Además de dar una mayor estabilidad económica al sistema de pensiones español, hay otro aspecto que, aunque en principio no tendría por qué afectar a la viabilidad económica global, es de suma importancia para cada preceptor de pensiones y, además, ayudaría a aumentar las cotizaciones, acercándolas a los salarios reales.
Este aspecto, que desde el punto de vista social es de enorme importancia, es la mejora de la equidad del sistema que en la actualidad tiene fallos clamorosos. Los principales motivos de falta de equidad que deberían ser modificados aprovechando la actual reforma son:
- La insuficiente relación entre cotizaciones realizadas y pensión a recibir.
- La injusta reducción de la pensión a recibir para aquellas personas que se ven obligadas a dejar de cotizar en los años inmediatamente anteriores a la jubilación.
- La enorme desproporción existente entre el porcentaje de reducción de la pensión que se aplica en caso de adelantamiento de la jubilación y el porcentaje de aumento de la pensión a recibir si se retrasa la edad de jubilación.
Además, existe otro problema pendiente de solucionar, las pensiones de viudedad, que en su estado actual suponen el paso a la situación de pobreza extrema o casi extrema para un gran número de personas, en su mayor parte mujeres, cuando fallece su pareja, lo que en numerosos casos sucede cuando tienen una edad muy avanzada. Sorprenden algunas propuestas que se empiezan a escuchar en el sentido de la eliminación de la pensión de viudedad (que llevaría a esa situación de enorme desprotección a muchas más personas) con el objeto de obtener un ahorro en el gasto en pensiones (ahorro que sería de una cuantía ciertamente moderada) o, desde otro punto de vista, para promover un supuesto aumento de la independencia de la mujer por la vía de la igualación de las tasas de actividad masculina y femenina que, a medio y largo plazo, se derivaría de la ausencia de la pensión de viudedad.
Todos estos aspectos se tratan en el documento hecho público el pasado 29 de diciembre con el título de Recomendaciones del Pacto de Toledo, pero el documento es excesivamente ambiguo como para saber, o al menos intuir, las medidas concretas que se incluirán en la nueva legislación que el gobierno tiene previsto que apruebe el Congreso de los Diputados a finales de este mes de enero.
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