Los peligros de la privatización de la sanidad en Madrid

El gobierno de la comunidad autónoma continúa implacable su plan de “privatizar” la sanidad.

No es un plan nuevo, ya que desde hace años se está privatizando la gestión de los nuevos hospitales, excepción hecha, hasta ahora, de la atención sanitaria.

Es verdad que esta privatización no ha supuesto, todavía, que se tenga que pagar por la atención médica, aunque las empresas que tienen interés en hacerse con el control de la sanidad ya han empezado a hacer un pingüe negocio ¿a costa de quien?

Pero una vez alcanzada esta meta sin que haya habido ninguna oposición relevante por parte de la ciudadanía, que es cierto que apenas ha notado cambios en la atención (excepción hecha de algunos detalles derivados del ahorro de costes, no por mejor gestión sino por reducción de las prestaciones o de los equipamientos puestos a disposición del personal sanitario, que un número reducido, pero creciente, de usuarios ha ido notando en sus casos particulares) ya se han lanzado de lleno a la privatización progresiva de la atención sanitaria.

Los argumentos de los políticos que la imponen son claros: es necesario ahorrar costes mediante la desaparición del despilfarro que se deriva de la gestión pública.

Los argumentos de los contrarios no son menos contundentes: eliminen los despilfarros que puedan existir, pero manteniendo la gestión pública y, en el peor de los casos, el sector público se ahorrará el beneficio que seguro que se llevará la iniciativa privada ¿o lo van a hacer gratis et amore?

Pero el mayor peligro está por venir. Si la sociedad lo acepta, poco a poco iremos irremisiblemente avanzando hacia el modelo americano, aunque ligeramente modificado por la casi universalidad del punto de partida: la sanidad de coste no excesivo la seguirá proporcionando el sistema público, aunque eso sí, con importantes retrasos para que el máximo de personas se deriven “voluntariamente” hacia la sanidad privada, y la sanidad cara, que casualmente es la que puede proporcionar mayores beneficios, desaparecerá de hecho del catalogo público (por la vía de las colas que harán que la mayoría de los pacientes que no se deriven a la privada mueran por falta de atención en los plazos requeridos) y sólo los que la puedan pagar, podrán superar esas enfermedades.

Sólo hay que tener en cuenta dos datos para darse cuenta de lo que nos espera: en Estados Unidos cada año se gasta en sanidad (entre pública y privada) un 15% del PIB cifra que en España aún no llega al 8% (y nuestro PIB por habitante es bastante menor) pero, oh maravilla, la vida media es superior en España en unos cinco años. Es de esperar que, gracias al nuevo modelo, ambas diferencias se vayan reduciendo a gran velocidad. Gastaremos al menos el doble en sanidad y viviremos cinco años menos de media (y de paso cobraremos cinco años menos la pensión habiendo cotizado lo mismo).

No se puede decir que los médicos de Estados Unidos sean malos, ni que los medios técnicos sean allí peores. La diferencia es el modelo, que en un sistema público bien gestionado debe proporcionar al paciente el tratamiento que sea más adecuado para curar lo antes posible su dolencia y en un sistema privado bien gestionado lleva irremisiblemente a darle el tratamiento que deje un mayor beneficio al sistema sanitario (que salvo raras excepciones no es el más adecuado para el paciente, pero sí el más caro.

¿Cual es la única solución que nos queda a los ciudadanos? Sencillamente dejar de votar a cualquier partido que no se comprometa, públicamente y de forma inequívoca a dar marcha atrás en el proceso de privatización en la sombra. Y también, aquellos a quienes les hagan encuestas electorales, podrán decir claramente que su voto está dirigido principalmente a conseguir que no se privatice la sanidad.    

Una lectura desapasionada de la EPA

Un trimestre más, la Encuesta de Población Activa, que es la mejor información disponible para analizar la evolución de la ocupación y del paro, nos ha dado el disgusto ya habitual desde la del cuarto trimestre de 2007 en que empezó a descender el número total de ocupados en España, que había alcanzado su máximo histórico en el tercer trimestre del año en que empezó la crisis con la excepcional cifra de veinte millones y medio de personas ocupadas (tres millones cien mil personas más que al final del segundo trimestre de este año)

 

 

Hay quien quiere ver una esperanza en el hecho de que en el segundo trimestre haya aumentado el número de asalariados del sector privado (49.000 personas más) pero la machacona realidad de la estadística avisa, a quien quiera hacer la comparación, que el número de asalariados del sector privado también creció en el segundo trimestre de 2011 (140.000 personas) y en el segundo trimestre de 2010 (113.000 personas). La única lectura razonable es que en los últimos doce meses, el número de asalariados del sector privado ha descendido en casi 720.000 personas, que comparan con la caída de 203.000 personas en los doce meses anteriores.

