Copenhague: lo que cabía esperar

Los resultados de la decimoquinta cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 15) han sido, poco más o menos, los que cabía esperar: los económicamente poderosos continuarán con la situación preexistente, que es la que conviene a sus mezquinos y miopes intereses a corto y medio plazo, los burócratas podrán seguir viajando y viviendo a costa del dinero público o semipúblico (se ha citado a los negociadores para que presenten sus propuestas antes del próximo uno de febrero y se proponen nuevas reuniones a mitad de año en Berlín (todavía no confirmada) y a fines de 2010 en Méjico) las organizaciones ecologistas seguirán manteniendo sus propuestas, lo que a la vez significa que algunos de sus miembros podrán seguir viviendo de ello, gozando además de un elevado prestigio social y la población normal seguirá viviendo poco más o menos como hasta ahora, esto es en la miseria o en la pobreza en su mayor parte o con comodidad si tienen la suerte de vivir en la zona desarrollada y no estar marginados de la sociedad.

Es utópico esperar que las personas directamente involucradas en el proceso negociador pongan sobre la mesa y acuerden las soluciones que el mundo necesita para que el suministro de energía a toda la humanidad sea un suministro suficiente, seguro, eficiente y económicamente asumible por cada individuo. No es que la tecnología actual no permita hacerlo (en el mundo desarrollado se podría reducir en el plazo de un par de años al menos el 30% del consumo de energía sin perder calidad de vida, con unos costes tan asumibles que en realidad constituirían un ahorro a medio y largo plazo y con la única condición de cambiar algunas de nuestras costumbres) es que los intereses particulares de quienes deberían realizar las propuestas y aprobarlas les inducen a hacer lo contrario, porque algunos de ellos podrían perder su situación de privilegio en el cambio.

No se puede esperar que si los que mueven los hilos del poder no están dispuestos a cambiar las normas básicas que rigen las actividades económicas en general, y financieras en particular, vayan a estarlo en el caso concreto del sector de la energía, ni tampoco que si llenan de mentiras la información que llega al público sobre la economía, las finanzas, la política y el comportamiento de los que de una forma o de otra viven del dinero público, vayan a hacer algo distinto en lo que se refiere a la energía.

En cuanto a la Unión Europea, que por motivos obvios ha sido dejada de lado en las negociaciones (Obama, eso sí, ha tenido la deferencia de comunicar los acuerdos alcanzados antes de que se hicieran públicos) tiene la opción de continuar su política en solitario, y mejor nos irá a todos los europeos si lo hace, a pesar de no tener compañía, porque si se desarrolla una política energética adecuada, no sólo habrá puesto su granito de arena para mejorar la situación, sino que, cuando sean evidentes las ventajas económicas del uso eficiente de la energía, el resto del los países lo irán adaptando.

Los ciudadanos normales, los que nunca iremos a ninguna cumbre de la ONU, los que si fuéramos invitados daríamos la nota por no despilfarrar el dinero de todos, también podemos hacer nuestra aportación, insignificante de una en una pero muy relevante si se cuenta por centenares de millones. Basta con que evitemos el despilfarro (no es necesario, ni siquiera conveniente que tengamos nuestra casa más caliente en invierno que en verano, más bien sería razonable que estuviéramos cómodos, pero con jersey, en invierno y con camisa poco amplia en verano; no es necesario ir con el coche a máxima velocidad y con una marcha no muy larga, es mucho mejor conducir con el criterio de reducir el consumo y, siempre que sea razonable, utilizar el transporte público y mejor el tren que el avión, siempre que sea razonable, insisto. Pongamos bombillas de bajo consumo en el mayor número de puntos de luz que podamos, aunque no sean tan bonitas como las que gastan entre 15 y 70 veces más para iluminar lo mismo. Y otras muchas pequeñas cosas que al cabo del año permiten una reducción relevante de nuestro consumo de energía sin que, al hacerlo, estemos reduciendo nuestra calidad de vida)

Y quizás algún día gobiernen las instituciones nacionales e internacionales personas que realmente se preocupen por el bien común, poniéndolo por delante de sus poco relevantes intereses particulares, informen de manera clara, entendible y veraz a la población de los problemas importantes y de las formas de reducir sus repercusiones negativas y propongan pautas de actuación que aumenten aún más la eficiencia en el consumo de todos los bienes y servicios, incluyendo, por descontado, la energía.

Los problemas del mercado laboral en España: cambios legales

Una vez detectada la urgente necesidad de cambios legales para facilitar al máximo la generación de empleo, es claro que corresponde al Gobierno la iniciativa de todo el proceso. Es asimismo evidente que cuanto mayor sea el consenso social que se obtenga, más efectivas serán las normas que se pongan en funcionamiento. Por otra parte, no parece que el ambiente actual sea precisamente el de máxima implicación por parte de todos los agentes sociales, motivo por el que, al final, el Gobierno tendrá que tomar las decisiones que correspondan para que la normativa que finalmente se introduzca tenga la máxima eficacia, incluso si eso supone el descuelgue de algunos agentes sociales que no estén dispuestos a aceptar los cambios que no favorezcan sus intereses particulares. El Gobierno no debe olvidar que no modificar la normativa también es una decisión, aunque a todas luces inadecuada dada la terrible evolución de las cifras de ocupación y de paro, y que tendrá una repercusión relevante en los votos que consigan los partidos en las próximas elecciones.

Una de las principales modificaciones legales que se debería abordar tan rápido como sea posible es la de los tipos de contrato de trabajo que existen. Es obvio que hay demasiados tipos, que la protección que ofrecen a los trabajadores es muy distinta (desde la hiperprotección de los trabajadores con contrato indefinido, al que corresponden 45 días de indemnización por año trabajado con un tope de 42 mensualidades que sólo se ve reducida en algunos casos de ERE hasta la mínima protección de los contratos eventuales) y no se dan las condiciones para quitar los derechos adquiridos de los más privilegiados. Sin embargo, tampoco hay ninguna razón objetiva para no introducir modificaciones en los nuevos contratos que supongan una protección razonable para los trabajadores y que simultáneamente permitan una mayor flexibilidad a la hora de adaptar las plantillas a la situación objetiva de la demanda de sus productos.

Una vía que parece razonable sería la de fijar para todos los nuevos contratos el número de días de indemnización por despido por año trabajado en un número, el que acuerden los agentes sociales o, si no hay acuerdo, el que fije el Gobierno, aunque con unas variaciones importantes, ya que las empresas pagarían cada mes a la Seguridad Social la parte correspondiente a cada uno de sus trabajadores y la Seguridad Social lo apuntaría en una cuenta individual de cada trabajador que, en caso de ser despedido, empezaría por recibir la cantidad que le correspondiera con cargo a su cuenta individual y sólo seguiría percibiendo la prestación una vez agotada su cuenta si, de acuerdo con la legislación actualmente vigente, siguiera teniendo derecho a la prestación. Esta cuenta individual no se reduciría en el caso de que el trabajador cambiara de empresa, lo que promovería el cambio de empresa cuando fuera de interés del trabajador ya que no se verían mermados sus derechos acumulados y, simultáneamente, incentivaría la búsqueda activa de un nuevo trabajo a los parados, ya que una vez incorporados a un nuevo trabajo su cuenta individual volvería a incrementarse a partir del saldo que tuviera, en vez de continuar reduciéndose.

También deberían modificarse las funciones que realmente hacen las oficinas del INEM, para dirigirlas a la búsqueda activa de empleo. Un modelo del que se podrían sacar bastantes enseñanzas es el danés, que da unas prestaciones superiores al nuestro a aquellas personas que buscan activamente empleo (dinerarias, pero también de formación profesional y de guía para la búsqueda de un nuevo empleo) que quedan reducidas a una quinta parte en la prestación económica en el caso de que el desempleado no busque trabajo de forma activa.

Finalmente, es necesaria una modificación legal que erradique el trabajo sin contrato ni alta en la Seguridad Social. La modificación tiene que penalizar mucho el incumplimiento de los empresarios, pero simultáneamente facilitar al máximo el alta de los trabajadores, incluso cuando sea por un solo día o unas horas, para lo que podrían ser un ejemplo los bonos que ha introducido el Gobierno italiano, que permiten pagar estos trabajos esporádicos simplemente entregando el bono por el importe correspondiente al trabajador que puede cobrar en efectivo el importe que le corresponde en las oficinas de correos, que al tramitarlos añaden los datos correspondientes en las bases de datos de la Seguridad Social, ya que al comprar el bono el empleador ha pagado, además del salario neto que recibirá el trabajador, los importes correspondientes a la Seguridad Social y a la retención estándar del IRPF que exista para este tipo de forma de pago.

Los problemas del mercado laboral en España: aspectos macroeconómicos

España destaca, por desgracia, por su muy elevada tasa de paro, se mire como se mire y se compare con quien se compare.

Hay sin embargo algunos aspectos que permiten matizar algo las terribles cifras y, en algún caso, sugerir alguna medida que pueda paliar, en el futuro, el problema:

- Los portavoces del Gobierno, directos e indirectos, han empezado a decir que si en lugar del número de ocupados se compararan las horas trabajadas, los datos de nuestro país no serían tan negativos en relación con los de nuestros vecinos, porque en esos países reparten mejor el trabajo en las épocas de escasez. Sea cierto o no, aunque parece que en buena medida lo es, el reparto del trabajo existente se presenta como una vía a desarrollar para paliar el problema. No debería ser muy complicado adaptar la normativa de la seguridad social para conseguir que no fuera más costoso para los empresarios reducir temporalmente las horas trabajadas por un conjunto relevante de su plantilla que despedir a una parte de ella, siempre con una reducción similar del conjunto de las horas trabajadas; los trabajadores seguro que en la inmensa mayoría de los casos estarían de acuerdo en repartir el esfuerzo entre todos y la seguridad social debería colaborar no pretendiendo ahorrarse el 100% del coste de las prestaciones de desempleo evitadas.

- Otro lugar común, éste de muy difícil cuantificación, es el que dice que la mayor parte de los nuevos parados está, en realidad, trabajando en la economía sumergida, con lo que los supuestos parados ganan más que si no hubieran perdido el empleo, especialmente mientras cobran el subsidio de desempleo. Es más que probable que la economía sumergida sea en nuestro país más elevada que en la mayoría de nuestros vecinos y parece razonable pensar que en etapas de crisis económica haya más economía sumergida que en épocas de bonanza pero, en todo caso, parece exagerado pensar que la actividad económica total, declarada y sumergida, apenas se haya reducido, porque hay excesivos indicadores, el más importante de todos el consumo final de bienes y servicios, que indican lo contrario. Corresponde al Gobierno eliminar las trabas, legales pero absurdas, que se oponen al desarrollo de actividades lícitas, mediante exigencias burocráticas no justificadas, por parte del Gobierno central, del autonómico o del municipal y, también, realizar el control efectivo que dificulte la economía sumergida.

Hay otros aspectos macroeconómicos, derivados del incremento del paro que también son muy relevantes. El más curioso es el crecimiento de la productividad de nuestra economía (que debería decirse siempre con el nombre completo productividad aparente del factor trabajo para ser siempre conscientes de que es un dato aparente y que por tanto sólo da una idea de la realidad en situaciones de estabilidad del resto de los factores) que va asociado a la reducción del número de personas ocupadas por dos motivos, uno real (si se quedan sin ocupación personas que tenían poco trabajo, es razonable que crezca la productividad media de los que quedan) y otro ficticio, ya que las personas que se han quedado en esta crisis sin trabajo son, en mayor proporción, las que tienen menor cualificación y, en consecuencia, aunque el resto de las personas ocupadas mantengan su productividad anterior, la productividad media también aumenta, pero lo hace de forma aparente.

