El problema de las pensiones en España: Medidas complementarias para asegurar a los pensionistas la cobertura de sus necesidades básicas

Para que los pensionistas puedan tener una vida digna, una pensión suficiente es un elemento muy importante, pero no el único ya que hay unos cuantos servicios básicos que, si tuvieran que ser íntegramente pagados por ellos cuando la pensión sea su principal, y muchas veces única, fuente de ingresos sencillamente estarían fuera de su alcance.

De esos servicios básicos hay unos cuantos que en un país moderno y socialmente desarrollado deben ser prestados, en su totalidad o en su mayor parte, por el sector público. Los principales son:

-  Vivienda digna, para lo que debería actuarse en dos vías complementarias: asignación de viviendas sociales, con un alquiler compatible con sus ingresos, a aquellas personas que carezcan de vivienda propia y limitación a un importe razonable, por ejemplo el 5% de sus ingresos totales, del importe total de tasas e impuestos municipales a pagar por la vivienda habitual cuando sean los propietarios

-  Alimentación suficiente, para ello debería establecerse una cesta de servicios básicos, cuyo importe se actualizara anualmente que sirviera de referencia para establecer el complemento a mínimos, de manera que todos los jubilados tuvieran al menos esos ingresos anuales.

-  Sanidad de calidad, para ello debería renunciarse a la práctica cada vez más extendida de usar las colas para pruebas e intervenciones que no son consideradas urgentes y prohibir la discriminación por edad avanzada para la realización de pruebas preventivas, como ocurre ahora, por ejemplo, con las mamografías que dejan de hacerse a las mujeres de más de 70 años sólo para ahorrase el coste, la que la probabilidad de que aparezca cáncer de mama después de los 70 no decrece con la edad si la base de comparación es el número de mujeres que tienen esa edad. Por descontado, debe mantenerse el copago máximo mensual por medicamentos en una cuantía que no pueda inducir a no comprar las medicinas por su coste a las personas de menor renta.    

-  Atención a la dependencia. Este es el aspecto, junto al establecimiento de un ingreso mínimo suficiente, que mayor coste adicional tendrá para la sociedad, debido al elevado porcentaje de personas que no lo tienen en la actualidad y no estaría de más el volver a analizar la conveniencia, desde todos los puntos de vista, de promover siempre que sea posible que la atención la presten personas del entorno de quien la recibe. No sólo es más efectiva, en la mayoría de los casos, sino que a la vez resulta mucho menos gravosa para la sociedad.

-  Movilidad a su alcance, mediante la disponibilidad generalizada de tarjetas de transporte público de precio muy moderado como por ejemplo la existente en la Comunidad de Madrid para mayores de 65 años. La posibilidad de trasladarse a precio moderado abre muchas posibilidades de actividades de todo tipo que redundan en una mayor calidad de vida.

-  Servicios sociales varios. En casos específicos, la asistencia social a los mayores es la única manera de garantizarles unas condiciones de vida dignas. Estos servicios existen en muchos ayuntamientos, pero deberían generalizarse.

Además de los servicios básicos, hay un aspecto genérico que la sociedad debe cambiar radicalmente: los jubilados no tienen por qué ser (salvo por motivos de salud) una clase social pasiva, sino que al contrario deben disponer de total libertad para hacer lo que prefieran, incluido el derecho a realizar actividades laborales a cambio de una remuneración, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, que sean totalmente compatibles con la percepción íntegra de la pensión contributiva que les corresponda. Para eso es necesario que la sociedad en su conjunto asuma que la pensión contributiva es un salario diferido derivado de la suma de cotizaciones pagadas por el trabajador y, en su caso, por las empresas para las que ha trabajado a lo largo de su vida laboral y que, por tanto, es justo que quien haya cotizado el doble que otro a lo largo de su vida laboral reciba, en igualdad del resto de condiciones, una pensión que sea asimismo el doble. El pago del impuesto sobre la renta del conjunto de ingresos que obtenga y del IVA de aquellos bienes y servicios que consuma serán las vías para que se produzca la deseable y necesaria redistribución de la renta que permita mejorar de forma equilibrada las condiciones de vida de las capas de la sociedad menos favorecidas.

