Ayer 23 de julio de 2007, por enésima vez una importante ciudad española registró un corte de electricidad de larga duración y que afectó a centenares de miles de clientes (abonados según las distribuidoras) y con certeza a un par de millones de ciudadanos.
Con gran rapidez y diligencia centenares de guardias regularon los cruces que se habían quedado sin semáforos útiles ¿estaban avisados sus mandos de que algo así podía ocurrir? Al anochecer, todavía había bastantes semáforos sin servicio, pero no seguidos sino escalonados, y en esos cruces siempre había un guardia regulando eficazmente el tráfico (algunos de ellos sin señales luminosas, con el consiguiente riesgo para ellos por falta de visibilidad)
Antes les había tocado el turno en varias ocasiones a Madrid, Sevilla y a la propia Barcelona, por no hablar de la multitud de incidentes en zonas costeras que afectan a un número muy inferior de ciudadanos.
Todo apunta a que el origen real de los cortes es la insuficiente inversión de las filiales de distribución de todas las eléctricas: La causa última es que, aunque la actividad de distribución de electricidad tiene en su conjunto una retribución más que generosa, el sistema de retribución de las nuevas inversiones tiene algunos fallos que hacen que determinadas inversiones individuales no sean rentables para la empresa que debería hacerlas. En particular esto es así cuando la inversión debe atender aumentos de consumo que no aportan nuevos clientes o aumentos de la potencia contratada de los clientes existentes.
Además, si hay sobrecarga en una red la primera consecuencia es una caída de tensión, de hasta 10 o 15 voltios que no impide que la mayoría de los aparatos eléctricos funcionen aunque al consumidor se le factura más consumo del realizado (exactamente en la misma proporción que baja la tensión ya que el contador lo que mide es intensidad y no energía) con el resultado de un suculento beneficio adicional para la distribuidora.
Tradicionalmente el ministro responsable de la energía es catalán. En la actualidad son también catalanes el Secretario General correspondiente y la Presidenta de la CNE, todos ellos residentes en Barcelona durante décadas. Y Montilla, que en su etapa de ministro no hizo nada para evitar que esto pudiera ocurrir, ahora exige que el problema de Barcelona se solucione de forma inmediata.
Aunque es evidente que en este aspecto Barcelona es tratada de forma similar a Madrid o a Sevilla ¿podría alguien pensar que estas personas quieren tan poco a su ciudad como para no preocuparse de que tenga unas infraestructuras razonables?
¿O quizás el lobby eléctrico es tan potente que se permite echar un pulso al Gobierno para que en la próxima revisión de las tarifas eléctricas se acepte un aumento claramente por encima del compromiso que el presidente Rodríguez Zapatero adquirió con los españoles en el Parlamento? El tiempo nos dará la respuesta.