También debe incluirse en los aspectos macroeconómicos inducidos por el aumento del desempleo, más concretamente por el temor de los que siguen ocupados a perder su ocupación en un futuro no muy lejano, la reducción del consumo de las familias que no han visto mermados sus ingresos que, en estos casos tiene su compensación exacta en el aumento del ahorro familiar, que está siendo espectacular ya que ha pasado de 8 al 18% de la renta familiar disponible, ahorro que en muchos casos es aplicado directamente a la reducción de la deuda de las mismas familias que lo aumentan.

Otros aspectos, no menos relevantes por la repercusión que tienen en el conjunto de la actividad económica, son la reducción de los nuevos créditos obtenidos por las familias (algunos de forma voluntaria, asociados a la reducción de sus compras, y otros debido a la mayor dificultad de obtenerlos de las entidades financieras) y el empeoramiento de los ingresos públicos, tanto de la Seguridad Social, por la reducción de cotizantes, como de las haciendas de todas las Administraciones que, más bien después que antes, inducirán a una reducción de sus gastos y, más bien antes que después, llevarán a un aumento de la presión fiscal con el aumento de los impuestos, las tasas y las sanciones de todo tipo.

En consecuencia, el aumento del paro es un aspecto a evitar en la mayor medida posible no sólo por la tragedia que supone para millones de familias, sino también porque sus repercusiones en la actividad económica general son muy negativas, y de una intensidad tal que podrían costar el poder, en las próximas elecciones, a los partidos que actualmente gobiernan en no pocas administraciones de todo tipo, riesgo que quizás sea el incentivo que los partidos políticos necesitan para poner los medios necesarios para evitarlo.

Los problemas del mercado laboral en España: planteamiento

Uno de los pocos aspectos en que toda la sociedad española parece estar de acuerdo en el análisis de la actual situación económica, es el de valorar el elevado desempleo como la peor consecuencia de la crisis actual. Tan es así que hasta el propio Gobierno, tan dado a desconocer los aspectos negativos de la situación, ya empieza a admitir que sólo podremos decir que estamos saliendo de la crisis cuando empiece a aumentar, de forma estable y desestacionalizada, el número de personas que trabajan.

Se pueden diseñar políticas económicas alternativas para conseguir el deseado aumento del número de personas ocupadas, algunas de las cuales tendrán resultados más o menos elevados y con mayor o menor rapidez. Sin embargo, al margen de las políticas coyunturales que se puedan aplicar a corto plazo, sería bueno que la sociedad se planteara también el desarrollo de medidas estructurales que hagan que cuando llegue la próxima crisis, que antes o después aparecerá, afecte a nuestra sociedad con una pérdida de personas ocupadas lo más reducida posible.

Para hacer un planteamiento sensato de los problemas que tenemos que resolver, la forma más adecuada es definir cuales son los problemas más importantes de nuestro mercado laboral en cada una de las tres facetas que lo componen: marco legal (incluyendo la protección social) empleadores y personas ocupadas.

Desde el punto de vista del marco legal, los principales problemas son la rigidez de los procesos de entrada y salida de las personas en la actividad laboral, la existencia de una segmentación dual, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, que hace que los derechos adquiridos sean de una entidad muy diferente en función del grupo al que se pertenezca, y la existencia de una protección social que no promueve de forma eficaz la vuelta a la situación de ocupación a la mayor brevedad posible.

Desde el punto de vista de los empleadores, sus principales problemas son la necesidad de adaptarse al marco legal existente y la falta, en demasiadas ocasiones, de personas con una cualificación profesional adecuada para sus necesidades; sus principales carencias son la búsqueda del máximo beneficio a corto plazo, aunque sea a costa de realizar discriminaciones por multitud de causas (sexo, edad, situación familiar, origen, etc..) de tratar a los empleados de forma indigna o de incumplir las normas vigentes.

Desde el punto de vista de los trabajadores sus principales problemas son la precariedad en el empleo (si no están en el grupo de los hiperprotegidos) las dificultades para encontrar un nuevo trabajo, en caso de desempleo, y para desarrollar su cualificación profesional, las condiciones de trabajo, incluidos los salarios, que con demasiada frecuencia son manifiestamente inadecuadas, injustas y hasta degradantes; sus principales carencias, que también las tienen, son la escasa cualificación profesional, la rigidez para cambiar de tipo y de lugar de trabajo, y la falta de orientación al trabajo bien hecho.

A todo lo anterior hay que añadir el problema de las pensiones que, aunque ya se presentó en la crisis anterior y se le dio una solución razonable pero sólo transitoria, amenaza con volver a presentarse en un plazo no muy largo, aunque esta vez con una intensidad muy superior.

Una solución estable del conjunto de los problemas requiere obviamente cambios profundos en todas las facetas, algunos de los cuales requieren un consenso social importante, otros unas políticas que sólo presentarán sus resultados plenos en el largo plazo y todos ellos la implicación efectiva y permanente del conjunto de la sociedad.

Para definir las soluciones que se vayan a aplicar, parece razonable fijarse en lo que se ha hecho con éxito en otros países con culturas no excesivamente lejanas a la nuestra, no para copiar las políticas empleadas de forma mimética, sino para tomar las ideas buenas y trasladarlas a nuestras características específicas de forma integrada en un plan global y coherente que, por descontado, debe incluir las necesidades financieras implícitas y la forma de obtener los fondos necesarios.

La primera tarea a realizar, que obviamente corresponde al Gobierno, es la de convocar a todos los estamentos sociales implicados (partidos políticos y representantes de trabajadores y empresas) a la elaboración de un proyecto de pacto social que pretenda resolver el conjunto de los problemas.

¿Cómo gestionarían esta crisis Adam Smith y John Maynard Keynes?

La economía como ciencia ha tenido pocos avances desde que en el siglo XVIII Adam Smith (1723-1790) sentó las bases de la economía moderna. Digo esto porque el objetivo de cualquier ciencia es la elaboración de teorías que, para cualquier situación concreta con sus parámetros bien definidos, sean capaces de prever lo que ocurrirá, pero los economistas nos seguimos caracterizando por tener sólo la capacidad de prever lo que ya ha ocurrido.

Adam Smith, el primero y, para mí el más importante, de los economistas clásicos formuló en su libro conocido como La riqueza de las naciones, un conjunto de teorías que, a pesar de los enormes cambios que se han registrado en las sociedades y en la economía en los más de dos siglos transcurridos, en buena parte siguen estando hoy vigentes. Sus teorías y, sobre todo, su conocimiento del comportamiento humano le llevaría, probablemente, a seguir aconsejando políticas parecidas a las que promovía en su época, si hubiera tenido que analizar una situación económica como la actual.

Seguiría aconsejando el máximo de libertad para las actuaciones económicas, pero respetando la normativa legal existente, que, por su parte, debe ser la mínima necesaria para evitar los abusos de los económicamente más poderosos. Aspecto este último fundamental, aunque a menudo olvidado cuando se habla de las propuestas de Adam Smith.

También seguiría aconsejando que se intentara evitar que fueran los gobernantes los que tomaran las decisiones de política económica, ya que éstos, en su época como también ocurre ahora, las tomarían para favorecer los intereses de un segmento limitado de los ciudadanos y no del conjunto de ellos.

Uno de los pocos avances relevantes que la economía ha tenido en el siglo XX fue la aportación de John Maynard Keynes (1883-1946) que hizo propuestas muy eficaces para reducir la intensidad y la duración de las recesiones y crisis, mediante la política de inversión y endeudamiento públicos.

También siguen vigentes en la actualidad, siempre en mi opinión, las propuestas de Keynes aunque, como en el caso de Adam Smith, se olvidan aspectos fundamentales de sus propuestas para hacer ver que se está aplicando la política keynesiana cuando en realidad se está aplicando una variante de la misma mucho menos eficaz. El aspecto más relevante que se olvida de las propuestas de Keynes es que el dinero público que se introduce en el sistema económico en situaciones de crisis, recesión o depresión, (introducción que tiene la contrapartida negativa del aumento de la deuda pública en la misma cuantía en que se emplea) sólo es eficaz si promueve una actividad económica adicional a la directa, de forma que cuando se resta del resultado total de la actividad pública adicional, en términos de PIB, el coste de la deuda pública inducida (principal más intereses) tiene que quedar un resultado positivo; esto es lo que se conoce en teoría económica como el efecto multiplicador, que lógicamente tiene que ser superior a la unidad para que la política sea beneficiosa y que cuando es inferior a la unidad, como ocurre por ejemplo cuando se realizan obras publicas que sustituyen infraestructuras existentes por otras que no aportan ninguna, o poca, utilidad adicional, la inversión pública en vez de ser beneficiosa resulta perjudicial.

Si Keynes hubiera vivido una situación como la actual, probablemente habría aconsejado políticas parecidas a las que propuso hace casi un siglo, aunque lógicamente adaptadas al presente. Sería por tanto partidario de aumentar el gasto público, pero sólo en actividades que tuvieran un multiplicador igual o superior a la unidad.

Para mí, que soy partidario de Adam Smith y también de Keynes, es evidente que la actual situación económica se gestionaría mucho mejor si se aplicaran algunos conceptos básicos de las propuestas de ambos: la liberalización de la economía, evitando al máximo las situaciones de privilegio existentes (monopolios u oligopolios de hecho o de derecho) la presión social para que se reduzca lo máximo posible la corrupción, para que se recorten drásticamente los gastos públicos improductivos, para que las decisiones de política económica se tomen teniendo en cuenta los intereses generales y no sólo los particulares de las minorías próximas al poder político y para que la utilización del aumento transitorio del déficit público se haga exclusivamente para actividades con multiplicador igual o superior a la unidad, única forma de que el resultado de esta política sea positiva a medio y largo plazo. Obviamente, el empleo del dinero público en prestaciones sociales a las personas más necesitadas es una actividad de multiplicador superior a la unidad, siempre que responda a situaciones de necesidad real (lo que supondrá que la totalidad de la prestación se dedicará al consumo de bienes y servicios necesarios) y que no desincentive la vuelta a la actividad productiva de la persona que reciba la prestación tan pronto como sea posible.

Para terminar, considero interesante releer algunos textos de Adam Smith que creo que son aplicables en la actualidad, siempre que se hagan unas ligeras adaptaciones a la realidad de nuestros días:

“Las equivocaciones del Gobierno tienen una influencia mas directa y señalada en la pública prosperidad. Con todo, una larga experiencia nos ha hecho ver que la economía y moderación de los particulares compensa no sólo la prodigalidad é imprudencia de algunos individuos, sino también los gastos extraordinarios del Gobierno. La uniformidad constante de los esfuerzos que hace cada hombre para mejorar de condición, principio primitivo de la opulencia individual y nacional, tiene por lo común bastante vigor para mantener los progresos naturales de las cosas, á pesar de los gastos excesivos y de los errores mas grandes de los que mandan.”