Finalmente, hay otros aspectos que corresponde atender al entorno más próximo de los jubilados que, por fortuna, en nuestra sociedad se suele atender de forma satisfactoria. Es la presencia recurrente de familiares, amigos y vecinos que impide que la soledad castigue a aquellos que se van quedando solos por la edad y por motivos de salud y que también les proporcionan un sinnúmero de pequeños servicios que les hacen la vida mucho más confortable.

Como la parte de la población que supera la edad media de jubilación es cada vez mayor, la sociedad se debe esforzar en facilitar a los jubilados unos medios de vida razonables en un entorno de actividad creciente, pero de forma totalmente voluntaria. Si esto no se consiguiera, la sociedad en su conjunto sería no sólo menos justa sino que además sería más pobre en todos los sentidos.

El problema de las pensiones en España: Traslado a los Presupuestos Generales del Estado de todos los pagos de prestaciones no contributivas

Se ha producido una relevante alarma social al conocerse que a finales de 2017, coincidiendo con el abono a los pensionistas de la paga extraordinaria de diciembre, se agotará la hucha de las pensiones.

Los políticos en general se olvidan de decir que si sólo se pagaran, con cargo a la Seguridad Social, las pensiones contributivas y las prestaciones de desempleo, esto es los derechos derivados de las cotizaciones realizadas previamente, las cuentas de la Seguridad Social no presentarían todavía déficit y por tanto la hucha de las pensiones tendría más dinero en lugar de estar próxima a su agotamiento.

Porque en los años en que las prestaciones eran inferiores a los ingresos por cotizaciones, los sucesivos gobiernos decidieron usar el sobrante (al principio en su totalidad, y en parte desde el establecimiento de la hucha de pensiones) para pagar prestaciones sociales no derivadas de la previa cotización.

Sin embargo, aunque esto se corrija, y es muy probable que el "Pacto de Toledo" lo apruebe en sus próximas recomendaciones, no por ello variará el ritmo de deterioro de la capacidad de pagar las prestaciones contributivas con las cotizaciones, ya que el aumento de pensionistas que se deriva de la jubilación de las primeras añadas del baby boom unido al incremento progresivo del número de mujeres que llegan a la edad de jubilación con derecho a pensión contributiva, lleva a un aumento del volumen total de las pensiones contributivas a pagar que en estos momentos está ligeramente por encima del 3% anual, cuando el incremento de cada pensión es del 0,25%.

Por tanto, la limitación del uso de los fondos de la Seguridad Social al pago de las prestaciones contributivas es un elemento fundamental para sentar las bases de un futuro sistema que sea económicamente sostenible, aunque no será suficiente con esta modificación.

Otro elemento fundamental será el llevar a la práctica que el sistema sea realmente de reparto, esto es que las cotizaciones sean en cada periodo (que debe ser de varios años) suficientes para pagar las prestaciones contributivas de ese mismo periodo.

Este elemento es mucho más complejo, porque requiere un nuevo sistema de cotizaciones, que maximice los ingresos por cotizaciones a corto, medio y largo plazo, y a la vez una nueva metodología de fijación de las pensiones que, necesariamente, debe suponer la variación del importe de todas las pensiones contributivas en cada periodo plurianual para hacer posible que los ingresos sean suficientes para pagar los gastos.

Las cotizaciones se deben fijar con un importe mensual individual que sea soportable para los cotizantes y que, a la vez incentive (teniendo en cuenta la metodología de cálculo del importe de las nuevas pensiones) la propensión de los trabajadores, por cuenta propia y por cuenta ajena, a proseguir carreras de cotización largas y por importes que permitan alcanzar la pensión máxima una vez cumplidas las condiciones.

Las percepciones se deben acomodar a los ingresos de cada periodo y eso supone que pueda haber variaciones, muy probablemente a la baja, en las pensiones individuales de cada periodo respecto al anterior.

Se pedirá por tanto un enorme sacrificio tanto a los pensionistas, tanto actuales como futuros, como a los cotizantes actuales y futuros, ya que necesariamente los cotizantes, que no crecerán ni de lejos al ritmo que crecerá el número de pensionistas, tendrán que pagar unas cotizaciones que permitan pagar unas pensiones suficientes, con la certeza de que cuando lleguen a la jubilación recibirán una pensión inferior, muy inferior, a la que recibirían si se jubilaran con el sistema actual de cálculo. Los pensionistas actuales, y los que se vayan incorporando, tendrán que aceptar la percepción de unas pensiones inferiores a las actuales, porque los ingresos por cotizaciones no serán suficientes para pagar las pensiones con el importe calculado por el sistema actual.

