El 20 de enero de 2010 se ha hecho público el informe de la Comisión para el estudio de los efectos del envejecimiento en el futuro del Estado del Bienestar titulado “Reflexiones para la Reforma” que, en mi modesta opinión constituye un excelente planteamiento del problema y sugiere una vía muy razonable para abordar la definición de las soluciones que la sociedad española se verá obligada a adoptar, más bien pronto que tarde.
El informe se puede descargar desde la dirección de Internet:
http://www.unespa.es/adjuntos/fichero_3001_20100120.pdf
y recomiendo que lo lean detenidamente a todas aquellas personas que estén interesadas en este asunto (que deberíamos ser todos porque, antes o después, todos desearemos llegar a edades avanzadas en buenas condiciones de salud y con unos recursos económicos suficientes, recursos que en la mayoría de los casos procederán en su totalidad o en su mayor parte de las pensiones que recibamos)
La composición de la Comisión es suficientemente heterogénea como para impedir las tomas de postura puramente ideológicas, excepto en aquellos aspectos en que hay un acuerdo prácticamente unánime de la sociedad, pero creo que también ha impedido algunas críticas necesarias a los aspectos más injustos o menos eficientes de los sistemas actuales.
El informe termina con un decálogo que, a modo de resumen, indica los aspectos que la sociedad española debería empezar a debatir cuanto antes, decálogo que resumo a continuación:
1) Necesidad y urgencia del debate para definir una serie de reformas, que afectarían al mercado laboral (especialmente en los aspectos de flexibilizar la entrada y salida, parcial o total, de la situación de activo a pensionista y viceversa) a la forma de acceder a las pensiones y de establecer su cuantía, al sistema público de sanidad y al sistema público de atención de la dependencia.
2) Crisis de sostenibilidad del actual sistema de pensiones antes de dos décadas que exige reformar el sistema de pensiones para retornarlo a la situación de sostenibilidad (la crisis significa que no se podrían seguir pagando las pensiones con la cuantía actual, no que quiebre el sistema de pensiones como anuncian algunos catastrofistas)
3) Amplio debate, con intervención de toda la sociedad, con carácter previo, para que las reformas que se lleven a cabo tengan el máximo consenso social.
4) Información completa, fiable y a tiempo de todos los aspectos y dirigida a toda la sociedad.
5) Prolongación de la vida laboral (se podrá discutir la cuantía de la prolongación, las condiciones y la forma o formas de hacerlo, pero no se puede continuar pagando pensiones suficientes sin reducir el periodo de percepción de las pensiones)
6) Nivel de las pensiones que la sociedad deberá proponer atendiendo a criterios de justicia, equidad y solidaridad.
7) Ajustes de la cuantía de la pensión que se deban aplicar a cada pensionista de forma periódica, que no tienen por qué coincidir con el sistema de revisión actual.
8) Participación pública y privada en los esquemas de sanidad, pensiones y dependencia
9) Sanidad si se mantuviera el actual proceso de encarecimiento del sistema público de sanidad, en no muchos años su coste sería inasumible, por lo que es necesario introducir mecanismos para aumentar la eficiencia.
10) Dependencia El sistema de atención a la dependencia iniciado en la anterior legislatura supondrá un aumento muy relevante del gasto público, por lo que se tendrá que adecuar a las posibilidades efectivas de la sociedad.
viernes, 22 de enero de 2010
viernes, 15 de enero de 2010
¿Cómo evoluciona la economía sumergida?
Si entendemos por economía sumergida la que se realiza sin hacer las oportunas declaraciones fiscales establecidas (no forma parte, por tanto, la actividad económica de autoconsumo que en su mayor parte no debe declararse) es evidente que, por definición, su cuantificación es muy difícil, ya que quienes realizan la actividad procuran ocultarla tanto como sea posible.
Además, la economía sumergida incluye la mayor parte de los negocios delictivos, algunos alegales como la prostitución y toda una serie de negocios legales que, simplemente, no son declarados en todo o en parte a Hacienda. Finalmente, debe destacarse que una parte de la economía sumergida si que paga algunos impuestos, los impuestos locales asociados a los locales en que se lleva a cabo, y el IVA y los impuestos especiales de algunos de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la actividad, aunque ésta sea delictiva.
Hay una tendencia a pensar que una buena forma de realizar un cálculo aproximado de la variación de la economía sumergida es la comparación de la evolución de la recaudación por IVA con la evolución de dos indicadores de la economía declarada (el PIB y el consumo final) Pero este modelo tiene demasiados puntos débiles como para no desecharlo:
- El IVA, aunque sea un impuesto indirecto es un impuesto progresivo, ya que tiene cuatro tipos diferenciados (la exención, que no es el tipo cero sino la media ponderada de los tipos de los bienes y servicios intermedios empleados para realizar la actividad, y los tipos normal, reducido y superreducido y, por tanto, su recaudación aumenta más que la actividad cuando aumenta el poder adquisitivo medio por persona, pero se reduce en mayor proporción cuando éste decrece.
