Hay un acuerdo
generalizado en que el actual sistema de pensiones no es sostenible, porque los
pagos a realizar, aún en la hipótesis del mínimo aumento anual del 0,25% de las
pensiones ya existentes, crecerán muchísimo durante las próximas décadas por el
aumento del número de personas que cada año pasará a ser pensionista, mientras
que los ingresos por cotizaciones no lo harán o lo harán en una proporción muy
inferior.
En lo que hay serias
discrepancias es en como reconducir el sistema, ya que una parte de la
población piensa que el Estado puede asumir los sobrecostes y otra cree que el
sistema en realidad sí que es sostenible, ya que se lo han oído decir a los
partidos políticos, especialmente en épocas de elecciones y siguen escuchando
ese mensaje incluso ahora que ya han sonado las alarmas porque la hucha de las
pensiones se agotará, y faltará algo de dinero, cuando se pague la paga de
diciembre de 2017.
Los que consideran que el
Estado puede pagar todas las pensiones, manteniendo el actual sistema de
cálculo para los nuevos pensionistas, probablemente no sean conscientes de que,
si eso se hiciera así, habría que subir de forma muy relevante la recaudación
de impuestos, ya que no sería sostenible pagar los sobrecostes con un aumento
equivalente de la deuda pública.
Los que consideran que el
Estado tiene todo el dinero que pueda necesitar, simplemente no conocen la
realidad económica y prefieren pensar que si políticos de partidos muy diferentes
lo dicen, es que será así.
Hasta ahora las
modificaciones se han hecho con la máxima suavidad posible y dilatando varios
años la aplicación de la repercusión total y, aún así, el sistema sigue sin ser
sostenible. Pero el tiempo pasa inexorablemente y cada vez está más cerca el
momento en que tendrá que comunicarse la cruda realidad a la población en
general y a los que vayan a ser pensionistas en un futuro próximo en
particular. En el caso en que las medidas se retrasaran excesivamente, (cosa
que no parece que vaya a ocurrir porque se ha anunciado que para la próxima
primavera el Pacto de Toledo presentará una propuesta de solución) podría ser
necesario reducir la cuantía de las pensiones ya existentes, aunque esa medida
sea, como lo es, contraria a la Constitución.
Las reformas que habría
que acometer se pueden dividir en cuatro grupos diferentes: Modificación del
sistema de cotizaciones, modificación del método de cálculo de las nuevas
pensiones, traslado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de todos los
pagos de prestaciones no contributivas que ahora satisface la Seguridad Social y
formulación de las medidas complementarias que aseguren que los pensionistas
con menores ingresos tengan cubiertas sus necesidades básicas (vivienda digna,
alimentación suficiente, sanidad de calidad y movilidad a su alcance)
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