Copenhague: lo que cabía esperar

Los resultados de la decimoquinta cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 15) han sido, poco más o menos, los que cabía esperar: los económicamente poderosos continuarán con la situación preexistente, que es la que conviene a sus mezquinos y miopes intereses a corto y medio plazo, los burócratas podrán seguir viajando y viviendo a costa del dinero público o semipúblico (se ha citado a los negociadores para que presenten sus propuestas antes del próximo uno de febrero y se proponen nuevas reuniones a mitad de año en Berlín (todavía no confirmada) y a fines de 2010 en Méjico) las organizaciones ecologistas seguirán manteniendo sus propuestas, lo que a la vez significa que algunos de sus miembros podrán seguir viviendo de ello, gozando además de un elevado prestigio social y la población normal seguirá viviendo poco más o menos como hasta ahora, esto es en la miseria o en la pobreza en su mayor parte o con comodidad si tienen la suerte de vivir en la zona desarrollada y no estar marginados de la sociedad.

Es utópico esperar que las personas directamente involucradas en el proceso negociador pongan sobre la mesa y acuerden las soluciones que el mundo necesita para que el suministro de energía a toda la humanidad sea un suministro suficiente, seguro, eficiente y económicamente asumible por cada individuo. No es que la tecnología actual no permita hacerlo (en el mundo desarrollado se podría reducir en el plazo de un par de años al menos el 30% del consumo de energía sin perder calidad de vida, con unos costes tan asumibles que en realidad constituirían un ahorro a medio y largo plazo y con la única condición de cambiar algunas de nuestras costumbres) es que los intereses particulares de quienes deberían realizar las propuestas y aprobarlas les inducen a hacer lo contrario, porque algunos de ellos podrían perder su situación de privilegio en el cambio.

No se puede esperar que si los que mueven los hilos del poder no están dispuestos a cambiar las normas básicas que rigen las actividades económicas en general, y financieras en particular, vayan a estarlo en el caso concreto del sector de la energía, ni tampoco que si llenan de mentiras la información que llega al público sobre la economía, las finanzas, la política y el comportamiento de los que de una forma o de otra viven del dinero público, vayan a hacer algo distinto en lo que se refiere a la energía.

En cuanto a la Unión Europea, que por motivos obvios ha sido dejada de lado en las negociaciones (Obama, eso sí, ha tenido la deferencia de comunicar los acuerdos alcanzados antes de que se hicieran públicos) tiene la opción de continuar su política en solitario, y mejor nos irá a todos los europeos si lo hace, a pesar de no tener compañía, porque si se desarrolla una política energética adecuada, no sólo habrá puesto su granito de arena para mejorar la situación, sino que, cuando sean evidentes las ventajas económicas del uso eficiente de la energía, el resto del los países lo irán adaptando.

Los ciudadanos normales, los que nunca iremos a ninguna cumbre de la ONU, los que si fuéramos invitados daríamos la nota por no despilfarrar el dinero de todos, también podemos hacer nuestra aportación, insignificante de una en una pero muy relevante si se cuenta por centenares de millones. Basta con que evitemos el despilfarro (no es necesario, ni siquiera conveniente que tengamos nuestra casa más caliente en invierno que en verano, más bien sería razonable que estuviéramos cómodos, pero con jersey, en invierno y con camisa poco amplia en verano; no es necesario ir con el coche a máxima velocidad y con una marcha no muy larga, es mucho mejor conducir con el criterio de reducir el consumo y, siempre que sea razonable, utilizar el transporte público y mejor el tren que el avión, siempre que sea razonable, insisto. Pongamos bombillas de bajo consumo en el mayor número de puntos de luz que podamos, aunque no sean tan bonitas como las que gastan entre 15 y 70 veces más para iluminar lo mismo. Y otras muchas pequeñas cosas que al cabo del año permiten una reducción relevante de nuestro consumo de energía sin que, al hacerlo, estemos reduciendo nuestra calidad de vida)

Y quizás algún día gobiernen las instituciones nacionales e internacionales personas que realmente se preocupen por el bien común, poniéndolo por delante de sus poco relevantes intereses particulares, informen de manera clara, entendible y veraz a la población de los problemas importantes y de las formas de reducir sus repercusiones negativas y propongan pautas de actuación que aumenten aún más la eficiencia en el consumo de todos los bienes y servicios, incluyendo, por descontado, la energía.