En lo que se refiere al empleo público, alcanzó su máximo histórico en el tercer trimestre de 2011, con una cifra de tres millones doscientas veinte mil personas, casi 290.000 más que en el tercer trimestre de 2007. Desde entonces ha descendido en casi ciento ochenta mil personas, pero muy probablemente esto no es más que el principio de una senda que bien podría llevar a un número próximo a los dos millones de personas, lo que supone que en los próximos trimestres se podrían perder hasta un millón de empleos públicos sin que la calidad de las prestaciones públicas tuviera que resentirse, desde el punto de vista de disponer de las personas necesarias para la prestación de los servicios públicos relevantes.

  
Finalmente, el número de personas ocupadas por cuenta propia, obviamente las que obligatoriamente se ajustan con mayor rapidez a las nuevas situaciones, que, vaya casualidad, también alcanzó su máximo (tres millones seiscientas treinta y tres mil personas) en el tercer trimestre de 2007 podría haber tocado fondo en la cifra de dos millones novecientas sesenta y nueve mil personas que reflejaron las EPA del tercer y del cuarto trimestre de 2011, lo que de ser así habrá supuesto una pérdida de personas ocupadas en esta modalidad de 665.000.

Las perspectivas de la ocupación siguen siendo en consecuencia muy malas para los próximos trimestres, ya que dentro de dos años, no tendría nada de particular que el número de personas ocupadas se haya reducido en una cifra comprendida entre un millón y medio y dos millones de personas, la mayoría de las cuales provendrán del sector público, principalmente de los empleados laborales del mismo. A poco que la realidad se parezca a estas negras previsiones, parece claro que el partido del Gobierno tendrá resultados muy malos en las distintas elecciones que haya desde ahora hasta que finalice su actual mandato; sólo faltará comprobar la memoria histórica que tengan los electores respecto a los otros partidos que han tenido poder de gestión en las distintas administraciones en los últimos seis años, para saber si nos veremos abocados a una alternancia PP-PSOE cada cuatro años, mientras la situación socioeconómica se sigue deteriorando durante al menos una década más o si, por el contrario, los partidos políticos responsables en su conjunto (aunque con más responsabilidad los que más poder han tenido) reciben el rechazo en las urnas que les obligue a desaparecer, como justa respuesta del pueblo a su pésima gestión.  

España ante la ya inevitable intervención

Más de medio año después del cambio de gobierno, la situación económica española está a un paso de tener que solicitar la intervención del temido FMI.

La sociedad española ya ha asumido que la crisis es profunda, muy profunda, pero los políticos con poder siguen estando muy lejos, todavía, de tomar las decisiones adecuadas y explicárselas a la población, probablemente porque tienen intereses poco confesables que están muy por encima del bienestar de la población en general.

El origen del problema, como ya han empezado a reconocer, tímidamente, los políticos, está en la muy elevada deuda externa que el conjunto de la sociedad española tiene con el exterior.

Cuando se inició la crisis (al final del tercer trimestre de 2007) la deuda total española con el exterior era de 1.540.000 M€ (casi una vez y media el PIB español), de los que 375.000 millones tenían un vencimiento inferior a un año. Al final del primer trimestre de 2012 (últimos datos publicados por el Banco de España) la deuda total ha crecido hasta 1.780.000 M€ (un 15,4% más que cuatro años y medio antes) y la cantidad que vence antes de un año es de 650.000 M€.

En una situación como la actual, en que los mercados internacionales sólo están dispuestos a seguir prestando dinero a la economía española si los tipos de interés son del orden del cinco por ciento superiores a los que piden por los préstamos, también en euros, que les pueda solicitar la economía alemana, las consecuencias son claras: en la hipótesis de que nos refinancien la deuda a tipos del 6%, el coste anual de la parte a refinanciar durante los próximos doce meses será de 39 000 millones de euros, coste que sobrepasará los 100 000 millones de euros anuales cuando toda la deuda se haya refinanciado, cantidad equivalente al 10% del PIB que tendremos entonces.

