martes, 31 de marzo de 2009

Reducción de precios versus deflación

El anuncio de que el dato adelantado de evolución de precios del mes de marzo de 2009 podría llevar, por primera vez en España desde que se elaboran estadísticas de precios, a un resultado acumulado en los últimos doce meses de descenso de los precios, ha devuelto a la actualidad las opiniones sobre la deflación que ya comenté el pasado diciembre.

Dada la experiencia japonesa de los últimos años, parece que la mayoría de los comentaristas se han apuntado a la tesis de que cualquier reducción de precios es en sí muy mala, por lo que lo peor de esta etapa baja del ciclo económico se nos vendría encima si alguien no pone remedio subiendo los precios.

Habría que empezar por explicar que la inflación en si misma, si supera unos niveles muy moderados, es también mala, pero que sus efectos nocivos son más acusados cuanto más alta es. Lo ideal sería tener de forma permanente unos precios estables, salvo en los productos muy nuevos que pueden tener reducciones importantes sin producir consecuencias negativas, lo que llevaría a largos periodos con los índices de precios situados en una banda que iría desde una reducción máxima del 2% anual a un aumento máximo del mismo valor. Aunque no es deseable, no se puede descartar que haya repuntes puntuales debidos a elevaciones de los precios internacionales de las materias primas que se derivarían a su vez de escasez de oferta por problemas normalmente políticos o de reducción artificial de la oferta.

Desde el punto de vista de la teoría económica, sólo se puede hablar con propiedad de deflación, como ocurre con la inflación, si se dan simultáneamente dos circunstancias: que la reducción de precios sea generalizada, esto es que afecte a la mayor parte de los bienes y servicios, y que se extienda en el tiempo.

En España no se da, al menos por el momento, ninguna de las dos circunstancias, ya que la reducción de precios todavía no se ha prolongado en el tiempo y, por otra parte, afecta a un número relativamente pequeño de bienes y servicios, que, además, con mucha frecuencia coinciden con productos que anteriormente han tenido un alza desmesurada ya sea por que previamente habían aumentado los precios internacionales (de ellos o de sus materias primas) ya sea porque habían crecido de forma inusitada los márgenes de quienes los venden, y, en algunos casos, por ambas cosas a la vez.

El temor a la deflación está justificado por un círculo vicioso, que hay que evitar a toda costa, que consiste en la necesidad de reducir los precios de forma estable por debajo de los costes medios de los operadores eficientes, como única forma de poder vender algo y tener un flujo de caja positivo, que lleva a una reducción de la demanda debida al convencimiento generalizado de que hoy sólo hay que comprar lo imprescindible porque si lo compramos mañana será más barato y a una ausencia prácticamente total de inversiones, porque no hay proyectos que permitan cubrir los costes medios y obtener un mínimo de rentabilidad. La experiencia japonesa muestra lo difícil que es romper ese círculo vicioso una vez que la sociedad se ha instalado en él y los efectos para la sociedad son ciertamente indeseables.

Como ya escribí en diciembre, estoy convencido de que si la actual reducción de precios es consecuencia de la caída de los precios internacionales de bienes o servicios de los que España es importadora neta (por ejemplo petróleo, gas natural, maíz o soja) o proviene de la bajada de los impuestos y tasas (especialmente si son autonómicos o municipales y las bajadas van acompañadas de una reducción del despilfarro de esas administraciones) o se derivan de una caída de los márgenes de aquellos bienes y servicios que han registrado un alza desmesurada en los años anteriores (vivienda, comisiones bancarias, bienes y servicios de escasa cuantía unitaria que han hecho el cambio cien pesetas igual, poco más o menos, a un euro) siempre que los nuevos márgenes reducidos permitan obtener un beneficio razonable, pero sólo razonable y no desmesurado, a los operadores económicos eficientes, la reducción de precios será buena para el conjunto de la economía, aunque pueda ser mala para los especuladores.

Por el contrario, será mala la situación a la que parece que nos dirigimos, en la que coexistirán los bajos tipos de interés nominales (acompañados de tipos muy superiores para las familias y empresas que siendo solventes pidan nuevos créditos para usos razonables) con el aumento del despilfarro del dinero público y por tanto de los impuestos, porque esa situación desincentivará tanto la inversión en proyectos productivos como el ahorro, y no permitirá el desarrollo equilibrado de la actividad económica.

viernes, 27 de marzo de 2009

Capacidad de endeudamiento de España

En una entrevista publicada hoy, 27 de marzo de 2009, el Presidente del Gobierno afirma “... Hasta hace poco hemos tenido un importante superavit y vamos hacia un déficit elevado, que seguramente superará el techo del 3 por ciento del PIB. Sin embargo, el endeudamiento, a pesar de la importante emisión de deuda, pasará del 35 por ciento al 38-39 por ciento, unos 25 puntos menos que la media europea. Por tanto tenemos un amplio margen de endeudamiento y esto la gente lo olvida a menudo. En resumen, podemos contar con una baza relevante, el bajo endeudamiento, y tenemos un importante deber: controlar el déficit.”

