El Pacto de Toledo es un acuerdo de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria que tiene dos objetivos fundamentales, el alcance de un consenso suficiente para cualquier modificación que se lleve a cabo en el sistema de pensiones que exista en cada momento y la renuncia al uso del tema de las pensiones como arma de confrontación entre los partidos.
Sin embargo, la realidad demuestra que los dos partidos políticos más importantes (necesarios para cualquier consenso en esta materia y suficientes en su conjunto, aunque sólo fueran esos dos partidos los que lo alcanzaran) están lejos de cumplir el acuerdo en sentido estricto, porque no desean dejar pasar esa baza electoral siempre que su uso no ponga en riesgo los aspectos que cada uno de ellos considera críticos. De ahí el que el PSOE haya acordado sin consultarlo la no subida de la mayoría de las pensiones con la inflación prevista para 2011 (modificación que tendría que haber sido previamente acordada en la Comisión creada para tratar los asuntos del Pacto de Toledo) y que el PP se conforme con mirar para otro lado, porque en el fondo comparte la necesidad de la medida, pero dejando claro que no ha sido consultado, con lo que espera sacar un rédito electoral ya que la mayoría de la sociedad está en contra de la medida.
Otra muestra de la misma táctica es el reciente documento de recomendaciones publicado en diciembre de 2010, ambos partidos y también la mayoría del resto de los partidos que están en el Parlamento, son conscientes de la necesidad de cambiar el modelo de pensiones para evitar que con la llegada a la edad de jubilación de las cohortes del baby boom (que en España empezó en 1950, aunque alcanzó su máximo quince años después) el sistema sea económica y socialmente inviable. El PSOE está obligado (por las exigencias del sistema financiero internacional) a legislar al respecto como muy tarde en el primer trimestre de este año 2011 y el PP no quiere perder la oportunidad de añadir un desgaste adicional al partido del gobierno, aunque comparta totalmente sus criterios o, incluso, deseara una reforma todavía más radical que la que propone el PSOE.
El consenso final es un documento bastante ambiguo, aunque tiene declaraciones de principios de gran alcance, que tiene la virtud para el PSOE de que le deja las manos libres para los aspectos concretos que desea modificar, siempre que consiga la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar el anunciado decreto a finales de enero de 2011, y para el PP de que pueda aparecer ante la población como una formación que, como la mayoría de la sociedad, está en desacuerdo con esos detalles concretos, con lo que esperará obtener un buen puñado de votos adicionales, aunque si llegara a formar gobierno después de las próximas elecciones se guardará mucho de cambiar lo que tanto critica de esta reforma.
Como el documento de recomendaciones del Pacto de Toledo es muy extenso y tiene muchos aspectos de gran interés, dedicaré los próximos escritos a comentar los aspectos que considero más importantes, y termino este escrito con la referencia a la declaración de principios que incluye justo antes de empezar las recomendaciones y que textualmente dice [… solidaridad intergeneracional e intrageneracional, propia del sistema de reparto, que nos vincula unos a otros por encima de la mera justicia contable que es propia de los sistemas de capitalización.] declaración con la que aparentemente excluyen cualquier posibilidad de que las cuantías concretas de las pensiones contributivas a percibir se calculen exclusivamente con los datos individuales del perceptor y/o del causante (valor actual acumulado de las cotizaciones realizadas, edad en el momento de establecimiento de la pensión y, en su caso, esperanza de vida en ese momento)
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