Las CCAA necesitan ingresos que les permitan pagar los servicios que prestan a las personas y empresas que están en su territorio.
El sistema de financiación, por tanto, debería ser tal que permitiera a cada una de ellas prestar los servicios previstos a todos los ciudadanos y empresas con una calidad equivalente. El equipamiento de infraestructuras es un aspecto básico, ya que no sólo afecta a la renta que cada comunidad genera en la actualidad sino que, en caso de insuficiencia, también limita el crecimiento futuro.
La estructura de las distintas CCAA españolas es muy diferente si se atiende a la riqueza, a la población o a la superficie de cada una de ellas.
Es claro que los ingresos que necesita una comunidad autónoma tienen mucha relación con la población que en ella reside, tanto en educación como en sanidad o infraestructuras.
También influye la extensión territorial, sobre todo si las densidades de población que se comparan son muy distintas. En España hay desde zonas casi desérticas a zonas superpobladas, por lo que los costes por persona de los servicios varían notablemente de unas áreas a otras por este motivo.
Es más díficil encontrar una relación objetiva entre el coste de los servicios y la renta de la comunidad, ya sea medida en forma global o por persona.
La pretensión de que la renta se tenga en cuenta al calcular la financiación necesaria para cada comunidad autónoma sólo puede tener el objetivo de atenuar la progresividad del sistema fiscal y conseguir, así, que la cantidad y calidad de los servicios que reciban los ciudadanos y las empresas de las zonas más ricas sean mayores que las de los servicios que reciban aquellos que están en áreas menos ricas.
Lo mismo pasa si el criterio de la renta se pretende aplicar a las inversiones directas del Gobierno Central en las CCAA. El que la cuantía sea una u otra en cada comunidad autónoma sólo debería depender de que necesite más o menos equipamiento en infraestructuras para obtener un servicio equivalente al de las demás, sin que en este caso tenga la menor importancia el que la comunidad en cuestión tenga más o menos renta, habitantes o extensión.
El sistema de financiación, por tanto, debería ser tal que permitiera a cada una de ellas prestar los servicios previstos a todos los ciudadanos y empresas con una calidad equivalente. El equipamiento de infraestructuras es un aspecto básico, ya que no sólo afecta a la renta que cada comunidad genera en la actualidad sino que, en caso de insuficiencia, también limita el crecimiento futuro.
La estructura de las distintas CCAA españolas es muy diferente si se atiende a la riqueza, a la población o a la superficie de cada una de ellas.
Es claro que los ingresos que necesita una comunidad autónoma tienen mucha relación con la población que en ella reside, tanto en educación como en sanidad o infraestructuras.
También influye la extensión territorial, sobre todo si las densidades de población que se comparan son muy distintas. En España hay desde zonas casi desérticas a zonas superpobladas, por lo que los costes por persona de los servicios varían notablemente de unas áreas a otras por este motivo.
Es más díficil encontrar una relación objetiva entre el coste de los servicios y la renta de la comunidad, ya sea medida en forma global o por persona.
La pretensión de que la renta se tenga en cuenta al calcular la financiación necesaria para cada comunidad autónoma sólo puede tener el objetivo de atenuar la progresividad del sistema fiscal y conseguir, así, que la cantidad y calidad de los servicios que reciban los ciudadanos y las empresas de las zonas más ricas sean mayores que las de los servicios que reciban aquellos que están en áreas menos ricas.
Lo mismo pasa si el criterio de la renta se pretende aplicar a las inversiones directas del Gobierno Central en las CCAA. El que la cuantía sea una u otra en cada comunidad autónoma sólo debería depender de que necesite más o menos equipamiento en infraestructuras para obtener un servicio equivalente al de las demás, sin que en este caso tenga la menor importancia el que la comunidad en cuestión tenga más o menos renta, habitantes o extensión.