En teoría, el planteamiento del Presidente es correcto pero en la realidad el margen de endeudamiento no es tan alto.

Si partimos del endeudamiento del estado a finales de 2008, 35% del PIB en palabras del Presidente, y admitimos como límite el 60% de los compromisos de Maastrich, quedan 25 puntos de margen. La UE ha declarado que permitirá que España no llegue a reducir el deficit al 3% hasta 2012, supongamos que se cumple esta condición y que el deficit medio en 2012 y 2013 sea del 2% y se llegue al equilibrio, o al superavit, en 2014.

Con estas premisas quedan 21 puntos a repartir entre 2009, 2010 y 2011, por lo que el déficit que debe controlar el gobierno, tiene la condición de no pasar del 7% como media en esos tres años, algo posible pero que deja muy escaso margen para nuevas medidas en ese periodo. Al presidente no le quedará más remedio que reducir el gasto social o subir los impuestos, o una mezcla de ambas cosas.

Pero hay, además, otra restricción que el Presidente ha preferido olvidar en sus declaraciones (no es creíble que no se lo hayan explicado sus asesores) y es que no hay crédito disponible para el conjunto de España en el exterior en la cuantía que esas cifras exigirían.

La realidad es que en los últimos años España en su conjunto, incluyendo por tanto el sector privado, se ha venido endeudando con el resto del mundo en unos 100.000 millones de euros adicionales a la deuda del año anterior, esto es el 9% del PIB. Otra realidad innegable es que el sistema financiero internacional ya no considera a España un deudor fiable, incluso se ha bajado el rating del Reino de España y, aunque no es fácil establecer que cantidad de dinero está dispuesto el resto del mundo a prestar a España, podemos considerar como hipótesis razonable que el sistema financiero internacional no desee que aumente la deuda de España con el exterior. Esto supondría que el sector privado tendría que reducir su endeudamiento, cada uno de los años que van de 2009 a 2011 en el 16% del PIB (9 puntos que se estaba incrementando más 7 puntos del déficit que tendrá que financiar el Estado)

Si este fuera el cuadro, la economía no podría desarrollarse porque en la práctica desaparecería la inversión privada y la salida de la etapa baja del ciclo sería muy lenta y la reducción del PIB se prolongaría algunos años.

En consecuencia, nos esperan tiempos muy duros, y el Presidente del Gobierno debería empezar a plantear cuanto antes una reducción muy relevante del gasto público, lo que si no se quiere que lleve a la reducción del gasto social pasa, necesariamente, por una reducción drástica del gasto de consumo del Estado que sólo se puede alcanzar con una mejora muy relevante de la eficiencia de todos los procesos del sector público.

sábado, 7 de marzo de 2009

La identidad de Kaya y el análisis del futuro de las emisiones de CO2

Para analizar los factores que influyen en las emisiones de CO2 a la atmósfera, el economista energético japonés Yoichi Kaya desarrolló la identidad que lleva su nombre, en la que incluyó todos los factores que él considera relevantes.

Se trata de una identidad, ya que si se simplifica queda como CO2 = CO2

La forma de elaborar una identidad que incluya todos los factores que se consideran relevantes es sencilla, se pone la identidad y en el segundo miembro se añaden, multiplicando, tantas fracciones como factores relevantes se consideren.

Kaya consideró relevantes el PIB, la población y la energía consumida, por lo que la identidad sería:

CO2 = CO2 x (PIB/PIB) x (P/P) x (E/E)

El gran mérito de Kaya está en haber reordenado la expresión, de forma que cada elemento tuviera un sentido económico-energético, con lo que la identidad quedó formulada de la siguiente manera:

CO2 = (P) x (PIB/P) x (E/PIB) x (CO2/E)

Con lo que las emisiones de CO2 resultan ser el producto de la población por la renta per capita por la intensidad energética del PIB y por las emisiones de CO2 por unidad de energía utilizada.

Obviamente, el objetivo de anular las emisiones de CO2 se puede obtener anulando cualquiera de los cuatro factores, pero sólo uno de ellos es factible: la utilización de energía que no emita CO2.

