Desde hace dos días se suceden las reuniones y las declaraciones, por parte de Gobierno y entidades financieras, en las que cada parte intenta convencer a la opinión pública de que no tiene nada que ver en el hecho, aceptado por todos, de que la financiación anunciada por el Gobierno para empresas y familias no termine de arrancar.
Las causas son varias y las soluciones no son muy complejas.
Lo primero que la opinión pública tiene que conocer (se ha dicho, pero no se ha explicado bien) es que las primeras actuaciones del Gobierno tenían como objeto garantizar que las entidades financieras tuvieran liquidez para atender los préstamos que les vencían y que no serían renovados. El Gobierno dijo en su momento que este dinero acabaría llegando a empresas y familias en forma de créditos, pero no era cierto. Ese dinero estaba destinado a un fin diferente y absolutamente necesario: evitar la suspensión de pagos de muchas entidades financieras, suspensiones que hubieran supuesto un verdadero desastre.
Más adelante, el Gobierno anunció unas líneas de crédito que, estas sí, estaban destinadas a facilitar la llegada de créditos a empresas y familias. Al anunciarlas dijo claramente que se organizarían a través del ICO, que prestaría el dinero a las entidades financieras y que serían éstas las que formalizarían los créditos a sus clientes. También dijo que estarían disponibles a partir de enero y el Presidente del ICO ha manifestado que en su web estuvieron disponibles desde el 24 de diciembre, por lo que, en teoría, ya en esa fecha se podrían haber facilitado créditos con cargo a ellas.
Lo cierto es que, pasado el mes de enero, apenas se han utilizado y el motivo es que su comercialización no resulta interesante para las entidades bancarias por el, en su opinión, escaso margen de intermediación. Seguramente tienen razón por el creciente riesgo de morosidad y parece que, en la reunión que tuvieron con el Presidente del Gobierno, así se lo expresaron.
Es cierto que para las entidades financieras el que una empresa, o una familia, siempre haya atendido sus pagos y que tengan sus balances saneados, o que cuenten con una nómina de contrato indefinido, ya no es garantía suficiente de capacidad de atender los futuros pagos derivados del crédito, por lo que solicitan al Gobierno que sea el ICO quien corra con el riesgo de impago o que aumenten el margen de intermediación.
La solución tiene, obviamente, dos vías alternativas: hacer caso a la petición de las entidades financieras o hacer que sea el ICO quien proporcione directamente los créditos, opción esta última que no gustaría nada a las entidades financieras por lo que supondría de referencia de bajo coste, ya que el Estado es un accionista que no exige tantos dividendos como los accionistas privados, y los ejecutivos del ICO no cuestan tanto, ni directa ni indirectamente, como los de bancos y cajas.
Si el Gobierno considera que las peticiones de las entidades financieras son excesivas, podría introducir el criterio de que el ICO diera directamente los créditos de esas líneas, por un importe acumulado equivalente al que las entidades financieras no hubieran utilizado. Las condiciones de los créditos y los procedimientos de aprobación de los mismos deberían ser absolutamente transparentes para todos, con lo que las empresas y familias objetivamente solventes sabrían como, y a que precio máximo, obtener los créditos que necesitan, y el Gobierno conseguiría que se utilizaran las cantidades puestas a disposición del sistema económico para facilitar la recuperación de la economía española.
Asimismo, el Gobierno dispondría de un indicador muy fiable de las posibilidades del mercado financiero y de sus costes objetivos, y el resultado sería, en muy poco tiempo, el del crecimiento del crédito, seguramente con una realización de créditos directos del ICO muy reducida, ya que las entidades financieras ajustarían sus márgenes para no perder esa parcela del mercado.
Es cierto que esta medida supondría la vuelta de la banca pública al negocio minorista, pero estoy convencido de que esto será positivo no sólo para facilitar la salida de la crisis financiera, sino también para ayudar a evitar fallos del sistema financiero privado en el futuro.
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