No son pocos los que consideran que el sistema de
pensiones debería ser privatizado, aunque todos ellos evitan plantear que
pasaría con los pensionistas actuales y con los que ya lleven unos cuantos años
cotizados, simplemente porque ningún sistema privado podría hacerse cargo de
los pagos ya comprometidos y de los derechos ya adquiridos por los cotizantes
todavía en activo.
Muchos más proponen que las pensiones públicas se reduzcan
a unas cuantías mínimas y que los futuros pensionistas las complementen con
sistemas privados, aunque no se atreven a insinuar siquiera como sería el
proceso de reducción progresiva pero drástica de las cuantías de las pensiones
futuras. El motivo es el mismo, ya que no hay partido político que se atreva a
proponer medidas de reducción que afecten de forma muy relevante a los
pensionistas actuales y a los que se irán incorporando en los próximos años, seguramente
porque son demasiados millones de votos que previsiblemente perderían.
Pero no por ello deja de ser importante el debate teórico
de como se debería plantear el sistema de pensiones en un país que no lo
tuviera y que deseara introducirlo, en la hipótesis de que quisiera hacerlo de
forma equitativa y sostenible en el muy largo plazo.
Los sistemas públicos presentan, en mi opinión, muchas
más ventajas que los privados, y muy especialmente para la parte de las
pensiones que tenga carácter obligatorio, ya que proporcionan mucha mayor
seguridad a los futuros beneficiarios de que llegado el momento efectivamente
cobrarán su pensión, ya que el Estado podrá cambiar pero no desaparecerá fácilmente,
cosa que no se puede asegurar con ninguna entidad privada en el plazo del orden
de los setenta años que va desde que alguien inicia su cotización hasta que
recibe el último pago de su pensión. Para responder a esta pregunta sólo hay
que preguntarse qué porcentaje de entidades privadas desaparecen antes de
cumplir los setenta años, al margen de que nadie puede asegurar que una entidad
centenaria en la actualidad, siga existiendo dentro de setenta años, aunque sea
una entidad financiera de gran tamaño (basta con recordar lo ocurrido con
Lehman Brothers que estuvo activa desde 1850 hasta 2008 y desapareció
súbitamente cuando su calificación de solvemcia era AAA, la más alta posible)
Pero no basta con que el sistema sea público, porque todos
los sistemas públicos tienden a pagar las prestaciones actuales con los
ingresos actuales (usan el llamado sistema de reparto) y no con el resultado
del ahorro de las cotizaciones efectivamente pagadas por cada actual
pensionista para pagar su pensión individual, y el sistema de reparto tiene un
grave riesgo de convertirse a largo plazo en piramidal, salvo que el conjunto
de las cotizaciones y las prestaciones se mantenga estable, o con variaciones
siempre en el mismo sentido y con un ritmo también estable a lo largo del
tiempo (por periodos de duración cercana al siglo)
Además, es muy deseable que el sistema sea equitativo, de
manera que la cuantía mensual de la pensión individual que se reciba sea
proporcional a la cantidad total contribuida y que, a la vez, la cuantía global
de las pensiones también sea compatible, en periodos de bastantes años, con el
volumen de ingresos por cotizaciones. El primer aspecto es fácil de conseguir,
aunque en el caso concreto de España diste mucho de ser equitativo, ya que no
lo fue desde su inicio y sigue sin serlo a pesar de las sucesivas reformas que
lo han ido corrigiendo parcialmente, pero el segundo aspecto, la sostenibilidad
del sistema a muy largo plazo, es mucho más complicado dado que requeriría
tomar decisiones, a veces en cada legislatura, basadas en previsiones de al
menos un par de décadas y es conocido el nulo interés que todos los gobernantes
tienen en tomar decisiones que no gusten a los electores, salvo que sean
estrictamente necesarias antes de las próximas elecciones.