Para este texto, la única adaptación a tener en cuenta sería que, dada la gran participación del gasto público en el PIB, los gastos excesivos y los errores más grandes de los que mandan pueden ser en la actualidad tan grandes que no baste con los esfuerzos conjuntos de los particulares para compensarlos.

“Vuelve el autor á tratar de los gastos del rico; y prueba con hechos y razones que los que no dexan rastro alguno después de hechos, deben mirarse como perdidos para el estado, y que los que provienen de un genio económico, de qualquier modo que sea, vienen al fin á convertirse en utilidad de la nación, aumentando la suma de las riquezas nacionales.”

Para este segundo texto, que en mi opinión enlaza perfectamente a Adam Smith con Keynes, la única adaptación requerida es que los gastos del rico deben entenderse como el conjunto de los gastos n o sólo de los muy ricos sino sobre todo de los gastos del estado, muy superiores a los de aquellos y, por tanto, más importantes.

“Es verdad que hay otra balanza, de que ya hemos hecho mención, muy diferente de la del comercio, la qual proporción que es favorable ó contraria, causa por necesidad la riqueza ó decadencia de la nación: esta balanza es la del producto y consumo, anual. Si el producto crece, el capital de la nación se aumenta con este sobrante, que viene á ser otra nueva fuente de producto. Si al contrario el consumo fuese mayor que el producto, el capital de la nación se disminuye, porque se ve obligada á tomar del capital lo que antes sacaba de su renta: entonces puede decirse que vuelve hacia atrás, y que camina visiblemente á su ruina”

Para este último texto, la adaptación pertinente sería la sustitución de la balanza anual por la balanza plurianual que contenga un ciclo económico completo y que, por tanto, permita compensar los déficit de las etapas de baja actividad con los superávit de los años de crecimiento.

Nota: Los textos de Adam Smith han sido extraídos del Compendio de La riqueza de las naciones del Marqués de Condorcet, traducido por Carlos Martínez de Irujo (1803)

La subida de impuestos va tomando cuerpo

El Presidente Zapatero continúa añadiendo algunos datos de la subida de impuestos que se incluirá en los Presupuestos del Estado para el próximo año.

El Consejo de Ministros del día 26 de septiembre ha incluido la primera entrega del aumento impositivo con la que el Gobierno pretende recaudar una cantidad del orden del 1% del PIB.

En ella se incluyen:

- Incremento de dos puntos del tipo general del IVA, de un punto en el tipo reducido y se queda como está el tipo súper reducido, para poder vender la medida como progresiva, aunque apenas lo sea porque, aunque nadie lo diga, el incremento de recaudación por la subida del tipo reducido será superior, en términos porcentuales, al del tipo general.
- Incremento de entre uno y tres puntos del tipo del IRPF aplicable a las rentas del capital.
- Desaparición, de la rebaja de 400 euros a las rentas del trabajo en el IRPF.

Probablemente el Presidente se habrá guardado algo en el bolsillo para completar el paquete cuando le expresen sus exigencias los partidos de los que aspira a conseguir los votos necesarios para que los presupuestos no sean devueltos. De las distintas posibilidades existentes, las que tienen más posibilidades son: aumento de los impuestos especiales (con posible incorporación de la nueva figura de la ecotasa) aumento del tipo máximo del IRPF, aumento del tipo de tributación de las Sicav y ¿por qué no? un gesto a la galería eliminando el aumento del tipo reducido del IVA.

En cualquier caso, el aumento impositivo propuesto solo supondrá un parche parcial en el roto, diez veces más grande, del déficit público. Como el papel lo aguanta todo, pretenderá reducir el déficit público teórico de 2010 al 6-7% del PIB, con lo que asegurará a quien quiera escucharle que ya se habrá iniciado el camino de la reducción del déficit, al ritmo necesario para que sea inferior al 3% en 2012, como exige, y cada vez lo hará con más energía, Bruselas.

La realidad será, sin embargo, tozuda y por una parte la recaudación impositiva será menor de la esperada (en IRPF aumentará aunque en menor medida que lo que corresponde a la eliminación de los 400 euros, disminuirá en sociedades, y en el IVA ni de lejos se tendrá el aumento de recaudación presupuestado) y por otra el gasto público seguirá creciendo por el mayor coste del desempleo, por el desarrollo, aunque mucho más lento de lo publicado, de la Ley de Dependencia y porque no se ha planteado una reducción drástica del gasto público no asociado directamente a las prestaciones sociales.

No quieren hacer público que como el IVA es un impuesto progresivo, aunque sea indirecto, si disminuye el consumo la recaudación lo hará en una proporción más elevada, y tampoco parecen haber considerado que el fraude del IVA aumentará tanto por la falta de liquidez de las empresas (que acudirán en proporción creciente a no declarar el IVA facturado para aliviar parcialmente sus problemas) como por el aumento del incentivo al fraude que supone el aumento de los tipos, como por el mayor desarrollo de la economía sumergida que acompaña a una crisis como la actual.

No parece que el Presidente considere que haya llegado todavía el momento de actuar de forma sensata para promover el aumento de la actividad, que es la única manera de parar la sangría del aumento del desempleo. Tampoco parece que haya tomado conciencia de que la política económica, fiscal y presupuestaria que se siga tiene una influencia muy relevante en la evolución de la economía de cualquier país y que es falso que cuanto más brusca sea la caída de la economía, mas robusta es la recuperación.

Sería bueno que echara un vistazo a lo sucedido en Japón en la última década, para que sea consciente de que si los sucesivos gobiernos se empeñan en mantener, como sea, los defectos estructurales del modelo económico existente, hasta la segunda mayor economía del mundo puede pasar una década, o más, de estancamiento.

El IVA no tiene por qué ser un impuesto regresivo

A pesar de que mucha gente está criticando el anunciado aumento del IVA por su influencia en el consumo y por su carácter supuestamente regresivo, ninguna de estas dos afirmaciones se sostiene.

La caída del consumo se deberá al aumento de la recaudación, ya que los consumidores dispondrán de menos dinero para gastar, pero no de que el incremento impositivo se produzca precisamente en el IVA y la actividad empresarial no se verá directamente afectada ya que para ella el IVA sólo tiene un ligero efecto financiero, positivo o negativo dependiendo de sus plazos de pago y cobro y de su ritmo de rotación.

En cuanto a la regresividad, porque todo el mundo paga el mismo IVA al margen de su renta, tampoco es cierta. Es una conclusión derivada del análisis simple de que el IVA afecta a todos los bienes y servicios, lo que en el caso español es rigurosamente cierto ya que no hay tipo cero de IVA, y de que el tipo es el mismo por tratarse de un impuesto indirecto. Pero el IVA tiene en España cuatro tipos diferenciados, la exención (que elimina el IVA del último escalón de actividad, pero no de los anteriores en algunos servicios, alquileres de vivienda, sanidad y educación) el tipo súper reducido 4%, el reducido 7% y el general 16% y el reparto de bienes y servicios entre los distintos tipos no es descabellado (salvo algunas excepciones que poco a poco se van corrigiendo) lo que supone que las personas con rentas más bajas consumen una proporción mucho mayor de bienes y servicios con tipos menores que las personas con mayor renta, con lo que su tipo medio ponderado es bastante inferior.

Este es el motivo por el que en las épocas de bonanza la recaudación del IVA aumenta en proporción muy superior a la actividad económica, porque la mayor parte de las personas gastamos el incremento de renta casi exclusivamente en bienes y servicios al tipo general, y en cambio, en épocas de penuria las reducciones de gastos se aplican fundamentalmente a bienes y servicios al tipo general con lo que la recaudación baja mucho más que la actividad.

De hecho el IVA es el único impuesto que los ricos de verdad pagan, aunque sólo sea en parte (hay una parte relevante de su consumo personal que puede ser incluido como coste con deducción parcial o total del IVA en sus empresas)

En resumen, el IVA es el impuesto más progresivo del sistema fiscal español (mucho más que el IRPF en su formulación actual) y su previsible aumento será progresivo, salvo en el caso improbable de que suba el mismo número de puntos en los tres tipos existentes, en cuyo caso sería, efectivamente, un aumento regresivo.

Próxima subida de impuestos

Poco a poco el Presidente Zapatero va informando a la opinión pública de la subida de impuestos que nos espera.

En el debate del día 9 de septiembre dio un dato importante: la subida, que aun después de decirlo sigue calificando de moderada, pretende recaudar una cantidad del orden del 1,5% del PIB.

Tras decir que no aumentaría el impuesto de sociedades y que tampoco afectaría a las rentas del trabajo, era evidente que una de las principales fuentes de nuevos ingresos tiene que ser necesariamente el IVA, lo que ayer hizo público el Presidente en Italia, lo que no ha impedido la crítica de todos (menos de sus incondicionales) partidos, sindicatos y comentaristas.

La situación para el Presidente es muy difícil, ya que sigue considerando que él sólo puede conseguir la salida de la crisis mediante el incremento del gasto público en la cuantía que la situación requiera. Pero Bruselas ya le ha recordado que tiene que volver a un déficit inferior al 3% del PIB como muy tarde en 2012 y que en un plazo de unos meses tiene que explicitar en un plan como lo va a conseguir, y seguramente alguno de sus asesores le ha convencido de que la subida de los impuestos no se puede demorar mucho.

Por otra parte, tiene que conseguir que se aprueben los presupuestos, para lo que necesita el voto de múltiples partidos que venderán muy caro su voto, pero con todo, su principal enemigo es él mismo, incapaz de aceptar que cuando se reducen mucho los ingresos públicos, cualquier alternativa económica pasa por la reducción drástica del gasto público.

Esta primera tanda de aumento de impuestos, a la que hasta las próximas elecciones seguirán al menos otras dos más de intensidad similar o superior, con motivo de cada ley de presupuestos, puede al final resumirse en lo siguiente.

- Incremento de dos puntos del tipo general del IVA, con mantenimiento de los tipos actuales reducido y súper reducido, para que la medida sea progresiva.
- Incremento de dos puntos del tipo del IRPF aplicable a las rentas del capital.
- Reducción drástica, o desaparición, de la rebaja de 400 euros a las rentas del trabajo.
- Incremento, similar al realizado este año, de los impuestos especiales sobre el tabaco, alcohol y carburantes.

Escasez de financiación para el sector privado

Desde la etapa de la autarquía que siguió a la guerra civil, todas las crisis españolas han tenido como causa última la escasez de financiación para el sector privado, debido a la permanente necesidad de invertir en la formación bruta de capital para conseguir los aumentos de la capacidad productiva y la puesta en operación de procesos productivos más eficientes.

Dicen los que ya estudiaban la economía a finales de los años cincuenta que el elemento concreto que convenció al dictador de la imperiosa necesidad de abandonar la autarquía en 1959 fue la falta de divisas para pagar las importaciones de petróleo, que obligaría a volver a introducir las cartillas de racionamiento. El acuerdo con el FMI, que incluía una incipiente apertura al exterior de la economía española, permitió salvar la situación y las divisas procedentes del turismo y del dinero que comenzaron a enviar a sus familias los emigrantes españoles se convirtieron, a partir de entonces, en la fuente que permitió la primera etapa prolongada de desarrollo económico que duró, aproximadamente, hasta la muerte del dictador a finales de 1975.

