Hay dos prácticas
políticas muy extendidas en España que están en la base del contagio del Ébola
registrado en Madrid y que si no se hubieran practicado, con un altísimo grado
de probabilidad, ahora no estaríamos preocupados por la aparición de una
enferma de Ébola contagiada en España.
La primera es estructural
y responde al tipo de "Hay que
hacerlo cueste lo que cueste" practica
que cuando se lleva a cabo por un político con suficiente poder acaba costando
carísima a la sociedad en su conjunto, y la segunda, del tipo coyuntural, pertenece
al grupo de "los costes de los
ahorros de costes"
El Partido Popular está
desarrollando la privatización de la sanidad pública, de forma no declarada y
progresiva con el único objetivo de permitir un aumento de la rentabilidad
económica de la sanidad privada, que hasta hace algunos años conseguía una
cuota de mercado reducida y obtenía unos beneficios moderados por el listón que
ponía la sanidad pública en cuanto a su calidad de atención.
Este proceso se ha
acelerado en las dos últimas legislaturas y de forma muy especial en la
Comunidad de Madrid, en la que ya es claramente perceptible la caída de la
calidad de la atención de la sanidad pública especialmente en los aspectos de
los retrasos para realizar gran parte de los actos médicos, especialmente en lo
que se refiere a especialistas, pruebas relativamente complejas y dificultad de
ser atendido en los centros públicos.
En el caso del Ébola, el
desmantelamiento de unidades especiales en hospitales públicos y la reducción
del uso de los equipamientos ha llevado a la situación actual en que la
desgraciada realidad es que no hay un solo hospital en España que esté
realmente preparado para atender con su personal adscrito un caso de Ébola, ya
que no hay profesionales que hayan recibido la formación específica necesaria
para poder hacerlo.
Por descontado, la sanidad
privada no tiene el menor interés en atender estos casos, ya que el coste de
tener los equipos preparados es demasiado alto como para poder rentabilizarlo
con los pocos casos que previsiblemente se tendrán que atender en nuestro país.
El criterio nunca declarado
de "Hay que maximizar la
privatización de la sanidad cueste lo que cueste" es el responsable de
que los profesionales que han atendido a los enfermos de Ébola repatriados no
contaran con los medios, ni con la formación, ni con las condiciones de trabajo
mínimamente necesarias para llevar a cabo esta delicada actividad con el rigor
necesario para minimizar los riesgos de contagio.
En lo que se refiere al
ahorro de costes, la forma que, tanto el PSOE primero como el PP después, han
tenido de reducir el déficit público desatado por la nefasta política económica
de la primera etapa de la crisis ha sido el aumento de los impuestos por una
parte y la reducción del gasto público basada fundamentalmente en la reducción de
los costes de los servicios públicos más fundamentales (Sanidad, educación,
prestaciones sociales económicas e inversiones públicas necesarias)
En el caso de la atención del
Ébola, el ahorro de costes se ha basado en los siguientes principios: minimización
del gasto en formación necesario para que cualquier potencial enfermo de Ébola
sea dirigido inmediatamente al lugar adecuado para su adecuada atención,
minimización del coste en formación y en equipamiento de los profesionales
adscritos a la atención específica de los casos sospechosos y los enfermos de
Ébola declarados, minimización de los costes de personal y servicios externos
necesarios para la atención específica, por la vía de que en los momentos en
que no sean necesarios para atender los eventuales casos de Ébola sean usados
para la atención en otras unidades diferentes.
Como ha puesto de
manifiesto el desgraciado contagio de una Auxiliar de enfermería que había atendido a los dos
enfermos repatriados hasta ahora, como sucede siempre que los ahorros de costes
no se realizan en los conceptos en que realmente es posible ahorrar, los ahorros inicialmente conseguidos con
esas prácticas cicateras se convertirán en un gasto muy superior derivado
de la necesidad de los políticos de no quedar ante la opinión pública como los
responsables del contagio para lo que ahora sí que pondrán todos los medios
necesarios y otros innecesarios para asegurarse de que no haya más contagios.
Por descontado, los
informes oficiales llegarán a la conclusión de que la victima fue, por supuesto
de forma involuntaria y por tanto sin ningún tipo de responsabilidad, la
causante única del accidente que hizo posible el contagio.
Y si es necesario que
algún profesional pague con su puesto por el contagio, será una persona de bajo
nivel y, probablemente, sin una responsabilidad relevante en lo sucedido.
