En el Consejo
de Ministros del 5 de julio se ha anunciado la constitución de la comisión que
tendrá por objeto realizar un análisis del sistema tributario y la formulación
de propuestas para su reforma.
El informe deberá
orientarse, según el gobierno, al aumento de la eficiencia de la economía, al
crecimiento de la actividad económica y al aumento del empleo, pero añade la
salvedad de contar, en todo caso, con las restricciones que impone la vigente
Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que da una idea clara de que el principal
objetivo, al que deben supeditarse todos los demás, es el aumento de la
recaudación.El gobierno
admite, por otra parte, que el ámbito de sus propuestas pueda extenderse a medidas que mejoren
la gestión y la inspección de los tributos.
Las líneas de
revisión que el gobierno encarga a la comisión son las siguientes:
1.
Lograr un sistema tributario sencillo, de mayor
simplicidad.
2.
Garantizar la suficiencia de los ingresos tributarios,
para facilitar la limitación del déficit a la normativa de la UE.
3.
Obtener un sistema tributario que favorezca el
desarrollo económico, garantice la unidad de mercado y la neutralidad fiscal.
4. Potenciar el desarrollo social con medidas que
favorezcan a colectivos como familias y discapacitados, y con medidas que
estimulen el ahorro.
Mejorar el
sistema tributario, desde el punto de vista de la sencillez y la simplicidad,
no debería ser una tarea difícil, si no se pretende cambiar la cuantía
recaudada ni su estructura. Tampoco será mucho más difícil si además se
pretenden cambiar uno o ambos aspectos, por lo que cabe ser optimista en lo que
a esta línea de revisión se refiere.
La garantía de
los ingresos tributarios para equilibrar las cuentas del Estado hace pensar
que, una vez más, la política del gobierno será la de hacer recaer en la clase
media la mayor parte del ajuste que todavía falta por hacer, igual que han
hecho con el ajuste realizado hasta ahora. Cualquier cosa antes que limitar al
máximo los gastos públicos que no proporcionan ninguna utilidad social
relevante, ya que equivaldría a cargar el grueso del sacrificio sobre los
políticos y sus próximos.
La obtención de
un sistema tributario que favorezca el desarrollo económico y que garantice la
unidad de mercado y la neutralidad fiscal, es equivalente a pedir que la
reforma se dedique a eliminar, al menos, una buena parte de los numerosos
elementos de falta de equidad que tiene el sistema tributario que padecemos, lo
que exigirá un arduo trabajo a los miembros de la comisión que tropezarán con
el muro de que no sea admisible perjudicar a los privilegiados protegidos por
el sistema político.
El encargo de favorecer
a las familias o a los discapacitados, y de estimular el ahorro, parecen ser la
expresión de objetivos deseables pero que en su mayor parte serán incumplibles, aunque algo se
les ocurrirá para paliar la situación de algunos colectivos, siempre que se cumpla
la condición de que el coste total de las medidas sea muy pequeño si se compara
con la recaudación total.
¿Cómo ayudarán
a las familias, si ya parten de la base de estimular el ahorro, excusa perfecta
para mantener una tasa impositiva muy inferior para los rendimientos
financieros que la que se aplica en el caso de las rentas del trabajo o de las
pensiones?
Aunque para
juzgar el resultado sea imprescindible esperar a ver el informe que elabore la
comisión recién constituida, no parece muy aventurado vaticinar que con la
reforma que se apruebe aumentará la recaudación, aumento que podría ser
compatible con un mantenimiento de la presión fiscal para las capas de menores
ingresos (básicamente los mileuristas o personas con ingresos inferiores)
En el impuesto
sobre la renta aumentarán los tipos a partir de los 15000-20000 euros anuales,
aunque manteniendo el tipo marginal más elevado en su cifra actual.
El impuesto de
sociedades podría ver reducido su tipo elevado (en la actualidad el 30%) a
cambio de eliminar buena parte de las deducciones que permiten tributar a las
grandes corporaciones a tipos efectivos del orden del 10%
El IVA podrá
ver aumentado el tipo normal en uno o dos puntos porcentuales, y en todo caso se
llevará a cabo un nuevo traspaso de bienes y servicios hacia un tipo más elevado
del que soportan ahora y, por otra parte, podría definirse un criterio mucho
más restrictivo para la aplicación de la tributación por módulos.
En el impuesto
del patrimonio podría quitarse una parte de la discrecionalidad que ahora
tienen las comunidades autónomas, aunque muy probablemente se retrase esta
medida hasta después de las próximas elecciones autonómicas (el PP intentará
conservar a toda costa el gobierno de la de Madrid)
Finalmente en
la imposición municipal se permitirán nuevos incrementos relevantes en el IBI y
el impuesto sobre vehículos.
El resultado
será, si las cosas van en ese sentido, un nuevo golpe recaudatorio dirigido contra
las clases medias, especialmente contra aquellos que teniendo coche y vivienda, tengan la
suerte de conservar un puesto de trabajo con un salario igual o superior a dos
veces el salario mínimo.
