Se ha producido una relevante
alarma social al conocerse que a finales de 2017, coincidiendo con el abono a
los pensionistas de la paga extraordinaria de diciembre, se agotará la hucha de
las pensiones.
Los políticos en general
se olvidan de decir que si sólo se pagaran, con cargo a la Seguridad Social,
las pensiones contributivas y las prestaciones de desempleo, esto es los
derechos derivados de las cotizaciones realizadas previamente, las cuentas de
la Seguridad Social no presentarían todavía déficit y por tanto la hucha de las
pensiones tendría más dinero en lugar de estar próxima a su agotamiento.
Porque en los años en que
las prestaciones eran inferiores a los ingresos por cotizaciones, los sucesivos
gobiernos decidieron usar el sobrante (al principio en su totalidad, y en parte
desde el establecimiento de la hucha de pensiones) para pagar prestaciones
sociales no derivadas de la previa cotización.
Sin embargo, aunque esto
se corrija, y es muy probable que el "Pacto de Toledo" lo apruebe en
sus próximas recomendaciones, no por ello variará el ritmo de deterioro de la
capacidad de pagar las prestaciones contributivas con las cotizaciones, ya que
el aumento de pensionistas que se deriva de la jubilación de las primeras
añadas del baby boom unido al incremento progresivo del número de mujeres que llegan
a la edad de jubilación con derecho a pensión contributiva, lleva a un aumento
del volumen total de las pensiones contributivas a pagar que en estos momentos
está ligeramente por encima del 3% anual, cuando el incremento de cada pensión
es del 0,25%.
Por tanto, la limitación
del uso de los fondos de la Seguridad Social al pago de las prestaciones contributivas
es un elemento fundamental para sentar las bases de un futuro sistema que sea
económicamente sostenible, aunque no será suficiente con esta modificación.
Otro elemento fundamental
será el llevar a la práctica que el sistema sea realmente de reparto, esto es
que las cotizaciones sean en cada periodo (que debe ser de varios años)
suficientes para pagar las prestaciones contributivas de ese mismo periodo.
Este elemento es mucho más
complejo, porque requiere un nuevo sistema de cotizaciones, que maximice los
ingresos por cotizaciones a corto, medio y largo plazo, y a la vez una nueva
metodología de fijación de las pensiones que, necesariamente, debe suponer la
variación del importe de todas las pensiones contributivas en cada periodo
plurianual para hacer posible que los ingresos sean suficientes para pagar los
gastos.
Las cotizaciones se deben
fijar con un importe mensual individual que sea soportable para los cotizantes
y que, a la vez incentive (teniendo en cuenta la metodología de cálculo del
importe de las nuevas pensiones) la propensión de los trabajadores, por cuenta
propia y por cuenta ajena, a proseguir carreras de cotización largas y por
importes que permitan alcanzar la pensión máxima una vez cumplidas las
condiciones.
Las percepciones se deben
acomodar a los ingresos de cada periodo y eso supone que pueda haber
variaciones, muy probablemente a la baja, en las pensiones individuales de cada
periodo respecto al anterior.
Se pedirá por tanto un
enorme sacrificio tanto a los pensionistas, tanto actuales como futuros, como a
los cotizantes actuales y futuros, ya que necesariamente los cotizantes, que no
crecerán ni de lejos al ritmo que crecerá el número de pensionistas, tendrán
que pagar unas cotizaciones que permitan pagar unas pensiones suficientes, con
la certeza de que cuando lleguen a la jubilación recibirán una pensión
inferior, muy inferior, a la que recibirían si se jubilaran con el sistema
actual de cálculo. Los pensionistas actuales, y los que se vayan incorporando,
tendrán que aceptar la percepción de unas pensiones inferiores a las actuales,
porque los ingresos por cotizaciones no serán suficientes para pagar las
pensiones con el importe calculado por el sistema actual.
Hay varias soluciones "fáciles"
que deberían evitarse, ya que incentivarían a los trabajadores actuales a
cotizar lo mínimo posible, tanto en tiempo cotizado como en la cuantía de la
cotización, lo que llevaría a una reducción muy relevante de los ingresos por
cotizaciones:
- Eliminar las
bases máximas de cotización, manteniendo, cuando no reduciendo, los límites
actuales de la pensión máxima.
- Reducir la
pensión máxima hasta el importe que permita equilibrar ingresos y gastos.
- Obligación de
complementar la futura pensión con la contratación de planes de pensiones
privados.
- Introducir un
nuevo impuesto (o aumentos de tipos en impuestos existentes) para complementar
la financiación de las prestaciones contributivas.
Pero es indudable que los
PGE tendrán que aportar cantidades muy importantes de fondos para pagar todas
las prestaciones no contributivas que deberían complementar las pensiones para
que los jubilados puedan tener una vida digna.
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