Dada la actual situación de dificultad inusitada para la
formación de un gobierno estable, las menciones al problema de las pensiones
por parte de los partidos políticos han sido durante este año escasas y poco
claras, dado el pavor que tienen a perder votos si plantearan el problema con
un mínimo de sensatez. De hecho las menciones, casi de refilón, se han hecho
con motivo del recurso obligado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más
conocido como "hucha de las pensiones", cada vez que se tiene que
satisfacer a los pensionistas la paga extra al final de cada semestre, fondo
que se habrá gastado totalmente antes de dos años, algo antes de lo previsto en
el informe de los expertos de 2013 que lo preveía para 2019.
Sin embargo, gobierne quien gobierne, en la primera
legislatura con gobierno no provisional, y más bien al principio que al final,
será necesario que el Pacto de Toledo tome decisiones al respecto, aunque una
vez más es más que probable que se limite a poner un nuevo parche que permita
pasar el problema a la siguiente legislatura.
La reforma de las pensiones, que antes o después tendrá
que abordar el problema con un horizonte más amplio que la duración de una
legislatura, debería garantizar su estabilidad a medio y largo plazo, pero
también debería garantizar, con medidas complementarias a las pensiones
contributivas, que ninguna persona quede en una situación de pobreza acusada al
terminar su etapa vital de actividad laboral.
Esta reforma, que sin ninguna duda obligará a aumentar el
número de años de cotización media de los futuros pensionistas y a calcular la
pensión de cada persona en función de la cotización total que haya realizado a
lo largo de toda su vida laboral.
También tendrá que establecerse que la percepción total
de las pensiones contributivas de cada periodo plurianual (por ejemplo de cinco
años) sea equivalente a la cotización total ingresada en el mismo y que las
prestaciones no contributivas (incluidos los complementos a mínimos que
existan) sean pagados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Será muy importante que el sistema de pensiones
contributivas siga siendo público, única forma de evitar que queden
desamparados los afectados por las eventuales quiebras o rentabilidades
negativas de las compañías privadas que gestionen los ahorros para la vejez.
Asimismo, será necesario facilitar que se pueda completar
la pensión pública, de forma totalmente voluntaria, con otros sistemas de
ingresos basados en la gestión privada del ahorro y en el establecimiento de la
total compatibilidad de la pensión contributiva con la actividad laboral, por
cuenta propia o por cuenta ajena, del pensionista. Será la decisión de cada persona,
que obtendrá lo que corresponda a su acierto o desacierto y a su esfuerzo.
Sin embargo, las pensiones y prestaciones públicas,
universales y suficientes para subsistir, tienen que continuar o nuestra
sociedad habrá retrocedido, en términos de protección social, a una situación
inadmisible.
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