La eventual secesión
unilateral de Cataluña supondría una cascada de consecuencias económicas y
sociales que, en buena parte, serían negativas para amplias capas de la
población tanto de Cataluña como del resto de España.
En esta serie de entradas,
intentaré hacer un análisis de las consecuencias en algunos de los principales
aspectos económicos para cada una de las dos partes resultantes de la
segregación.
Mi intención es hacer un
análisis lo más objetivo posible, pero soy consciente de que mi percepción
personal de los aspectos que analice puede estar influida por mi visión
particular de la cuestión, que deseo hacer explícita para que los lectores la
conozcan.
Soy madrileño casado con
una catalana desde hace cuarenta años, ella es independentista de toda la vida
y hemos vivido juntos ocho años en Cataluña y el resto en Madrid, y ahora que
ambos estamos jubilados pasamos mucho tiempo en cada uno de los dos lugares.
Yo, al contrario que mi mujer, considero a Cataluña una parte de mi tierra,
especialmente querida por los lazos familiares y de amistad que me unen a ella
(para ella sólo Cataluña es su tierra) La mitad de los antepasados de mis hijos
están enterrados en el pueblo de mi mujer y por esas y algunas otras razones,
soy totalmente partidario de que Cataluña siga formando parte de España. Creo
conocer con bastante profundidad las razones, los sentimientos y los argumentos
de los independentistas de buena fe, que creo que son la mayoría.
Los aspectos concretos que
desarrollaré en las sucesivas entradas son las pensiones, la moneda de la
Cataluña independiente, los efectos sobre el sistema financiero y los efectos
sobre el comercio exterior y el PIB.
Para terminar esta
introducción, expondré las consecuencias políticas y económicas que considero más probables en
caso de una declaración unilateral de independencia, seguida de una situación
de independencia de facto de lo que llamaré la República de Catalunya, a la que
el resto de España sería hostil.
De acuerdo con los
Tratados de la Unión Europea, según la interpretación dada por el Presidente de
la Comisión, órgano éste que es el encargado de interpretar los tratados, éstos
dejarían de aplicarse al territorio de la República de Catalunya desde el mismo
momento en que la independencia de hecho fuera una realidad.
Los ciudadanos de
nacionalidad española residentes en Cataluña mantendrían su nacionalidad en
tanto en cuanto no adquirieran la nacionalidad catalana y, mientras estuvieran
en esa situación, serían considerados a efectos fiscales no residentes en
España. En el momento en que adquirieran la nacionalidad catalana, perderían la
española, al menos mientras no exista un convenio que permita la doble
nacionalidad entre ambos países, convenio difícil de adoptar mientras la
posición de España fuera hostil al reconocimiento del nuevo estado, lo que
tendría como consecuencia automática la pérdida también de la condición de
ciudadanos de la UE.
Como consecuencia de ser
un país tercero para la UE, sin ningún tipo de acuerdo con ella en el momento
de la independencia, las fronteras actuarían en ese sentido tanto para el paso
de personas como para el de bienes y servicios, y se aplicaría automáticamente
el Arancel Común de la UE para todas las importaciones procedentes de Cataluña,
a la entrada en cualquier país de la UE, además de añadirse en la propia
entrada toda la burocracia que se aplica en esos casos.
La separación de España
supondría que las empresas catalanas ya no venderían al mercado español en las
condiciones del mercado único que ahora existe, por lo que el comercio entre
ambas partes se reduciría drásticamente. Con el resto de la UE se reduciría,
aunque en menor proporción, ya que sólo les afectaría la pérdida de competitividad
derivada de la aplicación del Arancel Común y del cumplimiento de los trámites
burocráticos adicionales. Con el resto de países del mundo, las exportaciones
se reducirían por la pérdida de la aplicación de los convenios bilaterales y
multilaterales que tiene la UE con otras áreas o países. Para las empresas
españolas, el efecto sería la reducción drástica de sus ventas a Cataluña, en
una proporción igual o superior a la de la reducción de las compras.
El sistema financiero
también se vería afectado por la secesión, con el efecto más que probable de un
aumento relevante de la prima de riesgo española, al menos en un primer
periodo, y una dificultad extrema de financiación desde el exterior para la
economía catalana, durante un periodo previsiblemente largo.
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