Las sucesivas crisis se produjeron siempre por el crecimiento del déficit de la balanza de pagos comercial hasta límites que no podían ser compensados por las aportaciones conjuntas del turismo, de los envíos de dinero de los emigrantes y de la inversión de capital extranjero en España, y se superaron siempre, hasta la incorporación de España al euro, mediante el recurso a la devaluación, que era la forma de reducir los salarios y, en consecuencia, aumentar la competitividad sin que la población lo percibiera.

La incorporación de España al euro ha tenido, respecto a este aspecto concreto, dos consecuencias relevantes: la absorción por parte del conjunto de la zona euro del déficit de la balanza de pagos española y la imposibilidad de recurrir a la devaluación como sistema de aumentar la competitividad de la economía de nuestro país. Probablemente la posibilidad de que haya sido la zona euro la que durante unos cuantos años haya absorbido el creciente déficit de la balanza de pagos española ha sido el factor que ha permitido que la fase de crecimiento del último ciclo económico se haya prolongado tanto en el tiempo, pero ha tenido como consecuencia inevitable el aumento del endeudamiento externo español a un ritmo que ha terminado por ser insostenible.

El Banco de España publica trimestralmente una información sobre la deuda externa española que es de gran utilidad para analizar este fenómeno, aunque sería necesaria una mayor desagregación en el plazo a que se tiene la deuda para poder sacar algunas conclusiones adicionales.

En el gráfico siguiente se presenta la evolución de la deuda externa española con su separación en deuda a corto plazo, la que vence a menos de un año, y deuda a largo plazo, la que vence a más de un año:



Si se toma como indicador del inicio de la actual crisis económica el momento en el que el sistema financiero internacional decidió frenar el aumento de la deuda externa española, se llega a la conclusión de que la crisis actual se inició precisamente en el tercer trimestre de 2007.

El proceso de incremento de la deuda externa a más de un año desde el año 2001 se puede dividir en tres periodos, 2001-2004, 2004-2007 y 2007 hasta ahora. En el primer periodo la deuda externa española total, a más de un año, creció al ritmo aproximado de 100.000 millones de euros al año, cifra que aumentó a 180.000 millones anuales entre 2004 y 2007 y que ha pasado a ser muy ligeramente negativa desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primero de 2009, último dato publicado por el Banco de España.

El análisis del reparto de la deuda a más de una año entre sus tres componentes principales (sector privado, excepto instituciones financieras; instituciones financieras y administraciones públicas) aporta datos adicionales también muy interesantes.

El sector privado es el que explica la mayor parte de este comportamiento, ya que entre 2001 y 2004 aumentó su deuda con el exterior en unos 60.000 millones de euros anuales (60% del total) entre 2004 y 2007 este incremento de la deuda externa fue de unos 125.000 millones anuales (70% del total) y en marzo de 2009 era inferior en unos 15.000 millones al que tenía seis meses antes. La deuda externa a menos de un año se ha mantenido entre veinte y treinta mil millones de euros en todo el periodo considerado, excepto a partir del tercer trimestre de 2008 en que ha pasado a unos 40.000 millones (6% de la deuda externa total del sector privado)

Las instituciones financieras por su parte aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en unos 30.000 millones de euros anuales entre 2001 y 2004 (30% del total) en unos 50.000 millones anuales entre 2004 y 2007 (28% del total) y también se redujo a partir del tercer trimestre de 2008 en unos 15.000 millones, hasta marzo de 2009. Sin embargo, las instituciones financieras tienen una deuda externa que se reparte prácticamente al 50% entre vencimientos a menos de un año y a más de un año, deuda que se ha desplazado hacia una mayor proporción de la deuda a corto desde marzo de 2008, fecha a partir de la que su deuda externa total está estabilizada.

Finalmente, las administraciones públicas han tenido un comportamiento muy distinto, acorde con la evolución de las cuentas públicas. Entre 2001 y 2004 aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en menos de 10.000 millones de euros al año, cifra que bajó a menos de 5.000 millones de aumento anual entre 2004 y 2007 pero que ha aumentado en unos 30.000 millones en el último año.

En resumen, se puede concluir que la economía española se enfrenta a un problema muy serio de financiación que será, con toda probabilidad, un freno enorme para la recuperación de la actividad económica. Suponiendo que el sector financiero exterior siga considerando que la deuda externa española (1,7 billones de euros equivalente a una vez y media el PIB español) no puede aumentar, que el déficit total de las administraciones públicas sea del orden del 10% del PIB durante al menos 2009 y 2010 y que el ahorro del sector privado aumente, también como consecuencia de la crisis, en el 2% del PIB anual, es fácil llegar a la conclusión de que el sector privado verá reducida su capacidad de financiación en una cifra equivalente al 8% del PIB, unos 90.000 millones de euros al año. Y no será porque las instituciones financieras no quieran prestar dinero a empresas y familias, sino porque la pérdida de competitividad de la economía española obligará a una digestión muy lenta de los excesos cometidos en los años anteriores y, dado que ya que no es posible reducir los salarios por la vía de la devaluación, ni al parecer por la vía de la concertación social, el aumento de competitividad se alcanzará, necesariamente, a través del mecanismo más doloroso para la sociedad, que no es otro que el aumento del paro.

Cierre de la central nuclear de Santa Mª de Garoña

El Gobierno anunció ayer el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, que será efectivo el 1 de abril de 2013.

Esta decisión culmina el proceso administrativo iniciado tras la solicitud de ampliación de la licencia de operación realizada por Nuclenor, la empresa propietaria de la central en la que participan al 50% Endesa e Iberdrola.

De acuerdo con la legislación vigente, una vez solicitada la ampliación por la empresa propietaria, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debía realizar un informe con unos plazos tasados, preceptivo pero sólo vinculante en el caso de que la conclusión del informe fuera la de una negativa a la ampliación de la licencia de operación. El informe fue presentado realmente un par de días después de agotado el plazo, debido seguramente a que el plazo terminaba el día antes de las elecciones al Parlamento Europeo, aunque formalmente se cumplió el plazo mediante la argucia administrativa de mandar la comunicación de que se presentaba en plazo, pero demorando un par de días el envío del documento fundamental, lo que prueba que la Presidenta del CSN, nombrada por el Parlamento, es permeable a los deseos del Gobierno.

El informe, aunque parece que incorpora algunas dudas, abre la posibilidad de una ampliación de la licencia de operación de la central por una duración máxima de diez años, con lo que deja al Gobierno las manos libres para decidir lo que prefiera, con el límite citado de los diez años de plazo máximo de duración de la licencia.

El Gobierno, con una aparente división de opiniones entre el Presidente del Gobierno y el responsable de Industria (que justificaría la redacción del informe del CSN, al parecer más cercana a las tesis del Ministro que a las del Presidente) ha decidido que la central deje de funcionar el 1 de abril de 2013, decisión que, en mi opinión, cumple todos los requisitos legales.

La compañía propietaria no está contenta con la decisión, porque dejará de ganar un montón de dinero, unos 200 millones de euros al año, que es la diferencia entre los costes marginales en los que incurriría por continuar operando, ciertamente muy reducidos, y el precio que cobraría por la electricidad generada que, si no cambia el sistema vigente, sería el que fije el pool para cada hora en la que la central produjera electricidad. Además, las compañías eléctricas propietarias tienen intereses adicionales porque son propietarias, en parte o totalmente, de otras centrales nucleares, cuyas licencias de operación irán caducando en los próximos años.

La cuantía económica en cuestión es de tal magnitud, que resulta extraño que la campaña de lobby y de publicidad que han montado las empresas eléctricas haya sido tan poco efectiva, en parte por los argumentos tan burdos que están empleando.

El Gobierno, por su parte, no ha querido abrir el debate sereno, racional y sin prisas que merece la cuestión, ya que, aunque es cierto que la central de Garoña es pequeña y que su cierre no supondrá ninguna reducción apreciable en la seguridad de suministro y, además, tendrá un efecto marginal en los precios que los consumidores tengamos que pagar por la electricidad en el periodo afectado por la decisión, no es menos cierto que, si las condiciones de seguridad son adecuadas, su cierre supondrá un despilfarro económico relevante para el país (nuestra balanza de pagos sí que se verá empeorada por la diferencia de precio entre el uranio que se dejará de comprar si no funciona la central y el precio del gas natural que se empleará para generar la electricidad que no genere Garoña) y una reducción de beneficios enorme para la empresa propietaria. El Presidente del Gobierno podría aplicarse el viejo, pero todavía vigente, lema de “Ahorre en las importaciones de energía, porque aunque usted pueda pagarlo, España no puede”

También debería debatirse la ampliación de la operación de las demás centrales que hay en funcionamiento, más modernas y de más capacidad individual y acumulada, porque en su conjunto la no ampliación de su vida operativa (siempre en la hipótesis de que su seguridad es suficiente) si que afectaría a la seguridad de suministro (si no se construyera la capacidad equivalente con otras fuentes de energía antes de su parada) y también al precio de la electricidad y, finalmente, la conveniencia, o no, de instalar centrales nucleares adicionales (debate en el que el punto más delicado es la información clara, transparente y verídica sobre el tratamiento de los residuos, que todavía no está suficientemente solucionado) En este debate debería incluirse el justo reparto de los beneficios de la eventual ampliación de la vida operativa de las centrales existentes entre las empresas propietarias, que si son operadores eficientes tienen derecho a unos beneficios razonables, y los consumidores de electricidad, que todavía estamos pagando los costes de las centrales nucleares que no se llegaron a poner en operación así como los CTC y que, en justa contrapartida, nos deberíamos beneficiar de los ahorros de costes que una decisión de ese tipo proporcionaría.

Nueva Ley de Educación de Cataluña

Ayer se aprobó la nueva Ley de Educación de Cataluña en el parlamento autonómico, con los votos favorables, entre otros, de los dos partidos más votados en esa comunidad autónoma, CiU y PSC, lo que en principio permite augurar una larga vida a la nueva Ley.

La Ley no parece tener tanto apoyo en el colectivo educativo, seguramente porque es una ley excesivamente intervencionista, y promete una mejora sustancial de la calidad de la enseñanza fijando en el 6% del PAB (Producto autonómico bruto) el gasto público en enseñanza, lo que supone más que duplicar el gasto actual.

La parte más negativa de la Ley está en la negación a centenares de miles de niños de un derecho fundamental: el derecho a recibir una parte relevante de la enseñanza en su lengua materna si así lo desean ellos o sus padres. Los niños agredidos son aquellos que tienen el español como lengua materna y cuyos padres desearían que recibieran una parte relevante de la enseñanza en esa lengua.

La Ley permitirá que se vaya introduciendo de forma progresiva la prohibición a los alumnos de expresarse en su lengua materna, siempre que ésta sea el español, en el interior de los centros escolares, incluidos los pasillos y los patios de recreo, con el objetivo de imponer el catalán como única lengua de comunicación social. Me temo que sólo conseguirán que muchos de esos escolares consideren al catalán como una lengua impuesta, lo que si ocurre llevará a unos resultados contrarios a lo que se pretende en un segmento importante de la población.

En cuanto al enorme incremento del gasto público en educación, la Ley fija el nivel de gasto, pero no introduce los cambios en el proceso educativo que serían necesarios para conseguir un aumento relevante de la calidad de la enseñanza y la experiencia demuestra que cuando en la enseñanza, como en otros muchos servicios públicos, se ha alcanzado un cierto nivel de calidad y se pretende dar un salto cualitativo para mejorarla de forma relevante, es mucho más importante el cambio en los procesos de la enseñanza que el incremento en el gasto. Desde luego la limitación de la libertad que supone esta mala ley y la negación de un derecho fundamental a una parte muy relevante de los alumnos, no son un buen punto de partida para mejorar la calidad de la enseñanza en Cataluña.