- Las estimaciones del PIB y del consumo final no se calculan mediante la suma del conjunto de las operaciones declaradas, sino con modelos que están diseñados para suavizar las puntas de los ciclos, tanto las de crecimiento más elevado como las de crecimiento más reducido o decrecimiento más acentuado, dependiendo de si el ciclo no incluye, o sí, una etapa de recesión. Esta metodología, muy estimada por los políticos en el poder, acentúa la discrepancia entre los ritmos de evolución del IVA recaudado, que sí es el resultado de la suma de todas las operaciones declaradas, y de los indicadores considerados precisamente en los momentos más altos y más bajos del ciclo.
Sin embargo, si que se puede intuir, de forma exclusivamente cualitativa, que en una situación de recesión como la actual la economía sumergida tiende a incrementar su proporción, de la misma manera que ocurre lo contrario en etapas de crecimiento sostenido, también por varios motivos:
- No pocas empresas, normalmente no muy grandes, y autónomos, como consecuencia de la ausencia de rentabilidad de sus actividades, simplemente carecen del dinero necesario para pagar los impuestos derivados de su actividad, por lo que se ven abocados a ocultar buena parte de su actividad.
- Las personas que pasan al paro están más dispuestas a realizar trabajos sin declarar, especialmente mientras cobran las prestaciones a las que tienen derecho.
- Si se aumenta el esfuerzo fiscal, entendido como el porcentaje de su renta bruta que dedican a pagar todo tipo de impuestos, sobre las personas físicas y jurídicas, se aumenta la ventaja que se obtiene al ocultar la actividad económica, en todo o en parte, si finalmente esta ocultación no es detectada a tiempo, por lo que un mayor número decidirá correr el riesgo.
Y no debe olvidarse que Hacienda tiene una información ingente sobre la actividad económica de cualquier persona, siempre que esta actividad haya sido declarada por la propia persona o por la contraparte, pero en caso contrario, la actividad económica para Hacienda simplemente no existe. De ahí el enorme interés de Hacienda en ir reduciendo el número de operaciones que se realizan pagando en efectivo y el cuidado de quienes no declaran en que sus cobros y pagos no dejen el menor rastro.
Además, la economía sumergida incluye la mayor parte de los negocios delictivos, algunos alegales como la prostitución y toda una serie de negocios legales que, simplemente, no son declarados en todo o en parte a Hacienda. Finalmente, debe destacarse que una parte de la economía sumergida si que paga algunos impuestos, los impuestos locales asociados a los locales en que se lleva a cabo, y el IVA y los impuestos especiales de algunos de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la actividad, aunque ésta sea delictiva.
Hay una tendencia a pensar que una buena forma de realizar un cálculo aproximado de la variación de la economía sumergida es la comparación de la evolución de la recaudación por IVA con la evolución de dos indicadores de la economía declarada (el PIB y el consumo final) Pero este modelo tiene demasiados puntos débiles como para no desecharlo:
- El IVA, aunque sea un impuesto indirecto es un impuesto progresivo, ya que tiene cuatro tipos diferenciados (la exención, que no es el tipo cero sino la media ponderada de los tipos de los bienes y servicios intermedios empleados para realizar la actividad, y los tipos normal, reducido y superreducido y, por tanto, su recaudación aumenta más que la actividad cuando aumenta el poder adquisitivo medio por persona, pero se reduce en mayor proporción cuando éste decrece.
- Las estimaciones del PIB y del consumo final no se calculan mediante la suma del conjunto de las operaciones declaradas, sino con modelos que están diseñados para suavizar las puntas de los ciclos, tanto las de crecimiento más elevado como las de crecimiento más reducido o decrecimiento más acentuado, dependiendo de si el ciclo no incluye, o sí, una etapa de recesión. Esta metodología, muy estimada por los políticos en el poder, acentúa la discrepancia entre los ritmos de evolución del IVA recaudado, que sí es el resultado de la suma de todas las operaciones declaradas, y de los indicadores considerados precisamente en los momentos más altos y más bajos del ciclo.
Sin embargo, si que se puede intuir, de forma exclusivamente cualitativa, que en una situación de recesión como la actual la economía sumergida tiende a incrementar su proporción, de la misma manera que ocurre lo contrario en etapas de crecimiento sostenido, también por varios motivos:
- No pocas empresas, normalmente no muy grandes, y autónomos, como consecuencia de la ausencia de rentabilidad de sus actividades, simplemente carecen del dinero necesario para pagar los impuestos derivados de su actividad, por lo que se ven abocados a ocultar buena parte de su actividad.
- Las personas que pasan al paro están más dispuestas a realizar trabajos sin declarar, especialmente mientras cobran las prestaciones a las que tienen derecho.
- Si se aumenta el esfuerzo fiscal, entendido como el porcentaje de su renta bruta que dedican a pagar todo tipo de impuestos, sobre las personas físicas y jurídicas, se aumenta la ventaja que se obtiene al ocultar la actividad económica, en todo o en parte, si finalmente esta ocultación no es detectada a tiempo, por lo que un mayor número decidirá correr el riesgo.
Y no debe olvidarse que Hacienda tiene una información ingente sobre la actividad económica de cualquier persona, siempre que esta actividad haya sido declarada por la propia persona o por la contraparte, pero en caso contrario, la actividad económica para Hacienda simplemente no existe. De ahí el enorme interés de Hacienda en ir reduciendo el número de operaciones que se realizan pagando en efectivo y el cuidado de quienes no declaran en que sus cobros y pagos no dejen el menor rastro.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)