En el periodo transitorio que permita a la humanidad alcanzar ese objetivo, hay que conseguir otro objetivo también fundamental, la mejora de la renta per capita de la gran porción de la humanidad que la tiene todavía manifiestamente insuficiente, motivo por el que se debe avanzar simultáneamente en la reducción de la intensidad energética del PIB y en la minimización de la emisión de CO2 por unidad de energía consumida.

lunes, 2 de marzo de 2009

Elecciones autonómicas: pierde poder el nacionalismo radical

Ayer se celebraron las elecciones autonómicas de las comunidades autónomas de Galicia y País Vasco. Los resultados son claros en Galicia, ya que el Partido Popular ha conseguido la mayoría absoluta y gobernará tras cuatro años de gobierno PSdG-BNG, y dejan abiertas varias posibilidades en el País Vasco, donde lo único seguro es que tampoco repetirá el gobierno anterior.

En Galicia es de esperar que el nuevo gobierno termine con las prácticas más radicales de los nacionalistas, tanto en el campo económico, que ha supuesto el cambio de domicilio fiscal a otras comunidades de no pocas empresas gallegas, como, sobre todo, en el campo educativo, en el que todo parece indicar que los niños gallegos recuperarán el derecho fundamental de recibir, si así lo desean sus padres, una parte relevante de la enseñanza en su lengua materna, aunque ésta sea el español.

En el País Vasco están abiertas cuatro posibilidades, gobierno en minoría del PNV, partido que tiene el máximo número de diputados (30 de 75 totales) gobierno en minoría del PSOE (24-25 diputados) que sería posible con el acuerdo de PP y, en su caso, de UPyD, gobierno PNV-PSE y gobierno PSE-PP, que podría necesitar el voto de UPyD.

Creo que la máxima probabilidad es la de un gobierno en minoría del PSE (que seguramente requeriría un cierto compromiso público con el PP de que determinados aspectos no serían después negociados con el PNV) y que el resto de opciones abiertas tienen muy escasas posibilidades de llevarse a cabo.

En cualquier caso, es de esperar que el partido socialista acepte la libertad de elección de los padres respecto a la lengua de una parte relevante de la enseñanza que reciban sus hijos, y que reduzca la discriminación de los que no saben eusquera para determinados puestos públicos. Con todo, lo más importante debería ser la desaparición inmediata de la tolerancia policial respecto al entorno de ETA, lo que permitiría avanzar en la progresiva desaparición del entorno terrorista.

Los resultados de ambas elecciones tendrán, además, importantes consecuencias en la política del conjunto de España, ya que si gobierna el PSE en el País Vasco, el PSOE tendrá mucho más difícil obtener el apoyo del PNV en el Congreso de los Diputados, el PP hará una fuerte presión para que la discriminación lingüística se reduzca también en Cataluña y si, como me imagino, los análisis de las causas del cambio de voto llevan al PSOE a la convicción de que han perdido muchos votos, y quizás el poder en Galicia, por la mala gestión de la crisis económica, por los excesos nacionalistas y por la escasa sensibilidad respecto a los gastos suntuarios de los políticos en el poder, cabe esperar un cambio de política muy relevante del gobierno español.

Además, con mucha probabilidad, las relaciones entre PP y PSOE serán menos duras y, en lo que se refiere al PP, los resultados obtenidos por este partido permitirán a su presidente no sólo hacer una buena limpia de las personas implicadas en la corrupción, sino también poner orden en el seno de su partido.

UPyD ha tenido un resultado muy bueno en el País Vasco, con un enorme valor añadido para su escaño si el PSE se queda en 24 diputados, pero no tan bueno en Galicia, donde ha obtenido menos votos de los esperados. La piedra de toque la tendrá en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en las que tiene a su favor la circunscripción única, con lo que todos los votos valen lo mismo, al margen del lugar en el que se emitan, y también el que muchos votantes puedan optar por dar un aviso a los partidos a los que votan en otras elecciones, pero también es cierto que tiene que consolidar su progreso como partido y que ya están apareciendo las críticas porque el partido no avanza en su estructura como tal. Yo ya anuncié en agosto de 2007 que daría mi voto a Rosa Díez, y así lo hice en las generales del pasado año, y mantengo mi total confianza en su actuación, por lo que también votaré a UPyD en las europeas.

Como conclusión creo que estas elecciones han tenido un resultado muy bueno para el país, por la pérdida de poder de los nacionalistas radicales y por los mensajes, para todos los partidos, de la necesidad de una mejor gestión de la crisis y del rechazo a la corrupción y a los gastos suntuarios promovidos o tolerados por los que están en el poder.