Hay varias soluciones "fáciles" que deberían evitarse, ya que incentivarían a los trabajadores actuales a cotizar lo mínimo posible, tanto en tiempo cotizado como en la cuantía de la cotización, lo que llevaría a una reducción muy relevante de los ingresos por cotizaciones:

-  Eliminar las bases máximas de cotización, manteniendo, cuando no reduciendo, los límites actuales de la pensión máxima.

-  Reducir la pensión máxima hasta el importe que permita equilibrar ingresos y gastos.

-  Obligación de complementar la futura pensión con la contratación de planes de pensiones privados.

- Introducir un nuevo impuesto (o aumentos de tipos en impuestos existentes) para complementar la financiación de las prestaciones contributivas.

Pero es indudable que los PGE tendrán que aportar cantidades muy importantes de fondos para pagar todas las prestaciones no contributivas que deberían complementar las pensiones para que los jubilados puedan tener una vida digna.

El problema de las pensiones en España: Modificación del método de cálculo de las nuevas pensiones

La modificación del sistema de cálculo de las nuevas pensiones es, sin duda, uno de los problemas de más difícil solución, aunque sería aconsejable que se estableciera el sistema definitivo, el que se aplicaría a todos los nuevos cotizantes y también a aquellos a los que les falte un mínimo de 30-35 años para llegar a la edad de jubilación prevista para ellos. Podría, en caso necesario, complementarse el nuevo modelo con un sistema transitorio que evite penalizar gravemente a las personas que estén cercanas a la jubilación.

El nuevo sistema de cálculo, debería tener en cuenta los siguientes factores:

-  Cotización acumulada realizada por el futuro pensionista, sin que tengan mayor o menor peso las cotizaciones en función de la fecha en que se hayan hecho. El sistema sueco que las actualiza en función del tipo de interés de los bonos del Estado a largo plazo es un buen sistema para hacerlo.

-  Edad del pensionista en el momento de solicitar la pensión.

-  Esperanza de vida de las personas de la misma edad del pensionista, también en el momento de solicitar la pensión.

-  Volumen previsible de ingresos por cotizaciones, en plazos plurianuales, para que el volumen de pensiones pagadas sea equivalente al de los ingresos.

El resto de factores que puedan influir en el montante a percibir por el pensionista, derivadas de su situación personal o familiar, deberían ser objeto de un cálculo separado, y las prestaciones correspondientes deberían ser pagadas con cargo a los PGE y no con cargo a la Seguridad Social.

Además, debería fijarse la edad mínima de jubilación voluntaria que sólo debería poderse reducir por motivos de incapacidad o de enfermedades crónicas graves.

También deberían establecerse los criterios para poder obtener la pensión máxima, básicamente de edad mínima al jubilarse. No deberían ponerse límites o reducciones a la pensión por el hecho de no haber cotizado en épocas determinadas.   

El problema de las pensiones en España: Necesaria modificación del sistema de cotizaciones

El sistema actual de cotizaciones dista mucho de ser equilibrado y equitativo. El desequilibrio se deriva de los diferentes regímenes de cotización existentes y tiende a multiplicar los efectos perniciosos:

-  La base máxima de cotización aumenta a ritmos anuales del 2,5-3%, en tanto que la pensión máxima que se puede obtener si se cotiza por ella lo hace al 0,25%. Eso significa para un nuevo trabajador que empezara ahora a cotizar y que se jubilara tras cuarenta años de cotización (nada exagerado para alguien que empiece ahora a trabajar salvo por la dificultad de mantener una cotización continuada durante cuarenta años que lleve a la cotización máxima) recibiría una pensión que en términos comparativos de poder adquisitivo sería tan sólo del orden del 40% de la que percibe alguien que se jubile ahora en esas mismas condiciones, pero si esa misma persona aumentara su cotización anualmente sólo en la cuantía necesaria para obtener la pensión máxima, habría cotizado a lo largo de su vida del orden de un 40% menos, con el curioso (e injusto) resultado de una pensión de igual, o muy similar, cuantía.

