El sistema español de pensiones es un sistema de reparto, lo que significa que las pensiones que se pagan cada año provienen de la recaudación de lo que pagan ese mismo año los pensionistas del futuro.
Este sistema, por su propia naturaleza, tiene una gran incertidumbre para los cotizantes, ya que nada les garantiza que la pensión que reciban en su día tenga alguna relación con lo que hayan cotizado a lo largo de su vida laboral. En contrapartida, puede ocurrir que reciban una pensión muy superior a la que correspondería a sus cotizaciones.
El sistema español tiene, además, algunos fallos muy relevantes que desincentivan la cotización por bases elevadas cuando faltan más de 15 años para la jubilación, ya que la pensión, hoy por hoy, se calcula teniendo en cuenta la edad que se tiene en el momento de la jubilación, el tiempo realmente cotizado y las cantidades cotizadas precisamente durante los quince años previos a la jubilación.
Con esto se favorece a los que hayan cotizado por las bases mínimas hasta cumplir los 50 años, hayan pasado a cotizar por la base máxima a partir de entonces y coticen por último día aquel en que cumplen 65 años y se perjudica a los que actúen de otra manera, especialmente a los que hayan cotizado muchos años, más de los 35 exigidos para alcanzar el máximo, lo hayan hecho siempre por la base máxima pero los azares de la vida le hayan llevado a padecer un ERE a los 60 años de edad.
El sistema, por otra parte, incentiva muy poco la continuidad en activo de los mayores de 65 años que puedan y, voluntariamente, quieran hacerlo.
Como todo sistema de reparto, al no tener una población estable en cada una de las etapas, fundamentalmente por el, por otra parte muy deseable, incremento progresivo de la vida media de la población, el sistema es inestable y tiene muchas dificultades para garantizar que las pensiones del futuro sean equivalentes en poder adquisitivo a las de hoy.
Estos aspectos son algunos de los que trató el Gobernador del Banco de España en su reciente comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo. En mi modesta opinión lo hizo de forma rigurosa y ponderada, seguramente con la loable intención de llamar la atención del poder legislativo para que cuanto antes se ponga a trabajar para reforzar la estabilidad del sistema antes de que sea demasiado tarde para evitar una debacle.
Soy consciente de que su intervención ha merecido el rechazo de la mayor parte de los políticos, sindicalistas y comentaristas, muy probablemente porque para ellos lo que pueda ocurrir en el horizonte de 2020 o posteriormente carece del menor interés, ya que para entonces, si siguen vivos, habrán perdido sus actuales posiciones en la vida pública.
Lo peor de todo es que intentan atemorizar a los actuales pensionistas, que en poco o nada verían afectada su situación personal salvo que sean jubilados recientes y gocen después de una gran longevidad, haciéndoles creer que no se debe cambiar el sistema para evitar que ellos pierdan, y consiguen convencer a la mayor parte de la población de que con el sistema actual todo continuará igual de aquí a 20, 30 ó 40 años.
Les guste o no les guste a los detractores del discurso del Gobernador, el sistema español de pensiones necesita una reforma profunda, que no tiene por qué ser sinónimo de injusta, radical o poco respetuosa con los derechos adquiridos por los actuales pensionistas. Esa reforma conviene que se inicie lo antes posible, preferiblemente con las pautas apuntadas por el Gobernador que terminó su discurso con las siguientes palabras: {... Y estoy convencido de que unas reformas moderadas y adoptadas con tiempo suficiente, no sólo ayudarán a resolver los problemas del largo plazo, sino que, al tranquilizar y reducir incertidumbres sobre el futuro, tendrán efectos favorables también en el corto plazo, en la difícil coyuntura que estamos atravesando.}
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