El riesgo de debacle del sistema financiero es muy relevante

Los datos que se conocen día a día sobre el sistema financiero son cada vez más preocupantes. No hay día que no salte a la luz pública algún problema grave en una o varias entidades financieras de uno u otro país y, a medida que transcurre el tiempo, el riesgo de debacle del sistema financiero se hace más relevante.

La solución inicialmente empleada de ayudas multimillonarias de los gobiernos a las entidades financieras de sus países paró el golpe de momento, pero un par de meses después se aprecia que, según van apareciendo los fallidos, la necesidad de ayudas adicionales no se reduce y parece que nadie pueda conocer donde está el límite, porque a las ingentes cantidades de los llamados “activos tóxicos” se añaden cantidades probablemente superiores de créditos que antes de la crisis, y actual recesión, podían considerarse de escaso riesgo, pero que actualmente engrosan el conjunto de los fallidos porque la caída de la actividad económica lo ha provocado.

Es preocupante que en Estados Unidos el Presidente Obama sólo haya conseguido que se apruebe un plan reducido para reconducir la situación. También lo es que empiecen a correr los rumores de que varios países europeos, algunos de la UE, están al borde de la suspensión de pagos. Y, a pesar de la gravedad, parecerá un mal menor que algunas entidades financieras tengan que ser parcial o totalmente nacionalizadas y que otras vayan directamente a la suspensión de pagos y desaparezcan.

En nuestro país las cosas no se presentan mucho mejor: El Banco de España ha intentado que todas las entidades financieras hagan una provisión, es decir aparten de sus beneficios una cantidad suficiente para cubrir la eventual pérdida de valor, equivalente al 30% del valor de la hipoteca que tenían sobre activos inmobiliarios que hayan aceptado a cambio de cancelar la hipoteca que los gravaba, ante la imposibilidad de sus antiguos propietarios de seguir pagando los plazos de la misma.

En términos generales la medida propuesta por el Banco de España parece razonable: las entidades financieras habían dado hipotecas por un valor comprendido entre el 85 y el 100% del valor de mercado alcanzado en la punta de las escalada de precios, por lo que un valor del 90% de ese máximo debe ser un buen indicador de lo que se han visto obligadas a comprar las entidades financieras para evitar malos resultados a corto plazo.

También como media, parece razonable pensar que el sobreprecio medio de los activos inmobiliarios en el punto máximo habrá sido del 40-50%, por lo que los activos que ahora tienen cajas y bancos deberían poder venderse al 50-60% del precio máximo, esto es con una pérdida para esas entidades del 35-45% del valor por el que las han comprado.

La realidad es que al final parece ser que el Banco de España ha tenido que conformarse con que la provisión sea tan sólo del 10%, ya que en el caso de que se exigiera el 30% numerosas entidades financieras irían a la quiebra.
La solución aceptada parará el problema por algún tiempo, aunque a costa de hacer más aguda la crisis financiera y de prolongar notablemente la duración de la recesión.

El mercado no pagará el 80% del precio máximo teóricamente alcanzado por los activos inmobiliarios afectados, y se buscará la forma de maquillar los balances de las entidades financieras para que no se reconozcan las pérdidas en las que han incurrido, pero esos activos tampoco se venderán a precios superiores a los de mercado. Tendremos, en consecuencia, reducción relevante de la actividad inmobiliaria, respecto a la que era normal, para unos cuantos años.

Las entidades financieras tendrán inmovilizada una ingente cantidad de fondos en el mantenimiento de ese parque inmobiliario, lo que llevará a una reducción del crédito disponible para la actividad económica, que irá acompañada de un aumento de los tipos de interés de los nuevos créditos y, como esto previsiblemente no será suficiente, de un aumento generalizado de las comisiones de todo tipo.

La situación económica de bastantes entidades financieras será delicada durante mucho tiempo, pero la mayoría de los gestores responsables de la inadecuada política de créditos seguirán en sus puestos con retribuciones excesivamente altas que, si eran difícilmente justificables en épocas de buenos resultados económicos, en la actual situación de quiebra técnica debida a su pésima gestión, son un escarnio para la sociedad.

Las bolsas están dando una valoración que, sea más o menos acertada en su cuantía concreta, puede servir de indicador del daño hecho a algunas entidades:

Ayer 20 de febrero de 2009 Citi Group cerró en la bolsa de Nueva York a 1,94 dólares por acción, con una caída en la sesión del 22,71%; su precio había superado los 26 dólares en mayo de 2008 y se podía comprar y vender en el entorno de los 20 dólares entre julio y octubre del pasado año.

Si nos fijamos en los dos grandes bancos españoles, también el mercado bursátil les ha pasado una buena importante hasta ahora, aunque no hay la menor evidencia, más bien al contrario, de que sus cotizaciones hayan tocado suelo:

Santander cerró ayer a 4,92 euros por acción, con una caída en la sesión del 5,38% y, para seguir el mismo análisis empleado con Citi Group, en mayo de 2008 su precio era de 12,5 euros y entre julio y octubre y se podía comprar y vender en el entorno de los 10,5 euros por acción.

Siguiendo el mismo análisis, BBVA cerró ayer a 5,82 euros por acción, con una caída en la sesión del 6,46%, cuando en mayo de 2008 su precio era de 14,5 euros y entre julio y octubre y se podía comprar y vender en el entorno de los 11,5 euros por acción.

La solución del problema financiero no se limita a proporcionar la liquidez y/o el aumento de capital que cada entidad pueda requerir, incluido en su caso el recurso a la nacionalización si los accionistas no desean acudir a la ampliación.

Además es absolutamente imprescindible cambiar radicalmente la regulación del sector, a fin de asegurar que se lleva de forma inmediata a los balances y cuentas de resultados cualquier deterioro, real o potencial, que se produzca. Además, es necesario que cambie la legislación para que los delitos económicos y la gestión negligente se castiguen penalmente de forma que desincentiven realmente su realización. El cambio de la normativa tiene que afectar también a reguladores, controladores e intermediarios financieros, ya que son, por acción o por omisión, colaboradores necesarios en el ocultamiento de los riesgos y situaciones patrimoniales desfavorables.

Por descontado sería mucho mejor un acuerdo internacional de amplio alcance sobre estos aspectos, pero si ese acuerdo se sigue demorando o no se llega a alcanzar nunca, nada impide que se lleve a cabo a nivel nacional, y en España tenemos la suerte de que el Banco de España cuenta con los profesionales necesarios para preparar en breve plazo una nueva normativa completa, coherente y eficaz. La decisión está en primer lugar en manos del Gobierno y después del Parlamento. ¿Se atreverán los políticos a coger al toro por los cuernos?