-  En el cálculo de la pensión actualmente sólo se tienen en cuenta las cotizaciones realizadas durante los últimos quince años, (veinte últimos si el resultado es más favorable para el pensionista) por lo que aquellos que pueden hacerlo, en su mayor parte, cotizan al mínimo hasta que les faltan quince años para jubilarse, momento en el que pasan a cotizar cerca del máximo, lo justo para obtener la pensión máxima.

-  Los descuentos e incrementos que se producen por adelantar o retrasar la fecha de jubilación no suponen la variación en el importe de la pensión que sería equitativa.

-  La incompatibilidad total o parcial de la mayoría de las pensiones con el trabajo, por cuenta propia o ajena, desincentiva de forma muy notable el trabajo de los pensionistas, lo que redunda en una menor recaudación fiscal que agrava el problema de la falta de sostenibilidad del sistema. La percepción de las pensiones a partir de los 65-70 años es incompatible con una vida media de los pensionistas que se va acercando progresivamente a los 90 años, motivo por el que el trabajo, a menudo a tiempo parcial, de los pensionistas que quieran y puedan hacerlo está llamado a ser uno de los nuevos pilares que ayudarán a mejorar la sostenibilidad del sistema, aunque la mayor recaudación que proporcione este trabajo adicional se ingrese por IRPF y por IVA y no por cotizaciones.  

Creo que las correcciones a introducir deberían ir en el sentido de no desincentivar que se cotice por los ingresos reales, hasta el límite de la base máxima de cotización, y con carreras tan largas como sea posible. Como todos los cambios que afectan a millones de personas y durante plazos muy largos, no será fácil llevarlos a cabo. Lo primero y fundamental es tener las ideas claras del sistema que se desea implantar que, necesariamente, debería ser sostenible y sin grandes cambios a muy largo plazo, lo que implica que también tiene que ser sostenible a corto y medio plazo.

Para ello lo primero es explicar a todo el mundo el nuevo sistema para que una persona que inicie ahora su carrera de cotización sepa que, cuando llegue a la edad de jubilación, tendrá derecho a una pensión que, además, será ser justa y calculada de acuerdo con su cotización total a lo largo de toda su carrera profesional.

Lo segundo es explicar claramente como se calculará la pensión, para lo que habrá que haber desarrollado un modelo claro y que se sepa, con certeza razonable, que será sostenible, explicándolo de acuerdo con la evolución prevista de la pirámide de población y las desviaciones más probables de otros indicadores económicos, ya que la evolución vegetativa de la población actual no es suficiente, y hay que considerar alternativas de migración neta que normalmente será de llegada neta de inmigrantes.

Lo tercero es homogeneizar al máximo las cotizaciones tendiendo a dejar sólo dos tipos de cotizantes, los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia (autónomos). El cálculo de las cotizaciones debería ser el mismo, dependiendo lógicamente, en el caso de los autónomos, de los ingresos netos de gastos necesarios para llevar a cabo la actividad. Sería importante dar una mayor flexibilidad a los autónomos para que las cotizaciones sociales no supongan una barrera al inicio de su actividad o en las épocas en que sus ingresos puedan disminuir mucho, flexibilidad que podría establecerse de manera que la cotización de cada mes se hiciera de acuerdo con los ingresos netos de dos meses antes (con una cotización mínima muy baja, por ejemplo 50 euros al mes, cuando no tengan ingresos netos positivos o el resultado fuera inferior a ese límite) con una regularización a final de año y con la obligación de cotizar por bases superiores a la máxima siempre que los ingresos netos del mes de referencia superen la citada base máxima y con el límite de que en el acumulado de la carrera del autónomo concreto se haya cotizado menos que el acumulado de las máximas. De esta manera se conseguiría que los autónomos cotizaran de acuerdo con sus ingresos reales, pero a la vez que los autónomos con ingresos netos iguales o superiores a la base máxima coticen como los trabajadores por cuenta ajena y también que la pensión a recibir no dependa para nada de si ha cotizado como autónomo o como trabajador por cuenta ajena o de forma mixta. 

Finalmente, parece razonable que el trabajo por cuenta propia de los pensionistas, que debería pasar a ser compatible con la pensión en todos los casos, sólo debería aportar cotizaciones cuando la edad del pensionista sea inferior a la de jubilación o cuando el trabajo sea por cuenta ajena. En el caso del trabajo por cuenta ajena, la cotización debería limitarse a los conceptos que no se dedican a la financiación de las pensiones.