El Gobierno por una parte y el PP por otra, se están planteando llevar al Tribunal Constitucional esta Ley, en el primer caso porque incluye la absoluta independencia de la normativa aplicable en Cataluña respecto de las leyes generales aplicables en España, y en el segundo, probablemente, también por las limitaciones a los derechos individuales ya comentadas.

Nova Llei d’Educació de Catalunya

Ahir es va aprovar la nova Llei d’Educació de Catalunya en el parlament autonòmic, amb els vots favorables, entre d’altres, dels dos partits més votats en aquesta comunitat autònoma, CiU i PSC, la qual cosa permet, en principi, augurar una llarga vida a la nova Llei.

La Llei no sembla tenir tant suport en el sí del col·lectiu educatiu, segurament perquè és una llei excessivament intervencionista, encara que promet una millora substancial de la qualitat de l’ensenyament fixant en el 6% del PAB (Producte autonòmic brut) la despesa pública en ensenyament, la qual cosa suposa més que duplicar la despesa actual.

La part més negativa de la Llei està en la negació a centenars de milers de nens de un dret fonamental: el dret a rebre una part rellevant de l’ensenyament en la seva llengua materna, si així ho desitgen ells o els seus pares. Els nens agredits son els que tenen el castellà como a llengua materna i per als quals els seus pares desitjarien que rebessin una part rellevant de l’ensenyament en aquesta llengua.

La Llei permetrà que es vagi introduint de forma progressiva la prohibició als alumnes de expressar-se en la seva llengua materna, sempre que aquesta sigui el castellà, a l’interior dels centres escolars, inclosos els passadissos i els patis, amb l’objectiu d’imposar el català com a única llengua de comunicació social. Em temo que només aconseguiran que molts d’aquests escolars considerin el català como una llengua imposada, i si això passa, portarà a uns resultats contraris a allò que es pretén, en un segment important de la població catalana.

En quant al enorme increment de la despesa públic en educació, la Llei fixa el nivell de despesa, però no introdueix els canvis en el procés educatiu que foren necessaris per a aconseguir un augment rellevant de la qualitat de l’ensenyament, car l’experiència demostra que quan a l’ensenyament, com en tants d’altres serveis públics, se ha arribat a un cert nivell de qualitat i es pretén donar un salt qualitatiu per a millorar-lo de forma rellevant, es molt més important el canvi dels processos de l’ensenyament que l’increment de la despesa. Es clar que la limitació de la llibertat que imposa aquesta llei polenta i la negació d’un dret fonamental a una part molt rellevant dels alumnes no son un bon punt de partida per a millorar la qualitat de l’ensenyament.

El Govern, per una banda, i el PP per altra s’estan plantejant si portar al Tribunal Constitucional aquesta Llei, en el primer cas perquè la Llei inclou la absoluta independència de la normativa aplicable a Catalunya respecte de las lleis generals aplicables a Espanya, i en el segon, probablement, també per las limitacions dels drets individuals ja comentades.

Déficit público y subida de impuestos

Pasadas ya las elecciones al Parlamento Europeo, el Gobierno considera que ya puede decir a la población una pequeña parte de las verdades incómodas en materia económica.

Ha publicado unas nuevas previsiones del cuadro macroeconómico para este año y los tres siguientes. Las previsiones para este año, elaboradas cuando ya se conocen los datos de los cinco primeros meses, son malas, tan malas que no se atrevieron ni siquiera a sugerirlas en la campaña electoral, y, aunque seguramente corresponden a la hipótesis más optimista en cuanto a la evolución de la actividad durante el resto del año, se pueden considerar razonablemente aproximadas a lo que hoy se puede prever.

Las previsiones para 2010 son también malas, a pesar de que incorporan un grado de optimismo excesivo, el necesario para poder decir que con suerte, a finales de 2010 la economía podría empezar a registrar tasas muy moderadas de crecimiento de la actividad.

Para 2011, la previsión apunta a un crecimiento medio anual compatible, también con suerte, con el mantenimiento de la ocupación a los niveles de 2010, y para 2012 da un salto en la evolución del déficit difícilmente creíble sin una subida muy relevante de los impuestos, ya que están obligados, si no quieren tener problemas con la Comisión, a volver a cumplir a partir de ese año el límite máximo del déficit público establecido en el 3% del PIB.

Se admiten cifras para el déficit público del conjunto de las administraciones del orden del 10% para 2009 y 2010, del 7% en 2011 y del 3% en 2012, cifras que llevarían a España a incumplir otro punto del Pacto de Estabilidad, el que dice que el conjunto de la deuda pública de un Estado miembro no puede sobrepasar el 60% del PIB. El problema es que si no se cambia radicalmente de política económica, las cifras de déficit previstas se superarán ampliamente.

Para corregir estos desequilibrios sólo hay tres vías: aumentar la actividad económica respecto a las previsiones, lo que desgraciadamente no es esperable en el periodo considerado, reducir el gasto público total, aspecto que parece que está fuera del programa de actuaciones del Presidente del Gobierno, y aumentar los impuestos, vía que ya ha empezado a utilizar con la subida de los impuestos especiales a los carburantes y al tabaco.

Los aumentos de impuestos recientemente aprobados aportarán unos 2000 millones de euros anuales (7000 millones en conjunto entre 2009, 2010, 2011 y 2012) pero para no sobrepasar el limite del 60% en la deuda pública respecto al PIB, serán necesarios, hasta finales de 2012, entre cien mil y ciento cincuenta mil millones de euros más, lo que significa que si, como ha anunciado el Presidente del Gobierno, no se subirán más los impuestos durante lo que queda de año, tendrán que hacerlo de forma muy notable a partir de 2010.

Los impuestos que aumentarán, en mi opinión, serán:

- Los impuestos especiales, de nuevo y en cuantía superior a la recientemente aprobada, ya que siempre podrán poner las excusas de que castigan a los consumos “pecaminosos” contra las personas (tabaco y alcohol) o contra el medio ambiente (carburantes) y que España está obligada a subirlos como mínimo hasta que alcancen los valores mínimos fijados por la Comisión.
- El IVA, al menos en el tipo general, que subirá dos o tres puntos hasta el 18 o el 19%. Si se mantienen los tipos bajo y reducido en el 7 y el 4% respectivamente, el Presidente podrá hacer una venta positiva del contenido social de la medida.
- El IRPF, impuesto en el que subirá algo, pero no mucho, el tipo fijo aplicable a los rendimientos del capital (actualmente el 18%), probablemente en 2 puntos el tipo marginal más elevado (con lo que quedaría como se lo encontró en 2004) y no sería extraño que permitiera a las Comunidades Autónomas que consideren insuficientes los ingresos que les procure el nuevo sistema de financiación (si es que lo implanta antes de las próximas elecciones) la aplicación de un recargo autonómico de hasta 3-5 puntos porcentuales adicionales.
- El IBI, que los ayuntamientos aumentarán autónomamente hasta alcanzar los máximos legales actuales, aprovechando el último aumento de valores catastrales, que en no pocos casos ya superan el precio de mercado de los inmuebles.

Limitación de las deudas hipotecarias a los bienes hipotecados

Ha surgido una iniciativa que supondría una modificación muy relevante de nuestro sistema financiero, que consiste en limitar la deuda, en el caso de los préstamos hipotecarios, a los bienes hipotecados.

Esta normativa es la que rige en el derecho sajón y presenta unas ventajas de claridad evidentes, ya que con la entrega del bien hipotecado queda automáticamente cancelada la deuda de la hipoteca.

Supone una garantía para los particulares, que si hipotecan una vivienda sabrán que lo más que pueden perder, si no son capaces de hacer frente a la hipoteca, es la vivienda hipotecada.

Reduce, obviamente, las garantías para las entidades financieras, ya que si la valoración de la vivienda en el momento de ejecutar la hipoteca resulta ser inferior a la deuda viva en ese momento, perderán definitivamente la diferencia.

Un aspecto sumamente interesante es que precisamente esa reducción de las garantías para las entidades financieras obligará a la adopción de una mayor prudencia en el criterio general, que debería ser de obligado cumplimiento, de prestar dinero sólo a quienes razonablemente puedan hacer frente a la deuda generada con el préstamo.

Otro aspecto muy relevante es la aplicación, retroactiva o no, de ese cambio normativo, en el caso de que se lleve a cabo. A favor de la retroactividad está el hecho de la situación de poder de hecho de las entidades financieras, que han impuesto sus condiciones, en la letra grande y también en la letra pequeña, en las hipotecas, en no pocas ocasiones en contra de la normativa vigente. En contra de la retroactividad está la necesaria seguridad jurídica.

Para mí, lo más importante es que, como una pieza más del necesario cambio del sistema financiero, se adopte ese principio, aunque sea sin retroactividad.

Finalmente, no puedo dejar de exponer mi perplejidad por los apoyos y oposiciones recogidos por esta iniciativa. La propuesta inicial es de Izquierda Unida (con retroactividad) el apoyo más relevante encontrado es del PP, en concreto de Esperanza Aguirre (también con retroactividad) y la oposición proviene del PSOE (no quiere la modificación, con la que Obama estará sin duda de acuerdo, ni siquiera sin retroactividad) ¡Cosas veredes, Sancho!

Puntos de inflexión y mejora de la situación económica

La confrontación política ha cambiado desde la dicotomía hay crisis/no hay crisis que se discutía hace un año a la actual no mejora / si mejora la actividad económica.

Desde un punto de vista objetivo, si se refiere la discusión a un periodo determinado del pasado del que ya se cuenta con datos estadísticos, todos deberían llegar a conclusiones generales similares, pero desde un punto de vista político la cosa cambia, ya que los mismos datos son considerados por unos como la muestra evidente de que las cosas van bien y por otros como la prueba incontestable de que las cosas van mal.

Creo por tanto que puede ser interesante repasar algunos conceptos básicos para que cada cual pueda tener su opinión basada en los datos conocidos.

Un ciclo económico completo pasa por situaciones en las que la actividad evoluciona a ritmos diferentes sin que necesariamente los máximos o los mínimos tengan que ser máximos o mínimos absolutos. De hecho en la evolución económica del último siglo, la mayor parte de los ciclos económicos se han caracterizado por tener máximos absolutos, pero mínimos relativos (salvo en los casos de la depresión de los años 30 y las etapas de guerras) respecto a los ciclos anteriores. Esto es así porque la economía sigue teniendo una tendencia secular de crecimiento.

En un ciclo económico completo existen, de forma simplificada, las siguientes fases:

Fase de crecimiento elevado, que se inicia desde el punto de ritmo de actividad mínima del ciclo anterior. Esta fase de crecimiento no se produce a un ritmo constante, sino que durante un tiempo (normalmente al principio) el ritmo de crecimiento es más elevado y luego pasa a ser mas lento. El cambio de ritmo, como en cualquier curva, se produce en el punto de inflexión, y la fase de crecimiento elevado se agota en el momento en que el ritmo de crecimiento de la actividad económica ha alcanzado su valor máximo, momento a partir del cual se inicia un decrecimiento del ritmo, que no tiene porque suponer un decrecimiento de la actividad (si se produce una reducción de la actividad se entra en recesión)

Fase de menor crecimiento (o de caída de la actividad si el ciclo incluye una recesión) que se inicia a partir del máximo ritmo de crecimiento y que también tiene ritmos diferentes que cambian en un nuevo punto de inflexión, hasta que se llega al mínimo, que será relativo si el ritmo no ha llegado a ser negativo, y por tanto no ha habido recesión, o será absoluto (respecto al conjunto de los dos últimos ciclos) si ha habido recesión.