Los problemas del mercado laboral en España: cambios legales

Una vez detectada la urgente necesidad de cambios legales para facilitar al máximo la generación de empleo, es claro que corresponde al Gobierno la iniciativa de todo el proceso. Es asimismo evidente que cuanto mayor sea el consenso social que se obtenga, más efectivas serán las normas que se pongan en funcionamiento. Por otra parte, no parece que el ambiente actual sea precisamente el de máxima implicación por parte de todos los agentes sociales, motivo por el que, al final, el Gobierno tendrá que tomar las decisiones que correspondan para que la normativa que finalmente se introduzca tenga la máxima eficacia, incluso si eso supone el descuelgue de algunos agentes sociales que no estén dispuestos a aceptar los cambios que no favorezcan sus intereses particulares. El Gobierno no debe olvidar que no modificar la normativa también es una decisión, aunque a todas luces inadecuada dada la terrible evolución de las cifras de ocupación y de paro, y que tendrá una repercusión relevante en los votos que consigan los partidos en las próximas elecciones.

Una de las principales modificaciones legales que se debería abordar tan rápido como sea posible es la de los tipos de contrato de trabajo que existen. Es obvio que hay demasiados tipos, que la protección que ofrecen a los trabajadores es muy distinta (desde la hiperprotección de los trabajadores con contrato indefinido, al que corresponden 45 días de indemnización por año trabajado con un tope de 42 mensualidades que sólo se ve reducida en algunos casos de ERE hasta la mínima protección de los contratos eventuales) y no se dan las condiciones para quitar los derechos adquiridos de los más privilegiados. Sin embargo, tampoco hay ninguna razón objetiva para no introducir modificaciones en los nuevos contratos que supongan una protección razonable para los trabajadores y que simultáneamente permitan una mayor flexibilidad a la hora de adaptar las plantillas a la situación objetiva de la demanda de sus productos.

Una vía que parece razonable sería la de fijar para todos los nuevos contratos el número de días de indemnización por despido por año trabajado en un número, el que acuerden los agentes sociales o, si no hay acuerdo, el que fije el Gobierno, aunque con unas variaciones importantes, ya que las empresas pagarían cada mes a la Seguridad Social la parte correspondiente a cada uno de sus trabajadores y la Seguridad Social lo apuntaría en una cuenta individual de cada trabajador que, en caso de ser despedido, empezaría por recibir la cantidad que le correspondiera con cargo a su cuenta individual y sólo seguiría percibiendo la prestación una vez agotada su cuenta si, de acuerdo con la legislación actualmente vigente, siguiera teniendo derecho a la prestación. Esta cuenta individual no se reduciría en el caso de que el trabajador cambiara de empresa, lo que promovería el cambio de empresa cuando fuera de interés del trabajador ya que no se verían mermados sus derechos acumulados y, simultáneamente, incentivaría la búsqueda activa de un nuevo trabajo a los parados, ya que una vez incorporados a un nuevo trabajo su cuenta individual volvería a incrementarse a partir del saldo que tuviera, en vez de continuar reduciéndose.

También deberían modificarse las funciones que realmente hacen las oficinas del INEM, para dirigirlas a la búsqueda activa de empleo. Un modelo del que se podrían sacar bastantes enseñanzas es el danés, que da unas prestaciones superiores al nuestro a aquellas personas que buscan activamente empleo (dinerarias, pero también de formación profesional y de guía para la búsqueda de un nuevo empleo) que quedan reducidas a una quinta parte en la prestación económica en el caso de que el desempleado no busque trabajo de forma activa.

Finalmente, es necesaria una modificación legal que erradique el trabajo sin contrato ni alta en la Seguridad Social. La modificación tiene que penalizar mucho el incumplimiento de los empresarios, pero simultáneamente facilitar al máximo el alta de los trabajadores, incluso cuando sea por un solo día o unas horas, para lo que podrían ser un ejemplo los bonos que ha introducido el Gobierno italiano, que permiten pagar estos trabajos esporádicos simplemente entregando el bono por el importe correspondiente al trabajador que puede cobrar en efectivo el importe que le corresponde en las oficinas de correos, que al tramitarlos añaden los datos correspondientes en las bases de datos de la Seguridad Social, ya que al comprar el bono el empleador ha pagado, además del salario neto que recibirá el trabajador, los importes correspondientes a la Seguridad Social y a la retención estándar del IRPF que exista para este tipo de forma de pago.