Serios problemas en el sistema financiero

El sistema financiero internacional, tal como ha estado funcionando durante los últimos años, se derrumba y si no se pone remedio de forma rápida, con el se hundirá la economía mundial y vendrá una época de miseria generalizada también para los países más ricos.

Aunque las autoridades económicas lo ocultan, los indicios son claros:
- En Estados Unidos, el presidente Obama ha avisado que el problema financiero es gravísimo, que es un problema que nunca antes había ocurrido y que hay que actuar con rapidez y audacia.
- En el Reino Unido, tras algunas nacionalizaciones parciales, ya se está planteando la necesidad de nacionalizar a todas las entidades financieras.
- En Alemania consideran que ya hay que duplicar la cantidad de dinero prevista para 2009 para comprar participaciones en entidades financieras.
- En España, aunque la consigna oficial, seguida por todos, incluidos los medios de comunicación (¿será porque también ellos tienen problemas financieros muy graves?) es la de que no hay problema, lo cierto es que el Santander plantea una segunda ampliación de capital y que el Director General de La Caixa ha apuntado que así como 2008 ha sido el año de los problemas de financiación de las entidades financieras, 2009 será el año de los problemas de solvencia.

Es evidente que urge cambiar las reglas de funcionamiento del sistema financiero y parece también evidente que los Estados tendrán que comprar participaciones muy relevantes en muchas entidades financieras (¿quizás todas en algunos países?) si no se quiere asistir al derrumbe del sistema financiero.

El orden de actuación puede ser simultáneo, o empezar por los cambios normativos y actuar sobre las entidades según vaya apareciendo la necesidad, pero los cambios, como dice Obama, hay que hacerlos ya y sería bueno que no se esperara a los acuerdos internacionales que, o no se alcanzarán o tardarán mucho en tomarse.

Los cambios más importantes a realizar tienen que incluir los siguientes aspectos, necesarios para evitar que se vuelva a repetir una situación parecida a la actual:
- Impedir la creación ficticia de plusvalías con artificios financieros del tipo de los derivados.
- Impedir que los precios de los mercados de futuros se marquen por la actividad especulativa de papel, limitando a un porcentaje reducido el volumen máximo de operaciones que no tengan una contrapartida física.
- Equilibrar en la medida de lo posible los plazos de la financiación activa y pasiva de las entidades financieras y de las empresas y particulares. Esto exige el desarrollo de un mercado de bonos de los Estados a muy largo plazo, que obtengan el dinero de prestamistas interesados en obtener un interés fijo a muy largo plazo (caso, entre otros, de los fondos de pensiones, en una proporción relevante de sus fondos) y que presten el dinero a proyectos solventes de largo periodo de maduración (en buena parte construcción de infraestructuras, pero también financiación a largo plazo de parte de las necesidades de las instituciones financieras) La participación del Estado, probablemente a través de un banco totalmente público es imprescindible para aumentar la confianza de los inversores y también para asegurar que los procedimientos de aprobación de los créditos sean objetivos, transparentes y no discriminatorios.
- Separación total y absoluta de las entidades y personas que actúen como reguladores o controladores de las entidades financieras y de las que coticen en las bolsas con el sector financiero, de forma que su única posibilidad de inversión en activos financieros sea la deuda pública y con un tratamiento penal que desincentive totalmente las actuaciones contra la ética. A cambio, lógicamente, las personas dedicadas a esas actividades, que deberían tener un régimen de incompatibilidades muy riguroso, deben tener una garantía suficiente de sus puestos de trabajo a largo plazo y una remuneración razonable para su actividad.
- El mismo tratamiento penal debería introducirse para los gestores de las empresas que coticen en bolsa, para el caso de que no actúen conforme a las leyes y para defender los intereses de los accionistas, legítimos propietarios de las empresas.

En cuanto a las ayudas públicas a las entidades financieras, deberían darse cuando, en opinión del regulador (en nuestro caso el Banco de España) fueran necesarias, pero con dos condiciones: la prohibición absoluta de repartir dividendos mientras la totalidad de la ayuda no fuera devuelta y la asunción de las pérdidas por parte de los accionistas de forma previa a que el Estado, es decir todos, tenga que asumir alguna pérdida, llegando hasta la pérdida total del capital por parte de los accionistas en caso necesario.

El diagnóstico puede parecer muy pesimista y la solución muy radical, pero me temo que no hay alternativas mejores. Y ya que tendremos que pagar entre todos el enriquecimiento desmesurado de los que tienen una avaricia sin límites, al menos debería aprovecharse la ocasión para erradicar unas actuaciones que, si con la legalidad vigente no son delictivas, tendrán que serlo con el nuevo marco legal que se desarrolle.