La actual situación económica es tan mala que ya nadie niega que estemos en fase de recesión, por lo que la discusión se centra en si algunos indicadores ya anuncian el cambio de tendencia o todavía no lo hacen. Si el interlocutor pertenece, o es próximo, al partido del Gobierno asegurará que ya hay muestras evidentes de mejora, pero si pertenece o es próximo al partido de la oposición asegurará lo contrario.

Es evidente, por otra parte, que en cualquier momento de un ciclo algunos sectores van adelantados respecto al ciclo general y otros van retrasados, lo que permite a cada cual referirse al sector o sectores que más convienen a sus tesis.

En mi opinión, la de una persona que ni pertenece, ni es próxima, ni vota a ninguno de los dos partidos que gobiernan o pueden gobernar en un futuro próximo, hay que distinguir entre los indicadores de cambio de ritmo y los indicadores de actividad absoluta.

Es cierto que hay algunos indicadores que muestran que se están alcanzando, o ya se han alcanzado, los puntos de inflexión. Y algunos de ellos en aspectos tan importantes como la actividad económica general, el numero de personas ocupadas o la venta de viviendas (parece que sus respectivos ritmos de caída ya han alcanzado los mínimos, aunque sigan siendo negativos)

Sin embargo, dada la tremenda intensidad de la caída de actividad que estamos padeciendo (la más fuerte de los últimos ochenta años en el mundo y la mayor desde la guerra civil en España) los ritmos de todas esas variables siguen siendo negativos y los datos actuales no permiten aventurar cuando pasarán a ser positivos.

Creo que en España el indicador más relevante, para dar por terminada la etapa negativa, es el número de personas ocupadas, de forma que cuando los datos de personas ocupadas sea superior al que hubiera un año antes, podremos decir con propiedad que lo peor ya habrá pasado. Por descontado, es una buena noticia que el ritmo de descenso de personas ocupadas se haya reducido, porque es una fase previa a la del aumento. Dicho de otra forma es buena noticia que, en términos desestacionalizados, se haya reducido el descenso de personas ocupadas, pero mientras ese número siga aumentando la situación seguirá siendo mala. Prefiero hacer esta comparación con el número de personas ocupadas porque el número de parados incluye las variaciones de la población activa que no dejan de tener un cierto componente subjetivo.

Por descontado el nivel de actividad económica es también un indicador muy relevante y tampoco debe perderse de vista la construcción, porque siempre ha sido el principal indicador adelantado y, aunque en esta situación está aquejada de una coyuntura específica muy negativa por los excesos anteriores y por la resistencia a asumir la caída del precio del suelo urbanizable, pienso que también ahora será un indicador adelantado de la recuperación.

SGAE: rectificación pertinente pero insuficiente

La buena, excelente, noticia es que la SGAE ha rectificado para corregir parcialmente el desmán cometido contra un niño de cinco años aquejado de una muy poco frecuente enfermedad degenerativa.

Como para la SGAE el fuero es lo fundamental, ha preferido hacer una donación por el importe facturado, con la excusa de que es ilegal no facturar los derechos de autor. El niño, en consecuencia, sólo habrá salido perjudicado en el importe del IVA de la factura de la SGAE.

Dice la SGAE que no ha tenido tiempo para recabar de los autores afectados la pertinente renuncia a sus derechos, como si no hubiera tenido años para establecer los procedimientos necesarios para atender los casos de espectáculos benéficos si esa hubiera sido su intención.

Para la SGAE el altruismo es una palabra que sólo es de aplicación para el resto del mundo, pero sabe muy bien como cuidar sus intereses. Su lobby con el partido del Gobierno seguramente le ha avisado de lo inconveniente para sus intereses (de la SGAE y del partido del Gobierno) de la noticia difundida ayer, y han reaccionado con rapidez, dedicando una cifra cercana a los seis mil euros para parar la hemorragia de legitimidad que habían abierto ante la sociedad, cantidad que no parece muy elevada para los intereses que habían puesto en peligro.

Ahora sólo falta que también establezcan el procedimiento para evitar que algo similar ocurra en el futuro, lo que tendrá un coste no muy alto para sus arcas pero que seguramente intentarán compensar con una subida de las tarifas que imponen bajo la impunidad de su monopolio.

SGAE: Peor imposible

La última noticia de la voracidad implacable de la SGAE debería hacer que el Gobierno se replantee los derechos, a todas luces exagerados, que le otorga mediante las leyes.

Ante un festival benéfico, en el que mucha gente realiza su labor de forma totalmente altruista para ayudar a un niño con una enfermedad degenerativa, el delegado de turno de la SGAE exige su parte en términos que recuerdan demasiado a los usados por las mafias: ellos imponen la cuantía del pizzo, en este caso el 10% de la recaudación total, con la exigencia de una parte por adelantado bajo la amenaza de impedir el acto si la familia del pequeño enfermo no se aviniera a sus condiciones.

Este poder lo detenta la SGAE a cambio del apoyo que con ocasión de los sucesivos procesos electorales muestra de forma inequívoca al partido socialista.

Lo único que nos queda a los ciudadanos es el boicot a esta gestora, eliminando, o reduciendo al mínimo posible, las compras de bienes y servicios que están grabadas por la SGAE. Yo por mi parte pondré mi grano de arena y dejaré de comprar, en la medida de lo posible, todo aquello que proporcione ingresos a esa gestora.

Confianza de Obama en el futuro

Se ha publicado una entrevista realizada al Presidente de los Estados Unidos el pasado 14 de abril, que trata sobre su visión de los aspectos básicos para superar la actual situación económica.

La entrevista comienza con una doble pregunta muy importante ¿Cómo piensa que deben ser las finanzas en el futuro? ¿Es necesario que reduzcan su importancia? La respuesta es, en mi opinión muy sensata: Tenemos que disponer de crédito suficiente para financiar a las empresas, grandes y pequeñas, y también las compras de largo plazo de los consumidores, como viviendas y automóviles. Eso no debe cambiar, es más me preocuparía que el mercado crediticio se contrajera de forma que no fuera posible la financiación del crecimiento económico a largo plazo. Lo que creo que va a cambiar es lo que pienso que era una aberración, que los beneficios del sistema financiero fueran una parte tan importante del PIB de la última década. El cambio vendrá, en buena parte, por los resultados de una nueva regulación que impedirá algunas prácticas de apalancamiento masivo y de una asunción excesiva de riesgos que se había convertido en habitual. También es importante entender que una parte relevante de esa riqueza era ilusoria.

A estas respuestas les sigue una pregunta complementaria ¿echaremos en falta esa parte del negocio financiero? La respuesta también es clara, La desaparición de esa parte del negocio financiero también se reflejará en la contracción de otras actividades económicas, especialmente de aquellas ligadas al consumo, que desaparecerá, de las personas que trabajaban en ese mercado financiero y que no volverán a tener los enormes ingresos que tenían. Sin embargo Wall Street continuará representando una parte importante de nuestra economía, como lo era antes de la etapa de excesos de los últimos años.

La siguiente pregunta versa sobre el debate que hubo en la época del Presidente Roosevelt sobre si había que dividir las grandes empresas, de todos los sectores, o si es preferible contar con grandes empresas a la vez que con reguladores fuertes. Asimismo pregunta sobre la normativa de dividir las actividades financieras en banca de inversiones y resto de actividades. La respuesta de Obama no detalla su opinión sobre empresas muy grandes o no, y se limita a constatar que otros países que no han separado la banca por actividades no han tenido tantos problemas como los registrados en Estados Unidos en la presente crisis financiera.

La entrevista cambia en este punto hacia el análisis del sistema educativo como forma de asegurar a los ciudadanos el billete para formar parte de la clase media. Pone el ejemplo de cómo a partir de la Gran Depresión, el título de bachiller se convirtió en la garantía para pertenecer a la clase media y pregunta si a partir de ahora será necesaria una titulación de cuatro años de Universidad para asegurarse la pertenencia a esa misma clase. El presidente Obama responde que él considera que todo el mundo debería acceder al menos a un año de formación posbachillerato para poder tener las competencias necesarias para poder acceder a puestos de trabajo que permitan vivir con un mínimo de calidad; además insiste en la necesidad de mejorar la formación que se imparte en los institutos, tanto desde el punto de vista de la solidez de la formación como de su utilidad posterior.

Respecto a los titulados universitarios, Obama expresa, de forma muy vehemente, su deseo de tener muchos más titulados universitarios, especialmente en áreas científicas y técnicas, necesarios para mantener la competitividad de la economía.

La última parte de la entrevista trata de las decisiones difíciles que, eventualmente, deberían adoptar como país, aunque el entrevistador se pregunta si la situación es tan grave como para hacerlo. Obama responde afirmando que sí, que es necesario adoptar decisiones difíciles, mejor ahora que dentro de 10 o 20 años, decisiones que para ser aceptadas tendrán que estar muy bien argumentadas y que parte de su trabajo será salvar la distancia entre el status quo actual y lo que sabe que tiene que hacerse de cara al futuro. Respecto a si la situación económica es tan grave como para complicarle su actuación como Presidente, la respuesta no puede ser más clara y pragmática: él ya sabía antes de las elecciones que la economía iba a estar muy mal, piensa que es, en cierto modo, liberador el hecho de que tanto si dispone de uno como de dos mandatos, los problemas son lo suficientemente graves como para estar seguro de que no tendrá la menor posibilidad de librarse de ellos. Por ello, para cada problema, intenta sopesar todas las opciones que tiene a su alcance y le tranquiliza el hecho de que, aunque inevitablemente en algunas ocasiones pueda elegir, por error, alternativas que no sean las mejores, se acuesta con la sensación de que la dirección elegida para impulsar la economía es la correcta.

Yo comparto la mayoría de sus posiciones, muy especialmente la necesidad de mejorar la educación, en todos sus tramos, y también de mejorar la regulación del sistema financiero; también la necesidad de cambiar el status quo en todos aquellos aspectos en que se ha mostrado inadecuado o ineficiente en los últimos años. Asimismo, me parece muy relevante que sea consciente de que no podrá evitar enfrentarse a la toma de decisiones difíciles como consecuencia de la situación económica y, lo que es más importante, que esa situación le empuje a sopesar las distintas opciones para adoptar las que le parezcan más adecuadas, al margen de la dificultad de tomarlas. Sólo discrepo en que considere que con una mejor regulación se pueden evitar los inconvenientes del excesivo poder de mercado de las grandes empresas; es obvio que una mejor regulación reducirá los problemas, pero para el mercado sería mucho mejor una normativa que simplemente obligara a dividir en dos o más empresas a todas aquellas que superen una cuota de mercado determinada, cuota que, en mi opinión, nunca debería superar cantidades del orden del 5-10%.