Si la única solución que se les ocurre a los políticos, en el poder y en la oposición, es la de continuar con recortes sociales y aumentos de impuestos, pronto ya no podrán recortar ninguna prestación social más, porque ya no darán ninguna, y abocarán a ir a una economía de trueque a la escasa actividad económica que quede.

La solución menos dañina para la economía española es bastante clara, actuar de forma que la prima de riesgo baje de forma relevante y que, en consecuencia, la carga de los intereses no sea tan pesada.

Como ya es obvio que los mercados no aceptarán ninguna solución que se limite a las decisiones de nuestros políticos, cuya credibilidad es nula en el exterior, sólo quedan tres opciones:

1. Empezando por la peor de todas, el Estado Español podría declarar la suspensión de pagos de su deuda pública, suspensión de pagos que podría llevar a una quita relevante del principal si se negociara en el Club de París, lo que exigiría la Intervención del FMI (hay otra opción todavía peor que es la de no admitir la intervención y simplemente suspender los pagos de intereses y principal hasta que el país se lo pueda permitir)
2. Existe otra posibilidad que es la de solicitar la intervención del FMI, con un plan de refinanciación de la deuda a su vencimiento, por parte del FMI, que, por descontado exigiría garantías de que el FMI recuperaría el principal y los intereses, que llevaría a unas medidas de reducción del gasto público (que incluirían la reducción del coste total de los empleados públicos, por la doble vía de la drástica reducción de su número y de los sueldos de los que quedaran, del coste de las pensiones y del coste de las prestaciones de sanidad) y de aumento de los impuestos. Las consecuencias inevitables serían la aguda contracción de la actividad económica y el aumento de los desempleados en algunos millones más de personas.
3. Finalmente la posibilidad menos dura para la sociedad española sería la de una intervención por parte de la Unión Europea, que podría exigir menos recortes en la medida en que los tipos de interés a pagar por la nueva deuda fueran inferiores a los que aplique el FMI. Por descontado habrá países de la UE que no deseen cooperar en la reducción de la dureza del ajuste en España, pero también tendrán que sopesar el riesgo de que tras España vaya Italia (siguiente pieza a batir por parte de los especuladores, en buena parte bancos de la UE) y tras Italia vaya Francia.

Los próximos meses nos mostrarán el camino que deba seguir España, que en ningún caso será cómodo ni fácil para la mayoría de la sociedad española. Los políticos pueden intentar todavía mantener sus privilegios durante algunos meses más, aunque también corren el riesgo de que en las próximas elecciones los electores les den masivamente la espalda y los partidos políticos responsables del desastre (todos los que han tenido poder, mucho o poco, durante los últimos diez o doce años)  simplemente desaparezcan.

Como emplear Bankia en favor de todos (III)

Deuda pública a largo plazo para financiar proyectos de infraestructura

El tercer tipo de operaciones que se me ocurre para usar las entidades financieras rescatadas en favor de la mayoría, sería para facilitar la financiación de grandes infraestructuras mediante el uso de emisiones de deuda pública a plazo de cinco o más años.

Los nuevos proyectos de inversión, pública o privada, con largos plazos de maduración, tienen hoy muy difícil, si no imposible, la obtención de financiación por un plazo acorde con las necesidades y posibilidades de cada uno de ellos, por lo que debería buscarse un sistema de financiación que permita ajustar en lo posible los plazos de captación del ahorro con los plazos de maduración de los proyectos y, en alguna medida, los planes de pensiones pueden ser un origen adecuado de préstamos a muy largo plazo.

Sin embargo, para dar las garantías necesarias a los ahorradores a largo plazo es imprescindible la participación del Estado que, por otra parte, también puede usar el mismo este mecanismo de financiación para las infraestructuras básicas que promueve directamente, y canalizarlo, a través del ICO y de las entidades financieras rescatadas, para los proyectos de las empresas privadas.

Un posible sistema sería la emisión de Bonos del Estado a muy largo plazo (entre 10 y 30 años) con un tipo de interés fijo que, después de impuestos, permita una rentabilidad media algo superior a la inflación prevista a largo plazo.

