al ICO de gestionar para ese tipo de créditos la misma cantidad de dinero aunque, obviamente, el sector bancario prefiere que el ICO no aumente su participación en esa actividad.

El aumento de la garantía de los depósitos bancarios: luces y sombras

En los últimos días estamos asistiendo a una carrera en la que todos los gobiernos de la UE intentan evitar la retirada de los depósitos de los bancos “garantizando” a los ahorradores que en caso de suspensión de pagos o quiebra (concurso de acreedores en la nueva nomenclatura legal española) de la entidad financiera en la que el ahorrador ha depositado su dinero, éste no perderá lo depositado hasta un cierto límite o, en algunos países, sin límite.

El sistema financiero está basado en la confianza, por parte de todos los que depositan el dinero, de que cuando quieran retirarlo podrán hacerlo sin más limitaciones de las que contractualmente se hayan podido establecer con el consentimiento del depositario.

Gracias a esta confianza, la entidad financiera puede conceder préstamos por una cuantía relativa que varía entre países, de acuerdo con su normativa, pero que normalmente es superior a la cantidad que han depositado los clientes, con lo que al dinero emitido por los distintos bancos emisores se le añade este dinero, llamado dinero bancario.

Por descontado, los bancos tienen mecanismos para disponer de las cantidades necesarias para atender las demandas de dinero de sus clientes con cargo a sus depósitos, entre los que destacan los billetes y monedas que físicamente tienen en sus cajas, el recurso a otros bancos, que se hace a través del llamado mercado interbancario, y el recurso a los bancos centrales.

En situaciones normales las entidades financieras solventes trabajan sobre todo con los dos primeros mecanismos pero, de la misma manera que, cuando las personas físicas y jurídicas realizan depósitos netos, la aparición del dinero bancario hace aumentar la cantidad de dinero que hay disponible en la economía, cuando retiran cantidades netas, el dinero disponible disminuye porque se reduce el dinero bancario.

En la crisis actual, una de las principales características que la hacen diferente a otras crisis anteriores es el deterioro de la solvencia de gran número de entidades financieras, incluidas algunas de las más importantes por su tamaño y, hasta hace pocos meses consideradas como muy solventes no sólo por el público en general sino también por los organismos públicos y privados encargados de controlar su situación.

La información de la situación real de cada una de las entidades es ciertamente casi opaca para el público en general, con lo que cuando alguna entidad tiene problemas no muy graves, éstos no se hacen públicos, pero cuando se empiezan a conocer, lo más probable es que se magnifiquen y que los clientes huyan despavoridos llevándose su dinero a otras entidades o a su casa.

En la actualidad, la desconfianza es tan grande que la mayoría de las entidades financieras no pueden obtener, a un coste razonable, el dinero que necesitan, el mercado interbancario está bajo mínimos en cuanto al montante global de las transacciones, y son los bancos centrales los que prestan dinero a las entidades financieras, aplicando lo que se conoce como “inyecciones financieras” tan frecuentes en estos tiempos.

Como las inyecciones financieras no son (y no pueden ser) de la cuantía necesaria para compensar el dinero bancario desaparecido y el dinero en billetes atesorado por los particulares, el sistema financiero tiene menos dinero que el que se solicita y por lo tanto los créditos concedidos al sector privado se reducen y aumenta su precio (el tipo de interés)

A medida que la crisis vaya haciendo que crezca el déficit público, el sector público también demandará dinero emitiendo deuda pública que hará que todavía se reduzca más el dinero disponible para el sector privado.

Como pasa en todas las crisis, todos los estamentos de la sociedad intentan que a ellos no les afecte, esperando que sean los demás los que la paguen. Los banqueros intentarán compensar la reducción del negocio de los préstamos y el aumento de la morosidad aumentando los márgenes de los créditos y las comisiones por todos los conceptos que puedan, las empresas pedirán al gobierno que sean ellas las que tengan prioridad en el acceso a los créditos a tipos de interés privilegiados, las familias intentarán aumentar sus ingresos a través del aumento de los precios (si tienen negocios) de los salarios (si trabajan por cuenta ajena) de la rebaja de los impuestos, si son contribuyentes netos, y del aumento de las subvenciones y subsidios si no lo son. Finalmente, las administraciones públicas procurarán aumentar los impuestos y tasas para compensar el descenso de la recaudación que se deriva de la menor actividad económica.