Sería bueno que en nuestro país los gobernantes tuvieran una actitud parecida a la del Presidente Obama y que no dejaran para el futuro la resolución de los problemas que ya se conocen hoy, aunque para ello fuera necesario tomar decisiones difíciles. Creo que generaría mucha más confianza una actitud de analizar los problemas y proponer soluciones adecuadas, aunque fueran difíciles de explicar a los ciudadanos, que negar la evidencia y limitarse a tomar las medidas que no sean impopulares o, en el caso de la oposición, sentarse a esperar como la mala situación económica pasa factura política a quien gobierna, especialmente si cree que lo hace mal.

Los datos de empleo vuelven a ser desoladores

Hoy 24 de abril de 2009 se han hecho públicos los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de este año. La cifra de parados es aterradora, 4.010.700 personas, con lo que ya queda muy vieja la polémica de si este año se llegaría o no a los cuatro millones de parados.

La cifra supone un aumento de 802.800 parados, con una destrucción de 766.000 empleos y un aumento de la población activa de 36.800 personas.

Los portavoces del Gobierno admiten, como no podía ser de otra manera, que el dato es pésimo, pero se consuelan diciendo que el primer trimestre es siempre el que presenta peores resultados y que, además, el de este año coincide con el peor momento de la economía, por lo que no es fácil que se repitan en el futuro datos tan malos. Es más que probable que los datos de los próximos trimestres no sean peores, pero todo parece indicar que seguirán siendo malos y no sería extraño que los parados alcancen los cinco millones antes de que termine el año.

Lo más preocupante es que no parece que el Gobierno considere que haya llegado el momento de actuar de forma distinta a como lo viene haciendo hasta ahora, para conseguir reducir los desastrosos efectos del paro para las familias que lo padecen de forma directa y para el resto de la sociedad, que también lo padece de forma indirecta.

En la rueda de prensa convocada para presentar estos datos, la Vicepresidenta Salgado, a la que hay que agradecer que lo haya hecho en persona, ha continuado la táctica de echar balones fuera, ya que ha expresado su convencimiento de que el paro empezará a mejorar ya en el mes de abril, pero no ha querido arriesgar ninguna previsión de los datos que pueda dar la EPA del segundo trimestre (seguramente porque no confía en que la realidad no sea mucho peor que las previsiones oficiales) ha dado el dato de que hay actualmente un millón de familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo, pero ha dicho que todavía están calculando el número de ellas que no tienen ningún ingreso y, con la excusa de que no tenía a mano el dato del número de parados que ya han agotado la prestación por desempleo, no ha dado esta cifra.

Parece que no va a cambiar la política del Gobierno, por lo que no es de esperar que haya ninguna reforma laboral ya que el Gobierno sólo la adoptaría con el acuerdo de sindicatos y asociaciones empresariales, y la Vicepresidenta ha dicho que ya se están tomando medidas para mejorar el empleo y que ya están dando frutos como se verá cuando se tengan los datos de paro registrado y de afiliaciones a la Seguridad Social de Abril.

Ha vuelto a insistir en que todas las medidas que tome el Gobierno con repercusión en el gasto público se analizarán teniendo en cuenta el obligado cumplimiento en el ejercicio 2012 del compromiso de que el déficit público del año no supere el 3% del PIB, lo que unido al compromiso de que el conjunto de la deuda pública no supere en ningún momento el 60% del PIB hará que las nuevas medidas de gasto público tengan un alcance limitado.

También ha comunicado que el Gobierno está analizando, junto a las CCAA, las medidas de protección social que se puedan introducir para paliar la situación de las familias que se queden sin ingresos una vez agotadas las prestaciones de desempleo y los subsidios que puedan recibir por no tener empleo.

El resultado de la continuidad de la política del Gobierno en materia de empleo no será otro que un mayor incremento de la cifra de parados y una mayor duración de la situación de desempleo.

Alguien debería explicar al Presidente del Gobierno, y ya no está Pedro Solbes para hacerlo, que si bien es cierto que los trabajadores no tenemos culpa alguna en los orígenes de la crisis actual y que, en consecuencia, es injusto que tengamos que pagar, directa e indirectamente, la mayor parte de los costes de la crisis, no es menos cierto que es imposible que sólo los culpables de la crisis, entre los que también se encuentran los políticos con responsabilidades de gobierno durante los años previos a la crisis, sean los que paguen las consecuencias, y que, por otra parte, la política económica que se haga tendrá efectos tanto en la intensidad y duración de la etapa de insuficiente actividad económica como en la intensidad y duración de la etapa de recuperación que, más tarde que pronto, se producirá.

En lo que a la eventual reforma del mercado laboral se refiere, el Presidente del Gobierno debería ser consciente de que si se empeña en mantener una situación más favorable para los funcionarios y los trabajadores que conserven el empleo fijo que ya tienen, será a costa de que aumenten tanto el número de desempleados como el plazo de tiempo necesario para que ese número se reduzca.

Finalmente, el Presidente del Gobierno debería saber que la eventual reforma laboral no es incompatible con una política de gasto social para atención a los desempleados tan amplia como permitan las finanzas públicas.

El artículo del New York Times sobre la deflación

Algunos periódicos, y muchos comentaristas, se han hecho eco del artículo de Nelson D. Schwartz, publicado en el New York Times del 21 de abril, pero no parecen haberlo leído con detenimiento.

Dice el articulista que muchos comerciantes de bienes y servicios para consumidores finales se están viendo obligados a hacer algo que antes nunca habían hecho, bajar los precios, y pone como ejemplo el caso de un profesional que realiza videos de viviendas para particulares y profesionales, quien a pesar de haber reducido sus precios en un tercio no ha conseguido evitar la reducción del número de pedidos.

Añade el articulista que los economistas temen que, como consecuencia de la combinación de la caída de los precios y el aumento del desempleo, España podría estar en la fase previa a la deflación, afirmación que ha sido traducida por el titular más vistoso de “El New York Times advierte que España está en deflación”

También comenta el articulista que España es el primer país de la UE en anunciar una reducción del IPC en el conjunto de los doce últimos meses, haciendo notar que la caída es del 0,1%. Aunque luego apunta que también Irlanda, Portugal y Luxemburgo han tenido reducción de su IPC, se olvida de decir que es para el mismo periodo, lo que significa que si España fue la primera, es sólo porque publicó antes el dato.

El artículo pasa a explicar la negativa evolución del paro en España y continúa contando la mala experiencia de un empresario de logística y de una dependienta de una pollería. También se hace eco del enorme aumento del número de personas que van a comer a los comedores gratuitos.

A continuación comenta lo que es la deflación y la dificultad de salir de ella una vez que esta situación se instala en una economía.

El artículo finaliza diciendo que los Estados Unidos son menos vulnerables a la deflación, en parte debido a las políticas financiera y monetaria que están siguiendo termina diciendo que España, al estar integrada en el euro, ha perdido la capacidad de actuar con la tradicional devaluación, posiblemente acompañada de una reducción a cero del tipo de interés básico.

Como se puede apreciar, el artículo dice cosas que son ciertas, explica bien lo que es la deflación y sus riesgos, aunque no aporta ningún dato sobre la situación económica española que no fuera ya conocido y parece pensado para que los lectores estadounidenses sepan que en la, para ellos, desconocida España las cosas están mucho peor que en su país, que en los Estados Unidos se está aplicando la política económica correcta para minimizar los efectos de la situación económica y que la integración en el Euro ha sido una decisión pésima de los europeos, porque con ella los países como España han perdido la capacidad de responder adecuadamente en los momentos en que la economía va mal.

Pero, ya que se ha publicado en el New York Times, es un excelente argumento para criticar la política económica del Gobierno, como si ésta no fuera objetivamente criticable por los errores en los que cae continuamente.

Viabilidad del sistema de pensiones

El sistema español de pensiones es un sistema de reparto, lo que significa que las pensiones que se pagan cada año provienen de la recaudación de lo que pagan ese mismo año los pensionistas del futuro.

Este sistema, por su propia naturaleza, tiene una gran incertidumbre para los cotizantes, ya que nada les garantiza que la pensión que reciban en su día tenga alguna relación con lo que hayan cotizado a lo largo de su vida laboral. En contrapartida, puede ocurrir que reciban una pensión muy superior a la que correspondería a sus cotizaciones.

El sistema español tiene, además, algunos fallos muy relevantes que desincentivan la cotización por bases elevadas cuando faltan más de 15 años para la jubilación, ya que la pensión, hoy por hoy, se calcula teniendo en cuenta la edad que se tiene en el momento de la jubilación, el tiempo realmente cotizado y las cantidades cotizadas precisamente durante los quince años previos a la jubilación.

Con esto se favorece a los que hayan cotizado por las bases mínimas hasta cumplir los 50 años, hayan pasado a cotizar por la base máxima a partir de entonces y coticen por último día aquel en que cumplen 65 años y se perjudica a los que actúen de otra manera, especialmente a los que hayan cotizado muchos años, más de los 35 exigidos para alcanzar el máximo, lo hayan hecho siempre por la base máxima pero los azares de la vida le hayan llevado a padecer un ERE a los 60 años de edad.

El sistema, por otra parte, incentiva muy poco la continuidad en activo de los mayores de 65 años que puedan y, voluntariamente, quieran hacerlo.

Como todo sistema de reparto, al no tener una población estable en cada una de las etapas, fundamentalmente por el, por otra parte muy deseable, incremento progresivo de la vida media de la población, el sistema es inestable y tiene muchas dificultades para garantizar que las pensiones del futuro sean equivalentes en poder adquisitivo a las de hoy.

Estos aspectos son algunos de los que trató el Gobernador del Banco de España en su reciente comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo. En mi modesta opinión lo hizo de forma rigurosa y ponderada, seguramente con la loable intención de llamar la atención del poder legislativo para que cuanto antes se ponga a trabajar para reforzar la estabilidad del sistema antes de que sea demasiado tarde para evitar una debacle.
Soy consciente de que su intervención ha merecido el rechazo de la mayor parte de los políticos, sindicalistas y comentaristas, muy probablemente porque para ellos lo que pueda ocurrir en el horizonte de 2020 o posteriormente carece del menor interés, ya que para entonces, si siguen vivos, habrán perdido sus actuales posiciones en la vida pública.

Lo peor de todo es que intentan atemorizar a los actuales pensionistas, que en poco o nada verían afectada su situación personal salvo que sean jubilados recientes y gocen después de una gran longevidad, haciéndoles creer que no se debe cambiar el sistema para evitar que ellos pierdan, y consiguen convencer a la mayor parte de la población de que con el sistema actual todo continuará igual de aquí a 20, 30 ó 40 años.

Les guste o no les guste a los detractores del discurso del Gobernador, el sistema español de pensiones necesita una reforma profunda, que no tiene por qué ser sinónimo de injusta, radical o poco respetuosa con los derechos adquiridos por los actuales pensionistas. Esa reforma conviene que se inicie lo antes posible, preferiblemente con las pautas apuntadas por el Gobernador que terminó su discurso con las siguientes palabras: {... Y estoy convencido de que unas reformas moderadas y adoptadas con tiempo suficiente, no sólo ayudarán a resolver los problemas del largo plazo, sino que, al tranquilizar y reducir incertidumbres sobre el futuro, tendrán efectos favorables también en el corto plazo, en la difícil coyuntura que estamos atravesando.}

Nuevo Gobierno ¿nueva política económica?

El nuevo Gobierno ha empezado su andadura y, de momento, poco sabemos de sus planes de actuación en lo que se refiere a la economía.

