Nuevo Gobierno ¿nueva política económica?

El nuevo Gobierno ha empezado su andadura y, de momento, poco sabemos de sus planes de actuación en lo que se refiere a la economía.

Está la declaración del Presidente en el momento de hacer públicos los cambios, con tres prioridades que la mayoría compartimos: salida de la actual situación económica en el menor plazo posible, vertebración de las comunidades autónomas, para que sean una ayuda y no un lastre, y elaboración de un nuevo modelo económico que permita crecimientos mayores y más estables de la economía.

Tenemos también las declaraciones de la Vicepresidenta Fernández de la Vega en el sentido de que, para las CCAA, se ha terminado el momento de las reivindicaciones y ha llegado el de la cooperación, del Vicepresidente Chaves que anuncia que la coordinación de las CCAA se hará sin privilegios para ninguna de ellas y, por último, la escueta declaración de la Vicepresidenta Salgado anunciando que su máxima prioridad es la generación de empleo. También en estos aspectos la mayoría de la población estamos, casi con certeza, de acuerdo.

Los problemas aparecen cuando hay que establecer las políticas concretas que permitan alcanzar esos objetivos. Todo apunta a que la salida del Vicepresidente Solbes irá acompañada de un aumento relevante del gasto público y ese temor aumenta cuando se hace público que el Secretario de Estado de Economía plantea su dimisión. Además, otros ministerios que no forman parte directamente del área económica, pero que son los responsables de gestionar partidas relevantes de gasto, han anunciado importantes aumentos del gasto público: el Ministerio de Fomento que seguramente quitará el freno a los proyectos paralizados por la exministra Álvarez, el Ministerio de Sanidad y Política Social que anuncia el rápido desarrollo de la Ley de Dependencia, para lo que requerirá ingentes cantidades de dinero público, y el Ministerio de Trabajo anuncia la posibilidad de aumentar los periodos de percepción del seguro de desempleo mientras dure la situación actual de penuria económica.

Mientras, la actividad económica sigue cayendo y, con ella, la recaudación de impuestos y, por otra parte, el crédito para empresas y familias se sigue reduciendo y encareciendo (a pesar de la bajada del euribor que afecta, aunque no siempre, a los créditos concedidos antes de la crisis, en tanto que los nuevos créditos se encarecen para hacer pagar a los nuevos prestatarios la totalidad del incremento de morosidad) El número de desempleados crece a ritmos desmesurados y se calcula que ya hay un millón de parados que no reciben ningún tipo de ayuda pública.

El Presidente del Gobierno dijo, antes de la remodelación ministerial, que había margen para el endeudamiento. Es cierto, pero con un límite que viene dado por el compromiso de que la deuda pública total no supere el 60% del PIB. El margen que existe, incluyendo el incremento de deuda de este año, es aproximadamente del 25% del PIB y todo apunta a que entre 2009 y 2010 la deuda publica aumente en cerca del 20%, lo que deja muy poco margen para 2011 y 2012, año este último en el que, además, tendremos que volver a cumplir el requisito de que el déficit del año no supere el 3% del PIB.

Para que todos los números cuadren es necesario que el Gobierno consiga aumentar los ingresos y reducir los otros gastos, por lo que las perspectivas son las de un aumento de los impuestos (probablemente el IVA será el que se emplee en mayor cuantía) una congelación de los sueldos de los funcionarios de todas las administraciones y un acuerdo de financiación autonómica que apenas suponga aumento, en términos absolutos, de las cantidades a percibir respecto a las de 2008.

En los próximos meses iremos conociendo la política económica real del Gobierno, aunque es probable que, siguiendo la práctica de hace un año, se oculten a la opinión pública las medidas impopulares hasta después de las elecciones al Parlamento Europeo. El próximo verano, cuando los datos del primer semestre muestren la dureza de la situación, que previsiblemente será peor que las previsiones más pesimistas que se publican ahora, llegará el momento de que se vayan conociendo las medidas que, antes o después, obliguen a la sociedad española a hacer frente a la situación actual.