Estos bonos podrían ser comprados por los ahorradores, pero serían especialmente de gran interés para los planes de pensiones, muchos de los cuales, probablemente, decidirían tener un cierto porcentaje de sus fondos en este tipo de bonos.

El Estado emplearía parte del importe así captado para la financiación de sus propios proyectos de largo plazo de maduración, y otra parte sería canalizada, a través de las entidades financieras públicas, para aquellos proyectos solventes, cuyos promotores desearan tener un tipo de interés fijo a muy largo plazo y no excesivamente caro.

Con la misma hipótesis de una inflación media a largo plazo del 2,5% anual empleada en los artículos anteriores, los ahorradores particulares estarían interesados a partir de un tipo de interés, a muy largo plazo, que fuera igual o superior al 4,25% y los préstamos a muy largo plazo para proyectos sólidos podrían plantearse a tipos de interés de entre el 4,5 y el 5%, tipos que son más que razonables para acometer ese tipo de proyectos si cubren todo el plazo de maduración de las mismas.

Una condición necesaria para evitar la financiación de proyectos con escasa rentabilidad económica (o social en algunos casos) sería que las entidades públicas que dieran los créditos, tuvieran un equipo para analizar la solidez de los proyectos (incluidos los públicos) de una calidad similar a la que tienen los equipos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), única manera de evitar financiar proyectos que a la postre resulten fallidos. Si se obtiene una morosidad para estos proyectos que en la práctica sea nulo, o casi nula, el tipo de interés de los créditos a dar sería el más bajo posible.

Los efectos serían beneficiosos para el Estado (dispondría de una vía de financiación a muy largo plazo a un coste conocido y no muy elevado) pero también lo serían para los inversores españoles, en especial para los fondos de pensiones, y para las entidades rescatadas, que tendrían una nueva fuente de ingresos.

Obviamente habría unos perjudicados, en este caso los políticos, que ya no podrían presionar para conseguir la financiación de proyectos faraónicos cuyas pérdidas son pagadas, en última instancia, por el Estado, por lo que es de esperar que se opongan radicalmente a cualquier iniciativa de este estilo. 

Como emplear Bankia en favor de todos (II)

Venta de deuda pública a largo plazo a los fondos de pensiones

El segundo tipo de operaciones que se me ocurre para usar Bankia (y las otras entidades que en el futuro pasen a tener una participación pública relevante debido a los rescates) en favor de la mayoría es también bastante sencillo, y consiste en canalizar emisiones de deuda pública a plazos largo y muy largo hacia los fondos de pensiones.

Es sabido que los fondos de pensiones sufren pérdidas enormes de su patrimonio cada vez que la bolsa registra un ciclo bajista prolongado, y que no pocos partícipes desean una ponderación más o menos relevante de renta fija segura, que llega a ser del 100% cuando se acerca su edad de jubilación y desean evitar cualquier riesgo de minusvalía que se coma en unos meses una buena parte del ahorro de toda la vida.

Para dar las garantías necesarias a los ahorradores a largo plazo, es imprescindible la participación del Estado, para lo que un posible sistema sería la emisión de Bonos del Estado a largo y muy largo plazo (plazos distintos entre 5 y 30 años) con un tipo de interés fijo que, después de impuestos, permita una rentabilidad media algo superior a la inflación prevista a largo plazo.

Estos bonos podrían ser comercializados por Bankia para los ahorradores en general, pequeños o grandes, pero serían especialmente de gran interés para los planes de pensiones que, probablemente, decidirían tener un cierto porcentaje de su ahorro en este tipo de bonos, al margen de los planes específicos con interés fijo a fecha determinada, de gran interés para las personas que estén ya muy cerca de la edad de jubilación.

Con la hipótesis de una inflación media a largo plazo del 2,5% anual, los ahorradores particulares estarían interesados a partir de un tipo de interés, a muy largo plazo, que fuera igual o superior al 4,25%

 

Los efectos sería beneficiosos para el Estado (se acotaría el tipo de interés de la deuda a largo plazo, y la prima de riesgo de los mercados secundarios a corto también bajaría por el descenso del porcentaje de la deuda pública en manos extranjeras) pero también lo serían para los ahorradores españoles, especialmente para los partícipes en los planes de pensiones con una edad cercana a la de jubilación, y para la entidad financiera pública que tendría una nueva fuente de ingresos.