Está la declaración del Presidente en el momento de hacer públicos los cambios, con tres prioridades que la mayoría compartimos: salida de la actual situación económica en el menor plazo posible, vertebración de las comunidades autónomas, para que sean una ayuda y no un lastre, y elaboración de un nuevo modelo económico que permita crecimientos mayores y más estables de la economía.

Tenemos también las declaraciones de la Vicepresidenta Fernández de la Vega en el sentido de que, para las CCAA, se ha terminado el momento de las reivindicaciones y ha llegado el de la cooperación, del Vicepresidente Chaves que anuncia que la coordinación de las CCAA se hará sin privilegios para ninguna de ellas y, por último, la escueta declaración de la Vicepresidenta Salgado anunciando que su máxima prioridad es la generación de empleo. También en estos aspectos la mayoría de la población estamos, casi con certeza, de acuerdo.

Los problemas aparecen cuando hay que establecer las políticas concretas que permitan alcanzar esos objetivos. Todo apunta a que la salida del Vicepresidente Solbes irá acompañada de un aumento relevante del gasto público y ese temor aumenta cuando se hace público que el Secretario de Estado de Economía plantea su dimisión. Además, otros ministerios que no forman parte directamente del área económica, pero que son los responsables de gestionar partidas relevantes de gasto, han anunciado importantes aumentos del gasto público: el Ministerio de Fomento que seguramente quitará el freno a los proyectos paralizados por la exministra Álvarez, el Ministerio de Sanidad y Política Social que anuncia el rápido desarrollo de la Ley de Dependencia, para lo que requerirá ingentes cantidades de dinero público, y el Ministerio de Trabajo anuncia la posibilidad de aumentar los periodos de percepción del seguro de desempleo mientras dure la situación actual de penuria económica.

Mientras, la actividad económica sigue cayendo y, con ella, la recaudación de impuestos y, por otra parte, el crédito para empresas y familias se sigue reduciendo y encareciendo (a pesar de la bajada del euribor que afecta, aunque no siempre, a los créditos concedidos antes de la crisis, en tanto que los nuevos créditos se encarecen para hacer pagar a los nuevos prestatarios la totalidad del incremento de morosidad) El número de desempleados crece a ritmos desmesurados y se calcula que ya hay un millón de parados que no reciben ningún tipo de ayuda pública.

El Presidente del Gobierno dijo, antes de la remodelación ministerial, que había margen para el endeudamiento. Es cierto, pero con un límite que viene dado por el compromiso de que la deuda pública total no supere el 60% del PIB. El margen que existe, incluyendo el incremento de deuda de este año, es aproximadamente del 25% del PIB y todo apunta a que entre 2009 y 2010 la deuda publica aumente en cerca del 20%, lo que deja muy poco margen para 2011 y 2012, año este último en el que, además, tendremos que volver a cumplir el requisito de que el déficit del año no supere el 3% del PIB.

Para que todos los números cuadren es necesario que el Gobierno consiga aumentar los ingresos y reducir los otros gastos, por lo que las perspectivas son las de un aumento de los impuestos (probablemente el IVA será el que se emplee en mayor cuantía) una congelación de los sueldos de los funcionarios de todas las administraciones y un acuerdo de financiación autonómica que apenas suponga aumento, en términos absolutos, de las cantidades a percibir respecto a las de 2008.

En los próximos meses iremos conociendo la política económica real del Gobierno, aunque es probable que, siguiendo la práctica de hace un año, se oculten a la opinión pública las medidas impopulares hasta después de las elecciones al Parlamento Europeo. El próximo verano, cuando los datos del primer semestre muestren la dureza de la situación, que previsiblemente será peor que las previsiones más pesimistas que se publican ahora, llegará el momento de que se vayan conociendo las medidas que, antes o después, obliguen a la sociedad española a hacer frente a la situación actual.

Reunión del G20: más vale poco que nada

Parece que todo el mundo está contento con los resultados de la reunión del G20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009.


Mi opinión no es tan buena. Creo que los resultados son escasos, aunque es cierto que podrían haber sido peores. Son, en mi opinión, el acuerdo de mínimos con el que nadie puede estar en contra y que, por otra parte, permite a cada uno de los países más poderosos seguir protegiendo sus intereses individuales.


Desde el punto de vista de las declaraciones de intenciones el acuerdo, magnífico y en el que todos están, estamos, de acuerdo, es que es necesario:

Restablecer la confianza, el crecimiento económico y la creación de empleo.

Arreglar el sistema financiero para que vuelva a haber crédito.

Hacer más eficiente la regulación financiera para recuperar la confianza.

Reformar y crear instituciones financieras que permitan superar esta crisis y prevenir las futuras.

Promover el comercio internacional global y la inversión y neutralizar el proteccionismo, como vía de promover la prosperidad.

Llevar a cabo una recuperación económica sostenible, verde y generalizada.


Sin embargo, los fondos acordados para incrementar las actuaciones de las instituciones financieras internacionales son escasos para las necesidades que se quieren cubrir. La cantidad total asciende a 1,1 billones de dólares, equivalentes al 75% del PIB español de un año o a dos veces y media el déficit en que incurrirá España en el periodo 2008-2013 como consecuencia de la crisis. Aunque es de esperar que estos fondos se dediquen a los países en desarrollo y a los más pobres, no parece que las cantidades den para mucho.


Tampoco las reformas internacionales propuestas son demasiado intensas y, además, muchas de ellas se alejan en el tiempo para cuando la economía se haya recuperado con lo que no contribuirán a la solución de los problemas actuales y hay un riesgo evidente de que no se tomen cuando la economía mundial vaya mejor:

Se acuerda establecer un nuevo Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en sus siglas en inglés, Financial Stability Board) con un mandato reforzado respecto al Forum de Estabilidad Financiera al que sustituye. La buena noticia es que estará formado por los 20 países del G20, los miembros del Forum sustituido, España y La Comisión Europea.

El FSB debe colaborar con el FMI para alertar con anticipación de los riesgos financieros y económicos que puedan aparecer y recomendar las acciones necesarias para reconducirlos.

Aumentar los recursos del FMI en 250.000 millones de dólares.

Aumentar los recursos de los bancos internacionales de desarrollo en 100.000 millones de dólares.

Asegurar que esos recursos sean usados con flexibilidad y eficacia para promover el crecimiento económico.

Reforzar la relevancia, eficiencia y legitimidad de las instituciones en el largo plazo, modificando sus estructuras para asegurar que realmente puedan apoyar eficazmente a sus miembros y socios en sus proyectos y aumentando la presencia y representación de las economías emergentes y en desarrollo, incluyendo a los países más pobres. Además, debe aumentarse la transparencia contable y la credibilidad de dichas instituciones. El FMI debe poner en marcha el paquete de las reformas de cuotas y votos acordada en abril de 2008 y completar la próxima revisión no mas tarde de enero de 2011.

Se pide al Banco Mundial que ponga en marcha las reformas acordadas en octubre de 2008 y que acuerde en la reunión de la primavera de 2010 las reformas de representación y votos.

Se acuerda que los puestos de dirección de las instituciones financieras sean asignados a través de un procedimiento de selección abierto, transparente y basado en los méritos.


El resto de las actuaciones, que incluyen la mayor parte de la regulación, el compromiso de favorecer la culminación de la ronda de Doha para la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional, la protección a los desempleados y las acciones contra los paraísos fiscales, quedan a la discrecionalidad de cada país, si bien hay un compromiso genérico de avanzar en todos esos asuntos y una nueva cita para otra reunión a celebrar antes de que acabe el año.

Cajas de Ahorro: mal Gobierno y Oposición

El proceso seguido ante las dificultades de la Caja castilla La Mancha es una buena muestra de la baja consideración que tenemos los ciudadanos ante los políticos.

La opinión pública empezó a tener noticias de que algo pasaba hace unos meses, cuando el PP dio la orden a los consejeros afines de presentar la dimisión en bloque a causa de la escasa información recibida en el Consejo de Administración, orden que no fue seguida por todos. Aunque todavía no se supo empezó la retirada de depósitos de la caja

También hubo noticias de una posible fusión que con el tiempo se centró en Unicaja como caja matriz. Hubo una cierta sorpresa cuando se empezó a hablar de unas ayudas para la fusión que oscilaban entre 1000 y 3000 millones de euros, en función de si la noticia se había filtrado desde el Gobierno o desde la caja andaluza. La retirada de depósitos continuó a ritmo creciente y la Oposición callaba.

La sorpresa ciudadana fue bastante grande cuando se dijo que la caja había ganado 30 millones de euros en 2008 y que los ratios de liquidez y de solvencia eran aceptables. ¿Por qué razón había que dar ayudas económicas públicas para que se llevara a cabo la fusión voluntaria de dos cajas saneadas? Parecía que Unicaja quería llevarse un buen pellizco en el envite, ya que el deseo del Gobierno de que se llevara a cabo la fusión era notorio. Siguió aumentando la retirada de depósitos y la Oposición continuaba callada.

Finalmente, Unicaja declinó seguir con la fusión y el domingo 29 el Consejo de Ministros aprobó avales por 9000 millones de euros para garantizar los depósitos de los clientes e hizo pública la intervención de Caja Castilla La Mancha acordada por el Banco de España la víspera, que suponía la destitución del Consejo de Administración. El ministro Solbes aseguró al anunciar las decisiones que la caja era solvente y que sólo tenía problemas transitorios de liquidez, lo que no se avenía con el aval de 9000 millones ni con la destitución del Consejo de Administración. El portavoz económico del PP anunció que ésta era la primera de una serie de intervenciones que se irían produciendo en el futuro sin decir cuantas, ni cuando ni, mucho menos, cuáles.

El presidente del PP, por el contrario declaró que este era un problema puntual, que los ahorros de los ciudadanos estaban seguros, incluso en Caja Castilla La Mancha, y que el Gobierno le tenía a su lado para dar la mejor solución a este problema.

Las malas noticias sobre la situación de la caja van goteando: los auditores no habían firmado las cuentas porque no estaban de acuerdo con ellas, los resultados reales de 2008 habrían sido unas pérdidas de entre 800 y 900 millones de euros, los depósitos habían disminuido a ritmo creciente y todo indica que la decisión de Unicaja de no continuar con la fusión es una decisión sensata. El portavoz económico del PP continúa diciendo ésta es la primera de una serie de intervenciones que se irían produciendo, sin decir cuantas, ni cuando ni cuáles.

Comienzan los comentarios sobre lo mala que es la interferencia de los partidos políticos en las cajas, la necesidad de cambiar su ley y algunos aprovechan para abogar por su privatización. También se empieza a vender la especie de que debe reducirse drásticamente el número de cajas y se anuncia que previsiblemente se podrán producir nuevas intervenciones en algunas cajas pequeñas y medianas.

Mientras el Gobierno presenta recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cajas de la Comunidad Madrileña y en Caja Madrid se pelean a brazo partido las dos facciones del PP que capitanean la Presidenta de la Comunidad y el Alcalde de Madrid.

Sería bueno que Gobierno y Oposición se pusieran de acuerdo para que las cajas funcionen sin presiones de los políticos que mandan en ellas, a fin de que sigan prestando los buenos servicios de su positiva influencia en la calidad y precio de los servicios financieros a familias y Pymes y, en alguna medida, de su obra social. Desgraciadamente, no será fácil que renuncien a la financiación privilegiada que reciben de ellas.