Hoy 24 de abril de 2009 se han hecho públicos los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de este año. La cifra de parados es aterradora, 4.010.700 personas, con lo que ya queda muy vieja la polémica de si este año se llegaría o no a los cuatro millones de parados.
La cifra supone un aumento de 802.800 parados, con una destrucción de 766.000 empleos y un aumento de la población activa de 36.800 personas.
Los portavoces del Gobierno admiten, como no podía ser de otra manera, que el dato es pésimo, pero se consuelan diciendo que el primer trimestre es siempre el que presenta peores resultados y que, además, el de este año coincide con el peor momento de la economía, por lo que no es fácil que se repitan en el futuro datos tan malos. Es más que probable que los datos de los próximos trimestres no sean peores, pero todo parece indicar que seguirán siendo malos y no sería extraño que los parados alcancen los cinco millones antes de que termine el año.
Lo más preocupante es que no parece que el Gobierno considere que haya llegado el momento de actuar de forma distinta a como lo viene haciendo hasta ahora, para conseguir reducir los desastrosos efectos del paro para las familias que lo padecen de forma directa y para el resto de la sociedad, que también lo padece de forma indirecta.
En la rueda de prensa convocada para presentar estos datos, la Vicepresidenta Salgado, a la que hay que agradecer que lo haya hecho en persona, ha continuado la táctica de echar balones fuera, ya que ha expresado su convencimiento de que el paro empezará a mejorar ya en el mes de abril, pero no ha querido arriesgar ninguna previsión de los datos que pueda dar la EPA del segundo trimestre (seguramente porque no confía en que la realidad no sea mucho peor que las previsiones oficiales) ha dado el dato de que hay actualmente un millón de familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo, pero ha dicho que todavía están calculando el número de ellas que no tienen ningún ingreso y, con la excusa de que no tenía a mano el dato del número de parados que ya han agotado la prestación por desempleo, no ha dado esta cifra.
Parece que no va a cambiar la política del Gobierno, por lo que no es de esperar que haya ninguna reforma laboral ya que el Gobierno sólo la adoptaría con el acuerdo de sindicatos y asociaciones empresariales, y la Vicepresidenta ha dicho que ya se están tomando medidas para mejorar el empleo y que ya están dando frutos como se verá cuando se tengan los datos de paro registrado y de afiliaciones a la Seguridad Social de Abril.
Ha vuelto a insistir en que todas las medidas que tome el Gobierno con repercusión en el gasto público se analizarán teniendo en cuenta el obligado cumplimiento en el ejercicio 2012 del compromiso de que el déficit público del año no supere el 3% del PIB, lo que unido al compromiso de que el conjunto de la deuda pública no supere en ningún momento el 60% del PIB hará que las nuevas medidas de gasto público tengan un alcance limitado.
También ha comunicado que el Gobierno está analizando, junto a las CCAA, las medidas de protección social que se puedan introducir para paliar la situación de las familias que se queden sin ingresos una vez agotadas las prestaciones de desempleo y los subsidios que puedan recibir por no tener empleo.
El resultado de la continuidad de la política del Gobierno en materia de empleo no será otro que un mayor incremento de la cifra de parados y una mayor duración de la situación de desempleo.
Alguien debería explicar al Presidente del Gobierno, y ya no está Pedro Solbes para hacerlo, que si bien es cierto que los trabajadores no tenemos culpa alguna en los orígenes de la crisis actual y que, en consecuencia, es injusto que tengamos que pagar, directa e indirectamente, la mayor parte de los costes de la crisis, no es menos cierto que es imposible que sólo los culpables de la crisis, entre los que también se encuentran los políticos con responsabilidades de gobierno durante los años previos a la crisis, sean los que paguen las consecuencias, y que, por otra parte, la política económica que se haga tendrá efectos tanto en la intensidad y duración de la etapa de insuficiente actividad económica como en la intensidad y duración de la etapa de recuperación que, más tarde que pronto, se producirá.
En lo que a la eventual reforma del mercado laboral se refiere, el Presidente del Gobierno debería ser consciente de que si se empeña en mantener una situación más favorable para los funcionarios y los trabajadores que conserven el empleo fijo que ya tienen, será a costa de que aumenten tanto el número de desempleados como el plazo de tiempo necesario para que ese número se reduzca.
Finalmente, el Presidente del Gobierno debería saber que la eventual reforma laboral no es incompatible con una política de gasto social para atención a los desempleados tan amplia como permitan las finanzas públicas.
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