Otro aspecto muy relevante es la tendencia a la
inclusión, en las etapas de bonanza económica, del coste de buena parte de las prestaciones
distintas a la pensión contributiva en la bolsa de éstas, de manera que son los
cotizantes actuales los que las pagan junto al importe de las pensiones
contributivas. Desde el punto de vista del gasto público total, el resultado es
el mismo, pero desde el punto de vista de las cuentas de la Seguridad Social y
de los segmentos de la población que soportan el gasto no lo es, por lo que es
importante separar las cuentas de las prestaciones contributivas (que deberían
pagarse con cargo a los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social) de las
del resto de prestaciones que deberían pagarse con cargo a los ingresos por
impuestos. Es bastante probable que en la próxima reforma de las pensiones, que
tendrá que abordarse muy pronto porque muy pronto se agotará la "hucha de
las pensiones" y no habrá dinero en la caja de la Seguridad Social para
hacer frente a las pagas extras, se pase a los Presupuestos Generales de Estado
el pago de buena parte de las prestaciones no contributivas, lo que servirá de justificación
para una nueva subida de impuestos, aunque en este caso tendrá la ventaja de
dar mayor estabilidad al sistema público de pensiones.
En cuanto a los complementos privados de pensiones, la
condición más importante para que sean viables y estables en el tiempo es que
sean voluntarios, aunque también ayudará que no supongan para los que los
suscriban compromisos de ingreso o de no retirada de fondos de muy larga
duración y por descontado que sean fiscalmente neutros.
Los sistemas actuales que hay en España, cumplen
totalmente la primera condición ya que son voluntarios, solo parcialmente la
segunda ya que aunque es fácil el cambio de una entidad a otra, la retirada de
fondos para ser usados por el beneficiario antes de la edad de jubilación está
limitada a los casos de invalidez o de paro prolongado, y no cumplen en
absoluto la tercera, ya que añaden a una ventaja fiscal muy llamativa (el año
que se hace una aportación, con unos límites prefijados, no se paga IRPF por la
cantidad aportada) una posterior desventaja tremenda, ya que cuando se recibe
el dinero, todo lo recibido tributa por el tipo marginal general del IRPF en
vez de hacerlo por un tipo equivalente al de los rendimientos financieros, lo
que supone pagar tipos superiores entre el 10 y el 25% por el dinero recibido.
Este sistema de tributación es el resultado de una
tributación mucho más razonable establecida cuando se introdujeron los Planes
de Pensiones (sólo se tributaba, eso sí al tipo marginal, por el 60% del dinero
recibido, con lo que en la práctica se igualaba como media el tipo efectivo
pagado al de los rendimientos financieros) modificada en la etapa de Zapatero
para hacer pagar más a los que decidieran retirar todo el dinero al llegar a la
jubilación y a los que, sin hacerlo, tuvieran simultáneamente pensiones más
altas y recibieran complementos por los Planes de Pensiones.
A futuro sería mucho más razonable dar a los Planes de
Pensiones el tratamiento general del IRPF, es decir no deducir nada en el año
de la aportación y tributar por los rendimientos financieros cuando se
obtuvieran ingresos, pero eso les quitaría atractivo en el momento de hacer
aportaciones que no será fácil compensar con la percepción de obtener unos
rendimientos mayores a largo plazo, ya que la experiencia no es precisamente la
de que los planes de pensiones tengan, para los beneficiarios, unos
rendimientos acumulados que superen a la inflación.
En resumen, lo mejor para la sociedad y para la inmensa
mayoría de los futuros pensionistas, es disponer de un sistema público de
pensiones, obligatorio, equitativo y sostenible que proporcione una pensión
suficiente para cubrir las necesidades razonables de los jubilados y que, de
forma voluntaria, pueda ser complementado por otros sistemas privados de ahorro
que permitan a quienes los hayan adoptado disponer de unas rentas adicionales
para elevar su nivel de vida en su etapa de jubilados.
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