La CNMC ha impuesto a las
distribuidoras de productos petrolíferos Repsol,
Cepsa,
Disa, Galp y
Meroil multas por pactar precios por un importe total de 32,4 millones de
euros.
Las empresas afectadas se
quejan de lo desmesurado de las sanciones y los consumidores pensamos que son
muy reducidas, no porque el importe no sea elevado, sino porque solo suponen
una parte muy reducida del beneficio que han obtenido con esta actividad
ilícita.
Los números son muy fáciles
de hacer: En 2014 las ventas totales en España de combustibles de automoción
(gasolinas y gasóleos) fueron de 31.000 millones de litros. y la multa total de
32,4 millones de euros, lo que da una media de 0,105 céntimos de euro por litro
vendido. Como no todas las distribuidoras han sido sancionadas, pero si las dos
principales, supongamos que entre todas las sancionadas vendan un 80% del total
de combustibles, con lo que la sanción media por litro vendido sería de 0,131
céntimos por litro.
Es cierto que el
expediente se refiere a actividades ilícitas comprobadas en zonas geográficas
limitadas, con lo que para esas prácticas la sanción sería superior al
beneficio obtenido en esos casos concretos.
Sin embargo los
consumidores estamos convencidos de que las distribuidoras de productos
petrolíferos obtienen unos márgenes extraordinarios en todas sus ventas, que
bien podrían ser del orden de 10 céntimos de euro por litro y que son
consecuencia del abuso de posición dominante que pueden llevar a cabo estas
empresas dada la muy escasa competencia efectiva existente.
Por ese motivo, las
sanciones deberían ser disuasorias y para ello deberían ser un porcentaje
elevado de los márgenes totales estimados (Precio de venta al público antes de
todo tipo de impuestos menos precio internacional del producto de que se trate
en el periodo al que se refiera la sanción) de la totalidad de sus ventas de
ese producto en el territorio nacional) si ese porcentaje fuera, por ejemplo,
del 20% quedan pocas dudas de que las grandes distribuidoras desistirían de
llevar a cabo esas prácticas porque una sola multa reduciría de forma drástica
los beneficios anuales de la empresa y sus gestores serían removidos por sus
accionistas.
Otra forma alternativa
sería la usada hace un siglo para terminar con el monopolio de hecho que tenía
La Standard Oil of California de Rockefeller en Estados Unidos. Bastaría una
ley anti oligopolio que obligara a escindir las empresas distribuidoras que
superaran el 10% de cuota de mercado en España.