Pero sólo unos pocos privilegiados lo conseguirán, y el resto, en el que estarán la mayoría de las familias, tendrán, tendremos, que hacer frente a la reducción de sus ingresos reduciendo los gastos. Además, los intentos de todos de cargar a los demás con el coste de la crisis, llevarán, casi con seguridad, a una mayor inflación, el más injusto de los impuestos ya que perjudica sobre todo a los económicamente más débiles.

El sistema financiero español basa su mayor solidez en la existencia de la garantía de que todos los depositarios recibirán el dinero depositado en cualquier institución financiera que suspenda sus pagos hasta el límite máximo de 20000 euros por persona y entidad financiera. El pago de estas cantidades se hace a través de un Fondo de Garantía que, de forma continuada, van generando las entidades financieras con sus aportaciones. Por tanto la garantía establecida en el marco legal es sufragada por el sistema financiero, no por el Estado. La cuantía del fondo existente en la actualidad es suficiente para hacer los pagos que correspondan en el caso de problemas en una entidad de las grandes y de varias de las pequeñas, pero no sería suficiente si las suspensiones de pagos de entidades financieras se generalizaran.

En otros países, es el Estado el que proporciona la garantía y, lógicamente, sólo desembolsa el dinero cuando se produce la falta de capacidad de pago de alguna entidad. Pero la realidad es que ningún país podría hacer frente a una suspensión de pagos masiva por parte de sus entidades financieras sin un derrumbamiento total de su economía.

Cada día hay más países en el grupo de los que comiten por ver quien garantiza mejor el cobro del dinero depositado en caso de suspensión de pagos de la entidad financiera y, casi siempre, cada nuevo entrante previamente había criticado a los que lo habían hecho antes. Pero es tan obvio que todos lo harían en situaciones similares (ya que es mucho menor el mal de salvar con dinero público a un banco que está en dificultades que el de dejar que caiga) que la UE ya ha decidido apuntar a la carrera a todos sus miembros, que tendrán libertad para fijar la garantía a partir de un mínimo de 50000 euros por depositante.

Otra cosa distinta es la equidad de una medida que hace que el conjunto de la sociedad pague los errores de los que, incluso, se han podido enriquecer de una forma escandalosa con prácticas que, incluso no siendo delictivas con la normativa vigente, son a todas luces contrarias al buen hacer tradicional del sector.

No debe extrañarnos, por tanto, la aparentemente contradictoria política del Gobierno español que, por una parte declara, día sí y día también, la enorme solvencia del sistema financiero español y por otra reúne a unos cuantos altos directivos del sector bancario para pedirles que asuman un aumento relevante de la cantidad máxima garantizada.

Tampoco debe extrañar que se diga que ha habido acuerdo sin decir cual era la nueva garantía, a la espera de lo que se acordara en el seno de la UE. La UE ha aprobado que la cifra garantizada sea como mínimo de 50000 euros y el gobierno español ha anunciado que aplicará la de 100000 euros por depositante y entidad. Probablemente esta cifra sea la que acordó el presidente con los banqueros y no sería de extrañar que este aumento no suponga el aumento de las aportaciones de las instituciones de crédito al Fondo de Garantía y que, en el caso de que las indemnizaciones superaran el importe del Fondo, fuera el Estado el que se hiciera cargo del resto.

Para mí no hay ninguna duda de que, esta vez sí, el Gobierno ha tomado una medida adecuada para combatir la crisis. La garantía de 100000 euros por depositante y entidad parece suficiente para la mayoría de los depositantes y los que tengan cantidades superiores podrán reducir su riesgo diversificando las entidades en las que ponen los depósitos. La respuesta la tendrán casi inmediatamente las entidades financieras, que comprobarán si se frena la retirada de depósitos por temor a eventuales suspensiones de pagos y los ciudadanos tendremos que esperar algo más para tener dos datos indirectos que nos darán información al respecto: la desaparición de las declaraciones de Gobierno y otras entidades en el sentido de recordarnos la robustez de nuestro sistema financiero y la información sobre el montante de billetes de 500 euros en circulación real, que en las últimas semanas había vuelto a reducirse.